lunes, octubre 19, 2009

Calderón, como Echeverría, contra el sindicalismo

Los entes mas perversos y mezquinos del mundo......de que rien?

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Una grave frustración de la transición democrática mexicana ha sido el gatopardismo, el que las cosas cambian sin cambiar, y en que los gobernantes surgidos de la alternancia se diferencian de los anteriores en que son exactamente iguales. Tal engaño queda patente una vez más con motivo del ataque del presidente Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas, análogo y en cierto modo prolongación del que emprendió Echeverría contra la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas. El 11 de octubre de 2009 es equivalente, como acto autoritario violento, al 15 de julio de 1976. En cada una de esas fechas se buscó suprimir, eliminar de la escena pública a agrupaciones gremiales combativas que existían por la voluntad de sus miembros y no dependían por lo tanto de la voluble voluntad gubernamental.La historia del golpe de Echeverría a los electricistas es la historia reciente del sindicalismo en ese ramo (y llegó a su culminación, por cierto, una semana después de la agresión contra el Excélsior de Julio Scherer; he sostenido, por otro lado, que la expulsión del célebre periodista del diario desde el que estaba transformando a la prensa mexicana, fue parte de una estrategia para silenciar atropellos como el que estaba en curso contra los electricistas democráticos).A partir de que el Estado mexicano se convirtió en propietario de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, se modificó no sólo la estructura empresarial de ese ramo sino, por consecuencia, también su organización laboral. Hasta aquella fecha, existían tres agrupaciones de trabajadores de la electricidad: el sindicato nacional, que contrataba con la CFE y estaba organizado a la manera tradicional cetemista, en torno a un hombre fuerte, Francisco Pérez Ríos, cercano a Fidel Velázquez; una federación de 52 pequeñas agrupaciones sindicales, dirigida por Rafael Galván y que en ese mismo 1960 se transformó en Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM); y el Mexicano, que durante décadas había sido la contraparte laboral de la Mexican Light and Power.A mediados de esa década, y por razones técnicas y políticas, se inició un movimiento unificador de las empresas y los sindicatos. Por un lado, se hizo necesario integrar la industria, conectar sus heterogéneas porciones. Por otra parte, se pretendió fundir en un solo gremio, bajo la égida del sindicato cetemista, a las agrupaciones del ramo. Cuando la Impulsora Eléctrica Mexicana, surgida de la compra de las pequeñas empresas con las que contrataba Galván, quedó fusionada con la CFE, el sindicato nacional quiso dar una tarascada al STERM, y peleó y ganó la titularidad del contrato colectivo. Para que la derrota no fuera tan abrumadora, y en lo que a poco se reveló como una trampa, Echeverría propició la fusión de los dos sindicatos y así nació, el 20 de noviembre de 1972, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), bajo la conducción de Pérez Ríos. La denominación del gremio naciente anunciaba la pretensión de incorporar a sus filas a los miembros del SME, pues mientras éste existiera haría vano el propósito de llamar único al SUTERM.Fue imposible la convivencia entre las dos formas de sindicalismo. Se generó una Tendencia Democrática dentro del SUTERM, que paulatinamente fue perdiendo presencia y fuerza, aun en los sitios donde había regido el antiguo STERM. En ese tiempo murió Pérez Ríos, única forma de que abandonara su posición de secretario general, que había ocupado durante décadas. Lo reemplazó automáticamente, sin elección porque ese modo no formaba parte de sus usos y costumbres, el secretario del Trabajo del comité, Leonardo Rodríguez Alcaine. Treinta años después, a la muerte de este líder, transitó por la misma ruta su secretario del Trabajo y pariente, Víctor Fuentes del Villar, que llega ya a los cuatro años de su indiscutido liderazgo.En más de medio siglo, sólo tres dirigentes, con los que el gobierno pueda entenderse. Por eso convino al gobierno desbaratar el enclave democrático en el SUTERM y sentar las bases para la supresión del SME. La Tendencia Democrática inició una huelga en reclamo de prestaciones y respeto a su representatividad, y la noche del 15 de julio de 1976 una embestida militar, junto con miles de esquiroles, rompieron el paro obrero y echaron a la calle a los antiguos galvanistas, en operaciones de las que parecen calcadas las de ahora.Previamente, el gobierno de Echeverría había puesto en liquidación a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, con la que contrataba el SME. El proceso se echó a andar de manera tortuosa, lenta, y a él se resistió el sindicato, que veía como desenlace la inclusión de sus miembros en el agrupamiento dirigido por Rodríguez Alcaine. Por esa capacidad de no rendirse la liquidación no prosperó, se quedó en mera denominación, pues la empresa siguió operando normalmente. El gobierno de Miguel de la Madrid pretendió reavivar el procedimiento liquidador pero se topó de nuevo con la fortaleza sindical, que en 1987 realizó una huelga, breve pero suficiente para probar su potencia. A ella apeló Carlos Salinas cuando, en busca de votos verdaderos, demandó los del SME, y se comprometió a poner fin al estado legalmente precario en que operaba la empresa. Por eso creó, ya al cabo de su mandato, el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que ahora está en jaque.Fox llegó al gobierno con la intención de eliminar esa empresa y diezmar a su sindicato. Para eso estableció un régimen absurdo, en que LyF compra cara, a CFE, la energía que debe vender barata. Esa extravagancia financiera obliga a subsidiar el funcionamiento de la empresa que surte de fluido eléctrico a la porción central del país, la más productiva en el conjunto nacional. A remediar ese déficit se destinan sumas como los 42 mil millones de pesos que este año debió aportar el gobierno a una empresa que deliberadamente ha sido deteriorada, crítica situación que se atribuye al abuso de sus trabajadores y su organización gremial. Ciertamente, el contrato colectivo suscrito por el SME es ventajoso para sus trabajadores en muchos sentidos, pero en general contiene cláusulas que deberían regir en muchas otras empresas públicas y privadas, cuya mano de obra es maltratada y frente a cuyas magras prestaciones las de los electricistas parecen de lujo.Pero no lo son menos las del SUTERM, aunque cuando es necesario hacerlas disminuir la acción se realiza sin que nadie proteste porque el sindicato carece de activa vida interna y se controla de arriba abajo. Por eso el año pasado aumentó en cinco años el término para las jubilaciones, algo que en el sindicato del Seguro Social significó una afrenta a la que se opusieron los damnificados. Se mantienen, sin embargo, gajes como los que, practicados en el SME, irritan a sectores sensibilizados por la propaganda: la cláusula 67 del contrato entre el SUTERM y la CFE exonera de pago a sus trabajadores. Siendo que el consumo doméstico promedio es de 285 kilovatios, es gratuito para ellos el suministro de 350, y el excedente se cobra a sólo un centavo por kilovatio.El lance actual contra el SME dista de haber concluido. Ni siquiera ha entrado en su fase final. Mientras no lo declare la autoridad laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje, subsisten las relaciones de trabajo entre el sindicato y la empresa en liquidación. Y aun si se decretara su terminación, apenas se encargue formalmente de la operación la CFE, tendrá que responder a las obligaciones laborales como patrón sustituto.
Digo, si de respetar la ley se trata.
Calderón, según Castillo Peraza, "mezquino, desleal..."

MÉXICO, DF, 19 de octubre (apro).- Luego de casi tres años de ejercicio del poder, cuya legitimidad no ganará ni con el manotazo policiaco-militar que echó a la calle a 43 mil trabajadores electricistas --y que sólo ratifica que la promesa de crear empleos fue siempre un mal chiste--, Felipe Calderón es congruente con lo que de él decía su maestro Carlos Castillo Peraza: "Inescrupuloso, mezquino, desleal a principios y a personas". Tan categórica --y precisa-- definición hizo Castillo Peraza luego de que padeció desdenes y maltratos de Calderón que derivaron en la ruptura de una relación cuya entraña describe el periodista Julio Scherer García en Secuestrados, su más reciente libro. Scherer García describe episodios clave en la relación entre ambos, que llegaron a la cumbre en el Partido Acción Nacional (PAN), que comenzó a romperse con la derrota de Castillo Peraza, en 1997, cuando buscó la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF). Escribe Scherer García: "Vencido, conoció la antesala, calentando una silla y perdiéndose en la lectura de periódicos y de revistas para apartarse de los desaires que lo acosaban. Calderón Hinojosa se mostró distante, frío como un grillete que corta. Castillo Peraza optó por su renuncia al partido. No hubo en ella melindres ni reclamos."A la muerte de su antecesor en el PAN, el 9 de septiembre de 2000, Calderón buscó, vía telefónica, a Scherer García. Quería saber qué pensaba Castillo Peraza de él."Respondí con la verdad. Por un tiempo la reconciliación sería imposible. Castillo Peraza le había perdido estima por el trato que había recibido de quien fue su secretario general en el edificio azul y por el abandono de los principios de Acción Nacional que había jurado cumplir. Me dijo, don Felipe, que acaso en un distante futuro podrían reiniciar una amistad que a ambos les hiciera bien." Ahora el semanario Proceso publica, en el número que está en circulación, dos cartas de Castillo Peraza a Calderón, hasta ahora desconocidas, que describen la personalidad de quien, formalmente, gobierna el país desde el 1 de diciembre de 2006. En efecto, además de lo que dijo a Scherer García, y que de suyo es preocupante, Castillo Peraza describe en una de las cartas el talante prepotente, colérico y receloso de Calderón, pero también algo que debería ser motivo de deliberación por ser de inobjetable interés público y que explica su estilo personal de ejercer el poder: El consumo inmoderado de alcohol. En la carta escrita el 31 de octubre de 1997, quizá la última antes de su renuncia cinco meses después --el 28 de abril de 1998--, Castillo Peraza describe el "sentimiento de frustración, de hastío y de hartazgo" que había entre colaboradores de Calderón, el "dolor" por el reclamo por no haber usado el cargo de secretario de relaciones internacionales "en mi beneficio personal" y su preocupación por el consumo de alcohol. De hecho, la carta de Castillo Peraza obedeció a que Calderón canceló, sin avisarle, una reunión que tendrían la noche del 30 de octubre, justo el día en que éste se encontró con el perredista Andrés Manuel López Obrador --que negociaban entonces una acción conjunta ante el PRI--, tras lo cual se marchó a una comida privada."Ahora tengo que añadirte que me pareció desconsiderado de tu parte no haber acudido a la cita de anoche, sin siquiera haber avisado, y que me dolió y preocupó haberme enterado por boca de subalternos menores que el presidente del partido salió de la oficina 'muy bien servido'."Castillo Peraza se refiere con este eufemismo a la borrachera de Calderón y usa otro para aludir a otras francachelas, como se enteró en una reunión privada en Cocoyoc, Morelos, donde le llamó la atención --le dice a Calderón en la carta-- "un tema reiterado de conversación: El de las aventuras más que frecuentes --etílicas y demás-- de algunos de tus colaboradores".Y apunta: "Entendí o creí entender entonces por qué la vida comienza después de las diez de la mañana en el CEN, e incluso a esa hora los escritorios están poblados de tasas de café, vasos de refresco y comestibles; por qué es difícil encontrar a alguien entre las tres y las seis (a veces hasta las siete) y por qué en días como el de ayer, a las ocho de la noche, ya no hay virtualmente a quién dirigirse en las oficinas de Ángel Urraza (la vieja sede del PAN)."A partir de su charla con colaboradores del CEN, Castillo hace un retrato de Calderón:Las quejas generalizadas son que, al parecer, nadie puede darte gusto, que das órdenes y las cambias, que pides trabajos intempestivamente --lo que frena las tareas en curso--, que invades las competencias de todos y cada uno de ellos, que los maltratas verbalmente en público y que mudas constantemente de opinión, tardas en tomar decisiones, das marcha atrás, no escuchas puntos de vista de tus colaboradores y haces más caso a "asesores de fuera" que a los miembros del equipo que quisiste fuese el tuyo. Se refirieron a contrataciones hechas por ti sin siquiera avisar al responsable del área afectada, y de "saltos" de autoridad de tu parte y de parte de Cocoa (su hermana Luis María Calderón), que producen desorden, inseguridad y disgustos en tu estructura "staff". Salvo Toño Lozano, todos los ahí presentes expresaron sobre él poco más o menos sentimientos análogos y, lo que es peor, algunos manifestaron que ya esta situación se les volvía personalmente "insoportable" y opinaron que era perjudicial para el CEN y dañina para el partido.Llamó mi atención que nadie pudiera dar opinión decidida y clara, y que todos manifestaran en su turno de dar a conocer sus planes y proyectos "a ver qué dice Felipe", con inseguridad y con un sentimiento de que tú no confías en ellos. Esto ha trascendido y se comenta en círculos externos, tanto políticos como sociales.Y sí, quienes lo conocen o lo están conociendo, saben que Calderón procede de tan arbitraria manera.
Apuntes
Los diputados del PAN oyeron --este lunes 19-- la instrucción de su jefe máximo y, muy obedientes, la acatarán al votar a favor del aumento a los impuestos vigentes y la creación de los nuevos. Defendieron hasta la ignominia la creación de 2% a todo, un IVA disfrazado, cuya recaudación supuestamente sería destinada a los pobres. Y ahora defenderán sin argumentos, sólo en acatamiento a la línea de Calderón, el aumento a 16% al IVA. Es la borregada azul que pastorean César Nava y Josefina Vázquez Mota. ¿En qué es diferente Calderón a Ulises Ruiz, gobernador impune de Oaxaca, donde la desdibujada izquierda electoral se quiere aliar con la derecha…?

Golpe al SME: rumbo al estallido social

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro y el golpe al sindicato más aguerrido de México aglutina a las corrientes más disímbolas del centro y la izquierda del país. Lo que se percibe como el inicio del desmantelamiento de la industria energética nacional ya permitió el reencuentro del SME con la CNTE, sectores de La Otra Campaña, la UNT, el Frente Sindical Mexicano, el lopezobradorismo y hasta organizaciones del viejo corporativismo priista. Además, reactivó el movimiento estudiantil en la UNAM, las normales rurales, la UAM y el Politécnico. “Todo eso se esperaba”, declaró el secretario del Trabajo Javier Lozano ante un escenario de 80 millones de pobres –20 de ellos en pobreza alimentaria–, 1 millón de nuevos despedidos y la peor debacle del PIB de la que se tenga memoria. Un estallido social está a punto de ocurrir, advierten investigadores.
Érika Ramírez

Pudieron más los compromisos de Felipe Calderón con quienes lo llevaron a la Presidencia de la República que el riesgo de generar un estallido social, señala Carlos Antonio Aguirre Rojas al explicar las causas de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
“Es una medida desesperada” para acatar los acuerdos a los que llegó con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Asociación de Bancos de México y los sindicatos patronales desde la campaña electoral de 2006.
El posdoctor en historia por la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París explica que la medida contra la empresa paraestatal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no viene sola. Otras más llegarán en cascada: un paquete económico que incremente los impuestos, una reforma laboral que elimine el derecho de asociación de los trabajadores y el inicio de la recta final de la privatización del sector energético.
Sin embargo, el cálculo político pudo haber fallado al gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. El movimiento sindical que se ha aglutinado entorno al SME podría capitalizar el desastre económico y social en el que se encuentra el país.
Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en movimientos sociales en América Latina, explica que con el decreto del 11 de octubre pasado –con el que el gobierno federal liquida LFC– y el asalto de la Policía Federal a las 104 instalaciones de la paraestatal, la administración de Felipe Calderón comienza a pagar las facturas a los grupos económicos que lo llevaron a la Presidencia “y que luego han buscado legitimarlo, aunque sea por la fuerza”.
Junto a la firma del presidente aparecieron las de 10 secretarios de Estado. Con ellas, el “presidente del empleo” cancela más de 40 mil fuentes de trabajo de LFC y 95 años de vida del SME.
En menos de 12 horas, miles de electricistas perdieron sus salarios, su derecho a la atención médica, a la vivienda y demás prestaciones laborales conquistadas por el SME, liderado por Martín Esparza Flores. Así ocurrió con Jorge Méndez, un joven de 34 años que apenas había logrado una antigüedad de tres años en la empresa regulada por la Secretaría de Energía.
De Jorge dependen siete personas, que sobreviven con los 152 pesos que obtiene diariamente: cuatro hijos, su esposa ?que le apoya con la venta de zapatos? y sus dos padres diabéticos. Él, al igual que su familia, dice estar dispuesto a todo, a cambio de recobrar su trabajo: “Ya no tenemos más qué perder”.
Como él, otras 44 mil personas recibieron azoradas la noticia de que más de 500 policías federales habían tomado sus puestos de trabajo el 10 de octubre pasado antes de la media noche.
Dos horas más tarde, la madrugada del domingo 11, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada; de Energía, Georgina Kessel Martínez; de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda; de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, apoyaban la decisión presidencial de “extinguir” LFC.
Estallido social
Alejandro Vega, miembro directivo del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), coincide con el académico de la UNAM, y agrega que el gobierno “está jugando con fuego”, porque pocas organizaciones tienen una presencia social y una penetración como el SME (que agremia a 44 mil trabajadores en activo y 22 mil jubilados), y que ha sido opositor del modelo económico que prevalece en el país.
Con la liquidación de LFC, los electricistas “han mantenido una posición prudente, que privilegia los causes legales. Sin embargo, si se empiezan a cerrar esas vías, los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos y se puede llegar al estallido social”, advierte el investigador del CILAS.
Aguirre Rojas alude al descontento generado por el “fraude electoral” de 2006, en el que Calderón Hinojosa asumió la Presidencia de la República a menos de un punto porcentual de diferencia de su opositor Andrés Manuel López Obrador. “En este caso también hubo un agravio a la ciudadanía, no sólo al sindicato”.
Extinción “perversa” e “ilegal”
Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM, opina que el decreto presidencial es “perverso”, pues las autoridades no debieron utilizar la palabra extinción, como se hiciera en el artículo 1, que dice: “Se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación”, ya que se puede extinguir un fideicomiso, pero no una persona moral o una empresa”.
El gobierno federal, explica, debió estipular la liquidación desde el principio del decreto. Sin embargo, “no lo hicieron porque con ello se verían obligados a seguir con el procedimiento marcado en la Ley Federal del Trabajo, que indica que se debe dar derecho de audiencia al sindicato, y éste, a la vez, alegar la certeza legal”.
Bouzas Ortiz refiere el capítulo VIII “Terminación colectiva de las relaciones de trabajo”, que indica que si se trata de “la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación”, “el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica”.
Reforma laboral proempresarial
Coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores–, Bouzas alerta que la liquidación de los trabajadores es prácticamente la liquidación del derecho colectivo en México. Con esto, “el gobierno nos dice que quiere una economía en la que no haya ni sindicatos ni contratos colectivos de trabajo”.
Agrega que “esto debe alarmar incluso a los sindicatos corporativos, porque la amenaza va para todos; cuando no le sea útil Romero Deschamps (secretario general del sindicato petrolero) será pateado de la misma manera”, dice el doctor en derecho laboral por la UNAM.
Néstor de Buen Lozano, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide con Bouzas Ortiz y agrega que el SME todavía tiene el derecho de tramitar un amparo, pues la decisión del presidente de liquidar LFC “es un decreto totalmente infundado que se puede demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA)”.
De Buen Lozano, especialista en derecho social, observa que para que se haya terminado una relación de trabajo, entre la compañía y el sindicato debió manifestarse un conflicto ante la JCA: “Se tiene que dar vista a los interesados para que expresen lo que a su derecho convenga, por lo tanto esta medida es un acto de fuerza que no tiene fundamentos”.
Privatización del sector energético
Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Universidad Iberoamericana, doctor en políticas públicas sobre revolución tecnológica y especialista en estudios estratégicos y a largo plazo a nivel nacional, advierte que el gobierno “busca un enfrentamiento con los sindicatos que no son afines a su concepción política, del desarrollo nacional, y abre nuevos espacios a la privatización de funciones, tareas y responsabilidades que corresponden al Estado mexicano”.
Además, indica que hay una alta probabilidad de que se privatice el sector energético. Refiere que el artículo 27 de la Constitución faculta únicamente a la nación para la generación, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica para la prestación del servicio público.
Leer articulo completo AQUI.

Privatización de facto del sector eléctrico

Ana Lilia Pérez

Al cobijo del gobierno de Felipe Calderón, mediante 772 “permisos especiales”, corporativos extranjeros y nacionales operan una red paralela que produce y vende el 49.4 por ciento de la energía eléctrica que consume el país
Después del decreto presidencial que desaparece Luz y Fuerza del Centro (LFC), los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Energía Georgina Kessel, y de Hacienda, Agustín Carstens, insistieron en que no se privatizaría el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargaría de suministrar la energía eléctrica a los 6 millones de clientes que atendía LFC. En realidad, actualmente casi el 50 por ciento de la electricidad que se consume en México es privada, generada por consorcios extranjeros y nacionales, bajo la figura de productor independiente, autoabastecimiento y cogeneración.
En detrimento a la Constitución, al amparo de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, un reducido grupo de corporativos creó una industria eléctrica paralela a la del Estado, que muy pronto se convirtió en negocio redondo: utilizando parte de la infraestructura de LFC y la CFE, comenzaron a producir mucha más electricidad de la que supuestamente consumirían, para vendérsela a empresas privadas y a las dos paraestatales, pues la directriz del gobierno federal obligó a LFC y la CFE a comprarles todos sus excedentes y, encima, a precios mucho más caros del costo de la generación directa, lo que generó la subutilización de las dos compañías eléctricas estatales y el indiscriminado incremento de tarifas, según detectó en diversas auditorías la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Manuel Bartlett Díaz, exsecretario de Gobernación, explica que la privatización del sector eléctrico fue delineada en el Tratado del Libre Comercio, acorde con los lineamientos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se otorgaron 99 permisos para el autoabastecimiento y la producción independiente a ingenios azucareros, fábricas de papel y a las subsidiarias de Petróleos Mexicanos.
Durante su gobierno, Vicente Fox vio en el sector eléctrico una veta de oportunidad para favorecer a los industriales e incluso se confrontó con la ASF para que no auditara los permisos que indiscriminadamente otorgaba la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Con Dionisio Pérez-Jácome Friscione –actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– como comisionado regulador, el gobierno de Vicente Fox ideó que los permisos de supuesto autoabastecimiento incluyeran la figura de “asociados beneficiados”, para que un solo permiso le diera al productor privado la posibilidad de generar energía eléctrica para venderla a terceros simulando sociedades.
La subrepticia entrega de esos permisos fue denunciada por trabajadores del sector eléctrico y llevada a la tribuna legislativa por Manuel Barttlet, entonces presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, quien documentó la anticonstitucional operación en la CRE. Según las declaraciones de Bartlett, en el Legislativo las trasnacionales del sector cabildeaban directamente “la privatización del sector eléctrico, que el Partido Acción Nacional disfrazó como reforma estructural”.
A su paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, junto con su asesor principal, Juan Camilo Mouriño Terrazo, y su asesor jurídico, José César Nava Vázquez, afianzaron la participación del capital privado en el sector eléctrico mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2003-2011. Para cuajar el proyecto, en 2004, Vicente Fox ascendió a Mouriño a subsecretario de Electricidad, cargo que dejó para incorporarse como coordinador de campaña de Felipe Calderón. Entonces Mouriño Terrazo y Pérez-Jácome “eliminaban” las restricciones legales en la regulación que no permitían “aprovechar al máximo las figuras de autoabastecimiento y cogeneración”, según declaró Mouriño Terrazo en una entrevista con el periódico El Universal en septiembre de 2004.
Luego, mediante su compañía Gándara-Censa, la familia Mouriño incursionaría en el sector eléctrico, al convertirse en proveedores de la construcción del parque eólico La Venta II, en Oaxaca, uno de los proyectos medulares del POISE.
Los permisos especiales que Calderón dio a los consorcios españoles (Unión Fenosa e Iberdrola, principales proveedores de energía de la CFE) cuando era secretario de Energía fueron calificados como ilegales por la ASF y el Legislativo. Sin embargo, tal acción ganó la simpatía y agradecimiento público del presidente de España, José María Aznar, y posteriormente, durante su campaña presidencial, el proselitismo en México y Europa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Con esos antecedentes, “no hay duda de que la extinción de Luz y Fuerza responde a la intensión de privatizar el sector eléctrico”, coinciden los integrantes del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), organización integrada por ingenieros, analistas y expertos en materia energética.
Como en el porfiriato
La industria eléctrica, que inició en el gobierno de Porfirio Díaz con capital extranjero, fue nacionalizada en 1960 por Adolfo López Mateos. Hasta entonces, el 70 por ciento de la producción eléctrica era generada por los consorcios American and Foreign Power Company y The Mexican Light and Power Company, a las cuales el gobierno compró sus acciones para luego decretar la exclusividad de la nación “para generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público”, mediante la adición de un párrafo sexto al artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1960, estipulando que en materia eléctrica “no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes naturales que se requieran para dichos fines”.
Actualmente, mediante 24 permisos como grandes productores independientes de energía, que según cifras oficiales, a julio de 2009, ha otorgado la CRE a consorcios españoles, estadunidenses, canadienses, japoneses, alemanes, franceses y belgas: Iberdrola, Unión Fenosa, Tractebel, Abengoa, Mitsubishi, Alstom, Electricitè de France, Bechtel, Intergen, que producen y venden casi la mitad de la energía eléctrica que se consume en México.
Sumado a 595 permisos de “autoabastecimiento”, 58 para cogeneración, 37 para importación, siete para exportación, tres para pequeña producción y 48 para usos continuos. La capacidad total de generación autorizada por la CRE a los privados mediante los 772 permisos especiales asciende a 166 mil 682 giga-watts-hora, que representa el 49.4 por ciento del consumo nacional. El gobierno que hoy desaparece LFC fomentó una industria eléctrica paralela privada, restándole considerables ingresos a las paraestatales LFC y CFE.
Lo anterior, explica David Bahena, especialista en temas energéticos y doctor en física por la Universidad de Praga, “implica la desnacionalización acelerada bajo figuras inventadas”.
El contrato –E/205/AUT/2002– que Pérez-Jácome Friscione entregó a Iberdrola es ilustrativo de cómo ha operado la industria eléctrica. El permiso se otorgó a la firma española bajo la figura de “autoabastecimiento”, aunque su giro es la venta de energía eléctrica. El documento esboza que serán los “socios” de la compañía los que se beneficiarán con la energía eléctrica que éste genere.
Mediante este permiso, Iberdrola vendería la energía eléctrica que produjera en la ciudad de Monterrey a las compañías Agua Industrial de Monterrey; Acerex, SA de CV; Cables Axa Yazaki, SA de CV; Cementos Apasco, SA de CV, en sus planta de Apazco, Orizaba, Ramos Arizpe y Tecomán; Cementos Mexicanos; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, SA de CV; Fábrica de Hielo Apodaca; Cigarrera la Moderna, SA de CV; Conductores CM, SA de CV; Conductores del Norte, SA de CV; Conductores Monterrey, SA; Dolorey, SA de CV; Empaques de Cartón Titán, División Fabrica de Cajas, División Papel, División Moldeado, Fabricas Monterrey, SA de CV; Fabricas Orión, SA de CV; Fibras Químicas, SA; Galvak, SA de CV; Grafo Regia, SA de CV; Manufacturas Cifunsa, SA de CV; Manufacturas Vitromex, SA de CV; Cerámica Santa Anita, SA de CV; CINSA, SA de CV; Castech, SA de CV; Dupek, SA de CV; Filamentos Elastoméricos de México, SA de CV; Hylsa, SA de CV; Industria Química del ISTMO, SA de CV; Instrumentos Axa Yazaki, SA de CV.
Además del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey; Kir Alimentos; Lumisistemas GE, S de RL de CV; Magnekon, SA de CV; Nemak, SA; Nylon de México, SA; Axa Yazaki México, SA de CV; Polykron, SA de CV; Prolec-Ge, S de RL, de CV; Rot Química SA de CV; Sigma Alimentos Noreste, SA de CV; Sistema Ambiental Industrial, SA de CV; Talleres Industriales, SA de CV; Terza, SA de CV; Tisamatic Internacional, S de RL de CV; y Ucar Carbon Mexicana, SA de CV.
Bahena explica que la simulación de dichos permisos radica en que las trasnacionales y sus filiales son autorizadas a generar la energía eléctrica que no consumen, sino que venden a los socios que registran ante la CRE, cuya cartera van ampliando paulatinamente. Cita el caso de los permisos para el llamado “autoabastecimiento remoto”, a través de una figura legalmente inexistente: “Por ejemplo, en la zona central existe el gran problema de que las redes de distribución están al servicio de los privados, tengan o no tengan instalaciones en la región, a través de una figura jurídicamente inexistente que se lama autoabastecimiento remoto. Bajo esta figura, una trasnacional tiene su central generador en cualquier parte del país, allá produce la energía, la transmiten por las redes de la CFE y la distribuyen en el país por las redes de CFE y en la zona central por Luz y Fuerza”.
Por si fuera poco, los permisos de “autoabastecimiento” dan a las permisionarias la venia de incluir, dentro de sus planes de expansión, a cuantas empresas quieran, para el “aprovechamiento de la energía eléctrica que se genere”.
En su primer permiso como autogeneradora independiente, Iberdrola registró a 109 compañías, las cuales suministraría energía eléctrica dentro de sus “planes de expansión”. Destacan entre estos corporativos: Coca-Cola; Colgate-Palmolive; Altos Hornos de México; Kimberly Clark; Cadena Comercial Oxxo; DuPont; Femsa; Gas Natural México; Grupo Maseca; Ideal Standard; Petrocel; Polycyd; Protexa; Tubacero, los cuales dejaron de comprarle la energía eléctrica al Estado para comprársela a la compañía española.
595 autoabastecedores
Algunas de las empresas eléctricas que producen y venden energía eléctrica a la CFE y la hoy extinta LFC bajo la figura de “autoabastecedores” son: Iberdrola; Unión FENOSA; Endesa; Enertek; Transalta; Tractebel; AES Mérida III; Mexicana de Hidroelectricidad Mexhidro; Mecox Resources; Central Saltillo, SA de CV; Energía Azteca VIII; Electricidad Águila de Tuxpan; Electricidad del Itsmo; Hidoreléctrica del Pacífico; Termoeléctrica Peñoles; Fuerza y Energía de Naco-Nogales; Proveedora de Electricidad de Occidente; Impulsora Mexicana de Energía; Bticino de México; Energía Nacional.
Consorcios de telefonía, cerveceras, supermercados, tiendas departamentales, cadenas de cines, ensambladoras, entre otras, concentran el resto de los permisos para producir su propia energía eléctrica y venderle la que les sobre al Estado. Con 102 permisos, Teléfonos de México concentra el 15 por ciento de estas concesiones, seguido de Wal Mart, con 100 permisos; Bimbo, con 25 permisos; Cinemex, con 19; Liverpool, con 15; Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con cinco permisos.
El resto lo tienen Cargill de México; Ford Motor Company; Cadbury Admas México; Nestlé; Productos Marinela; Barcel; Tía Rosa; Grupo Gamesa; Sigma Alimentos; Cervecería del Pacífico; Júmex,
El Palacio de Hierro; los Supermercados Internacionales Heb; Costco; las tiendas Soriana y Unilever; Bayer de México; Procter&Gamble Manufacturas; Becton Dickinson de México; Sony; Panasonic de México; Samsung; Mabe; Sanyo; Kenworth; Kodak; el corporativo Alfa; Bridgestone/Firestone de México; Médica Sur; en el ramo hotelero, el Grupo Posadas (de los hoteles Fiesta Americana), entre otros.
A medida que se incrementaron los permisos para la producción privada, las paraestatales dejaron de percibir considerables ingresos por esos clientes que producen su propia energía o la compran a los privados. La afectación más cuantiosa fue para LFC, pues de los 772 permisos, 141 de autoabastecimiento y cogeneración se entregaron en sus áreas de influencia (Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo y Morelos) a corporativos que tienen un alto consumo de electricidad: Telmex, Wal Mart, Cinemex, Liverpool y Barcel, principalmente. En consecuencia, LFC dejó de percibir sus ingresos como proveedor de energía de esos consorcios. Aunado a que, según denunció el dirigente del SME, Martín Esparza, dependencias del gobierno federales, hoteles y diversas empresas instaladas en el Distrito Federal no pagan el suministro de electricidad.
En este sentido, Javier Sáinz, del FTE, considera que el principal motivo de desarticular al SME vía la desaparición de LFC “es terminar con la resistencia a una segunda privatización del sector eléctrico desde la generación hasta la distribución”.
La octava cláusula de los permisos de “autoabastecimiento” obliga a la CFE y LFC a comprar a la empresa los excedentes de producción. Mientras que la cláusula nueve da a las permisionarias la “obligatoriedad” de venderle a la CFE la energía eléctrica requerida para el servicio público “cuando por caso fortuito o fuerza mayor dicho servicio se vea interrumpido o restringido”, como ocurre hoy día con la LFC. Lo que supondría que la energía que suministrará la CFE a los 6 millones de clientes que tenía la paraestatal será mercado ahora de las privadas, con la CFE como intermediaria.
CFE, negocio privado
Durante el sexenio de Vicente Fox, trabajadores de la CFE denunciaron ante el Legislativo que Elías Ayub subutilizada la infraestructura de la paraestatal para comprar toda la producción a las empresas privadas. Cuando auditó a la compañía, la ASF comprobó la subutilización en beneficio de las privadas y a costa no sólo de la paraestatal, sino directamente de los consumidores. El organismo cuantificó en el sexenio de Vicente Fox un crecimiento del 143.9 por ciento de energía comprada a particulares y una disminución media anual del 4.3 por ciento en la que genera la CFE.
En sus revisiones al POISE, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, al Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2004-2013 y al Programa de Egresos de la Federación en materia de generación de energía, la ASF encontró que entre 2002 y 2004, Elías Ayub había cedido el 22.3 por ciento de la generación de energía eléctrica a los privados, de acuerdo con los reportes de Generación, Compra e Importación de Energía Eléctrica.
Más aún, la ASF descubrió que la CFE sobreestimaba la demanda nacional de energía eléctrica y compraba más electricidad, impactando los costos promedio de generación y encareciendo la energía eléctrica para los consumidores. La tendencia en los años subsecuentes ha sido la misma. La CFE estimó que para el periodo 2005-2013 la demanda de energía eléctrica crecería en promedio anual de 5.6 por ciento, al pasar de 171 mil 509 gigawats a 265 mil 40 gigawats en 2013. Sin embargo, sobre la base de las estimaciones de la ASF, el incremento en la demanda es sólo de 2.5 por ciento.
De su revisión al POISE, la ASF estimaba que para finales del actual sexenio (en 2012), la CFE habría perdido por lo menos el 34 por ciento de la producción de energía y sus respectivos ingresos, en beneficio de corporativos como las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, la japonesa Mitsubishi, la canadiense Transalta, el grupo francés EDF. Ello, advertía la ASF, daría incertidumbre a las tarifas sobre todo de los pequeños consumidores.
La ASF auditó los permisos especiales que ya entonces la CRE entregaba indiscriminadamente. Identificó diversas irregularidades en las que incurrían los productores privados. En respuesta, Vicente Fox presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la ASF. Sin entrar al fondo del asunto, la SCJN dictaminó que la ASF se había “excedido en sus facultades” al revisar dichos permisos.
Tarifas artificiales
Como parte de las justificaciones para extinguir LFC, el secretario Agustín Carstens argumentó que de no hacerlo se habrían incrementado las tarifas eléctricas, con lo que en un momento de álgida crisis se pretendió que los consumidores aceptaran la medida.
Durante su desempeño como senador en la LIX Legislatura, como parte del análisis que hizo al proyecto de privatización del sector eléctrico propuesto por Vicente Fox, Manuel Barttlet viajó a los países de América Latina en donde se privatizó la industria eléctrica. Lejos de haber sido la solución a la oferta de energía, dice, “se convirtió en un severo problema. Del servicio público se pasó a la conformación de monopolios privados: el libre mercado no existe, no hay competencia, se encamina a la concentración o al menos al acuerdo; las tarifas no bajan: las empresas privadas buscan maximizar ganancias”.
En México no ha sido diferente. En los últimos siete años, los productores privados han impuesto a la CFE tarifas mucho más altas al costo que tendría la generación directa; en consecuencia, a partir de 2006, los consumidores debieron pagarle a la CFE las tarifas más caras del mundo: 0.8 centavos de dólar por kilowat/hora más que en Estados Unidos.
Sergio González Broca, especialista en tarifas eléctricas y extrabajador de las paraestatales del sector eléctrico por 40 años, explica que las tarifas eléctricas en México se han incrementado a medida que avanza la privatización. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico coincide que en México se paga la electricidad a los precios más altos del mundo.
José Luis Apodaca, miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, AC, detalla la incidencia de los productores independientes en las tarifas eléctricas. Señala que el aumentar la capacidad instalada en generación entre 2000 y 2008, con una tasa anual de 4.4 por ciento, casi el doble de la requerida, “significó una inversión no requerida de 5 mil millones de dólares, cuyos cargos fijos habrán de cubrirse a los productores independientes, aunque no generen la energía comprometida; estos cargos, a su vez, se repercuten a los usuarios en las tarifas”.
Agrega que algunos de los descalabros económicos que tuvo LFC fueron las altas tarifas que le impuso LFC a la electricidad que le trasladaban las empresas privadas: “Si a la CFE le cuesta 0.60 el kilowat de la electricidad que proviene de la producción independiente, se la vende a LFC a más de 0.90 centavos”. Así que, los productores privados, asegura Apodaca, sólo han encarecido los costos en la electricidad.

Comisiones especiales del Congreso, nulos resultados

Sin una reglamentación clara, las comisiones legislativas especiales mantienen una deficiente rendición de cuentas. Durante la LX Legislatura varias de estas comisiones, de carácter temporal y “excepcional”, no presentaron la documentación que permitiera constatar su trabajo, aun cuando costaron al erario más de 26 millones de pesos.
Mayela Sánchez

Con el término de los trabajos de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, el 31 de agosto pasado se extinguieron por decreto 17 de sus comisiones especiales. Previamente habían desaparecido otras cuatro, creadas en el mismo periodo. En total, estas instancias ejercieron un presupuesto de 26 millones 421 mil 328 pesos.
De acuerdo con el informe que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Políticos publicó en la Gaceta parlamentaria el 31 de agosto pasado, tres comisiones especiales no presentaron informes de sus actividades, mientras que en cinco casos más los informes fueron incompletos.
Destaca el caso de la Comisión Especial de Seguimiento a las Denuncias Presentadas por el Presunto Ejercicio Indebido de Servicio Público en la Presidencia de la República durante la Gestión de Vicente Fox con Relación a los Señalamientos del Incremento de su Patrimonio, que tras 10 meses de trabajo no presentó reporte alguno de actividades.
Esta comisión fue creada en octubre de 2007 por el entonces diputado priista Víctor Valencia de los Santos, quien en julio de 2008 –un mes antes de que venciera la vigencia de la comisión que presidía– pidió licencia para asumir, primero, la representación del gobierno de Chihuahua en Ciudad Juárez y, luego, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua.
La comisión, que pretendía investigar el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente Fox, se conformó originalmente por los diputados Valencia de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Juan de Dios Castro Muñoz y Alma Edwiges Alcaraz Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN); y Antonio Xavier López Adame, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Leer articulo completo AQUI.

Llegó la crisis alimentaria

Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, advierte que 2010 será el escenario de una profunda crisis alimentaria en el mundo. Esto, derivado de los privilegios económicos y comerciales que otorgan las políticas públicas a la agroindustria, y que dejan de lado a los pequeños productores. Informes oficiales revelan cómo en México los subsidios de la Sagarpa son depositados en cuentas de trasnacionales como Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa, Maseca. Además, muestran la miseria extrema de más de 20 millones de campesinos.


Iniciado 2010, el mundo se verá inmerso nuevamente en una crisis alimentaria. Ello, resultado del constante incremento en los precios de los productos, así como la disparidad en el otorgamiento de los subsidios entregados a las corporaciones del sector agropecuario, advierte el relator especial del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier De Schutter.
México no será la excepción. Informes oficiales muestran una tendencia a concentrar los subsidios otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en manos de trasnacionales, y en detrimento de los millones de campesinos.
En entrevista con Contralínea, el representante de la ONU critica el impacto que ha tenido la liberación de las políticas agropecuarias a través de la firma de tratados comerciales, ya que actualmente los países instrumentan políticas públicas que apoyan al sector agroexpotador y “dejan de proteger a los sectores menos competitivos; lo que incrementa la desigualdad”.
De Schutter explica que de las 1 mil 20 millones de personas que padecen “hambre crónica” en el mundo –la sexta parte de la población mundial–, más de la mitad son pequeños productores marginados de las políticas gubernamentales.
Los pobres de México
En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó, a finales de 2008, que la población en condiciones de pobreza alimentaria en el sector rural (es decir, que no tiene ingresos ni para comer) es de más de 27 millones de mexicanos.
Apenas el año pasado, la miseria de los campesinos acaparaba al 62.8 por ciento de la población que subsiste de la producción de alimentos, esto es, 12.2 millones de personas. Mientras, en 2006 era del 65.3 por ciento, 9.4 millones de campesinos. En apenas dos años de la administración de Felipe Calderón, la cifra se incrementó en 3 millones de personas, indica el Coneval.
“El aumento de la pobreza alimentaria durante el periodo 2006-2008 se debe, en gran medida, al adverso entorno nacional e internacional en materia económica, especialmente por el alza de precios de la canasta básica”, según el capítulo 2.8 “Sector rural” del Tercer informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Del documento de la Presidencia también se desprende que otros 15 millones de campesinos se enfrentan a la pobreza de capacidades (incapacidad para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación).
No obstante, Calderón Hinojosa arguye que su administración “contribuye a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias”, a través del Programa Oportunidades.
A junio de 2009, reporta el informe presidencial, de los 27 millones 253 mil pobres alimentarios y de capacidades en zonas rurales reportados por el Coneval, Oportunidades atiende a 21 millones 239 mil personas que representan cerca de 80 por ciento del total de los más pobres y significan 4 mil 247 millones 900 familias.
Los “apoyos” destacados por el mandatario mexicano son: 210 pesos mensuales por familia “para mejorar la alimentación”, 120 pesos más (derivado del Apoyo Vivir Mejor) “para compensar la disminución del poder adquisitivo por causa del incremento internacional de los precios en alimentos”.
También menciona el apoyo al gasto en energéticos, de los que se entregan 55 pesos mensuales por familia. En tanto que para educación se dotan entre 140 y 890 pesos mensuales por becario.
Los ricos del campo
Contrario al apoyo mensual de poco más de 200 pesos por familia que ofrece a los más pobres el Programa Oportunidades, el padrón de beneficiarios del Programa de Atención a Problemas Estructurales de la Sagarpa entregó más de 4 mil 800 millones de pesos a las agroempresas, apenas el año pasado.
Los subsidios fueron “compensatorios” para la comercialización de maíz, trigo, sorgo, café y porcinos, y se canalizaron a través de las oficinas de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa.
El informe, actualizado al 5 de septiembre de 2008, indica que se asignaron 4 mil 804 millones 558 mil 664 pesos mediante 4 mil 337 transferencias monetarias a empresas nacionales y trasnacionales. En la lista destacan: Bachoco, Cargill, Archer Daniels Midlan, Minsa y Molinera de México, entre otras. Esta última, afiliada al Grupo Maseca (Gruma, compañía dedicada procesar tecnológicamente el maíz), propiedad del empresario Roberto González Barrera.
“González Barrera, presidente del consejo de administración de Gruma, recibió de la revista londinense World Finance el premio World Finance 100, el cual reconoce a las 100 empresas globales que han alcanzado los más altos niveles de desempeño en sus campos de acción y que, con su liderazgo, han impulsado el desarrollo de su industria en el mundo”, dice una nota de la redacción del periódico La Jornada, fechada el 29 de septiembre pasado.
Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos y diputado federal, asegura que el gasto rural tiene un “uso perverso” del que “trasnacionales y grupos poderosos, nuevos despachos, fundaciones, consultoras y uniones conformadas en los últimos nueve años se apoderan de más del 80 por ciento de los recursos asignados al agro nacional”.
Algunas organizaciones civiles privilegiadas, acusa el legislador por el Partido de la Revolución Democrática, no tienen que enfrentar “montañas” de requisitos y reglas de operación, como lo tienen que hacer las centrales agrarias del sector social, para tener acceso a los recursos presupuestales.
Riesgo: insuficiencia alimentaria
Olivier De Schutter, relator especial del Derecho a la Alimentación de la ONU, explica que uno de los errores del sistema neoliberal es que algunos países del mundo no fortalezcan su producción interna, por lo que se exponen a la volatilidad de los precios internacionales.

Leer articulo completo AQUI.

JENARO VILLAMIL - Opinion sobre el manejo mediatico del conflicto en LyFC





http://www.youtube.com/watch?v=5MuwXySeny8

AMLO LLAMA A DIPUTADOS DEL FAP


http://www.youtube.com/watch?v=key8Qpa5j_k

Círculos de Estudio

El Circulo de Brújula Metropolitana invita a la interesante charla
con los investigadores del Colegio de México
DR. JULIO BOLTVINIK
Periodista de la Jornada columna: Economía Moral
Y DRA ARACELI DAMIÁN
Periodista de El Financiero
Con el tema
"CRISIS Y POBREZA"
Un análisis cuidadoso sobre los verdaderos impactos de la crisis
en el ingreso, calidad y nivel de vida de los mexicanos
MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2009, 19.00HRS
En "Mercurio" Alvaro Obregón 240, a unos metros de insurgentes, 
colonia Roma, México, D.F. a unos metros de la parada  del metrobus Alvaro Obregón
ENTRADA LIBRE
No pierdas la oportunidad de este encuentro con los especialistas que nos brindarán
información objetiva y documentada
 
04455-35-68-52-00 y 04455-5275-6418

Dr Julio Boltvinik: Miembro del Sistema Nacional de investigadores nivel III). Con licenciatura y dos maestrías en economía, es doctor en ciencias sociales por el CIESAS-Occidente, Doctor Honoris Causa del Colegio de Posgraduados y se concibe como pobretólogo.
Miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política, premio nacional de Periodismo ciudadanizado, y premio a la mejor tesis doctoral en antropología social (INAH). Consejero Ciudadano del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Desde 1995 escribe en La Jornada la columna semanal Economía Moral.
Dra. Araceli Damián: Especialidad en Economía Urbana por la London University, investigadora del Centro de Estudios Demográficos y Desarrollo Urbano del Colegio de México. Líneas de investigación: medición de la pobreza: necesidades básicas, ingreso y tiempo, derechos humanos, género y pobreza, los efectos de la pobreza de tiempo en el bienestar de la población. Premio Nacional de Periodismo categoría Articulo de Fondo, escribe en el Financiero.
NO OLVIDES VISITAR NUESTRO SITIO: INFORMACION, VIDEOS, Y ACTUALIDAD; Sumate a defender nuestro maíz de transgénicos aquí te decimos como


Circulo de Estudios de Brujula: click aqui: http://circulodeestudios-centrohistorico.blogspot.com/

"Una mirada ciudadana a nuestra realidad"

Audio: Plaza Publica 16 oct 09



Audio: Carmen Aristegui 19 octubre 09

(Audio sin comerciales)

Círculos de Estudio

EL CÍRCULO DE ESTUDIOS COAPA
invita a la conferencia
"RESISTENCIA CREATIVA"
impartida por
Jesusa Rodríguez
Actriz, impulsora y coordinadora de la
 Resistencia Civil pacífica en México.
Jueves 22 de octubre
a las 19:00 hrs.

Auditorio "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN"
Av. Canal de Miramontes # 3755 esq. Cárcamo
y prol. División del NOrte, subdelegación Coapa,
antes de la Glorieta de Vaqueritos (junto al Registro Civil)
entrada libre
Transmitido en vivo por www.radioamlo.org
Todos los jueves un tema diferente.

Liquídenlos en caliente......

Audio: Encuentro - Tema: SME 18 oct 09


Revelan escandaloso tráfico de influencias PANista

*Regañan en Los Pinos a Francisco Mayorga
*Se revela escandaloso tráfico de influencias
*Propietario de dos empresas recibe subsidios

Miguel Badillo


Por la red telefónica privada el nuevo secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, recibió la llamada de la secretaría particular de la Presidencia de la República para ser citado de inmediato a la residencia oficial de los Pinos. Preguntó si llevaba algún documento que tuviera que explicar a su jefe Felipe Calderón, pero la respuesta fue que sólo acudiera de inmediato. Sin demora, Mayorga se trasladó al encuentro, pensaba que se trataba de una reunión más para atender alguno de los muchos problemas en que el gabinete calderonista ha metido al país.
Su sorpresa al llegar a Los Pinos fue que él era el único citado y que el presidente lo recibiría en cualquier momento. Ansioso, Mayorga se frotaba las manos; pasaron varios minutos antes de que Calderón ordenara su ingreso a la oficina presidencial. Un saludo frío anunciaba un reproche o un regaño mayor. El reclamo no se hizo esperar.
El motivo era que dos empresas propiedad del nuevo secretario de Estado y de su familia, han obtenido beneficios económicos de la misma Secretará de Agricultura que ahora él encabeza, así como recursos de otras dependencias del gobierno federal, lo que coloca a Mayorga en un delicado conflicto de intereses y abuso de poder.
Este nuevo caso de posible corrupción hace recordar otro hecho similar en donde el mismo Felipe Calderón tuvo que salir a defender a su entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien había firmado contratos en su dualidad de empresario y servidor público con la paraestatal Petróleos Mexicanos. La diferencia ahora es que mientras Mouriño era el amigo más cercano del presidente, Mayorga llegó al cargo por una situación meramente circunstancial, de tal manera que no podría escaparse de la severa llamada de atención.
Calderón recriminó la torpeza del secretario de Agricultura, al punto de advertirle que si el asunto crecía aún más entre los opositores al gobierno y en los medios de comunicación, tendría que retirarse del cargo, pues las pruebas del tráfico de influencias y presunta corrupción en contra de Mayorga son evidentes, sobre todo en un momento de aguda crisis en donde Calderón debe rendir cuentas a la nación de todo gasto de dinero público.
La Ley Federal de Responsabilidades
El Capítulo I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica en su artículo 8, fracción XI, que todo funcionario debe “excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.
Indica que el servidor público podría incurrir en conflicto de intereses cuando “los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
En tanto, el inciso A del artículo 9 de la misma ley indica que “el servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: en ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI del artículo anterior”.
Las pruebas que incriminan a Mayorga
Una investigación periodística de la reportera Erika Ramírez, publicada hace tres semanas en la revista Contralínea, dio cuenta puntual de cómo entre 2000 y 2008, dos empresas de Francisco Mayorga Castañeda: Industrias Melder y Semillas Caloro, recibieron “apoyos” económicos de las secretarías de Agricultura y de Economía, así como del Conacyt, en cuyo lapso el funcionario federal dirigió Aserca y la propia Sagarpa.
La información periodística explica cómo el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Mayorga ha sido beneficiado con casi 3 millones de pesos mediante 16 subsidios de tres programas de apoyo operados por el gobierno federal, y más del 60 por ciento de esos recursos le fue transferido cuando se desempeñaba como servidor público en la administración de Vicente Fox.
Como empresario, relata la reportera Erika Ramirez, Mayorga Castañeda recibió recursos públicos de la secretaría donde él mismo era servidor público: primero, como director de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), y después como secretario de Agricultura.
En los padrones de beneficiarios de Aserca –órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa– se confirma que Industrias Melder –empresa familiar del secretario de Estado–, obtuvo 1 millón 727 mil 33 pesos en 2000, 2005 y 2006, con 10 traspasos monetarios.
Durante el primer año en que esta agroindustria obtuvo recursos por 36 mil 600 pesos –del organismo dedicado a impulsar la comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo mexicano–, Mayorga Castañeda fue invitado por Vicente Fox a formar parte del equipo de Javier Usabiaga Arroyo, entonces secretario de la Sagarpa. Es así como el empresario jalisciense ocupa el puesto de director en jefe de Aserca, cargo en el que se mantuvo hasta 2002.
El 28 de septiembre de 2005 releva al llamado Rey del Ajo y asume la responsabilidad de encabezar la dependencia. En este año, y hasta finalizar el primer sexenio panista, Industrias Melder es dotada con la mayor parte de los “apoyos” obtenidos en tres años. Sólo en 2006 recibió 1 millón 690 mil 433 pesos.
Luego de que el 7 de septiembre pasado el presidente Felipe Calderón colocara a Francisco Mayorga al frente de la Sagarpa en sustitución de Alberto Cárdenas Jiménez, en el portal de Internet de la compañía continúa el nombre del secretario de Estado, bajo el cargo de director general de la empresa, iniciada en 1949 por su padre Salvador Mayorga.
Los apoyos económicos de la Sagarpa
De acuerdo con los padrones de beneficiarios de Aserca consultados por la periodista Erika Ramírez, Industrias Melder obtuvo apoyos en 14 partidas durante los periodos 2000, 2005, 2006 y 2007, que ascienden a 1 millón 994 mil 755 pesos. A través del Programa de Apoyos a la Comercialización, la empresa dirigida por Francisco Mayorga obtuvo 36 mil 600 pesos, cuando el jalisciense ascendía a la dirección del órgano desconcentrado de la Sagarpa.
Un segundo apoyo fue dotado en 2005 por 11 mil 854 pesos, mediante el Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios, para cubrir las cuotas de 508 toneladas de maíz. Pero no fue sino hasta 2006, justo cuando asume la titularidad de la Sagarpa, cuando la empresa del secretario de Estado registra un incremento en las cifras de los subsidios entregados. Los montos fueron de 16 mil pesos hasta superar los 700 mil pesos, en el mismo año fiscal.
La comercialización de 635 toneladas de sorgo proveniente de Tamaulipas, fue lo que le permitió obtener 16 mil 189 pesos. Luego, las transferencias se incrementaron a 29 mil 614 pesos, por 1 mil 16 toneladas de maíz de Chihuahua. Le siguieron 32 mil 378 pesos por la comercialización de otras 1 mil 270 toneladas de sorgo de origen tamaulipeco y otras 2 mil 794 toneladas de la misma semilla sumaron 72 mil 764 pesos para la empresa.
Del estado natal del funcionario, Jalisco, se comercializaron 762 toneladas de maíz, lo que dejó en las cuentas de Industrias Melder 84 mil 197 pesos. El mismo producto, ahora originario de Chihuahua, sumó 143 mil 639 pesos a las cuentas de la compañía, por la cobertura de 3 mil 48 toneladas del cereal. Además, le fueron depositados 223 mil 524 pesos derivados de las operaciones realizadas con 2 mil 540 toneladas de maíz de Sinaloa, más 340 mil 294 pesos por 4 mil 699 toneladas de sorgo de Tamaulipas.
El Subprograma de Apoyos para la Adquisición de Coberturas de Precios Agropecuarios de Aserca dejó en los activos de la empresa jalisciense la cifra más alta registrada en las 14 operaciones, 735 mil 975 pesos, por cubrir la adquisición de 4 mil 953 toneladas de sorgo, cosechadas en el mismo estado. Extrañamente, para 2007, cuando Mayorga estaba fuera de cargos públicos, los subsidios registraron una reducción en sus operaciones. El total de tres movimientos financieros fue de 267 mil 721 pesos. El menor de ellos derivó de la comercialización de maíz, por 11 mil 227 pesos.
También administraron 121 mil 768 pesos por 2 mil 32 toneladas de maíz de Chihuahua y otras 3 mil 48, del mismo producto, por 134 mil 726 pesos, indican los montos aportados por Aserca para la cobertura de semillas. El programa está bajo la Coordinación General de Comercialización, que ordena a la Dirección General de Operaciones Financieras.
Las empresas hermanas
La investigación periodística llevó a Erika Ramírez a seguirle la pista al dinero público y allí se encontró con las empresas privadas propiedad de la familia Mayorga. Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios o Semillas Caloro es otra de las empresas que han obtenido recursos públicos por más de 850 mil pesos, y en la que el ahora secretario figura como presidente del Consejo de Administración, según muestra el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, del 16 de abril de este año.
Semillas Caloro, dedicada a la producción de semillas híbridas de sorgo, maíz y alfalfa, obtuvo 845 mil 999 pesos a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que presidía el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks. Los recursos fueron transferidos bajo la justificación de incentivar los gastos en investigación y desarrollo de tecnología.
El proyecto MII8405159L2-2008-1 fue autorizado el último año en que se entregaran este tipo de estímulos. Su objetivo, muestran los archivos del Conacyt, era “incrementar la capacidad de la empresa para realizar la investigación y desarrollo de semillas híbridas, a través de la ampliación de su Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, y estar así en condiciones de satisfacer las necesidades del sector agrícola, diversificando la oferta de semillas híbridas de hortalizas más propicias para su utilización en México y a un menor costo”.
Este tipo de estímulos fueron entregados durante la administración de Vicente Fox y los primeros dos años de Felipe Calderón a trasnacionales de diversos sectores de la producción. Tan sólo en la agroindustria, se asignaron 598 millones 923 mil 998 pesos durante 2007 y 2008. En tanto, se dejaron de lado a más de 25 millones de agricultores que subsisten en la extrema pobreza, y carecen de mecanismos tecnológicos para incrementar la producción en este sector. Junto con Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios se registran los nombres de Bimbo, Bachoco, Sabritas, Gamesa, Nestlé, Hérdez, Monsanto y Dow Agrosciences de México, entre otras.
El programa del Conacyt fue cancelado a inicios de este año ante la queja de investigadores y organizaciones del beneficio que se les había asignado a los corporativos internacionales.
La Secretaría de Economía fue otra de las entidades que dotó de recursos a Mexicana Industrial de Insumos Agropecuarios. En 2004 asignó 14 mil 928 pesos, según muestra el listado de beneficiarios del Fondo de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas. Los recursos entregados por esa secretaría, entonces al mando de Fernando Canales Clariond, se enmarcaron en el proyecto FP2004-3220 Aplicación Web, Materiales y Contenidos Electrónicos, que operó el organismo intermediario Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico.
Semillas Caloro, indica información publicada en su página de Internet, fue constituida en 1984 por un grupo de industriales agroprocesadores en Guadalajara, Jalisco –justo un año después de que Francisco Mayorga Castañeda ocupara el cargo de coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.
oficiodepapel@contralinea.com.mx

Bitacora Mexicana - SME - 18 oct 09


Privilegiados

Francisco Rodríguez
Indice Político

“Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes”.- Napoleón

Los verdaderos mimados no son los trabajadores. Quienes en verdad gozan de prebendas inalcanzables están ubicados en el sector financiero gubernamental, en el Poder Judicial y, entre otros, en la misma Presidencia de la República.
Si todo resulta cual constitucionalmente está escrito, el señor Felipe Calderón se irá a su casa gozando de una pensión vitalicia equivalente a su actual salario, además de otros privilegios a cargo del erario: oficinas, escoltas, personal administrativo, todo tipo de gastos que de ello derivan y que, sumados, redondean la cifra de 60 millones de pesos al año.
Más de una docena de ex ministros de la Corte cobran también su salario íntegro y otras muchas sinecuras, entre ellos aquellos once que integraban al máximo tribunal cuando, de un plumazo, lo desapareció Ernesto Zedillo, al inicio de su gestión, varios de los cuales apenas llevaban uno o dos años en el cargo de altos juzgadores. Vale sumar a todos ellos la prestación de vehículo y conductor del mismo.
Es en el sector financiero –Banco de México, Hacienda, Nacional Financiera, Bancomext, Banobras, entre otros— donde las prestaciones son de órdago.
No son pocos quienes, dentro de esa casta privilegiada, han llevado a cabo sus estudios de maestría y doctorado en el extranjero, merced a sustanciosas becas que, por ejemplo, el Banco de México les otorga con verdadera displicencia.
Se jubilan, además, con pocos años de servicio a la Patria (je je je).
Ahí está el escandaloso caso de José Ángel Gurría, quien además de sus actuales emolumentos cual cabeza del organismo multilateral para la Cooperación y el Desarrollo con sede en París –among all places—, percibe su “jubilación”, obtenida a los cuarenta y tantos años, como ex director de Nacional Financiera.
Caso también paradigmático es el de Agustín Carstens. A su actual salario como Secretario de Hacienda, suma otro idéntico en monto, cual jubilado del Banco de México, organismo “autónomo” que, paradójicamente, ahora aspira a presidir a partir del próximo diciembre. Si ya está “jubilado”, ¿cómo es que piensa regresar ahí? ¿Se puede? ¿Se vale?
Carstens, por supuesto, es otro de los no pocos beneficiados con becas de Banxico. Gracias a la prodigalidad de la institución realizó maestría y doctorado.
Y con su jubilación asegurada –tras 15 años de entrega a la causa— de más de 10 mil dólares mensuales, Carstens hizo maletas y se fue a Washington a desparramar sabiduría en el Fondo Monetario Internacional donde representó a Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, ante la dirección ejecutiva de ese otro organismo multilateral, donde, evidentemente, cobraba estipendios en divisas estadounidenses.
Es el caso, casi idéntico, de Francisco Gil Díaz. jubilado de Banxico, fue secretario de Hacienda. Y entrambos, alto directivo de empresas privadas, lo mismo que ahora.
Hay más jubilados del Banco de México de “renombre”.
El ex presidente Miguel de la Madrid está también entre ellos. Suma la pensión del Banco Central a la de ex presidente. Y claro, también fue becario. Gracias al organismo público realizó una maestría en la escuela de Administración Pública de Harvard.
Ernesto Zedillo, quien también laboró en el Banco de México, ha dicho haber renunciado a su pensión de ex presidente, pero nada ha dicho sobre aquella a la que “tiene derecho” por parte del organismo donde llegó a manejar aquel fideicomiso de coberturas bancarias –una suerte de Fobaproa para ricos, creado a partir de las constantes devaluaciones de la moneda nacional.
Ahí están algunos de los muchos verdaderos privilegiados de nuestro país.
La aristocracia salarial que se codea con la empresarial y financiera. La que aparece en las revistas de corazón reseñando sus viajes, sus bodas, sus bautizos y demás saraos.
Los privilegios, dicen los diccionarios, no son derechos. Etimológicamente provienen de ley privada, fuera del alcance de la ley pública.
Todos ellos pueden ser erradicados de la misma forma arbitraria en la que fueron otorgados.
¿Se atreve señor Felipe Calderón?

Índice Flamígero: Los grandes empresarios del país también gozan de privilegios. Estudios recientes demuestran que 400 grupos empresariales que operan en México solamente pagaron en 2008 una carga de ISR de 1.7 en promedio. Se entiende, por tal, que capitostes como Claudio X. González –interlocutor de Los Pinos para todo asunto financiero, económico y ¡electoral!—, apruebe que se cargue el 2 e impuesto a todo consumo… a cambio de que no se toquen sus privilegios, claro está.

http://www.indicepolitico.com
mailito:pacorodriguez@journalist.com
http//www.twitter.com/pacorodriguez

Si el Sindicato de Electricistas pierde, pierde la clase obrera

Alberto Pacheco
Rebelión

Es argumentación del gobierno federal, de los teólogos del mercado y de las rimbombantes plumas del Estado que la organización sindical es un lastre para el desarrollo social y el crecimiento de la economía. Al no sujetarse la organización de los trabajadores a los nuevos parámetros de productividad y flexibilidad laboral, a las reestructuraciones del capital ante la competencia internacional y la inversión extranjera, y sumidos en la gran crisis económica mundial, las orientaciones de los neoliberales es que el sindicalismo pase a la historia pues los nuevos estándares de productividad y desarrollo económico prescinden totalmente de él.

Si bien el sindicalismo representó para nuestra nación la palanca organizacional de la producción que permitió el empuje de la industrialización y el desarrollo de la misma en el tercer tercio del siglo pasado, asentando la concentración de la mas calificada mano de obra en todos sus niveles para la mas eficiente consolidación de la planta industrial nacional, no solo de eso se encargó el sindicalismo.

El sindicalismo no tuvo sólo por tarea brindar para ese desarrollo industrial una clase obrera cuantiosa y calificada, organizada e ideologizada para el desarrollo nacional, contó también con la tarea, y digamos que fue la principal, de abrigar en su seno a los trabajadores de rubros y gremios diversos que en su enfrentar cotidiano con el capital requerían de la unidad, organización y fuerza para anteponer en el mercado una mejor cotización de su fuerza de trabajo.

A partir de condiciones precarias como la migración campesina enorme de principios de siglo y su insipiente cualificación ante la exigencia de una industrialización galopante mundial, la agrupación gremial y la formación de los sindicatos grandes fue la salida necesaria para la clase obrera y por supuesto para el proceso de acumulación de capital esto fue fructífero.

Entonces el sindicalismo a pesar de ser funcional para el capitalismo no surge como parte de la estructura social definida por los capitalistas ni se desarrolla como una parte alícuota del proceso de acumulación capitalista y su organización social. Aunque es la gran división del trabajo sobre la que se define la base de la organización sindical, son las necesidades de los trabajadores, de defender su gremio de los capitalistas y de otros trabajadores, de proteger la integridad del rubro o gremio ante los cambios en la producción, así como la lucha y la organización de la defensa salarial ante la fluctuación de la demanda y oferta de la fuerza de trabajo en esa lucha capital-trabajo.

Las tendencias ideológicas que han dirigido el sindicalismo, el charrismo entre ellas, forman parte de la superestructura sindical, han buscado enfilar a la organización de los trabajadores hacia la supeditación al proceso de acumulación y de sus vaivenes en el mercado (charrismo); otras posiciones intermedias han hecho de la organización laboral la fuerza tenzante para mejorar o al menos no dejar caer las condiciones de seguridad laboral ante los patrones, y en su caso, aunque en un grado menor, las posiciones de los socialistas y comunistas que buscaron empujar la lucha de clases y hacer del sindicalismo un instrumento de conciencia y lucha por el socialismo como tarea principal.

En cualquiera de los tres casos no cambia en nada la base material sobre la cual se desarrolló el sindicalismo en nuestro país y el mundo entero: la agrupación gremial de los trabajadores para la defensa de su clase ante el capital.

Los neoliberales argumentan no necesitar de los sindicatos y lo atribuyen a que el muevo modelo de producción y de mercado así lo demandan, queriendo hacernos creer que esto es cuestión de interés nacional. Para los trabajadores el sindicalismo hoy es nuestra fundamental herramienta para la coalición laboral en desventaja ante la crisis actual del capitalismo y para la preservación del trabajo y de nuestra clase, no podemos compartir esa idea.

El ataque a la organización sindical del SME es hoy, entendido por lo anterior, un ataque a toda la clase trabajadora y a su organización, es buscar dejar al grueso general de los trabajadores ante la indefensión total. No es cuestión de exageración, esto se puede afirmar pues el SME representa la parte mas avanzada en valorización de la fuerza de trabajo (que insuficiente aún ante el grado de desarrollo de la productividad nacional), la parte de la clase mas politizada en la lucha ante los neoliberales, más organizada para enfrentarlos y más combativa en los escenarios de lucha, en las calles y en su labor diaria.

Si la lucha del SME es derrotada será derrotada toda la clase obrera. Para empezar descompensará esa lucha entre el capital y el trabajo, esa lucha que reside en tironear la mayor apropiación de la riqueza social (plusvalía social) por la clase de los burgueses o por la clase de los trabajadores, acumulación para los primeros, salarios para los segundos; es una lucha, que dicho sea de paso para argumentar nuestra posición, la estamos perdiendo los trabajadores y que es necesario señalar es por una riqueza nacional que sólo nuestra clase produce en su labor cotidiana.

También el golpe permitirá avanzar la reaccionaria reforma laboral que pretende desaparecer los Contratos Colectivos de Trabajo, pactos entre los obreros y los patrones donde en la trinchera se define el valor de la fuerza de trabajo por arriba de la valorización que el mercado da al salario general. Es decir, que sin el CCT de los grandes sindicatos el desplome del valor recaerá a la simple fórmula de cuanta clase obrera están los burgueses dispuestos a contratar y a que precio la quieren pagar.

Obviamente que es la forma organizacional y de lucha la que está en juego. Esa defensa de los salarios esta sustentada en la organización de los obreros, en sus sindicatos principalmente. Si el SME pierde esta batalla será entonces una derrota de la clase obrera de nuestro país, su indefensión será una constante y la disgregación de la clase trabajadora, cada vez más presa de la explotación capitalista.

Hoy el llamado debe ser a toda la clase, un paro general y una huelga nacional pueden ser los únicos instrumentos de acción factibles para este periodo, se trata entonces de acuerpar a toda la clase por su reagrupación organizacional y de combate. El desarrollo ideológico de la salida a la crisis capitalista y al fascismo que instrumenta la burguesía se dará en las trincheras de combate, por la simple defensa de la clase ante el capital en este modo de producción o por el socialismo será el debate, mas la tarea hoy es unir a la clase trabajadora.

Nuevo enemigo - Hernández

AMLO: hay que estar alerta ante un albazo de PRI y PAN para aprobar el paquete económico

Ciro Pérez Silva

San Pedro y Pablo Tlalixtepec, Oax., 18 de octubre. Los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) no deben permitir que se vote una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos con más impuestos para la mayoría de los mexicanos y que conserven los privilegios para los más ricos del país, advirtió Andrés Manuel López Obrador.

Con todo respeto les digo desde aquí a los diputados y senadores de PRD, PT y Convergencia que no me voy a quedar callado si alguno levanta el dedo para votar en favor del acuerdo que ya tomaron PRI y PAN para apoyar el paquete económico del gobierno espurio, insistió, luego de recordar que el FAP presentó iniciativas para aplicar un plan de austeridad republicana para reducir salarios y acabar con prestaciones de la alta burocracia, y una más para acabar con los privilegios fiscales.

No aceptaremos que se siga exprimiendo al pueblo y se mantengan los privilegios tributarios de las 400 empresas que llevaron a Los Pinos a Felipe Calderón y que pagan 15 veces menos impuestos que un trabajador asalariado, agregó.

Al concluir la novena etapa de su gira por los municipios que se rigen por usos y costumbres en Oaxaca, el tabasqueño alertó sobre el albazo que quieren dar en el Congreso priístas y panistas para aprobar un paquete económico con más impuestos.

Situación insoportable

Señaló que es insoportable la situación de opresión que vive el país, e insistió en que de aplicarse la ley de austeridad republicana, el gobierno federal tendría una recaudación de 200 mil millones de pesos, mientras que de eliminarse los privilegios fiscales que benefician a empresas como Coca-Cola, Bimbo, Telmex, Cemex, Wal Mart, Bancomer o Banamex, se obtendrían hasta 800 mil millones de pesos por concepto del impuesto sobre la renta. Con esto no habría necesidad de exprimir más al pueblo, incrementando los impuestos o aumentando el precio del gas, las gasolinas, el diesel y la luz.

López Obrador enfatizó que además de cubrir con esto el hoyo financiero de 360 mil millones de pesos que tiene el gobierno federal, quedarían todavía recursos para ampliar programas como Oportunidades y de apoyo a adultos mayores, y se podría entregar un presupuesto más grande a las universidades públicas para terminar con el círculo vicioso que ha creado el neoliberalismo, en el que los jóvenes mexicanos carecen de opciones de empleo y de una educación adecuada.

Vamos a estar pendientes para que no se cometa una nueva injusticia, advirtió, y recordó que continuarán las movilizaciones sociales, como la que tendrá lugar este próximo lunes frente a la Cámara de Diputados para rechazar el paquete económico de Felipe Calderón.

Durante su recorrido, destacó que el movimiento que encabeza mantendrá también su apoyo a los trabajadores electricistas. Sólo una persona sin entrañas es capaz de dejar en la calle a 43 mil trabajadores, y en la incertidumbre a 10 mil jubilados, como lo hizo Felipe Calderón con el cobarde decreto para intervenir a medianoche Luz y Fuerza del Centro.

Sostuvo que como jefe de Gobierno jamás recibí ni una sola queja, ni de la empresa ni del sindicato, aun cuando el Gobierno del Distrito Federal es el principal cliente de Luz y Fuerza del Centro; tampoco recibí queja alguna de una sola de las empresas en la ciudad de México por el servicio de energía eléctrica. Por eso cuando Calderón afirma que se dejaron de crear 100 mil empleos por ineficiencia de los trabajadores, no está diciendo más que mentiras, es un católico que va a la iglesia, pero que saliendo olvida los mandamientos, sostuvo.

El ex candidato presidencial se congratuló por el apoyo de la sociedad en defensa de otros mexicanos, como los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se expresó el jueves pasado en una de las manifestaciones más grandes de la historia reciente del país.

En su mensaje en las diferentes comunidades que visitó este domingo, el tabasqueño convocó a los simpatizantes del movimiento que encabeza a trabajar todos los días y convencer al vecino, al pariente y al amigo de la necesidad de cambiar la vida pública de México. Esta pesadilla no puede continuar más; tenemos que hacer que la gente despierte; ya son muchos los que han despertado, son muchos los que tienen conciencia. Nuestra lucha no es por cargos públicos, y me molesta mucho que algunos de nuestros dirigentes entren a la politiquería y nada más piensen en cómo acomodarse.

También envió un mensaje a la agrupación Flor y Canto en su quinto aniversario, y convocó a sus integrantes a seguir luchando por el pueblo, para que la democracia sea una realidad en México.

Un Estado antisocial

Carlos Fazio

El asalto policiaco militar contra las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), seguido del decreto de extinción de la paraestatal y la campaña de guerra sucia mediática contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es un paso más en la perspectiva de construcción de un Estado autoritario de nuevo tipo.

A hurtadillas como actúan los delincuentes; mediante el uso de la fuerza bruta de los federales que comanda Genaro García Luna, apoyados por 3 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en violación de los derechos constitucionales (artículos 14, 16, 27, 73, 89, 90 y 123 de la Carta Magna) y pisoteando la Ley Federal del Trabajo y normas laborales pactadas por las partes; utilizando el chantaje contra los trabajadores y jubilados del SME; con mentiras y argumentos demagógicos en el marco de una campaña de terrorismo mediático en las cadenas de radio y televisión bajo control monopólico, el régimen espurio de Felipe Calderón ha dado un paso más en su guerra larvada contra el pueblo y en beneficio de los barones del dinero.

La desfachatez y majadería del Robin Hood de Los Pinos no tiene límites y es un insulto a la razón. Dijo Calderón: Prefiero dar a 25 millones de pobres los escasos recursos con que cuenta el gobierno, que destinarlo a los privilegios de 44 mil trabajadores. A Calderón le importa un bledo el pueblo pobre. Su discurso populista y demagógico exhibe su estilo personal de gobernar, tendiente a la conformación de un Estado militarizado. Usa a los pobres y sirve al gran capital. El golpe de mano pro oligárquico contra una empresa pública de carácter social y la arremetida contra el SME pretenden culminar la ilegal privatización de la industria eléctrica. La ofensiva clasista del régimen de Calderón contra los trabajadores busca beneficiar a sus patrones nacionales y del exterior; a los que lo impusieron mediante un fraude de Estado en 2006 y hoy quieren quedarse con una de las últimas joyas de la corona: un multimillonario negocio llamado triple play, que requiere de la transmisión de energía combinada con tecnología adecuada, para cobrar por dar servicio de voz, datos y video.

No hay que dejarse engañar. La campaña de linchamiento contra el SME –por un puñado de empleados de los dueños de las cadenas de radio y televisión y otros escribidores tarifados de la prensa escrita– busca encubrir la disputa por un negociazo de 6 mil millones de dólares.

En la pasada revisión del contrato colectivo de trabajo, el SME había logrado que LFC, además de arrendadora de sus mil 100 kilómetros de fibra óptica montada en sus redes eléctricas en el centro del país (zona muy prometedora, comercialmente, por su gran concentración demográfica y el nivel de ingreso de sus habitantes), pudiera ser también concesionaria para dar el servicio de triple play gratuito a millones de usuarios. Es decir, con sólo conectar un módem a la toma corriente de las casas, mediante una nueva tecnología instalada en la red (la fibra óptica), LFC se disponía a brindar, además de electricidad, servicios de telefonía, Internet y televisión por cable. ¡Cuatro servicios en uno!

Ésa es la principal razón para la extinción de Luz y Fuerza. Se busca garantizar a particulares el usufructo de la red de fibra óptica de la paraestatal. Se pretende beneficiar a un puñado de empresas privadas de la comunicación, que pugnan por la concesión de la red. Entre ellas Televisa, Nextel, TV Azteca, Telmex y las españolas Telefónica y WL Comunicaciones S. A. de C. V., en las que están involucradas dos ex secretarios de Energía de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.

El 8 de septiembre, mientras planificaba con saña el asalto policiaco militar contra LyFC, otro ex secretario de Energía del sexenio foxista, Felipe Calderón, hoy inquilino de Los Pinos, envió una iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados para abrir a licitación de la red de fibra óptica en perjuicio del erario federal. No es casual, tampoco, que el decretazo calderonista haya previsto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por el privatizador Elías Ayub, se haga cargo del servicio que proporcionaba LyFC. Las redes eléctricas y de fibra óptica de la CFE suman 30 mil kilómetros, a los que se adicionarán ahora los 1,100 kilómetros de LyFC.

Durante los gobiernos ultraconservadores de Acción Nacional, el viejo Estado cleptocrático priísta se ha refuncionalizado; el continuismo no es sólo económico-financiero. El régimen autocrático panista garantiza impunidad a los clanes, mafias y cofradías de banqueros, empresarios, tecnócratas, políticos de viejo cuño y dirigentes sindicales charros. La gansterización de la política se exhibe cada día en los medios masivos de (des)información y control social. Igual que los padrinos innombrables, los poderes fácticos hacen lo suyo. La recomposición de las alianzas en la cúpula ha dado paso a una estrategia de Estado en función de sus intereses de clase. El nuevo Estado antisocial atenta contra los derechos de las mayorías. El espacio abandonado por la responsabilidad social del Estado ha sido ocupado de manera facciosa por empresas privadas. Se trata de un Estado de los empresarios para los empresarios (Fox dixit), administrado por un gabinete al servicio de las fracciones capitalistas hegemónicas, en el marco de una democracia de baja intensidad que sume al país en una gran polarización y en el caos. Calderón es un peligro para México. Sólo la presión y movilización popular lograrán frenar a los neofascistas del PAN y sus aliados priístas, y alcanzar el nuevo pacto social que el país requiere.