Plan B. Cómplices del incendio

Por Lydia Cacho

11 junio 2009

Además de la indignación por la tragedia de quienes tienen en hospitales o perdieron a sus bebés a raíz del incendio en la guardería, el exabrupto oficial de indignación de nada sirve.

Existe una corresponsabilidad evidente entre quienes establecen las reglas de guarderías que funcionan con recursos del Estado y la sociedad civil que las opera. Una fuente dentro de la Sedesol me asegura que el problema radica en la presión recibida desde Los Pinos para implementar guarderías en fast track. El tema, dice, responde a la agenda de Margarita Zavala. La abogada, desde que era diputada, mostró interés en impulsar la agenda pública de las madres trabajadoras y un espacio seguro para los niños y niñas de preescolar. El problema como siempre no son las intenciones, sino el método de las secretarías de Estado y de las y los legisladores que ignoran los procedimientos para implementar políticas públicas efectivas y transparentes.

Una muestra del buen funcionamiento de una política pública que respalda programas de colaboración con la sociedad civil son los refugios para mujeres maltratadas de la Red Nacional de Refugios. Desde Indesol Cecilia Loría y desde Salud Julio Frenk establecieron reglas de operación y supervisión para aportar recursos públicos, el Congreso las aprobó y las organizaciones civiles construyeron sus refugios con parámetros de la ONU, aportando seguridad, bienestar y protección a las víctimas. Cada año Indesol y la Ssa supervisan las instalaciones. La profesionalización y la transparencia de estas organizaciones civiles han demostrado la calidad de servicios e instalaciones comparables con las de los refugios de Estados Unidos y España. Hay prueba de que el éxito en la colaboración sí es posible.

Las denuncias contra las guarderías del IMSS en todo el país son añejas, van desde este incendio hasta maltrato de menores, abuso sexual y malversación de fondos. Se debe investigar a quienes operan la guardería incendiada, pero el tema de fondo es que el IMSS y la Sedesol deben implementar reglas operativas y supervisión libres de corrupción. El Congreso es responsable de vigilar previamente las políticas de asignación de recursos y la reglamentación de los programas. La sociedad civil debe profesionalizarse en su misión de cuidar a la infancia. México tiene experiencias positivas y ejemplares, pero mientras se aplique el fast track de propaganda presidencial para engordar informes, las tragedias seguirán apareciendo; sus autores intelectuales son los directivos del IMSS y de la Sedesol, que ignoran la importancia del bienestar y la vida de niños y niñas mexicanos.