Ahora son los ejidatarios de San Pedro Totoltepec quienes sufren el acoso de voraces trasnacionales y grupos de inversionistas –entre ellos Carlos Slim y Emilio Azcárraga–, que con el respaldo del Grupo Atlacomulco y el gobierno mexiquense pretenden despojarlos de sus tierras para ampliar el aeropuerto de Toluca. Los propietarios de estos predios advierten que no permitirán este acto de rapiña que sólo beneficiaría a los señores del gran capital.
TOLUCA, MÉX.- Desde que llegaron los fuereños a presionarlo para que venda su parcela y su casa, el viejo ejidatario Mateo Escamilla vive con temor: “Ya no estoy en paz por miedo a que algo malo me pueda pasar”, se lamenta.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A la puerta del jacal que levantó con tablones y lámina, don Mateo se rasca la nuca y agrega: “Ha venido gente de fuera a decirme: ‘Si no nos vendes tu parcela y te sales de aquí, entonces vamos a tumbar tu casa para sacarte a la fuerza’. Yo les pido que no me molesten y me dejen vivir en paz”.
Don Mateo observa su maizal, sus gallinas picoteando el piso lodoso y el huerto con los racimos de fruta que vende en Toluca.
“Es todo lo que tengo –dice–. Mal que bien me alcanza para vivir. Ya estoy viejo y enfermo como mi esposa, que se quedó ciega por la diabetes. No podríamos vivir en otra parte. Yo aquí nací, aquí hice mi vida y aquí pienso morirme.”
–¿Y cuánto le ofrecen por su parcela?
–Dizque me dan 400 pesos por metro cuadrado. Más o menos lo mismo que les ofrecen a los demás ejidatarios de San Pedro Totoltepec. Pero ese dinero no nos alcanzaría para nada. Nos quieren sacar a la brava para ampliar el aeropuerto.
Y señala la larga alambrada que divide al ejido del Aeropuerto Internacional de Toluca. De aquel lado se ven los modernos edificios con su espigada torre de control pintada de azul, las asfaltadas pistas de aterrizaje y las aeronaves metálicas que refulgen al sol. De este lado, el ejido es una verde altiplanicie de sembradíos de maíz, donde habitan los ejidatarios en viviendas comunicadas por caminos de terracería, ya con postes de luz eléctrica y red de agua potable.
Manejado por la trasnacional española OHL y el Grupo Atlacomulco –en el que se inscribe Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México y aspirante del PRI a la Presidencia de la República–, el aeropuerto de Toluca se convirtió en un jugoso negocio porque en los hechos está operando como terminal alterna al saturado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Para responder a la demanda aérea, las autoridades estatales proyectan ampliar el área del aeropuerto 400 hectáreas, que quieren tomar a la fuerza del único lugar disponible: el ejido de San Pedro Totoltepec, en el costado oriente de la terminal aérea.
Pero los campesinos se niegan a vender sus tierras porque les ofrecen un precio muy bajo y sobre todo porque no quieren salirse del terruño. Rigoberto de la Cruz, líder de los ejidatarios renuentes a vender, aclara:
“Por acuerdo de asamblea, los ejidatarios determinamos no vender nuestras tierras. Eso está muy claro. Aquí hemos vivido con nuestras familias desde hace varias generaciones, manteniéndonos de la siembra de maíz, haba, calabaza, frijol y huauzontle. No queremos irnos a ningún otro lado. Solo pedimos que dejen de presionarnos para obligarnos a salir. Eso es todo.”
–¿Los hostigan?
–Muchísimo. Desde hace tiempo el gobierno nos quitó el servicio de luz eléctrica. Fue cortando los cables de los postes para que nos quedáramos sin luz. Y por más que reportamos las averías, nadie viene a repararlas. Con el servicio de agua potable es igual. Nos cortaron el suministro de agua. Ahora nos surtimos con pipas que llegan dos veces por semana. Así nos fastidian para que nos vayamos.
“Otra presión es la gente que viene contratada por las autoridades del aeropuerto. Son empleados de compañías inmobiliarias, como la inmobiliaria GAP. Llegan directamente a nuestras casas y nos dicen: ‘Es mejor que vendan porque de otro modo vamos a tener que sacarlos a la fuerza con la policía’. Así nos traen atemorizados.
“Aquí vivía un compañero ejidatario, Rafael Padilla Díaz, que se oponía a la venta de la tierra con declaraciones a la prensa local. Para que ya no diera lata le inventaron un delito; lo acusaron de participar en un robo de 10 mil pesos. Le dieron seis años de prisión en la cárcel de Almoloya de Juárez. Ahí sigue preso. Fue para advertirnos que a cualquiera le puede pasar lo mismo. Tenemos a todas las autoridades en nuestra contra.”
–¿A algunos ejidatarios ya los obligaron a vender su parcela?
–Sí. Hay algunos que por temor malbarataron su parcela de manera individual y se fueron a otro lado. No aguantaron las presiones del gobierno de Peña Nieto. Lo peor es que a algunos les pagaron a 150 pesos el metro cuadrado. Tan pronto se van nuestros compañeros, viene gente de fuera a demoler sus casas vacías… ¡Vea!… ¡Ahí están los escombros!
Mientras camina por los encharcados senderos en una tarde a ratos con sol y a ratos con lluvia, De la Cruz va señalando los montículos compuestos de tabique, teja, lámina, cemento y madera hechos añicos. Estas pilas de cascajo se observan de pronto en algún claro entre las tupidas milpas. Son la señal de que ahí hubo una vivienda habitada por una familia de campesinos obligada a vender su parcela, gallinas, vacas y marranos para luego emigrar a un lugar desconocido.
“No se crea, da mucha tristeza ver esas casas derrumbadas y pensar que ahí vivía el compadre, el amigo o algún familiar que ya se fue”, suspira De la Cruz.
A lo lejos, tras la alambrada del aeropuerto, se ven subir y bajar los aviones. Se escucha el ruido de sus motores. Y más allá aparece el alto e imponente Nevado de Toluca difuminado por negros nubarrones que dejan caer relámpagos y lluvia sobre el valle.
De la Cruz recuerda a los campesinos de San Salvador Atenco, a quienes durante el sexenio de Vicente Fox se les intentó arrebatar sus tierras para construir ahí un aeropuerto:
“Ellos supieron organizarse y conseguir apoyo. Conservaron su tierra. Impidieron que se construyera aquel aeropuerto que iba a desahogar al de la Ciudad de México. ¡Quién lo iba a decir! Ahora muchos vuelos de la capital los están mandando para acá… y quieren resolver sus problemas quitándonos la tierra, perjudicándonos a nosotros.”
–¿Ustedes seguirán su lucha?
–Seguiremos defendiendo nuestra tierra a como dé lugar. Nos falta organizarnos mejor y evitar las divisiones, pues algunos compañeros ya cayeron en el desánimo y piensan que lo mejor es vender. Eso nos divide.
–¿Se han defendido con alguna acción legal?
–Sí. Desde 2009 interpusimos una demanda contra Peña Nieto y sus funcionarios que nos quieren despojar, pues es ilegal lo que están haciendo.
El ejidatario se refiere al juicio de amparo interpuesto el 9 de septiembre de ese año (con el número 1097/2009-III) ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, con sede en Toluca.
Por “desposesión”, el juicio acusa directamente a Peña Nieto, a su secretario general de Gobierno, Luis Miranda Nava; a la secretaria de Desarrollo Urbano, Marcela Velasco; al secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; al director general del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Manuel Ortiz, y al director del Aeropuerto Internacional de Toluca, Alexandro Argudín, entre otros.
La denuncia incluye a la alcaldesa de Toluca María Elena Barrera Tapia, ya que las autoridades municipales –arguyen los quejosos– están coludidas con las estatales.
Latrocinio
A fin de impedir el despojo, los ejidatarios cuentan con la asesoría jurídica del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, cuyo presidente, Arturo Chavarría, exclama:
“¡Ya basta de que Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco les estén dando, a cambio de sus tierras, cuentas de vidrio a los campesinos! Es un vil despojo lo que intentan hacer con el ejido de San Pedro Totoltepec. Esas tierras valen muchísimo más de lo que ofrecen por ellas.”
–¿Tiene usted cifras?
–Por supuesto. El valor del suelo en toda la zona aledaña al aeropuerto se ha disparado muchísimo; fluctúa entre los 14 mil y los 18 mil pesos el metro cuadrado. A ese precio están vendiendo los voraces desarrolladores urbanos que han logrado apropiarse de terrenos en el área… y hacer grandes fortunas con la especulación.
“Es prácticamente un robo darles a los ejidatarios 400 pesos por metro cuadrado. Aunque en los hechos, a los que han logrado quitarles sus parcelas solo les pagan poco más de 100 pesos. Los despojan de su patrimonio familiar con la promesa de que la ampliación del aeropuerto les dará empleos de lavacoches y barrenderos.
“Esto implica lanzarlos a la miseria, a engrosar el numeroso ejército de pobres; de acuerdo con las estadísticas, 55% de los 15 millones de mexiquenses sobreviven en la pobreza y en la miseria extrema. Muchos de ellos fueron comuneros y ejidatarios de Huixquilucan, Santa Fe, Valle de Bravo y otros puntos donde los terrenos ya se tasan en dólares. Hoy intentan hacer lo mismo con los ejidatarios de San Pedro.”
Chavarría extiende un enorme plano, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal, en el que aparece el área actual del aeropuerto pintada de rosa, y el área del ejido coloreada de verde. Muestra el plano y explica:
“Actualmente en el ejido viven aproximadamente 820 ejidatarios con sus familias, en una extensión de 2 mil 379 hectáreas de tierra fértil. De éstas, el Grupo Atlacomulco, que es el que maneja realmente el aeropuerto, intenta apoderarse de 400 hectáreas para ampliar la terminal aérea.
“Este proyecto surgió al fracasar la construcción del aeropuerto internacional que se planeaba levantar en la zona de Texcoco. El gobierno de Vicente Fox y el de Arturo Montiel, entonces gobernador de la entidad, voltearon los ojos hacia el aeropuerto de Toluca porque se dieron cuenta de que, por su cercanía, podía servir como un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, que ya está muy congestionado.
“Y esto es lo que ya está ocurriendo en los hechos. De ser un aeropuerto regional, el de Toluca rápidamente se convirtió en un aeropuerto internacional con bastante demanda, pues recibe mucho tráfico aéreo que antes captaba el aeropuerto de la Ciudad de México.”
Amenazas
Por su parte el actual director del aeropuerto de Toluca, Alexandro Argudín, ha explicado que la ampliación servirá para construir una nueva pista de aterrizaje. Pero ante la negativa de los ejidatarios a vender sus tierras, amaga con recurrir a la expropiación.
“Estaremos en algunos meses iniciando un proceso de expropiación; no tenemos una fecha, no hay un calendario crítico, pero sí habrá que iniciar un proceso de expropiación”, declaró al diario Reforma el pasado 28 de julio. Y les advirtió a los campesinos que, con esta medida, recibirán por sus tierras el valor catastral que en la zona –dijo– es de 98 pesos el metro cuadrado.
Lamentó tener que recurrir a la expropiación y aclaró que no le quedaba otra alternativa porque los ejidatarios rechazan el trato directo, con el que hubieran obtenido un mejor precio por sus tierras.
Pero Arturo Chavarría señala que son puras amenazas sin sustento las de Argudín, encaminadas a intimidar a los campesinos:
“Para empezar –dice–, la expropiación solamente se da por razones de utilidad pública. Nada que ver con el aeropuerto de Toluca, que es un negocio privado dado en concesión, por 99 años a partir de 2005, al grupo español OHL y a los políticos-empresarios del Grupo Atlacomulco.”
Chavarría detalla que formalmente OHL tiene 49% de la concesión. Otro 26% está en manos del gobierno del Estado de México. Y el resto lo detenta el gobierno federal.
Abunda: “A la trasnacional española la trajo al estado el Grupo Atlacomulco, encabezado por las familias Del Mazo y Carlos Hank Rhon, quien actualmente es la bisagra articuladora en esos negocios, a los que se sumaron Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean y la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet opera en el aeropuerto. Peña Nieto es solo un títere manejado por esos empresarios sin escrúpulos que han obtenido las concesiones de las principales obras de su gobierno, como el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense”.
Desde hace varios meses en este semanario se abordó el despojo de tierras ejidales que ocasionó la construcción del Circuito Exterior Mexiquense, lo mismo que sus estragos entre los pobladores de Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán (Proceso 1802).
Aparte de los estrictamente aeronáuticos, Chavarría menciona otros negocios que conlleva el aeropuerto de Toluca: la concesión de estacionamientos, sitios de taxis, líneas de transporte terrestre que recogen a los pasajeros en la Ciudad de México, centros comerciales, hoteles y restaurantes de lujo, etcétera.
“Toda la zona ya es un jugoso negocio para un pequeño grupo de empresarios que, valiéndose de Peña Nieto, abusan del poder para quitarles sus tierras a los campesinos. No nos oponemos al progreso que pueda representar la ampliación del aeropuerto, sino a la injusticia contra los más desposeídos”, dice el urbanista.
Esa injusticia la padece en carne propia Ángel Casimiro Mendoza, un ejidatario de 70 años y cuerpo enjuto al que quieren sacar a la fuerza de su parcela.
“Seguido vienen esos fuereños, gente que ni conozco, a estar muele y muele que ya les venda mi tierra y que me vaya a otro lado. Dicen que vienen de una inmobiliaria que trabaja para el aeropuerto. Llegan con amenazas diciendo que de todos modos nos van a sacar a mi familia y a mí”, dice.
–¿Y usted qué les contesta?
–Pues que no les vendo y que no me voy, que dejen de estarme molestando porque yo no los molesto a ellos. El gobierno siempre nos tiene olvidados. Se acuerda de que existimos sólo cuando quiere jodernos más. Ya ve, aquí nos cortó la luz y el agua potable para obligarnos a salir.
Bajo la llovizna, Ángel Casimiro atraviesa el patio de su casa y llega al corral. Ahí, bajo un largo tejabán, tiene alineadas ocho reses blancas y gordas de fina pelambre.
Con la palma de la mano Ángel Casimiro acaricia la testa greñuda de una de sus reses y exclama orgulloso: “¡Puro ganado fino! ¡Ganado charoláis! Saco 350 kilos de carne por cada una de mis reses. ¿En qué otro lado voy a poder criar cabezas así?… En ninguno… en ninguno”.
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