Carlos Fernández-Vega
Dice el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, que 2009 será un año “difícil” en materia de empleo, pero no como en las crisis 1982 y 1995. Si bien reconoce que existe una situación delicada en materia de generación de empleo, es tal su certidumbre que pide “no exagerar las cifras”.
Pues bien, qué bueno que existe el ánimo de “no exagerar”, porque en un rápido recuento queda claro que alrededor de 3.7 millones de mexicanos están a la caza de un empleo (de ellos 2.5 desempleados y 1.2 que en 2009 por primera vez ingresan al mercado laboral), independientemente de que cerca de 12 millones de personas sobreviven en el sector informal de la economía y 3.5 millones adicionales forman parte del ejército de subocupados, según cifras oficiales.
Mientras esos 19.2 millones de desesperados mexicanos de plano no ven por dónde puedan resolver sus urgencias inmediatas, el inquilino de Los Pinos –ahora conocido como el Kennedy mochoacano– dice dar respuesta a la delicada situación laboral en el país. ¿Cómo? Sencillo: se firma un “acuerdo en favor de la economía familiar y el empleo” y para tal fin se destinan 2 mil millones de pesos, los cuales, siempre en el hipotético caso de que tal acuerdo funcione (basta recordar el fracasado “Programa del Primer Empleo”, puesto en marcha al inicio de su administración) y los dineros terminen donde se planearon, permitirían evitar la cancelación de sólo 500 mil puestos de trabajo, es decir, plazas ya creadas. Esa cifra no incluye a los mexicanos expulsados de su tierra, que, según reciente información del partido tricolor, sólo en 2008 sumaron 700 mil.
Se puede exagerar para uno u otro lado, y todo apunta a que el gobierno federal lo hace para el suyo, porque finalmente lo que vive el país no es una simple guerra de declaraciones y estimaciones entre “catastrofistas” y “optimistas”, sino una lacerante realidad que debe afrontarse con hechos, no con discursos ni exhortos, por medio de los cuales no se llega a ninguna parte, como ha quedado demostrado. Los discursos y los exhortos no han evitado, por ejemplo, que el tipo de cambio roce los 15 por uno, ni que el desempleo se incremente a paso veloz; mucho menos han detenido la caída en picada de la economía, no han liberado el crédito al sector productivo ni sorteado que la producción industrial esté por el suelo, sino es que debajo de él. Tampoco que el “catarrito” y la “gripa” terminaran en lo que todos, menos el gobierno, de tiempo atrás venían venir.
Además, lo anterior no es sólo producto de la nueva crisis, que es “externa” (Calderón y jilgueros dixit), sino el resultado de años y años de decisiones equivocadas, excesos, “olvidos” y demás yerros de una cadena de “gobiernos” que lo menos que han visto es por el interés nacional. Lo dijo bien el recientemente defenestrado “hombre más importante del país” (Lozano dixit), Carlos Slim, en su reciente participación en el foro senatorial: “apena que desde 1982, después de la gran crisis de la deuda externa, hayamos crecido cero en términos per cápita; no es mediocre, es cero, es peor que mediocre, sobre todo si tomamos en cuenta la población que se ha expulsado, es cero por ciento, incluyendo a los mexicanos que han tenido que irse por no encontrar posibilidades de trabajo en este país”. ¿“Exagera” este “agorero del desastre”? Basta recordar que, según cifras oficiales, a lo largo del sexenio del “cambio” un mexicano por minuto obligadamente salió del país por razones económicas.
Y por si fuera poco, brinca a la palestra otro “catastrofista” de primer nivel, éste del ámbito académico: “hay que reconocer la dimensión de la crisis para plantear las mejores soluciones. En mi perspectiva no se trata de un estado de ánimo; no es un asunto de ver quién es catastrofista y quién es optimista. Se trata de resolver los asuntos, de actuar con realismo, de reconocer la dimensión de los problemas y de hacer el planteamiento de las mejores soluciones” (José Narro, rector de la UNAM).
Pero bueno, el hecho es que el subsecretario de Hacienda asegura que en materia de empleo 2009 será un año “difícil”, pero no como en las crisis 1982 y 1995. Según Miguel de la Madrid (I informe de gobierno, 1983) en el último año del sexenio lópezportillista “la crisis estaba deteriorando los niveles de ocupación: no solamente se dejó de absorber a la nueva población que se incorporaba al mercado laboral, sino que muchos de los que estaban empleados perdieron sus fuentes de trabajo. El desempleo abierto subió en 1982, de 4 a 8 por ciento. Mantener la tendencia hubiera significado un problema social de dimensiones insospechadas” (cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia). En aquel entonces, alrededor de 800 mil mexicanos demandaban anualmente un empleo nuevo; ahora suman cerca de 1.2 millones.
Sin embargo, si se atiende a lo que documenta el Banco de México en 1982 “el número promedio de puestos remunerados en la economía se redujo 0.8 por ciento. Esta caída en el nivel de ocupación contrasta con el dinámico proceso de generación de empleos registrado durante los últimos cuatro años, que fue de 5.4 por ciento”.
Para 1995, el propio Banco de México documentó que “en el primer trimestre de 1995, la tasa (oficial) de desempleo abierto se ubicó en 5.2 por ciento y alcanzó su nivel más alto de 7.6 por ciento en agosto. A partir de ahí comenzó una disminución gradual, para cerrar en diciembre a un nivel de 5.5 por ciento”. En el México de 2009, igual tasa de desempleo roza 5 por ciento.
De acuerdo con la misma fuente, en 2001 (primer año de Fox) la recesión costó una caída de 0.3 por ciento del PIB y la cancelación de 358 mil empleos formales en el año. Al finalizar el periodo, la tasa oficial de desempleo fue de 2.5 por ciento de la PEA, es decir, la mitad de la hoy registrada, amén de que de noviembre de 2008 a enero de 2009 se cancelaron más de 541 mil empleos formales (3.8 por ciento del registro de empleo en el IMSS), y con la perspectiva de que la economía mexicana se desplome. Entonces, “no exageren”.
Las rebanadas del pastel
Mientras los banqueros se lavan las manos del asalto a las reservas internacionales y la fuga de capitales, la lectoría comenta el punto: “a todo servidor público la Ley de Responsabilidades le exige rendir cuentas de los fondos utilizados y explicar en qué se ocuparon. Vaya, incluso a los partidos políticos se les pide absoluta transparencia en el uso de los recursos públicos ministrados. ¿Por qué no les exige el Congreso al jefe del Ejecutivo y a su secretario Carstens que rindan cuentas de los recursos del erario que fueron utilizados (¡que son sólo 20 mil millones de dólares!), o enjuiciarlos si no se apegan a la ley? Por cierto, el supuesto gerente que dejó encargado el changarro seis años debería ser enjuiciado también: nunca pidió permiso al Congreso para ausentarse. Y es en serio: un buen abogado incluso lograría que restituyera sus emolumentos” (Ricardo García Ortega, chispolito@prodigy.net.mx).
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