La importancia de apellidarse Gómez Mont

Ricardo Ravelo

A partir de una denuncia anónima, en 2006 la SIEDO de José Luis Santiago Vasconcelos investigó a una red de empresarios mexiquenses que presuntamente realizaban lavado de dinero. Pero apareció como defensor de los involucrados Felipe Gómez Mont Landerreche, primo del actual secretario de Gobernación y quien forma parte de un influyente equipo de abogados junto con Diego Fernández de Cevallos, Xavier Olea Peláez y Alonso Aguilar Zinser... y el caso quedó trunco en la PGR, ya bajo el control de Eduardo Medina Mora.

MEXICO, D.F., 6 de diciembre (proceso).- El 8 de agosto de 2006, tres meses y 22 días antes de finalizar el sexenio de Vicente Fox, un alto mando de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) recibió una carta anónima de cuatro cuartillas, escrita a renglón seguido, que puso en conocimiento de las autoridades federales las presuntas operaciones de lavado de dinero que llevaba a cabo una red de empresarios del Estado de México.
Los involucrados son Héctor Sotero Mata Álvarez, Carlos Magaña Valladares y Jorge Muñoz Arvizu, quienes gozan de amplia influencia en círculos empresariales, judiciales, políticos y religiosos del país. Por ejemplo, es muy conocido el nexo de Magaña Valladares con la iglesia Bautista Resurrección y el grupo Unidos por Amor, dedicados entre otras actividades a la filantropía. Hasta el 2 de mayo de 2007 el empresario aparecía como presidente de la Fundación Tino en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Según la denuncia recibida en la SIEDO, en poco menos de una década estos personajes han incurrido en delitos como despojos de tierras, daños a terceros y presunto lavado de dinero, pero ninguna autoridad los ha podido castigar “porque tienen fama de sobornar a jueces y personas que interfieren en sus negocios”, entre los que destaca el blanqueo de capitales, presuntamente provenientes del narcotráfico.
La persona que envió la misiva –de la cual Proceso tiene copia–ofrece nombres y detalles sobre las presuntas conexiones delictivas de los empresarios mencionados y comienza aceptando que tiene miedo y por eso no puede revelar su nombre.
Meses después, el contenido de la misiva fue confirmado por la SIEDO en una investigación que terminó envuelta en el misterio después de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República y Eduardo Medina Mora fue designado titular de la Procuraduría General de la República (PGR), pues nadie fue detenido aunque había órdenes de aprehensión contra los denunciados.
La carta llegó a la SIEDO como un documento ordinario, pero un agente del Ministerio Público federal se sorprendió al leerla y decidió informar a su jefe sobre ella.
–Ahí le dejo eso –dijo el funcionario que recibió la carta, y la puso sobre el escritorio del entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos.
En el primer párrafo el denunciante dice: “Temeroso y a la vez preocupado por la situación que vivo de manera indirecta es que acudo ante usted (el subprocurador) para ver si por su conducto se termina toda la problemática y delitos que mediante este escrito denuncio de manera anónima por temor a que me suceda alguna tragedia a mí o a mi familia”.
Enseguida expone que el Héctor Sotero Mata Álvarez utiliza dos empresas –Trígono S.A de C.V. y Secotrebol S.A de C.V.– “como fachadas” para lavar dinero, presuntamente del narcotráfico.
Señala, además, que Mata Álvarez realiza dichas actividades coludido con Carlos Magaña Valladares, Jorge Muñoz Arvizu “y otros, todos ellos designados por el propio Héctor Mata como apoderados legales, pero la verdad es que solamente prestan servicios para poder llevar a cabo un lavado de dinero que realizan desde hace ya varios años, aproximadamente desde el año 1999”.
Luego entra a los detalles finos: “La forma en que lavan dinero, por citar un ejemplo, es (comprando) terrenos y construyendo (fraccionamientos) con dinero ilícito… y finalmente obtienen una presencia de personas decentes ante la sociedad.
“Un caso que es muy sonado en el fraccionamiento Fincas de Sayavedra, en Atizapán, Estado de México, es que a título personal Héctor (Sotero Mata Álvarez) compró en el año 2002 tres terrenos que suman aproximadamente 30,000 metros cuadrados y después simuló una venta porque no se encuentra reportado ante Hacienda y eso lo sé perfectamente porque tuve conocimiento directo de ello.
“Dicha venta se realizó a Trígono en 2004, pero con la salvedad de que después de haber comprado los tres terrenos, Héctor junto con el señor Carlos Magaña construyeron un club hípico, mismo que terminaron a finales de 2003 con una supuesta inversión de Trígono, razón por la cual, dos años después de haber sido comprados los predios, se vendieron casi al mismo precio, pero sin reportar a Hacienda dicha transacción, que incluye no nada más la compra de los terrenos, sino también la construcción…
“Debo hacer énfasis en que dicho club nunca ha sido abierto al público, de ahí que es otra forma en la que lavan el dinero, porque en la actualidad aunque sigue siendo el dueño Héctor (Sotero Mata Álvarez); ahora lo tiene a nombre de una persona moral, de la que también es dueño”.
De acuerdo con el denunciante, la tríada empresarial encabezada por Mata Álvarez se confrontó con los vecinos durante la construcción del Club Hípico. Antonio Martínez, dueño de varios lotes, denunció a Mata Álvarez por la fusión de varios predios y porque entre dos lotes suyos, denominados Los Álamos y La Luz, pasaba una calle denominada Paseo de las Brisas, pero Héctor Sotero “les colocó unos portones (a sus lotes) para privatizar todo el club”.
Según la carta enviada a la SIEDO, este pleito derivó en que un juez librara sendas órdenes de aprehensión contra Mata Álvarez y Carlos Magaña por derribar árboles sin autorización y cerrar la calle. En su carta, el denunciante explicó cómo los empresarios se zafaron de este lío:
“...Tuvieron acercamiento, porque así lo dijeron frente a mí, con un juez que les concedió un amparo y con los dos jueces que tenían los juicios en su contra, a quienes les dieron dinero en diferentes ocasiones para obtener su libertad, la cual finalmente obtuvieron.
“Recuerdo que declararon ante un Ministerio Público que la PGR en Naucalpan, y el abogado en una ocasión que estábamos juntos les dijo tanto a Héctor como al señor Carlos (Magaña) que dijeran ante (el MP) que ganaban 20,000 dólares mensuales cada quien porque no tenían cómo justificar todo el dinero que manejaban…
“Tengo entendido que también le dijeron a los jueces que ganaban la misma cantidad, aunque esto no es verdad, lo cual se puede comprobar fácilmente nada más viendo el valor del Club Hípico, que es mayor a los 40 millones de pesos, lo que significa que ganando 20,000 dólares mensuales, de ninguna manera podrían construirlo.”
El denunciante dice que, “con el dinero que ha obtenido del lavado”, Héctor (Sotero) ayuda a mucha gente “para tenerlos de amigos”, y menciona como ejemplo a Salvador Vázquez Herrera, presidente municipal de Atizapán de Zaragoza; Roberto Aguilar Salazar, director de Desarrollo Urbano, así como María del Carmen González Pérez, responsable del área jurídica del mismo ayuntamiento. A ellos, agrega, “mensualmente les proporciona dinero” para que no se cumplan las órdenes de los jueces que emiten fallos en su contra y de esa forma no afecten sus propiedades.

El seguimiento

Con base en los datos de la carta anónima, el 22 de agosto de 2006 José Martínez Pérez, agente del Ministerio Público federal, integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/114/2006, la cual fue turnada a la Unidad Especializada con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda.
El agente también giró el oficio CGADE/2298/2006, que fue turnado a Miguel Colorado González, coordinador técnico de la SIEDO –el mismo que ahora está en el penal de Puente Grande acusado de recibir dinero por brindar protección a la célula de los hermanos Beltrán Leyva–para que “con el carácter de urgente y confidencial” se investigara a los empresarios.
Los agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que realizaron la indagatoria son Luis Manuel Aguilar Flores y Francisco Jiménez Sánchez, que por órdenes de Noé Ramírez Mandujano y Colorado González en marzo pasado participaron en un seguimiento de las actividades del capitán Fernando Rivera, director adjunto de la Coordinación Técnica de la SIEDO, y quienes están implicados en la red protectora de los hermanos Beltrán Leyva, según ha dado a conocer la PGR al poner en marcha la llamada Operación Limpieza (Proceso 1674).
En noviembre de 2006 los citados agentes iniciaron el rastreo de personas y empresas presuntamente ligadas al lavado de dinero. A la Asociación de Colonos del Club de Golf Valle Escondido de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, le solicitaron informes sobre terrenos y casas registradas a nombre de Héctor Sotero Mata, María Lorena Aspiazu de Mata o María Elena Aspiazu Ordiales.
También pidieron datos sobre las propiedades y actividades de Juan Pablo Mata Aspiazu, Mariana Mata Aspiazu, Carlos Magaña Valladares, Jorge Muñoz Arvizu, Hugo Duan Carmona Barrera y Daniel Sierra, así como de las empresas Trígono, Secotrebol y Club Hípico La Cima A.C. La misma información se le solicitó a la Asociación de Colonos del Condado de Sayavedra, A.C.
La primera solicitud no arrojó datos relevantes, la segunda reveló a los agentes que Héctor Mata es dueño de las fincas Los Álamos, La Luz y Valeria, en el condado de Sayavedra; que la empresa Trígono se localiza en el Boulevard de Sayavedra manzana 99, lote 77 y que sobre el Club Hípico La Cima “no se encontraron datos”, como dijo en su respuesta Eva Díaz Medina, gerente de la mencionada Asociación de Colonos.
Provistos de esa información, los agentes vigilaron a los empresarios y el 15 de noviembre de 2006 entregaron el parte informativo de su investigación. Estos son los pormenores:
Derivado de la averiguación previa GR/SIEDO/UEIORPIFAM/!!4/2006, por medio de la cual se ordena una exhaustiva investigación relativa a verificar los hechos que dieron origen a la indagatoria (…) nos dimos a la tarea de seguir con las vigilancias establecidas en los domicilios que se han referido dentro del parte informativo de fecha 20 de octubre de 2006.
Nos constituimos en el domicilio ubicado en Hacienda de Tepeapulco número 3 de Valle Escondido, Atizapán, Estado de México, en el cual se establecieron vigilancias fijas y nos percatamos de la salida de un vehículo compacto marca BMW, de modelo reciente color blanco, mismo que era tripulado por una persona del sexo masculino al que reconocimos como Carlos Magaña Valladares…
Según este reporte, Magaña Valladares se trasladó al domicilio de Hacienda Cuyamaloya número 33. Allí se encontraba estacionada una camioneta EcoSport blanca sin placas, a un costado de la cual estaban cuatro sujetos. Uno de éstos portaba una pistola tipo escuadra fajada en la cintura. Los agentes realizaron vigilancia fija y móvil en ese lugar.
Cerca de las 8:30 horas salió del domicilio Carlos Magaña, abordó su BMW junto con Héctor Sotero Mata Álvarez (su socio, según la carta anónima que llegó a la SIEDO en agosto de 2006). El BMW arrancó y lo siguió la camioneta EcoSport con cuatro personas a bordo. Los agentes de la AFI siguieron a los vehículos hasta una casa localizada en Fernando Montes de Oca 21, en Tlalnepantla.
Posteriormente las dos unidades salieron del lugar y se dirigieron a Paseo de las Brisas, en el fraccionamiento Fincas de Sayavedra, Atizapán de Zaragoza, donde está el Club Hípico La Cima. El parte policiaco añade:
Observando que en el interior de dicho domicilio se encontraban cuatro personas del sexo masculino, mismas que deambulaban por toda el área en actitud de vigilancia, logrando observar que una de ellas portaba un arma larga de fuego con las características propias del R-15 (…) también nos percatamos de que los cuatro sujetos del sexo masculino que se trasportaban en la EcoSport portaban armas de fuego tanto cortas como largas, los cuales procedieron a realizar dos recorridos por las afueras del Club Hípico.
Minutos después de haberse retirado Carlos Magaña Valladares del Club Hípico, la camioneta EcoSport, con sus cuatro tripulantes, ingresó al multicitado Club Hípico, permaneciendo en el interior del Hípico La Cima dichas personas armadas con armas de fuego tanto largas como cortas junto con Héctor Sotero Mata Álvarez (...) La vigilancia en el Club Hípico fue realizada de forma discrecional, toda vez que dicho inmueble cuenta con cámaras de video. Se anexan impresiones fotográficas de las personas que portaban las armas de fuego.
Los agentes federales ratificaron su investigación y reiteraron que las fotografías que les mostraron durante una diligencia corresponden a las personas que vieron en el club hípico durante su investigación.

El peso del poder

Al concluir el sexenio de Vicente Fox, el caso dio un giro drástico. Meses después de que Felipe Calderón asumió el poder presidencial y Eduardo Medina Mora fue nombrado procurador general de la República, el asunto fue tratado de manera especial tras la aparición de Felipe Gómez Mont Landerreche –primo del actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont– como defensor de Jorge Muñoz Arvizu, uno de los presuntos lavadores de dinero y quien fue arraigado por orden del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, dictada en el cuaderno de arraigo 31/2006.
Gómez Mont Landerreche forma parte del despacho encabezado por José Luis Nassar Daw, hijo de Miguel Nazar Haro, extitular de la Dirección Federal de Seguridad. Este equipo de abogados, entre quienes además figuran Diego Fernández de Cevallos, Xavier Olea Peláez, Alonso Aguilar Zinser, ha colitigado asuntos con el despacho que encabezaba hasta hace poco más de un mes el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y se han caracterizado por su influyentismo.
El 22 de diciembre de 2006, en pleno estreno de la nueva administración federal, Gómez Mont Landerreche (como coadyuvante del MPF aparece José Luis Nassar Daw) presentó una denuncia de hechos ante la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR.
En dicho documento, el litigante dijo que en el parte policiaco entregado a la SIEDO por los agentes Francisco Javier Jiménez Sánchez y Luis Manuel Aguilar Flores hay “falsedades dentro del contenido de algunas de las constancias que obran relacionadas dentro del apartado de considerandos de la resolución de arraigo”.
Añadió que lo asentado en ese documento “es imposible y falso, pues los señores Héctor Sotero Mata Álvarez y Carlos Magaña Valladares no se encontraban el día 15 de noviembre del 2006 en el país, por haber salido desde el día 10 de noviembre del 2006 con destino a China, situación fácilmente acreditable con los pasaportes, visas y boletos de avión de los inculpados.”
Con lo anterior Gómez Mont no sólo puso en entredicho el reporte, sino la ratificación del mismo que hicieron los agentes.
Y en relación con las personas armadas que, según los afis, protegían a Sotero Mata y a Magaña Valladares, el abogado sostuvo que no se trataba de sus clientes, a pesar de que el parte informativo de los policías sostiene que se incluyen fotografías de estos personajes.
En uno de sus párrafos, la denuncia firmada por Gómez Mont parece reforzar lo que informaron los agentes de la AFI:
Súmese que, pese a haber sido obtenidas impresiones fotográficas en las que se aprecia a dichos sujetos, no menos cierto es que ninguno de ellos fue identificado ni detenido el día de la realización de los cateos, es más, ni siquiera fue asegurada la mencionada camioneta EscoSport blanca sin placas ni el Volkswaguen sedán… haciendo especial mención en que ninguno de los inculpados es propietario o poseedor de estos vehículos.
Mediante el oficio CGADE/3180/20006, el 15 de noviembre de 2006 la agente del Ministerio Público federal Elena Cecilia Luengas Ávila le solicitó a Genaro García Luna, entonces titular de la AFI, la localización y presentación con carácter de “urgente y confidencial” de Héctor Sotero Mata Álvarez y Carlos Magaña Valladares.
Sin embargo, de los tres empresarios señalados sólo Muñoz Arvizu fue presentado ante la SIEDO y arraigado. El resto no volvió a ser molestado, a pesar de las sospechas de que servían a los intereses de Ignacio Coronel, un capo del cártel de Sinaloa, según una fuente confidencial que solicitó mantener el anonimato. El viernes 5 se le solicitó información a la PGR, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.