Exigen que no haya impunidad para responsables de la matanza de Acteal

Manifestantes realizan ayuno frente a las instalaciones de la Corte


Integrantes de Las Abejas marcharon por Reforma para exigir justicia por la matanza de Acteal. Foto Alfredo Domínguez

Jesús Aranda

Víctimas de Acteal y representantes de organismos defensores de derechos humanos realizaron ayer un ayuno ante las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para exigir a los ministros que no sean cómplices de la impunidad que permita la liberación de los paramilitares acusados de participar en el asesinato de 49 indígenas, el 22 de diciembre de 1997 en un campamento de refugiados en Chenalhó, Chiapas.

En tanto, trascendió que la primera sala de la Corte aplazó para después de las elecciones de julio próximo su decisión sobre los amparos presentados por 41 indígenas que fueron sentenciados por esos hechos, y en los que se proponía, al menos, la libertad absoluta de 14 de ellos y la posibilidad de que el beneficio se ampliara al resto de los acusados.

Fuentes judiciales confirmaron que los dictámenes elaborados por Olga Sánchez Cordero (cuatro), José Ramón Cossío (14) y José de Jesús Gudiño Pelayo (seis) favorecen a los acusados. El resto de los asuntos (25) los tiene el ministro Sergio Valls, quien fue el que propuso a sus compañeros aplazar la resolución –prevista para el próximo miércoles 15– hasta después de los comicios.

Valls, quien es originario de Chiapas, no quiso entorpecer las aspiraciones de su hijo –confiaron las fuentes consultadas– Jaime Valls Esponda, quien es candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por la coalición PT, PRD, PVEM y Convergencia.

En tanto, ante la sede de la SCJN, indígenas de la comunidad de Las Abejas, defensores de derechos humanos y el obispo emérito Samuel Ruiz participaron en el ayuno para manifestar su inconformidad por el inminente amparo a los paramilitares que perpetraron la matanza en 1997.

Los manifestantes fueron recibidos por personal de la oficina del ministro Sergio Valls, en donde entregaron una serie de documentos en los que los agraviados señalan que si los ministros liberan a los acusados, sumarán sus nombres a los de autores y cómplices de la matanza, ya que hasta la fecha los recursos legales interpuestos en contra de los responsables han resultado totalmente ineficaces, porque siguen causas penales abiertas, órdenes de aprehensión sin ejecutar y la autoridad no ha tomado medidas cautelares para que no se repitan esos hechos, como sería el desarme de los paramilitares.

Ante una valla que colocaron elementos de la Policía Federal en la acera del inmueble, los indígenas colocaron una gran ofrenda en forma circular, en la que estaba trazada una gran cruz con flores, en los puntos cardinales colocaron sandías y melones y en el interior naranjas, plátanos y manzanas.

A un lado colocaron un féretro de cartón y cruces de madera, en los que estaban escritos los nombres de algunas de las 49 víctimas; también fue colocada una carpa con fotografías del lugar de la matanza.

Los participantes oraron para ser escuchados, que se haga justicia y se castigue a los autores intelectuales y materiales que aún siguen libres.

Blanca Martínez, del Centro Fray Bartolomé de las Casas, comentó en entrevista que le harían llegar a los ministros documentación y testimonios que prueban la responsabilidad de los 41 sentenciados por la muerte de los integrantes de la comunidad civil Las Abejas que fueron masacrados con la complicidad de los gobiernos federal y de Chiapas.

También solicitaron audiencia a los ministros de la primera sala para plantearles directamente sus argumentos, entre los que destacan que la matanza fue producto de una política de Estado, encaminada a exterminar al EZLN y a sus bases de apoyo. Además, está el hecho de que los elementos de seguridad pública que se encontraban a 200 metros de lugar de la agresión no intervinieron para impedir el ataque.

Cabe señalar que los asuntos que discutirán los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN tienen que ver exclusivamente con indígenas que fueron acusados de los delitos de lesiones, homicidio calificado y portación de arma prohibida de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Ninguno de los recursos está relacionado con los 15 ex agentes estatales y servidores públicos que también fueron sentenciados.