SCT, ¿cómplice?

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El gobierno federal tendrá que pagar a 80 ejidatarios —y sus abogados panistas— mil 500 millones de pesos por los daños y perjuicios de la expropiación de sus terrenos hace 25 años en lo que hoy es el puerto de Altamira, Tamaulipas. Pero eso no es todo. Además deberá regresarles los predios que, en parte, sostienen una infraestructura portuaria con un valor 50 veces superior al monto de la penalización. Todo porque a algunos funcionarios de la SCT se les “olvidó” solicitar a tiempo a la Suprema Corte la revisión del caso.
La incompetencia es una posibilidad, pero también lo es la corrupción. Y no hablamos de los dos magistrados que concedieron el amparo (no creen que 18 mil empleos directos y 12 mil indirectos sean de “utilidad pública”), sino de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que dirigía hasta hace unos meses Luis Téllez, hoy presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.
¿Cómo no dudar de la honorabilidad o capacidad de los funcionarios que enfrentaron este caso si después de la sentencia, el 8 de noviembre de 2008, la secretaría no aprovechó el plazo de 10 días que le confiere la ley para impugnar el fallo del Tribunal Colegiado de Circuito ante Suprema Corte de Justicia de la Nación?
La dirección jurídica de la SCT dejó pasar el plazo y, con eso, hizo inapelable la aberrante decisión de los dos magistrados a favor de los representados por el ex procurador panista, Antonio Lozano Gracia, y el ex candidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos.
A menos que creamos que la pifia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se debió a su desconocimiento de la ley, o a una mera incompetencia, este caso amerita la investigación de varios funcionarios federales.
Con semejantes coincidencias y tratándose del bufete jurídico que encabezan los ex servidores públicos Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández de Cevallos, resulta inevitable recurrir —como dijera otro connotado panista— al “sospechosismo”.