José Antonio Rojas Nieto
El pasado viernes 28 de noviembre, en la cuarta sección del Diario Oficial de la Federación se publicaron siete decretos para expedir o modificar siete leyes: 1) Ley de Petróleos Mexicanos; 2) Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética; 3) Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; 4) Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 5) Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 6) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7) Ley de la Comisión Reguladora de Energía.
Una primera lectura muestra aspectos virtuosos indudables. Indico dos: 1) preservación del espíritu del 27 Constitucional, fruto, incuestionable de la presión social en contra de la propuesta gubernamental original; 2) impulso al diseño e implantación de una Estrategia Nacional de Energía de Mediano y Largo Plazo con la aprobación del Congreso de la Unión.
Pero también riesgos: proliferación de organismos, autonomía burocratizada de Pemex, visión parcial de la sustentabilidad, limitada concepción del tránsito energético, manipulación del régimen especial de contratación, entre otros. Me concentro en el primero. Ni mencionar lo de los consejeros de Pemex, pues fue imposible mover un milímetro la carga corporativa y burocrática. Imposible. Sólo aludo al enorme riesgo de burocratización por tanto organismo, a algunos de los cuales se encomiendan tareas que –en realidad– una Secretaría de Energía sólida y eficiente debiera realizar.
Aquí la lista de nombres y tareas; 1) Consejo Nacional de Energía (planeación energética de mediano y largo plazos y elaboración de la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de 15 años); 2) Comisión Nacional de Hidrocarburos y su Foro Consultivo (regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos); 3) Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía antes Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (promover la eficiencia energética); 4) Consejo Consultivo para las Energías Renovables (conocer las opiniones de los diversos sectores vinculados a la materia); 5) Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (conocer las opiniones de los diversos sectores sobre la sustentabilidad); 6) Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable y su Comité Técnico (apoyar la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la energía).
Además de los ya existentes, estos organismos tendrán la responsabilidad de: 1)elaborar una Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de quince años; 2) diseñar una Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (mecanismo mediante el cual el Estado mexicano impulsará políticas, programas, acciones y proyectos para una mayor utilización y aprovechamiento de las energías renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y la sustentabilidad energéticas y reducir la dependencia de los hidrocarburos);3) elaborar un Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable del a Energía; y 4) elaborar un Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. Hubiera bastado fortalecer a la Secretaría de Energía –esencialmente frente a la Secretaría de Hacienda– y obligarla a cumplir bien sus funciones.
Concedamos el derecho de la duda en el caso del Consejo Nacional de Energía (artículo 33 de la la Ley Orgánica de la Administración) formado por los altos funcionarios del sector. Deberá proponer a la Secretaría de Energía criterios y elementos de política energética, y apoyarla en el diseño de la planeación energética a mediano y largo plazos.
Deberá constituirse y operar a la brevedad (los mismo pasa en Pemex con su Consejo), pues debe elaborar la Estrategia Nacional de Energía antes de que concluya febrero del 2009. Y el Ejecutivo Federal deberá enviarla al Congreso para su ratificación.
Estos será un momento importante para hacer la primera prueba y la primera evaluación de esta reforma. Incluso se podrá ver cómo se enfrentan otros aspectos novedosos sobre los que luego habrá que abundar: la autonomía de Pemex (deuda, bonos ciudadanos; presupuesto; adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y modalidades especiales de contratación); su fiscalidad (nada en las leyes sobre renta petrolera, por cierto); el desarrollo de las fuentes renovables; la transición energética, la sustentabilidad. Entre otras. Pero, ante todo, qué proyecto energético se propone la Nación. Eso es lo sustantivo y está por determinarse. De veras.
NB: En este contexto es profundamente lamentable la agresión de Pemex a sus trabajadores de confianza. Lamentable y aberrante. Sin duda.
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