Para el investigador Edgardo Buscaglia, es “inaudito” que las instituciones responsables del combate al crimen organizado carezcan de instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras de los cárteles de la droga; máxime que, sostiene, casi el ochenta por ciento de los sectores económicos del país están infiltrados por el narco. En estas condiciones, afirma el asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, el gobierno de Felipe Calderón no tiene con qué sostener, con posibilidades reales de éxito, el combate al narcotráfico. 
Buscaglia. DiagnósticoRicardo Ravelo
Los cárteles de la droga y sus redes patrimoniales y financieras, que son base de su expansión y su capacidad de respuesta frente a los embates del gobierno federal, permanecen intocadas, y mientras no se destruyan las cadenas de testaferros y complicidades entre políticos y capos, “la guerra contra el narcotráfico puede darse por perdida desde este momento”.
Quien sustenta esta tesis es Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
El también catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU puntualiza: El gobierno de Felipe Calderón no se preparó para enfrentar la guerra contra el narcotráfico. Y considera inaudito que las instituciones responsables del combate criminal no cuenten con instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras extendidas dentro y fuera de México.
Esa es la razón, explica el investigador, de que más de la mitad de los casi 2 mil municipios del país estén “completamente feudalizados” por el crimen organizado y de que sus figuras simbólicas –Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Eduardo Costilla, El Coss, entre otros– ejerzan no sólo el poder criminal, sino que hayan construido andamiajes muy sólidos para que sus cómplices se posicionen en las estructuras del poder político y empresarial del país.
Especialista en el estudio del crimen organizado a escala internacional, Buscaglia señala que la banca mexicana está infiltrada por el dinero de la delincuencia y es cómplice de los grupos delincuenciales “por omisión”; el motivo: no cumple con las recomendaciones del Grupo Financiero Internacional (Gafi) para prevenir el lavado de dinero, ni utiliza el instrumental técnico y legal del que dispone para impedir que el dinero sucio circule por las arterias del sistema financiero”, pues en muchos casos –dice Buscaglia– los banqueros argumentan que estas medidas les elevan los costos de operación.
–¿La pasividad de la banca mexicana para actuar en materia de lavado de dinero y otros delitos financieros se traduce entonces en una abierta complicidad? –se le inquiere.
–El sector financiero debe transformarse en un partícipe activo que apoye al gobierno federal. Lamentablemente no vemos este apoyo operativo hasta hoy. Lo veo paralizado, pasivo, se arrastra de los pies. Debería de haber mucho más activismo en ese sentido.
Explica: “Cuando por omisión o porque estás arrastrando los pies no estás implementando las mejores prácticas internacionales que la banca de la Unión Europea está aplicando de manera efectiva, pues no hay duda de que (quiérase o no) se está siendo cómplice de una situación catastrófica de delincuencia organizada y de corrupción política que le cuesta al país miles de muertos al año y deriva en una ingobernabilidad que ya parece irreversible”.
A poco más de tres años y medio de que el presidente Felipe Calderón lanzó su cruzada contra el narcotráfico, es evidente que la política criminal del régimen carece de instrumentos eficaces para desarticular los esquemas financieros del crimen organizado. Según Buscaglia, esta tarea es muy importante porque se trata de “quitarle el dinero a los narcos” para descapitalizarlos y vencerlos. Pero “eso no se ha hecho, por desgracia”, afirma.
En consecuencia, reitera, los cárteles de la droga se desplazan impunes por todo el territorio nacional, desde Tijuana hasta Quintana Roo; incluso en Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia y África. Por todos lados corre el dinero sucio de las drogas, y muchas de esas fortunas están en manos de políticos, empresarios y de una red de testaferros que, dice Buscaglia, “son actores intocados en México”.
Políticas fallidas
Cuando se le pregunta si el gobierno federal cuenta con instrumentos para investigar las redes patrimoniales y financieras de las organizaciones criminales, Buscaglia afirma: “Sí los hay, pero no se utilizan en forma adecuada.”
Y se explaya: “Ahí están los registros públicos de la propiedad mercantil, que contienen una mina de oro donde se puede comenzar a implementar lo que se llama una ‘minería de datos’ para poder vincular patrimonios con testaferros, patrimonios con personajes políticos o accionistas que están ligados a la delincuencia organizada.”
Dice Buscaglia que lo grave de todo es que el gobierno ni siquiera ha comenzado a recabar esa información para analizarla y así respaldar la Ley de Extinción de Dominio, aprobada por el Senado de la República el 2 de abril de 2009.
Además, insiste, esa ley, básica para despojar al narcotráfico de sus bienes y mermar su fuerza, carece de un instrumento clave: el insumo de la información sobre los personajes que administran, desde la política o desde el sector empresarial, el patrimonio de la delincuencia.
Para explicar cómo funciona una Ley de Extinción de Dominio en forma eficaz el especialista alude al caso colombiano, tan exitoso como cuestionado. En la década pasada ese país, como ocurre ahora en México, fue devorado por el narcotráfico; incluso la campaña de un candidato a la presidencia, Ernesto Samper, fue financiada por el cártel de Cali, según denunció el periodista Alberto Giraldo en su libro Mi verdad (Planeta 2005).
El reportero, ya fallecido, fue amigo y publirrelacionista de los hermanos Rodríguez Orejuela. Dice en su texto: “Desde 1979 los hermanos Rodríguez, con el apoyo financiero de (sus socios) José Santa Cruz Londoño y Hélmer Herrera participaron financieramente en las elecciones presidenciales”.
Buscaglia sostiene que, a diferencia de México –donde la Ley de Extinción de Dominio carece de respaldos informativos–, en Colombia los fiscales tenían el mapa patrimonial y criminal cuando decidieron enderezar una causa penal.
“Cuando el fiscal quiere impulsar una causa penal en contra de una persona, le solicita a las unidades de inteligencia o le solicita (a lo que en México sería la Secretaría de Hacienda) los insumos del mapa patrimonial para que se puedan seguir líneas de investigación que vayan más allá de la persona física que están deteniendo”, explica el investigador.
–¿Se actúa de oficio? –le pregunta el reportero.
–Lo más interesante es que en Colombia la Ley de Extinción de Dominio no es un instrumento reactivo, sino proactivo: se actúa de oficio para poder desmantelar el mapa patrimonial, el cual debe ser delineado previamente al impulso de la causa penal.
“En México, por el contrario, no hay mapas patrimoniales o no se quiere investigar al respecto. Esa ley tiene sus ventajas porque las investigaciones se pueden encauzar incluso por la vía no penal y se le baja la carga de la prueba al Estado. Pero insisto: en México esos mapas (financieros y patrimoniales del narcotráfico o de la delincuencia en general) todavía no están delineados.”
Estudioso del fenómeno de la delincuencia en 150 países, Buscaglia sostiene: “Un insumo para apoyar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio es precisamente intervenir el Registro Público de la Propiedad, sacar escrituras, analizar la información que existe. Ese trabajo debe hacerse en cada una de las entidades para identificar el mapa patrimonial y criminal que obviamente se extiende mucho más allá del país.”
Y añade: “Honduras y Guatemala tendrían que hacer lo mismo, para después cruzar información a nivel regional. El poder de la delincuencia organizada mexicana llega a esos países, a pesar de la supuesta guerra, y más allá de esos territorios. Sin embargo, es muy importante comenzar por casa e identificar ese mapa patrimonial en la economía legal.”
Dice Buscaglia que esta labor serviría para neutralizar la corrupción que existe tanto en el Distrito Federal como en los estados: “Lo ideal sería una colaboración operativa entre la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como entre las unidades de investigación patrimonial del Distrito Federal (que existen desde hace dos años) y la PGR.”
Sostiene que es difícil saber a cuánto ascienden las ganancias anuales generadas por el tráfico de drogas, pero, con base en la información que posee sobre el modus operandi de los cárteles, él calcula que el 78% de los sectores económicos del país están infiltrados.
Por eso lamenta que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) “caricaturice” a la delincuencia organizada y la considere una actividad ilegal dedicada exclusivamente al narcotráfico.
Según Buscaglia, a las fuentes de ingreso de los grupos criminales se suman actividades delictivas como la trata de blancas y la piratería, que generan altas sumas de dinero.
Una propuesta
Edgardo Buscaglia refiere que la información publicada en marzo de 2009 pasado por la revista Forbes sobre la fortuna de El Chapo Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa, calculada en mil millones de dólares, fue un golpe mediático que se halla muy lejos de la realidad.
“No tiene un fundamento técnico porque no se tomaron en cuenta otros tipos de delitos, enormemente importantes, que no están considerados como fuentes de ingreso”, sostiene.
El dinero del narcotráfico florece en México, y aunque no se puede todavía acreditar, es “muy visible” en la economía legal: en empresas y sindicatos, así como en giros que sirven para lavar dinero, como los bienes raíces (uno de los más boyantes) y la compra de tierras, agrega el investigador.
Además de la violencia, que cada vez es más exacerbada, el gobierno de Felipe Calderón enfrenta otro problema: el lavado de dinero, quizá el delito más difícil de acreditar, pues son pocos casos en los que la Procuraduría General de la República ha logrado sentencias en firme, dice Buscaglia.
Lo anterior se agrava debido a un hecho: desde hace varios meses la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR tiene problemas para sostener un fiscal a la cabeza.
En esta área se ha observado un manejo irregular al menos desde el año pasado y ejemplo de ello es que hasta el 15 de junio de 2008 José Luis Marmolejo fue responsable de investigar el lavado de dinero. Tras su salida, la dependencia se quedó sin titular durante tres meses y 15 días. Luego fue nombrado César Augusto Peniche, quien posteriormente dejó el cargo, pero el entonces procurador Eduardo Medina Mora, quien decía preocuparle el problema del blanqueo de capitales en el país, no designó un nuevo titular en esa unidad investigadora.
Esto explica en buena medida por qué las investigaciones más serias relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico en México derivan de indagatorias realizadas en Estados Unidos.
Por ejemplo, el pasado 12 de junio la Oficina de Control de Bienes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló bienes y activos de 15 empresas y nueve personas en México, Colombia y el Caribe presuntamente relacionadas con el capo colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco, quien inició su carrera delictiva en el cártel de Medellín.
La investigación puso al descubierto –según la OFAC, por sus siglas en inglés– una red de empresas afincadas en Guadalajara, Jalisco, que eran manejadas por Luis Pacheco Mejía, presunto prestanombres de Ochoa Vasco. Las compañías operan en dos ramas de la economía mexicana: el campo y la industria de la construcción; de hecho, ésta última ha sido la más socorrida por los narcotraficantes para lavar dinero en México.
Las empresas cuyos activos fueron congelados por la OFAC son Granoproductos Agrícolas, SA de CV, Grupo GLP Constructora, SA de CV, Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, SA de CV, y Cimientos La Torre, SA de CV.
El pasado 15 de junio, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, reconoció que la banca en México capta más de 10 mil millones de dólares “excedentes”, es decir, cuyo origen no se explica dentro de la dinámica de la actividad económica del país, por lo que presumiblemente tienen un origen ilícito.
Por ello, el funcionario llamó a la banca mexicana y a las instituciones financieras en general a frenar la entrada masiva de dólares en efectivo al sistema bancario nacional.
La medida ya se puso en marcha: los bancos restringieron las operaciones con esa moneda en las ventanillas, aunque sólo las relativas a la compra de dólares. La venta de esta divisa no fue restringida, así que cualquier persona o empresa puede comprar los dólares que quiera en el momento en que lo desee.
Pero ante el flagelo del lavado de dinero, que según Buscaglia goza de impunidad en México, la PGR carece de instrumentos legales eficaces, si bien en septiembre de 2008 un grupo de expertos presentó a esa dependencia el proyecto Mejoramiento en el marco jurídico y su implementación contra la delincuencia organizada. Muchas de las reformas en la materia aún no se discuten en el Congreso pese a la emergencia que enfrenta el país en materia de seguridad y en su economía formal, que se ve perforada por los llamados narcocapitales.
De acuerdo con ese estudio, el país no cumple con sus compromisos internacionales. En el proyecto referido se expone: “México ha promulgado instrumentos jurídicos cumpliendo con el 87% de las cláusulas de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada (Palermo) y con el 46% de las cláusulas de la Convención contra la Corrupción (Mérida).
“Sin embargo, a través del análisis de expedientes judiciales se observa que, en la implementación práctica de estos instrumentos, México cumple sólo con el 64% de las cláusulas de la Convención de Palermo y con el 23% de las de la Convención de Mérida contra la Corrupción. A diferencia de México, Colombia ha alcanzado a implementar un 100% de las cláusulas de ambas convenciones de la ONU en sus instrumentos jurídicos e implementan activamente el 94% de ellos.”
En el caso de México, la ineficacia para combatir a la delincuencia organizada y el lavado de dinero es crítica: en las instituciones responsables del combate criminal existe “desempeño heterogéneo e incertidumbre jurídica en la aplicación de las normas legales a la Convención de la ONU de Palermo”, según el estudio.
Según el estudio, la atrofia institucional es más aún más crítica. En los organismos que “luchan” contra el crimen organizado hay “ausencia de programas de prevención de la delincuencia y asociaciones delictuosas”.
Para enfrentar con efectividad al narcotráfico y a la delincuencia en general, los investigadores proponen a la PGR, entre otras, las siguientes medidas: reformar el artículo 400 bis del Código de Procedimientos Federales para tipificar la “conversión de activos patrimoniales en lavado de dinero.
Tipificar la manipulación de mercados por parte de accionistas o empresarios en posesión de información confidencial; que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Investigación Patrimonial y una unidad específica dentro de la PGR coordinen y compartan sus bases de datos con la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para cruzar información con mayor efectividad y abrir líneas adicionales de investigación patrimonial.
Otra propuesta, que al igual que las anteriores no se aplica –lo que demuestra la atrofia institucional frente al narcotráfico–, es la expansión y cruce de información a través de una mayor “minería de datos” patrimoniales ligados a indiciados y personas jurídicas vinculadas que involucra las bases de datos de los entes reguladores del sistema financiero como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Banco de México.
–Si existe todo este arsenal contra del crimen organizado, ¿por qué no se usa? –se le pregunta a Buscaglia.
–Hace falta voluntad política y, en mayor medida, compromiso con el país. Si no se implementan estas y otras medidas, México puede ser devorado por el crimen junto con todo su sistema político infiltrado; y algo peor: el país seguirá exportando violencia e ingobernabilidad al resto del mundo.
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