Estados deben 45 mil millones al Banco Mundial

La deuda de 24 estados con el Banco Mundial supera los 45 mil millones de pesos. Poco menos del 50 por ciento de ese total lo concentran cinco entidades federativas, que en conjunto adeudan más de 22 mil millones. Se trata de Coahuila, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Nuevo León, revelan datos del organismo financiero internacional. Priístas, panistas y perredistas recurren por igual al millonario endeudamiento.

Las entidades federativas han endeudado a generaciones completas sin que los ciudadanos vean los beneficios de los multimillonarios créditos. Y, aunque hasta ahora el gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores– ha mostrado preocupación por los préstamos que estados y municipios obtienen de la banca comercial, hay otros mecanismos a los que han recurrido los gobernadores de todos los partidos políticos sin que autoridad alguna los fiscalice.

Uno de esos métodos es el de los “proyectos” que se financian con dinero del Banco Mundial (BM). En la lista de los cinco estados más comprometidos con ese organismo internacional se encuentran Coahuila, gobernada por el priísta Jorge Torres; Veracruz, que encabeza otro priísta, Javier Duarte; Jalisco, del panista Emilio González Márquez; Chiapas, del perredista Juan Sabines, y Nuevo León, del priísta Rodrigo Medina de la Cruz.

Estas entidades sostienen empréstitos por 1 mil 964.87 millones de dólares (unos 22 mil 851.43 millones de pesos, al tipo de cambio de 11.63 pesos), revelan documentos del organismo financiero.

La deuda, acumulada en una década, representa el 49 por ciento de 3 mil 944.84 millones de dólares –45 mil 878 millones de pesos––, que deben 24 estados del país. Además, el gobierno federal sostiene obligaciones de pago que actualmente ascienden a más de 8 mil millones de dólares, aproximadamente 99 mil millones de pesos.

Conocidos como “proyectos activos”, los instrumentos financieros son concedidos por el organismo internacional a los estados y depositados a sus cuentas a través de la banca de desarrollo. del país. Los compromisos fueron asumidos para echar a andar “políticas de desarrollo”, en su mayoría dirigidas al sector rural, al transporte y los servicios.

Las deudas

Coahuila encabeza la lista de las entidades endeudadas con la institución financiera que dirige el estadunidense Robert Zoellick. Son 607.5 millones de dólares (7 mil 65 millones de pesos), proyectados en cinco compromisos para promover “políticas públicas” coordinadas por el gobierno federal.

Este estado posee el activo con mayor costo clasificado bajo el folio 7996-MX. El documento Apoyo a los estados, publicado por el Banco, indica que le fueron asignados 320 millones de dólares para el Proyecto de Eficiencia Energética.

El plan fue pactado el 10 de mayo de 2010, y consiste en reactivar el sector energético –colapsado después de la crisis financiera de 2008–, de acuerdo con el documento México-Iluminación y electrodomésticos eficientes Project.

La estrategia, aplicada a través de la Secretaría de Energía, tiene como objetivo “reducir los subsidios a la electricidad residencial” y promover mayores incentivos para la eficiencia en energía, con el reemplazo de fuentes de iluminación y electrodomésticos, indica el plan elaborado por el organismo. Éste es el proyecto más ambicioso de los 61 que tiene registrados el BM.

Deuda por transporte

Veracruz y Jalisco continúan en los escaños de endeudamiento. La primera entidad, que permanece gobernada por el régimen priísta, sostiene empréstitos por 557.2 millones de dólares (6 mil 480 millones de pesos). Todavía en la administración de Fidel Herrera Beltrán fue aprobado el Proyecto de Transformación del Transporte Urbano, por 150 millones de dólares (1 mil 744 millones 500 mil pesos).

El objetivo de éste, dice el documento con folio 7883-MX, pretende “contribuir a la transformación de zonas urbanas” en el país. “Esto se logrará mediante la mejora de la calidad del servicio prestado por los sistemas de transporte urbano rentable forma, y mediante la instrumentación de estrategias de equipo, infraestructura y operativos para reducir las emisiones dióxido de carbono”.

La autorización del Banco Mundial fue concedida el 25 de marzo de 2010. En esa misma fecha se dotaba del mismo plan y con la misma cantidad de dinero a la administración de Emilio González Márquez, en Jalisco.

El estado más pobre

Chiapas, uno de los estados ubicados en el llamado triángulo de la miseria, es la cuarta entidad más endeudada; no obstante, registra el segundo proyecto más costoso, por 269 millones de dólares (3 mil 128 millones de pesos). Su objetivo es desarrollar dos proyectos de educación y agricultura.

El gobierno del perredista Juan Sabines adjudicó a sus finanzas la estrategia Programa Escuelas de Calidad Fase II, por 204.5 millones de dólares (2 mil 378 millones de pesos), clasificado como lo indica el instrumento financiero 7948-MX.

El principal objetivo de este plan es “mejorar la cobertura de la educación, la participación social y los resultados educativos en México”, según el reporte AB5330, asumido por la Secretaría de Educación Pública el 25 de marzo de 2010. Dirigido a las escuelas públicas de nivel primaria, el proyecto menciona que también será cofinanciado por las aportaciones de los padres de familia, para ampliar la cobertura del Programa Escuelas con Calidad.

Nuevo León, que tiene un pasivo pendiente con el Banco Mundial por 225 millones de dólares (2 mil 623 millones de pesos), es la quinta entidad federativa con más compromisos. El “proyecto activo” que más obligaciones le genera, y que se dio bajo la administración priísta de Rodrigo Medina de la Cruz, es el mismo que se pactó con Veracruz y Jalisco.

Los que menos deben

Los últimos peldaños en el déficit monetario de endeudamiento de las entidades del país son ocupados por Sonora, Yucatán, Zacatecas, Estado de México y el Distrito Federal. Así, ni siquiera la capital del país gobernada por el perredista Marcelo Ebrard escapa a este tipo de deudas.

Con un total de 249.41 millones de dólares (2 mil 900 millones de pesos), estas cinco entidades absorben el 6 por ciento de casi 4 mil millones de dólares.

Con 21 millones de dólares (246 millones de pesos), la administración capitalina mantiene “activo”el Programa de Modernización de los Poderes Judiciales, filiado con el proyecto 7250-ME. Sonora y Yucatán mantienen sólo un proyecto activo en común, relacionado con uno de los sectores más afectados en la economía del país: el agropecuario. Cada uno, con 60 millones de dólares (697 millones de pesos 8) pactaron el Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable, bajo el folio 7652-MX.

Éste, según los documentos publicados por el BM, se ciñe a “promover la adopción de tecnologías de eficiencia energética y/o de reducción de emisiones en las agroindustrias, y así contribuyen tanto a los objetivos de desarrollo del gobierno y los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los compromisos de México en virtud del Protocolo de Kyoto”.

Zacatecas, expulsor de migrantes ante la caída del sector agropecuario y la falta de empleo en la región, mantiene un déficit de 56.2 millones de dólares (653 millones de pesos), mediante el Programa de Fortalecimiento al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Microfinanzas Rurales Segunda Extensión Fase II.

El programa fue aprobado desde el 22 de junio de 2004, con el plan de ampliar la cobertura de financiamiento, a través de infraestructura bancaria, para “un funcionamiento más eficaz, administrativamente sólido, actualizado tecnológicamente y con un mayor nivel de difusión y el acceso a servicios financieros por parte de la población mexicana marginada.

En el penúltimo sitio se encuentra el Estado de México ­–entidad gobernada actualmente por Enrique Peña Nieto–, con obligaciones de pago por 52 millones de dólares (604.76 millones de pesos).

Con el Proyecto de Servicios Ambientales, fechado al 10 de julio de 2007, se contempla “el desarrollo y la promoción de mercados de servicios ambientales, el fortalecimiento de los mecanismos existentes, nuevos instrumentos para mejorar la gestión y conservación de servicios ambientales”, indican los informes del Banco Mundial.

La administración perredista del Distrito Federal mantiene “activo” el Programa de Modernización de los Poderes Judiciales, foliado con el proyecto 7250-ME. El costo asumido en la capital del país asciende a 21 millones de dólares (246 millones de pesos). Los documentos del organismo financiero internacional indican que el principal objetivo de esta estrategia es el reducir los tiempos en los procesos judiciales.

El plan, suscrito el 28 de mayo de 2003, busca incrementar el acceso a la información pública y el número total de usuarios de los grupos vulnerables para acceder a los servicios judiciales. Así como, instrumentar mecanismos de aprendizaje y conocimientos en el sistema judicial de la capital de la República.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitaron información y entrevistas a las 24 entidades involucradas, a través de las coordinaciones de Comunicación Social estatales, sin que hasta el cierre de la edición se hayan obtenido respuestas.

México y el Banco Mundial

Desde 2009, Contralínea ha documentado la deuda que sostiene el gobierno federal con el Banco Mundial (BM), que actualmente rebasa los 99 mil millones de pesos. Así como las supuestas irregularidades detectadas por el máximo órgano de fiscalización del país, que recientemente evidenció la falta de registro de más de 19 mil millones de pesos prestados a México por el BM.

Además de la injerencia que ha tenido el organismo financiero internacional en la creación de políticas públicas para el ejercicio del gobierno de Felipe Calderón. Mismas que se han traducido en impulsar las reformas política, económica, laboral y energética, promovidas con urgencia por secretarios de Estado y el mismo presidente.

En febrero de 2010, Contralínea tuvo acceso al reporte AB5168, elaborado por el BM, en el que se ordenaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una serie de acciones para “mitigar” el impacto de la crisis mundial en México.

Entre las acciones que debería realizar la segunda administración panista se encuentran aumentar en 35 por ciento el número de sucursales bancarias, con sus respectivos servicios financieros; reducir 5.3 por ciento la tarifa en las importaciones de manufacturas e incrementar a 10.3 por ciento el producto interno bruto de los ingresos tributarios no petroleros. Además, recomendaba la “felxibilización laboral” y el aumento de impuestos en artículos de consumo (Contralínea edición 166).

Hace cinco meses, Harold Bedoya, gerente de Operaciones del Banco Mundial para México y Colombia, aseguraba a Contralínea que el Banco no dicta normas o políticas al país en materia económica, financiera y social.

Aseguraba que el organismo opera con totFuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011al transparencia, por lo que hacía públicos cada uno de los proyectos, informes y evaluaciones, mismas que se estaban traduciendo al español, para que todos los mexicanos tuvieran acceso a ellas. Sin embargo, cada uno de los 61 proyectos activos con los estados, se encuentran redactados en inglés.

Para el desarrollo de este artículo se solicitó, nuevamente, una entrevista con el representante del organismo en México, a través de la oficial de comunicaciones Fernanda Zavaleta, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.

Fuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011

Elecciones, bajo supervisión del narcotráfico

Las elecciones estatales y federales por celebrase en 2011 y 2012 se realizarán bajo consentimiento del narcotráfico en algunas regiones del país, señalan encuestadoras. Advierten que el fenómeno, que ya se presentó durante 2009 y 2010, se agudizará en éste y el siguiente año. Hombres armados decidirán si se instalan o no casillas electorales y la orientación del voto en diversas zonas del territorio nacional.

Fernando Ortega Pizarro *

En las elecciones de 2011 y 2012, el narcotráfico y el crimen organizado estarán en posibilidades de autorizar o no encuestas en sus territorios sobre la orientación del voto de los ciudadanos, antes, durante y después de los comicios. De ellos dependerá que sea realidad el derecho de los ciudadanos a estar informados y de los medios a informar.

De acuerdo con empresas encuestadoras, eso ya se observó en los comicios de 2010. Los encuestadores tenían que pedir permiso a los delincuentes para hacer su trabajo y éstos aprobar sus preguntas. En varios casos, fueron rechazados.

En el contexto de la elección presidencial de 2012, en la que se prevé una altísima competencia entre los partidos políticos, al Instituto Federal Electoral le preocupa no sólo que permanezca la inseguridad en el país, sino que en algunos estados sea mayor que en 2009. Trabaja en estrategias para contrarrestar los riegos en la jornada electoral.

A los obstáculos tradicionales de los encuestadores (partidos políticos y funcionarios de casilla o gubernamentales), se sumó ahora el del narcotráfico, que ya es considerado por los ciudadanos como un factor de poder en la política.

Además, la falta de confianza ciudadana en las instituciones públicas, como los partidos políticos, el Congreso, el Poder Judicial, organismos electorales o las policías, también afecta a las encuestas, estiman las agencias encuestadoras.

Eso ha dado lugar a que surja un nuevo elector en México: aquel que esconde su preferencia electoral porque va a votar a favor del partido opositor al de un gobierno, lo que ocasionó que las encuestas de salida en 2010 hayan resultado con grandes diferencias entre lo que reportaron y el resultado final, principalmente en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, entidades en donde hubo alternancia.

Alejandro Mendoza Blanco, de la agencia Mendoza Blanco y Asociados, refiere que en la Sierra de Chihuahua y en la zona de Santiago Papasquiaro, Durango, tuvieron conflictos para entrar a ciertas localidades a realizar encuestas –como si fueran propiedad de la delincuencia–, por lo que tuvieron que reemplazarlas.

“Nuestros encuestadores y supervisores, que ya tienen mucha experiencia en esto, a veces platican con gente que porta armas de alto poder, para que entiendan que nada más van a hacer una encuesta. Los hombres armados suelen pedir que se las hagan a ellos. En unos casos, sí aceptaron y en otros no”, refiere.

Son regiones, comunidades, con caminos rurales. “En la zona de Santiago Papasquiaro, teníamos una serie de siete secciones que íbamos a cubrir, pero ya no pudimos acceder a esos lugares; igual, en la Sierra de Chihuahua”.

—¿Es territorio del narco?

—No le sabría decir. Desconocemos quién está a cargo de estas patrullas con gente armada. Hasta el día que hacemos la encuesta, nos damos cuenta de estos problemas.

“No nos vamos a poner a discutir con un empistolado sobre si paso o no por una carretera. El mismo Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) reconoció que había ciertas zonas del país donde podrían tener problemas para levantar el censo. No vamos a arriesgar la seguridad de las personas que trabajan para nosotros”, asegura Mendoza Blanco.

Dice que es difícil estimar el riesgo que representa esta situación para las elecciones de 2011 y 2012. “Yo quisiera pensar que no vamos a tener tantas dificultades como en estas elecciones, pero es difícil. Vemos más problemas de este tipo en el Norte y centro del país”.

Por su parte, Federico Berrueto, de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), asegura que entre un 25 y 30 por ciento de los mexicanos cree que el narcotráfico es el poder fáctico más importante en la política. “Hay casos, como Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa, donde la respuesta es de más del 50 por ciento que considera que el narcotráfico tiene más influencia que los empresarios, la iglesia o la prensa”.

Éste es el factor por el cual el ciudadano no responde con veracidad sobre su voto. “Si la gente cree que el narcotráfico está tan presente en una entidad, ¿por qué le va a responder a un encuestador cuál es su preferencia electoral? Eso afecta el ambiente de seguridad, de confianza, que se requiere para que la encuesta pueda realizarse en condiciones de normalidad”.

—¿Las de 2011 y 2012 serán las elecciones del miedo?

—Va a haber miedo. El miedo existe. También hay desconfianza. Aquí los encuestadores tenemos que entender que en esas condiciones vamos a tener que trabajar y mejorar nuestros instrumentos para lograr resultados aceptables.

“El mismo encuestador se resiste a ir a las zonas del narcotráfico. Y cuando va, la gente no responde con veracidad. Es un problema real. No lo hacemos público en el momento para no enrarecer la elección. Pero ya después debemos dejar constancia de que los encuestadores también estamos sujetos a esta situación indeseable.”

En un estudio sobre encuestas públicas de 2010, el GCE considera que otros actores afectan el trabajo de los encuestadores electorales.

En las elecciones de 2010 se registraron situaciones ajenas a la normalidad democrática, como la excesiva presencia de la fuerza pública, quizá inevitable por la situación del país, señala.

“Nuestros encuestadores se reportaban de manera constante al centro de operaciones. En Tizimín, Yucatán, por ejemplo, tuvieron que interrumpir el levantamiento en varias casillas por amenazas: reportaron la presencia de grupos de choque, pero también amenazas por parte de los electores.”

Lo mismo ocurrió, continúa, en Zacatecas, Veracruz, Hidalgo y Sinaloa. “La situación de violencia e intimidación a los encuestadores presentes en las casillas es una variable que se debe tomar en cuenta como ‘error de campo’, pero también para promover entre los ciudadanos la utilidad de las encuestas de salida, en especial por la resistencia casi generalizada de los partidos o candidatos no favorecidos de reconocer la derrota, deficiencia que impone una fuerte presión y desgasta a las autoridades electorales”.

El GCE también sostiene que derivado del ambiente de inseguridad, quizás como secuela de las elecciones presidenciales de 2006 y por la polarización política y del debate, existe una pérdida de confianza en las instituciones y en las relaciones entre personas.

“Mientras que la familia, la universidad (la escuela) y la iglesia preservan altos niveles de confianza, la que corresponde a las instituciones públicas ha disminuido. Esta afectación también incluye a las encuestas.”

La agencia ignora si en esto hay un impacto en el descrédito que partidos, gobernantes y candidatos hacen de los estudios de las agencias. En su opinión, “esto se debe, fundamentalmente, a la inseguridad, a una muy frágil cultura de la legalidad y a un sentimiento de crisis y fatalismo social”.

En la medición de géneros de encuesta en la escala de 1 a 4, donde 1 cree poco y 4 cree mucho, el valor que se obtuvo fue de 2.5 para las encuestas de televisión; igual, 2.5 para las encuestas de prensa; 2.3, para las que se generan en internet, y 2.2, para las que difunden los partidos políticos.

Al hacer su estudio sobre el “voto oculto”, y en vista de que los ciudadanos tienden a no revelar sus preferencias electorales, el Gabinete de Comunicación Estratégica optó por hacer la encuesta en términos de si prefieren la continuidad o la alternancia en el gobierno.

Se dio cuenta de que, “en los seis estados donde ganó el partido gobernante, los encuestados sí respondieron, y en los seis estados en los que hubo alternancia, también lo dijeron”.

Es decir, continúa, “un segmento importante de los encuestados en nuestros 12 estudios que estaban dispuestos a expresar su preferencia en términos de alternancia o continuidad, pero no en términos de partido o de candidato”.

Después cruzó este resultado con los que respondieron que no sabían, que anularían su voto o que eludieron contestar. En esta fracción que representaba el 20 por ciento de los encuestados, “la abrumadora mayoría era el elector que deseaba la alternancia en una proporción de cinco a uno”.

Eso llevó al GCE a considerar la hipótesis de que los partidos están dejando de ser los referentes históricos aglutinadores de preferencias y que, incluso, los candidatos, al menos para las elecciones de 2010 (con la diferencia de Sinaloa), no son el mayor factor para el desenlace de la elección.

“Quizás a lo que nos aproximamos el primer domingo de julio de 2010 es a un modelo mínimo de democracia en la que el ciudadano más que decidir qué partido, proyecto, ideología o candidato debe estar en el poder, decide quién debe dejar de gobernar.”

Le llama la atención que no obstante el escepticismo en las instituciones, las encuestas, los candidatos, los órganos electorales y los partidos, y la creencia de que el narcotráfico ha penetrado a la política, los ciudadanos mostraron una elevada confianza en el voto.

“El valor más elevado fue de 83 por ciento en Quintana Roo y el más bajo, 69 por ciento, en Veracruz, lo que, además, se acompaña de un incremento en la participación electoral.”

Esta percepción se robustece con la evaluación de los gobernadores que hizo la agencia en 2009. Es decir, explica Berrueto, con los mandatarios que obtuvieron bajas calificaciones, el partido gobernante fue derrotado; con los bien calificados, mantuvo el poder.

El GCE sostiene, además, que la convicción sobre la legalidad del proceso electoral es mayor en los estados en los que hubo alternancia que en los de continuidad.

Asimismo, en los estados donde hubo alternancia, existe “una relación virtuosa entre ganador, perdedor y mandatario saliente. En los estados bajo continuidad, la situación es, en alguna medida, contradictoria: positiva en Chihuahua y Tamaulipas, pero no en el resto de los estados en los que ganó el partido gobernante”.

Por su parte, Francisco Abundis, de Parametría, también considera que la inseguridad va a afectar las elecciones de 2011 y 2012, aunque aún no sabe en qué medida. “Seguro que va a afectar en participación, como pasó en Tamaulipas con el asesinato del candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional) al gobierno del estado. La votación a favor del candidato sustituto fue amplia, pero pudo ser mayor. En lugar de tener niveles de participación del 50 por ciento, fueron del 40”.

—¿Y en aquellos lugares donde manda el narco?

—Eso sin duda va a afectar. Lo primero que afecta es la dirección del voto. Pero es difícil saber a quién va a favorecer o perjudicar.

Desde otra perspectiva, Javier Aparicio, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, considera que la diferencia considerable entre las encuestas y el resultado final de una elección puede “hablar” de clientelismos.

“Si la encuesta dice una cosa y el resultado electoral dice otra, puede decirse que hubo una manipulación de la preferencia del voto.”

Sin embargo, reconoce que también puede darse el caso de que un ciudadano, por algún miedo o porque se siente presionado, manifieste en la encuesta que va a votar por el PRI, pero, al final, vote en contra.

La televisión y no la violencia, principal obstáculo de la democracia

Más que la violencia, las televisoras son más importantes como impedimento en el desarrollo de la cultura política, sostiene Daniel M Lund, presidente del Consejo de Investigadores de la Opinión Pública (Mund Group), conformado por las empresas Consulta-Mitofsky, Parametría, GEA-ISA, Demotécnica, Pisos-Bimsa, entre otras.

En entrevista, explica que el 80 por ciento de la información de los ciudadanos proviene de la televisión.

“Para tener una visión sana, la gente necesita resistir casi toda la información que tiene. Ésa no es una relación saludable entre los mexicanos y los medios de comunicación. Las televisoras se están dando un balazo en su pie, al no dejar de ser monopolio”.

—¿Eso significa que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que promueve Televisa, será el próximo presidente de México?

—Quién sabe si va a ser, pero aceptarlo como un hecho, no es posible. El que la gente se alimente de la información de la televisora no garantiza la orientación de su voto. Calderón Hinojosa está gastando en publicidad de autoelogio más que cualquier otro presidente en la historia de México, más que su par de Estados Unidos o de Canadá, pero sus niveles de popularidad no son buenos y su partido no está saliendo bien.

“¿Cómo explicar eso? La gente en general, en unas capas más que otras, tiene su manera de filtrar, resistir e interpretar la realidad”, asegura.

La mayoría de las empresas encuestadoras anticipan un retorno del PRI a Los Pinos, se le dice.

—Eso es falso. Eso no tiene sentido. No puede decirse eso a dos años de que concluya el sexenio. La sociedad mexicana está muy distorsionada, es muy complicada, pero no es una máquina para que se pueda decir que equis persona va a ser presidente del país. Eso no tiene pies ni cabeza, no tiene ciencia; no tiene arte.

—¿Qué le parecen las alianzas entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)? Ya dieron resultados en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

—No han dado resultados. El candidato en Oaxaca sin el PAN hubiera ganado. El candidato en Puebla y en Sinaloa sin el PRD hubiera ganado. Las alianzas son para la gente que no le gusta el trabajo duro de educar a la base y movilizar a la masa. Las alianzas son cosas de gente de nicotina y cafeína en el Distrito Federal. No es un avance; no hay evidencia de que funcionó.

Reconoce que Andrés Manuel López Obrador es el candidato de la izquierda mejor posicionado en las encuestas, pero también es el más rechazado por la población, “según algunas encuestas, precisa, pero eso va a cambiar con el tiempo”.

—¿Marcelo Ebrard, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, puede dar la sorpresa y ser el candidato de la izquierda?

—No. A nivel nacional, López Obrador está mejor posicionado porque desde 2006 no dejó de hacer campaña. Tiene una base que no es de medios electrónicos y va más allá de ellos. A éstos los tiene en su contra. Es una base que incluso va más allá del PRD, pues una parte de su dirigencia también ha estado en su contra. Si él puede hacer eso, es él quien puede dar sorpresas.

Prevé que “si México empieza a tener una economía como Brasil, la izquierda no tiene posibilidades. Pero si la economía sigue estancada o, peor, y empieza a bajar aun más, la izquierda tiene buenas posibilidades. Ésa es la realidad”.

La búsqueda de Felipe Calderón de su delfín no es un asunto de una sociedad democrática, asegura. “En el PAN hay un grupo gris, pero quién sabe”.

Considera, no obstante, que concentrar la atención en quiénes serán los candidatos a la Presidencia y quién va a ganar “es muy superficial”.

La transición a la democracia depende de las elecciones, cuando esa transformación no existe en los medios, en la economía ni en las instituciones estancadas, puntualiza.

“El aval de si estamos bien o no en la transición parece que es una elección. No se puede llegar a una democracia sólo a través de elecciones, cuyo proceso está sobrerregulado. No estamos generando una cultura política natural.”

Propone dar un paso atrás antes de hablar de candidatos para estudiar la cultura política que existe en México, con sus buenas y malas señales.

“Las nuevas democracias, sean en Brasil, México o Afganistán, dependen no de los procesos electorales, sino del funcionamiento del gobierno, de la economía y de la sociedad. Hay muchas promesas de los políticos de que todo va a salir bien, de que la economía y el nivel de vida van a mejorar, así como la educación de los niños, etcétera, y eso no está pasando”, refiere.

Creer que las elecciones van a resolver estas cosas es tener, en cultura política, una fantasía, señala.

—Con la violencia que existe en México, ¿qué cultura política se puede formar?

—Vamos a ver qué pasa en los estados donde hay más violencia o más presencia del crimen organizado. Pero no hay un movimiento espontáneo para que exista la mano dura, para la derechización de la cultura política en México. Tenemos una sociedad con muchos elementos plurales y es posible un debate a nivel popular muy rico y saludable. No hay una fantasía de que un hombre fuerte puede resolver todos esos problemas. Hasta la fecha, la violencia no ha distorsionado el desarrollo de la cultura política, como lo han hecho las televisoras.

Para ampliar las graficas AQUI.

Carta a Beatriz Paredes

Sabina Berman

En sus Precisiones, texto publicado en El Universal el 30 de noviembre pasado, se disculpa usted y se sustrae del mundo de las acciones. El partido que usted preside votó durante el año de 2009 en 17 estados por criminalizar la interrupción del embarazo, pero escribe usted que no tiene responsabilidad en ello. Usted se vio forzada a ponerse al margen, y como Pilatos, ahora se lava las manos.

¿Por qué?
Su razón se divide en dos tiempos.
1. Usted es feminista y personalmente está por la despenalización absoluta del aborto, pero por desgracia el PRI ha sido un partido menos “vanguardista” en “los temas de derechos civiles”.
2. Por eso, cuando 95% de los diputados priistas de esos 17 estados votaron en contra de lo que usted misma hubiera deseado, se vio en la amarga necesidad de respetar sus voluntades, porque usted es “una feminista”, sí, incluso es “una mujer de izquierda”, sí, incluso es una “modernizadora”, ajá, pero ante todo, y de manera “crucial”, es “una demócrata”.
Bueno, licenciada Paredes, es conmovedor, pero lamento informarle que sus argumentos son falsos. Simplemente no se arraigan en los hechos. Por lo contrario, los hechos contradicen sus dos argumentos. Me explico:
1. Falso que el PRI sea un partido reaccionario en cuanto a las libertades de las mujeres. Al revés: En el ensanchamiento de las libertades de las mujeres, el PRI ha sido la vanguardia –una vanguardia acaso demasiado paulatina, pero vanguardia al fin.
En tan temprana fecha como 1974, siendo dueño de la Presidencia y del Congreso, fue el PRI el que reformó el artículo 4 de la Constitución, para garantizar el derecho de toda mujer “a decidir el número y espaciamiento de sus hijos”.
Igualmente, en las últimas dos décadas fue el PRI, ahora con ayuda del ya existente PRD, el que se dio a la tarea de generalizar en los estados del país las excepciones que permitían el aborto. Es decir: Hasta hace un año, se permitía a una mujer interrumpir su embarazo en todas las entidades del país si había sido violada; en 30 estados, si abortaba debido a un accidente; en 29, si su vida peligraba; en 14, si el producto sufría de malformaciones, y en 11 estados por otras circunstancias.
Y, por fin, fue el PRI el que durante el reciente año de 2006 presentó en la Asamblea Legislativa del DF la primera ley que legaliza –y ordena los medios gratuitos– para la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, siempre y cuando el producto tenga menos de 12 semanas de gestación.
No, licenciada Paredes. Durante medio siglo el PRI estuvo por el paulatino ensanchamiento de las libertades de las mujeres en México. Es únicamente bajo su presidencia que el PRI ha legislado para destruir su propia obra y para negar, abruptamente, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.
2. Escribe usted que ha tenido que sacrificar sus altos ideales feministas y de izquierda por los todavía más cruciales ideales democráticos. Como presidenta del PRI, su deber ha sido respetar la libre elección de cada diputado priista al votar, bajo el peso de su conciencia individual, SÍ o NO las reformas que criminalizan el aborto.
Qué lástima: falso otra vez.
En 17 estados 95% de los priistas votaron por criminalizar el aborto. La uniformidad del voto tricolor para destruir su propia trayectoria y contrariar su supuesta ideología social-demócrata es inexplicable, a menos que uno suponga que los diputados recibieron desde lo alto la orden de votar así.
Desde lo alto: ¿desde dónde?
Opciones más socorridas: a) desde las oficinas de los gobernadores, que negociaron con el clero la libertad de las mujeres y la pusieron a usted, en efecto, al margen; b) desde la presidencia del PRI, cargo que, le recuerdo, usted ostenta, o c) desde la oficina del Espíritu Santo, como ha insinuado el obispo de Acapulco.
Haya sido desde donde haya sido, lo único seguro es esto: La democracia no tuvo nada que ver en estas votaciones, donde las formas también revelan cómo las conciencias individuales de los diputados priistas fueron atropelladas.
Típicamente, cada diputado priista recibió un día antes de la votación el texto de la reforma. Así, cada legislador tuvo apenas una noche para leerla y estudiarla y consultar documentos y expertos e ir a pedir su reacción a sus representados, los ciudadanos, y tal vez viajar al extranjero para atestiguar las experiencias de otros países. Cosas que lógicamente no pudo realizar. Se sabe incluso de diputados que llegaron al día siguiente al Congreso sin haber terminado de leer la pretendida reforma. Y ahí, en el Congreso, el debate previo a la votación duró un par de horas llenas de gritos y molestia y sorna ante los pocos argumentos que se intentaron desde la tribuna.
¿Democracia, licenciada Paredes? No. Simulación de la democracia, licenciada Paredes.
3. Entonces pues: Ni la primera mitad de su argumento ni la segunda mitad se ajustan a los hechos.
Probablemente usted no ha presidido sobre los arreglos de los caciques estatales con el clero, a pesar de ser presidenta del PRI. O probablemente sí ha presidido. Probablemente usted ya no pretende ser feminista cuando se mira al espejo. O de nuevo, probablemente sí. Da igual. A partir del terreno donde las palabras no embonan con los hechos, todo es posible en el verbo. Todo es ficción.
Y mientras tanto, 33 mujeres duermen en la cárcel por haber interrumpido un proceso biológico dentro de su propio cuerpo; 140 mujeres se encuentran en procesos legales por lo mismo. Y en siete estados los caciques priistas alistan idénticos golpes contra las mujeres y contra la democracia.
Esos sí son hechos, licenciada Paredes.

Apoyo al SME en los estados

Apoyan lucha del SME con marchas en 30 ciudades del país

De Chetumal a Cananea, sindicalistas y organizaciones sociales realizaron manifestaciones para respaldar al Sindicato Mexicano de Electricistas, según reportes de Notimex, EL UNIVERSAL y la misma organizacion gremial.

LA REDACCIóN

MÉXICO, D.F., 11 de noviembre (apro).- Miles de personas marcharon hoy en 30 ciudades de 16 estados del país en apoyo a la lucha que libra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), decretada hace un mes por el presidente Felipe Calderón.
Sindicalistas mineros, universitarios y del sector educativo, así como organizaciones sociales y campesinas salieron a las calles en Cananea, Nogales y Hermosillo, Culiacán, Durango, Saltillo, Morelia, Puebla, Mérida, Campeche, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Chetumal, Cuernavaca, Toluca, Acapulco, Tlaxcala, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Acayucan, Poza Rica y Coatzacoalcos.
En Tuxtla Gutiérrez, cientos de campesinos y sindicalistas se movilizaron para protestar y solidarizarse con el SME. Tomaron oficinas públicas federales, pararon actividades en empresas como Telmex y tomaron de forma simbólica las oficinas estatales del PAN en la capital del estado.
Además de Tuxtla, los campesinos y sindicalistas realizaron actos de protesta en San Cristóbal de Las Casas.
En la capital, los trabajadores sindicalizados de Telmex pararon labores y se concentraron en unas oficinas ubicados al poniente de la ciudad. A su vez, miembros del MOCRI-CNPA, tomaron oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Secretaría de la Reforma agraria (SRA).
Miembros del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud Sección 50 marcharon del centro de la ciudad y de forma simbólica clausuraron las oficinas de la dirigencia estatal del PAN, en repudio a las políticas públicas del presidente Felipe Calderón, y lo que calificaron su "embestida" contra el SME y la desaparición de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Otro grupo de campesinos de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) se plantó en la plaza central de la capital. De igual forma, en la catedral de San Crisrtóbal de Las Casas, otro grupo de campesinos e indígenas marchó para exigir respeto al movimiento sindical en México.
En la toma de las oficinas del PAN, encabezó el movimiento el líder sindicalista del sector salud, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, quien arremetió contra los panistas y sus políticas públicas del gobierno federal. Acusó al presidente Felipe Calderón de ser un "títere" de las empresas multinacionales y por ello gira las paraestatales hacia la privatización.
Zavaleta Ruiz dijo que esta movilización es apenas un primer ensayo de lo que viene a futuro en cuanto al movimiento social de protesta en México.
En tanto, en Veracruz, organizaciones civiles y sindicales, como el Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México y grupos disidentes del magisterio en Veracruz, se sumaron a la protesta nacional encabezada por el SME para repudiar la política neoliberal impulsada por el presidente Felipe Calderón.
En la protesta participaron alrededor de 500 trabajadores de Telmex, de la Unión Nacional de Trabajadores, disidentes de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de diversas agrupaciones civiles. Lanzando consignas contra el gobierno federal, marcharon por calles del Centro Histórico de Jalapa, la capital del estado.
"Nuestra solidaridad con el SME", rezaban algunas de las pancartas exhibidas por los activistas, quienes manifestaron su rechazo a la extinción de la LFC que "dejó en la calle a miles de trabajadores".
El dirigente de la Sección 17 del sindicato de telefonistas, Eduardo García Argüelles, aseguró que esta lucha continuará, ya que no descartó que el gobierno de Felipe Calderón aseste "otro golpe" contra los sindicatos independientes, como lo hizo con el SME, que de la noche a la mañana "lo desapareció".
En esta acción, estuvieron presentes dos delegados del Frente de Resistencia del SME, Gerardo Garfías Villa y Raúl García, quienes señalaron que la movilización es la única manera que tienen los trabajadores "para hacerle llegar la verdad a la sociedad de lo que está sucediendo".
Con este paro cívico, dijo Gerardo Garfias, se iniciaron las acciones de protesta que se irán intensificando hasta el mes de diciembre, cuando se lleve a cabo una huelga nacional.
El sindicato de telefonistas, que suspendió labores y la empresa amenazó con descontarles el día, realizó marchas en solidaridad con el SME en otros municipios de la entidad, como el puerto de Veracruz, Orizaba, Córdoba, Acayucan, Poza Rica y Coatzacoalcos, entre otros.
A la manifestación de apoyo realizada en Veracruz, asistió una representación de la Sección 22 del SNTE, de Oaxaca.
Paralelamente, en Querétaro, unas 150 personas de organizaciones sindicales, políticas y populares, participaron en el llamado paro cívico nacional, convocado para respaldar la lucha del SME.
Miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT), "tomaron" las instalaciones de las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Procuraduría General de la República (PGR), además del centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Las "tomas" fueron encabezadas por el exdiputado local y expresidente perredista en la entidad, Pablo Héctor González Loyola Pérez, en las que participaron unas 80 personas.
Mientras tanto, en el centro de la ciudad, una veintena de manifestantes, miembros del sindicato de telefonistas y del de trabajadores al servicio de los poderes del estado, instalaron una "mesa de información" para difundir entre los transeúntes, las razones de la lucha del SME.
Así mismo, en Hidalgo, padres de familia de dos comunidades del Valle del Mezquital bloquearon desde las 08:00 horas la carretera federal México-Laredo a la altura del municipio de San Salvador.
El bloqueo ocasionó un embotellamiento de aproximadamente cinco kilómetros de largo en ambos carriles. Además de este cierre en Hidalgo también se registraron problemas viales en Pachuca, en Huichapan, en Tula y Mixquiahuala.
Por otra parte, en Oaxaca, la Sección 22 del SNTE suspendió labores en las 13 mil escuelas de la entidad y dejó sin clases a poco más de un millón 300 mil alumnos de los tres niveles básicos para apoyar la lucha del SME. Al menos 10 mil maestros partieron al Distrito Federal para participar en las movilizaciones realizadas en la capital del país.
Hubo protestas también en región Costa de Oaxaca, Huatulco, el Istmo de Tehuantepec y en Juchitán. Bloquearon la sede regional de la CFE.
En la capital de Oaxaca grupos afines a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) bloquearon carreteras, tomaron de oficinas públicas y los trabajadores telefonistas se declararon listos para realizar un plantón frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Fuente: Proceso