“Tremenda Corte”, enemiga de mexicanos

Lilia Arellano

“Al que juró hasta que nadie confió en él, mintió tanto que ya nadie le cree y pide prestado sin que nadie le dé, le conviene irse a donde nadie lo conozca”.- Ralph Waldo Emerson.

En México los tres poderes constitucionales parecen tener como fin último no lo que señala nuestra Carta Magna, sino todo lo contrario, pues sus acciones, decisiones y determinaciones en su gran mayoría más que beneficiar perjudican a los ciudadanos. Para los integrantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo pareciera que los mexicanos comunes y corrientes, los que pagan los impuestos que cubren sus altísimos sueldos y prestaciones, son sus enemigos y no los individuos a los que juraron servir porque, un día si y otro también, se dedican a golpear a la población.

El presidente de la República, los secretarios de Estado y funcionarios de primer nivel del gobierno federal, los senadores y diputados federales y, sobre todo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, devengan unos salarios altísimos que realmente no corresponden a su desempeño. Estos señores ejercen un gasto corriente impresionante que cubre todas sus necesidades sin tener la molestia de utilizar su propio dinero. A pesar de eso, tal parece que les pagamos para que nos peguen, no para que nos sirvan como debería ser.
Ejemplo destacable de lo anterior lo encontramos en el Poder Judicial de la Federación. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los últimos años han reafirmado su posición no como la institución garante del Estado de Derecho y la Justicia en nuestro país, sino con un ente colegiado gestor y garante de los designios de la clase político-empresarial que gobierna y detenta el poder. Muchas de sus determinaciones, las más importantes, han puesto en tela de juicio el principio de la separación de poderes y, si por eso fuera poco, han asestado golpes durísimos a los derechos laborales de los trabajadores gubernamentales, sin mencionar el enorme daño que han causado a las instituciones nacionales.
Por desgracia, los ejemplos para corroborar lo anterior sobran: apenas este jueves, la mayoría de los ministros de la SCJN votaron a favor de declarar que ni el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ni el actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, son responsables de las violaciones graves a las garantías que se registraron en la comunidad de Atenco, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, donde hubo agresiones físicas, abusos sexuales, detenciones y allanamientos ilegales y la muerte de dos personas, entre otras.
Únicamente el ministro Genaro Góngora Pimentel solicitó que al gobernador mexiquense y al actual titular de la PGR se les declarara responsables de la violencia generada en Atenco, “por la omisión de vigilar” lo que hicieron las fuerzas públicas. Además, sostuvo que los enfrentamientos en ese lugar fueron un acto de violencia planeada y las autoridades de rangos “superiores” fueron los autores intelectuales de las agresiones, mientras que, por el contrario, ocho de los once ministros afirmaron que las violaciones sólo se pueden atribuir a los cuerpos policíacos que ejecutaron materialmente los operativos, así como a los mandos encargados de la coordinación y supervisión.
Así, los ministros de la SCJN limpian de toda culpa de los hechos en Atenco al gobernador Enrique Peña Nieto, principal precandidato del PRI a la Presidencia de la República hasta el momento, y al Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, uno de “los hombres del presidente”

“Intereses moratorios”
La semana pasada se dio a conocer que la “Tremenda Corte” -como la llaman los ciudadanos comunes y corrientes en referencia a un viejo programa cubano cómico radiofónico- resolvió que los arrendadores tienen derecho a demandar judicialmente el pago de intereses moratorios y no sólo el saldo de las rentas vencidas, a pesar de que el contrato correspondiente no contemple esa posibilidad. El pasado 14 de enero, la Primera Sala resolvió una contradicción de tesis entre tribunales y fijó jurisprudencia que será aplicable a todos los juicios de arrendamiento inmobiliario en el Distrito Federal, que por analogía podría ser utilizado en otros Estados.
Esa determinación pareciera el tiro de gracia hacia cientos de miles de ciudadanos que al estar en pobreza patrimonial, es decir no contar con casa propia por lo que se ven en la necesidad de rentar una, no sólo tendrán que preocuparse por los meses que deben sin también por los intereses moratorios. Muchos de esos ciudadanos, padres y madres de familia, ven así aumentar sus ya muchos pesares, por no poder contar con medios de subsistencia. Y es que tan sólo en los últimos tres meses, es decir noviembre y diciembre del año pasado y enero de este 2009, más de 600 mil personas perdieron su trabajo a consecuencia de la crisis financiera y la contracción económica, y ahora, en muchos casos, a sus preocupaciones habrá de agregarse el tener que pagar intereses moratorios por el saldo de las rentas de sus casas-habitación vencidas, todo eso gracias a los ministros de la SCJN.

“Anatocinismo”
También, a los togados de “Tremenda Corte” los ciudadanos mexicanos deben de “agradecerles” que hace ya más de 10 años, en 1998, determinaran por mayoría que el cobro por intereses estipulado en los contratos bancarios es legal en todas las particularidades que se presentan, es decir el llamado “anatocismo”, que no es otra cosa que un asalto en despoblado autorizado por el poder Judicial. Esta decisión, por supuesto, fue aplaudida a rabiar por líderes empresariales y sobre todo banqueros, que vieron así, ante sus ojos y a su disposición, otra mina de oro para seguir acrecentando sus fortunas a costillas de los deudores. A pesar del repudio y rechazo de las organizaciones de deudores, de dirigentes y partidos de oposición y de diversos segmentos de la población, el “anatocismo” llegó para quedarse y convertir en hombres aún más acaudalados a los banqueros que operan en el país, la mayoría de ellos extranjeros.

La “Ley Gordillo”
Otro caso lamentable lo constituye su aval a la llamada “Ley Gordillo”. En efecto, luego de las reformas a la Ley del ISSSTE, el Poder Judicial de la Federación debió de crear dos juzgados especiales para recibir los miles de recursos de amparo que promovieron contra esas disposiciones casi 2 millones de trabajadores de diversos estados. Pasando sobre la inconformidad de los burócratas, de su amplia movilización y del escándalo nacional generado, el 21 de junio de 2008 la SCJN avaló el régimen de pensiones previsto en la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al declarar únicamente la inconstitucionalidad de cinco artículos, de los 254 y 47 transitorios que fueron impugnados en los amparos presentados.
De esa forma, los ministros de la SCJN hicieron prevalecer la necesidad de garantizar la viabilidad económica y financiera del ISSSTE por encima de las demandas de los trabajadores. Por mayoría, los togados rechazaron la propuesta presentada por el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitía, quien había argumentado y sostenido la inconstitucionalidad del nuevo sistema de retiro porque, dijo, pone “limites a la responsabilidad del Estado en materia de pensiones; afecta de manera retroactiva los derechos de los burócratas; y vulnera “de manera directa” el principio de solidaridad de la seguridad social”. A pesar de todo esto, la “Tremenda Corte” avaló una reforma que resulta sumamente benéfica para, otra vez, los intereses financieros privados que operan en el país, la mayoría trasnacionales, los cuales administran los fondos de pensiones.
Investigadores, académicos y abogados de los trabajadores al servicio del Estado lamentaron profundamente su decisión, y sostuvieron que la reforma constituía un atropello a los derechos adquiridos por los trabajadores, por cuanto altera fundamentalmente el régimen de jubilación que habían pactado, el cual estaba basado en principios de solidaridad de reparto y respaldo económico por parte del Estado. Así, los burócratas se vieron obligados por la fuerza del Estado a elegir entre dos opciones: una cuenta de retiro individual, o el sometimiento a un régimen que plantea un aumento de cuotas, años de servicios y edad de retiro para gozar de una pensión.

“El gober precioso”
Un caso totalmente vergonzoso se dio en noviembre de 2007, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras una votación dividida, dejaron libre de señalamientos al gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín Torres, mejor conocido desde entonces como “el gober precioso”, a pesar de la evidencia de sus conversaciones con el empresario Kamel Nacif, que revelan sin lugar a dudas un acuerdo para afectar a la periodista Lydia Cacho. Una vez más, el gran escándalo que generó este hecho no sirvió absolutamente para nada y, lo que es peor, evidencias posteriores confirmaron que había la necesidad de tapar muchas colas, de personajes de primer nivel en la política nacional, expuestas por este caso.
Sobre el particular cabe recordar que apenas tres meses después de la nefasta decisión de la SCJN, en febrero de 2008, Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de Delitos contra Mujeres de la Procuraduría General de la República, confirmó públicamente que su ex jefe, Eduardo Medina Mora, le ordenó en 2007 que detuviera la consignación de cinco policías judiciales que presuntamente torturaron a Lydia Cacho durante su detención en Cancún, Quintana Roo, y en su traslado a un penal de la Ciudad de Puebla. Pérez Duarte declaró a diversos medios de comunicación que renunció a la fiscalía especial para evitar ser secuaz de, dijo, “estos protectores de las redes de pornografía infantil”, en las cuales el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitía y sus cómplices protegieron no nada más a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri, sino a toda la red completa, que incluye y abarca ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Cancún.

Otros casos
Durante el 2007 hubo una serie de determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sumamente cuestionables, entre los que se puede destacar su pronunciamiento sobre la jerarquía de los Tratados Internacionales. Los ministros establecieron que éstos se encuentran por debajo de la Constitución, pero por arriba de las Leyes Federales, Estatales y del Distrito Federal.
También a finales del 2007, por segunda ocasión, la “Tremenda Corte” resolvió no atraer el amparo de revisión contra el levantamiento de la prisión domiciliaria al ex presidente Luis Echeverría Álvarez decretada por un juez federal, y retornó el caso a un Tribunal Colegiado. Los togados decidieron no atraer la revisión del amparo que permitió al ex mandatario mexicano obtener su libertad y ser exonerado del delito de genocidio, y determinaron que dicho juicio debería resolverlo el Quinto Tribunal Colegiado que había enviado el caso a la Corte por considerarlo de trascendencia nacional.

Demandan seguridad y no política charra
Si bien es desde cualquier punto de vista posible el que se hubiese atrapado a los asesinos del General de Brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y que se lograra desmembrar una parte de la gran banda denominada Los Zetas, estas acciones no precisamente se significan por llevar tranquilidad a los habitantes del municipio Benito Juárez en Cancún.
Como ya se dio a conocer desde la tarde de este miércoles, elementos del Ejército mexicano detuvieron a Octavio Almanza Morales, alias El Bori 4, y lo presentaron como presunto jefe de una célula de Los Zetas en Cancún, a quien responsabilizan junto con sus cómplices: Ashly Narro López, La Comandante Bombón; Edwin Flores Pérez, Christopher Pérez Pérez, Alejandro Covarrubias Estrada, Cristo Alberto y Héctor Manuel Valdez Torres, de los asesinatos de Tello Quiñones, del teniente Getulio Román Zúñiga y de un civil.
El jefe de Estado Mayor de la SEDENA, Luis Arturo Oliver Cen, y la subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Marisela Morales Ibáñez, informaron en conferencia de prensa que esta célula criminal, a la que le incautaron 43 armas de fuego, 23 granadas de fragmentación, 2 lanzagranadas, un lanzacohete, más de 12 mil cartuchos útiles y 500 cargadores para diversas armas de fuego, también es responsable de las ejecuciones de 11 militares ejecutados y apuñalados en Monterrey el año pasado. El militar y la funcionaria de la PGR aseguraron que “Almanza Morales perteneció al Ejército mexicano del 20 de mayo de 1997 al 1 de julio de 2004, fecha en que causó baja del instituto armado por haberla solicitado”. Recalcaron que formaba parte de la organización Cárdenas Guillén y que estaba a cargo de la plaza de Cancún, Quintana Roo.
Sin embargo -y al mismo tiempo—, el acuerdo del cabildo benitojuarense de mantenerse en sesión permanente ha provocado mayores inquietudes. Entrevistados sobre el tema, funcionarios de diversos niveles, tanto municipales como estatales, señalaron que no debe politizarse un asunto que es de extrema gravedad en el renglón seguridad. Y es que dados los acontecimientos del pasado, tal parece que los regidores sólo buscan evitar perder sus actuales “chambas”, al abrirse o llevarse a cabo una investigación a fondo sobre el alcalde Gregorio Sánchez Martínez.
Una decisión de esta naturaleza, como la que tomaron los del cuerpo edilicio, también ha sido interpretada como un enfrentamiento a las efectivas acciones del ejército y, de paso, parecería que, sin que todavía se lleven a cabo las averiguaciones de rigor hasta el fondo, se convierten en red de protección para Sánchez Martínez. Y no puede, en estos momentos, venderse ningún obstáculo que evite que se llegue a donde se tenga que llegar y caiga quien tenga que caer.
Porque en medio de todo esto, uno a uno van desapareciendo quienes seguramente aportarán datos muy importantes para descubrir hasta qué grado llega la colusión entre las mafias y las autoridades municipales de Benito Juárez. Tal es el caso de Pedro Maris, quien se desempeñaba como coordinador de Tránsito, hombre que fue impuesto por otro alto mando policiaco de apellido Montiel, mismo que hace un par de días declaró que el funcionario estaba enfermo y por eso no se presentaba a laborar, y de quien hasta ahora se desconoce su paradero.
La tarde-noche de ayer, apareció en Central Vallarta el cadáver de otro cozumeleño, el segundo ejecutado en lo que va del mes, lo cual, para quienes de eso saben, son mensajes que tienen un significado muy importante en estos momentos.
Así como están las cosas, no parece que fuera el momento en que con grillas, demagogias, actitudes y toma de resoluciones que sólo inquietan a la población, se puede llegar a investigaciones claras que dejen a cada quien en el lugar que le corresponde. Porque, la “estrategia” de los regidores que votaron a favor de permanecer en sesión permanente y la de algunos funcionarios del Ayuntamiento sólo tiene como objetivo final evitar ser removidos de sus cargos. Así que han planeado que durante los próximos días, llegue a la ciudad de Cancún una comitiva de “altos dirigentes perredistas” que brinden su apoyo al ayuntamiento de Benito Juárez.
Son estas, sin duda alguna, ideas desesperadas que ha fomentado el alcalde Gregorio Sánchez Martínez para salvar su responsabilidad ante una policía, por él nombrada y conformada, cuya actuación ha sido de protección a la delincuencia y no a los ciudadanos. Formalmente Francisco Velasco (a) “El Vikingo” se encuentra arraigado y el pasar de ser declarante, sin duda es un peligro para el cantante bailarín Greg que lo lleva a intentar hacer política en medio de una situación harto peligrosa para los cancunenses.
El alcalde logró acercarse a Felipe Calderón por una vía corta y exitosa y con sede en Cozumel. Sin embargo, no parece que goce ya de la protección en Los Pinos, y si bien se busca actuar dentro de un marco que respete la autonomía municipal, dados los descubrimientos que se han hecho y las declaraciones que han brindado quienes se han presentado ante las autoridades militares y federales, los apoyos, uno a uno, van cayendo y habrá que señalar que tampoco convencer a los chuchos y a Carlos Navarrete de presentarse en Cancún a defender a su protegido ha sido fácil; de ahí que su llegada puede ser, incluso, hasta la semana entrante cuando el panorama sea más claro para el futuro del alcalde grupero.