Carlos Presuel Salazar
El fracaso del Estado (O ESTADO FALLIDO) se ha definido como su incapacidad para proveer los bienes políticos fundamentales, asociados con la entrega de sus principales obligaciones a empresas privadas: lo anterior origina fallas en seguridad pública, en contra de la voluntad popular, crea instituciones políticas ilegítimas, administración de la economía con engaños y es incapaz de proporcionar bienestar social a los que menos tienen.
México registra los contrastes más agudos en materia de crecimiento económico, desempleo y distribución del ingreso. Los costos de transacción son elevados porque aquí no hay reglas que se acaten, no hay valores que se respeten y las instituciones no funcionan. Los particulares deben destinar cuantiosos recursos a resolver situaciones de seguridad y derecho que el Estado debería asumir.
La mayoría de las definiciones de ESTADO FALLIDO, hacen referencia al funcionamiento del Estado e intentan medir su capacidad. Así se entiende que un Estado fracasa si es deficiente en áreas como seguridad, el sistema político, el Estado de Derecho, la administración pública y el bienestar social. Esta deficiencia hace que el Estado sea incapaz de establecer un monopolio legítimo del uso de la fuerza pública, para proteger a sus ciudadanos de la violencia.
En este contexto, el Banco Mundial ha definido como Países bajo estrés a aquellos que tienen políticas, instituciones y gobiernos débiles.
Este concepto generó una serie de listas que analizan los diferentes grados de Estados Fallidos. El Banco Mundial y el Departamento Británico para el Desarrollo Internacional (DFID) elaboraron listas que tienen como objetivo guiar a los inversionistas internacionales en sus estrategias.
La revista Foreign Policy publicó una lista de Estados Fallidos que incluye a Haití, Brasil, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Paraguay considerándolos en el límite.
De acuerdo con este índice Colombia es el único país en la región que debe ser considerado en peligro.
Si bien estas listas son un instrumento de gran utilidad para la comunidad de inversionistas, el concepto de Estado Fallido sigue siendo controvertido.
En primer lugar, es un concepto muy general que puede abarcar a diversos países como, por ejemplo: Ucrania que es un país que ha logrado su independencia recientemente; Paraguay que está transitando de manera compleja una transición de una dictadura a un nuevo régimen político y Ruanda que está emergiendo lentamente de un conflicto armado.
Es cierto que este tipo de generalizaciones ayuda a la realización de listas de Estados que están en necesidad de ayuda humanitaria.
Por lo tanto, el concepto de Estado Fallido se define como acciones que en su conjunto ponen en peligro la gobernabilidad de un Estado.
Sin embargo, aun teniendo en cuenta este aspecto tan positivo, el concepto todavía presenta problemas por su generalidad.
Debido a que este concepto se hizo muy relevante después del 11 de septiembre, está considerado como muy influido por la nueva lógica militar de EEUU, marcada por la invasión a Afganistán e Irak. La Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Consejo Nacional de Inteligencia y la Agencia EEUU para el Desarrollo Internacional, (USAID) han presentado nuevas estrategias que, basadas en este nuevo concepto, definen los Países ingobernables del mundo como una amenaza de seguridad internacional y como blancos legítimos para acciones intervencionistas internacionales, con el argumento de proteger la democracia.
El Estado Fallido es una etiqueta que propone soluciones cosméticas al conjunto de enfermedades sociales más esenciales e ignoradas.
Por lo tanto, el concepto de Estado Fallido es sólo un instrumento que analiza la falta de capacidad del Estado para ejercer sus funciones, pero no alcanza a discutir las razones por la cuales un Estado se debilita.
En México la condición de Estado Fallido no está relacionada sólo con la persistente crisis de inseguridad y la expresión territorial del narcotráfico, que atrapa la capacidad de afrontar la violencia a ciudades enteras, sino por el conjunto de problemas que van desde aumento social de la pobreza extrema hasta el debilitamiento del Gobierno Federal.
En el Norte del País se tiene más claridad de lo que es un Estado Fallido, ya que la Coparmex asegura que en la frontera Norte los empresarios dedican hasta un 18 por ciento de su presupuesto a inversión en esquemas de seguridad. En tales condiciones, la economía se vuelve ineficiente. Pero el déficit mayor se encuentra en la institución presidencial. El titular del Ejecutivo no ha logrado el control del país y la acelerada descomposición social manifiesta que tampoco hay un plan de gobernación. En más de un sentido, el gobierno tiene una lógica del día a día. Es rehén permanente de la coyuntura.
Ahora, todo el diseño de la administración tiene objetivos electorales; sin embargo, la condición de debilidad estructural del Presidente crea una inédita situación de fractura al interior de su partido. Impuso un esquema de designación de candidatos que busca asegurarle una representación parlamentaria directa, pero al hacerlo, provocó el reagrupamiento de la oposición interna que crea riesgos donde no los había y plantea un escenario catastrófico: que Acción Nacional pierda su condición de mayoría en la Cámara Baja y que el presidente de la República, justo a la mitad de su mandato, dependa absolutamente de lo que haga el PRI en el Poder Legislativo. Se pasará de la presidencia débil al gobierno del Congreso.
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