El enjuague

Luis Javier Garrido

El desastre cada vez mayor al que lleva al país el gobierno panista de facto de Felipe Calderón, empeñado en actuar por encima de la Constitución y en sumisión a poderes extranacionales, no va a ser detenido por la vía institucional, pues éste tiene asegurada la complicidad absoluta del PRI

1. El equilibrio de poderes no existe en México y la dramática situación que vive el país se debe a ello en buena medida, como advierten ya algunas voces ante el desastre finaciero y económico. La devaluación del peso frente al dólar prosigue de manera acelerada y el desempleo crece, pero el gobierno de facto no tiene más respuesta ante una crisis que tiene un origen interno que empeñarse en subastar dólares de la reserva federal para salvar a los empresarios especuladores que lo apoyan, y en seguir multiplicando las acciones de las fuerzas armadas con propósitos ahora electorales.
2. Esta inexistencia de controles sobre el gobierno se ha discutido también ante los cambios efectuados el 3 de marzo por Calderón en su gabinete espurio, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), que han sido descalificados por los analistas de todos los horizontes políticos porque no sólo evidencian la soledad del grupo que está hundiendo a México, sino que representan la entrega de espacios fundamentales de decisión en un momento crítico, no a mexicanos entre los más preparados y capaces, sino a cuates de Calderón con el argumento de que él necesita no lealtad, sino incondicionalidad y servilismo, como sostienen todos los gobiernos al borde del derrumbe total.
3. La complicidad del PRI con Calderón en este escenario resalta, por lo mismo, como un factor significativo. Uno de los priístas más significativos (Luis Téllez) es removido del gabinete y se promueve a un panista que se prepara para 2012 (Jerónimo Gutiérrez), anunciándole al PRI que ni sueñe, que no va a regresar a Los Pinos, y los priístas no hacen otra cosa que doblar la cerviz de manera ignominiosa.
4. Ese hecho fundamental se olvidó, sin embargo, en la desangelada ceremonia del 80 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional efectuada en el Teatro de la República de Querétaro el 4 de marzo, sobre todo porque el ciclo de gobiernos panistas instaurados en México desde 2000 no fue consecuencia de una decisión soberana de los mexicanos, sino de un acuerdo exigido por poderes trasnacionales y que los tecnócratas del PRI asumieron con la cúpula del PAN en los años 90, así como el compromiso de sostener sus gobiernos.
5. El aparato electoral del PRI colaboró abiertamente además al fraude electoral de 2006 para imponer de manera ilegal a Calderón en la silla presidencial impidiendo que Andrés Manuel López Obrador asumiera el cargo para el que había sido legítimamente electo, y desde entonces la cúpula priísta ha sido cómplice de todas las políticas entreguistas y autoritarias del inepto y corrupto gobierno de facto de Felipe Calderón: no ha actuado como un freno y un contrapeso ante las violaciones continuas al marco constitucional de la camarilla calderonista y de las mafias a las que sirve, sino como un cómplice agazapado.
6. El PRI ha sido desde su fundación la expresión de una coalición de intereses privados y públicos que fue prevaleciendo de manera ilegítima en el poder al satisfacer de manera marginal algunas demandas sociales, y tras la componenda de la alternancia neoliberal de 1997-2000, como parte del arreglo histórico, sus dirigentes locales no han sido otra cosa que empresarios con licencia para seguir enriqueciéndose desde los puestos públicos, al igual que lo hacen los panistas a nivel federal.
7. La sumisión de los priístas al gobierno de facto del PAN ha sido prácticamente absoluta, salvo casos particulares, y ha supuesto no sólo traicionar a los mexicanos sino violar la Constitución General de la República. Manlio Fabio Beltrones (líder de la bancada del PRI en el Senado) lo decía de manera abierta y no por ello desprovista de cinismo en la víspera del 60 aniversario, intentando responder a las continuas acusaciones de los panistas de que el PRI no respalda su supuesta lucha contra el narco, exigiéndoles tener memoria: “les hemos aprobado”, dijo, “hasta leyes de excepción, que giran en contra de las garantías individuales de los mexicanos” (La Jornada, 4/03/09).
8. El PRI y el PAN se relacionan cada vez más como dos bandas mafiosas que reclaman sus territorios de impunidad, sin que les importe el destino de los mexicanos, y no parece existir en el interior de esos dos partidos una fuerza institucional capaz de poner un alto al gobierno espurio. Mientras el país se hunde, el diálogo entre priístas y panistas no dista mucho del que tenían Frank Nitty y Bugs Moran en el Chicago de los años 30, como se corrobora todos los días al escuchar a Fernando Gómez Mont (titular de Bucareli) o al presidente panista Germán Martínez. La explicación más insulsa la dio el gobernador veracruzano Fidel Herrera al dejar el festejo del 80 aniversario que más parecía, según los periodistas, un velorio: “El PRI”, dijo, “no ha sabido ser oposición”, de la misma manera que “el PAN no ha sabido ser gobierno”.
9. La destitución de Calderón no sería por necesidad, como muchos pretenden, un “acto golpista”, sino, por el contrario, un acto profundamente republicano, enmarcado en el más profundo respeto a la Constitución. La cuestión que explica la negativa de las mafias panista y priísta para actuar es otra: aunque todos reconocen que el cogobierno corrupto que han instaurado tiene al país hundido en una gravísima crisis y saben que existen vías institucionales para ponerle un alto al desastre, siguen sosteniéndolo con pinzas porque se necesitan mutuamente para proseguir haciendo todo género de negocios a costas de la nación.
10. En el México de “la alternancia neoliberal” no existe un equilibrio de poderes, con un Legislativo independiente, ni tampoco una Suprema Corte de Justicia de la Nación que funja como un órgano de control de la constitucionalidad de los actos de la administración, y es el pueblo el que tiene la responsabilidad del país y necesita radicalizar sus acciones para poner fin al desastre.