Y en el IMSS huele a... familia presidencial

Juan Molinar Horcasitas está metido en un embrollo: diversos actores políticos quieren someterlo a juicio político y hasta desaforarlo por varias causas, desde la no muy clara licitación del espectro de radiofrecuencias, hasta por su responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo. Uno de los muchos motivos del descontento generalizado contra Molinar tiene que ver con unos contratos del IMSS, oscuros y millonarios, en un área en la que el ahora secretario de Comunicaciones y Transportes había colocado a un primo de la esposa del presidente Calderón.

Molinar Horcasitas es el mojon junto a la bandera mexicana.

Jesusa Cervantes

En el centro de la polémica por “su activa participación” en la elaboración de las bases de la licitación del espectro de radiofrecuencias que beneficia al binomio Televisa-Nextel, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, ahora se enfrenta a una exigencia de juicio político en su contra planteada por el PRI, así como a una solicitud de desafuero demandada ante la Cámara de Diputados por el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona.

A partir de una propuesta de Acción Nacional, el miércoles 11 la Comisión Permanente acordó pedir al Ejecutivo federal que anule aquella licitación. A cambio de su voto a favor, el PRI pidió al PAN respaldo para que, en caso de no recibir una respuesta favorable del gobierno, se instaure el juicio político contra Molinar Horcasitas.

“En el supuesto de que aceptásemos el exhorto y (...) siguiera la suerte de otros miles que hemos hecho sin resultado alguno, ¿estaría dispuesto a suscribir conmigo (una petición de) juicio político en contra del secretario?”, preguntó el diputado priista César Augusto Santiago al panista Javier Corral, promotor del requerimiento.

“Por supuesto que habría responsabilidad penal, política y administrativa, y así lo he propuesto. Yo lo he propuesto… Cuando este debate empezó propuse que fuéramos a todas las consecuencias legales, políticas y administrativas a quienes tomaran esa decisión, y por lo tanto la respuesta es: ¡Sí!”, dijo Corral Jurado.

Sin embargo es difícil que se cristalice el juicio político contra Molinar, comenta Reyes Orona, “pues como éste se resuelve en el Senado y ahí el PAN tiene mayoría (50), veo muy complicado que se dé”.

Por ello, dice, “interpuse en la Cámara de Diputados no sólo la demanda de juicio político, sino también el desafuero contra Molinar, por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, y esto deberá abordarse en el próximo periodo ordinario que se inicia en septiembre”.

El pasado 22 de junio, el PRI impulsó en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se “analice por el área jurídica” la valoración para solicitar el juicio político.

Dos días más tarde, Reyes Orona demandó la aplicación de ambos procedimientos (juicio político y desafuero) contra Molinar por el caso de la guardería ABC de Hermosillo; por probable peculado, ya que puso a jugar en la Bolsa Mexicana de Valores cuando menos 16 mil millones de pesos del fondo de reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando estaba al frente de la institución (Proceso 1759), y por la entrega de un contrato multianual de 3 mil millones de pesos a una empresa que no reunía los requisitos para concursar: Tata Consultancy Services (TCS) de México.

Para llevar a cabo el desafuero se necesita mayoría simple. En San Lázaro el PRI tiene 237 legisladores; el PVEM, 21; el PAN, 143; el PRD, 69; el PT, 13; el Panal, nueve y Convergencia, ocho.

De acuerdo con la solicitud de desafuero de Reyes Orona, Juan Molinar Horcasitas avaló la entrega de un contrato a TCS, empresa impugnada por el resto de los participantes en el proceso de licitación.

Reyes Orona informó que ante la demanda que interpuso ya no se requiere la evaluación del área jurídica de la Cámara de Diputados y se le debe dar trámite automáticamente. Incluso reveló que el próximo martes 17 acudirá a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para ampliar su denuncia e incluir el caso de la licitación 21 de la SCT, el desmembramiento de Mexicana de Aviación, la falta de claridad en las licitaciones de puertos y la imposición de Mony de Swaan como comisionado y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

En cuanto a los documentos del millonario contrato que Molinar avaló para la empresa TCS por los servicios logísticos e informáticos que presta al IMSS y que tienen vigencia hasta 2011, se revela además la participación de Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón Hinojosa.

En el área de la cual es responsable el primo de la esposa del presidente (Innovación y Desarrollo Tecnológico) se han avalado pagos por más de 30 millones de pesos, en algunos casos con facturas duplicadas.

Los apoyos a Molinar

La historia se inició el 14 de diciembre de 2006 cuando, 12 días después de haber sido nombrado director del IMSS, Juan Molinar propuso al Comité Técnico del instituto el nombramiento del primo hermano de Margarita Zavala como director de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Según el manual de operaciones del IMSS, la dirección en la que se mantiene Castañeda se encarga de “contratar los servicios externos en materia de tecnologías de información, innovación y desarrollo tecnológicos, así como la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de los equipos de cómputo, programas y paquetería de software, servicios de desarrollo de aplicaciones y rediseño de procesos”.

Ésta es una de las áreas donde la familia de la esposa del presidente de la República ha destacado desde hace años. Incluso ha sido proveedora del gobierno federal a través de las empresas Hildebrando y Metadata, propiedad de Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, que dan servicio para el manejo de datos de instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario o el propio IMSS (Proceso 1564).

Con Castañeda Gómez del Campo, el primo político de Calderón, desde su posición dentro del gobierno la historia ha sido otra: se le ha acusado, por ejemplo, de haber adjudicado en forma poco transparente, entre junio y agosto de 2007, cuatro contratos de servicios tecnológicos por un monto cercano a mil 600 millones de pesos. Uno de ellos, por mil 500 millones, fue otorgado a una de las empresas de Carlos Slim, luego de que varios de los 26 competidores se tuvieron que retirar debido a “candados discrecionales” impuestos por Castañeda Gómez del Campo, según denunciaron algunos de los oferentes que prefirieron el anonimato para no ser afectados en futuras subastas. En esa ocasión se trató de la licitación número 00641259-016-07 (Proceso 1622).

En cuanto a la licitación que hoy forma parte de la demanda de desafuero contra Juan Molinar (la número 00641259-019-017), las bases fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 26 de julio de 2007 por el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo.

Participaron varias empresas, entre ellas la Universidad Autónoma de Nuevo León; EDS de México; Itera SA; Valores Corporativos Softtek y Tata Consultancy Services de México.

Aunque durante las juntas de revisión algunas empresas hicieron reclamos por la forma en que se estaba realizando la subasta, el 14 de septiembre de 2007 el IMSS anunció su fallo a favor de TCS.

Contra viento y marea, el 4 de octubre de 2007 Molinar Horcasitas y Castañeda Gómez del Campo firmaron el contrato No. 7S7279 con TCS por la cantidad mínima de mil 241 millones 376 mil 323 pesos hasta un máximo de tres mil 103 millones 440 mil 809 pesos. La duración del contrato fue de 48 meses a partir de la firma.

El reclamo de los competidores fue que la compañía a la que le daban el contrato era de reciente creación y no contaba con los suficientes estados financieros ni tenía la certificación de calidad CMM15 que se pide a las empresas de tecnologías de la información.

Las denuncias llegaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que abrió el expediente 657/2007. Mediante la resolución número 115.5.3241 del 19 de diciembre de 2007, la Dirección General de Inconformidades de la SFP determinó que el IMSS “debía llevar a cabo una nueva evaluación de las propuestas y fallo que en derecho proceda”.

Según los contratos que la empresa firmó con el IMSS, TCS fue creada el 2 de abril de 2003 y el 12 de septiembre de 2006 nombró como representante legal a Ankur Prakash.

Para subsanar los requisitos que no cubría, detalló Reyes Orona, esa compañía “se alió con una empresa extranjera que no participó en la licitación”: Tata America International Corporation, la cual, según el declarante, está metida en “un escándalo en Chile, ya que se acreditó que una empresa parte de este grupo fue sorprendida en actos ilícitos vinculados a los servicios informáticos que prestaba al Registro Civil de aquel país”.

En su demanda de juicio político, Reyes Orona declara que “el señalamiento indicaba que (la empresa trasnacional con la que se alió la mexicana) había hecho llegar recursos a campañas no admisibles conforme a la ley allá en Chile”.

Ante la decisión de la SFP del 19 de diciembre de 2007, que ordenaba anular el contrato entregado a TCS y revisar nuevamente todas las propuestas, el IMSS repuso el fallo el 4 de enero de 2008, pero de nueva cuenta éste recayó en Tata Consultancy Services y ya nada pudieron hacer el resto de las concursantes.

Debido a esta nueva resolución se anuló el contrato que en principio se había entregado a TCS y se firmó otro, multianual, el 16 de enero de 2008 y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.

El nuevo contrato, número 8S8056, establece un pago mínimo de mil 228 millones 600 mil 566 pesos y un máximo de 3 mil 71 millones 501 mil 416 pesos.

También se deja asentada la alianza a la que hubo de recurrir TCS para cubrir los requisitos de la licitación. En la página dos del nuevo contrato se establece que “celebró con Tata America Internacional Corporation un convenio de participación conjunta para proporcionar los servicios objeto del presente contrato… y las obligaciones deberán cumplirse solidariamente”.

El caso sigue abierto

Hasta la firma del contrato, las empresas desplazadas ya nada podían hacer, pues los requisitos habían sido saldados.

Sin embargo, a principios de 2009 Reyes Orona inició una indagación: como presidente de la organización Transparencia Nacional solicitó a través del IFAI todos los “contratos, pagos y facturas de la empresa Tata, empresa consultora, que presta servicios a la Dirección de Innovación a cargo de Carlos Castañeda Gómez del Campo en el área de Innovación y Desarrollo Tecnológico y que contratan a diversas empresas relacionadas con sistemas”.

El 19 de marzo de 2009, el IMSS debió enviar “la información existente”. Se trata de los dos contratos firmados por Tata, el primero 7S7279 (que fue anulado) y el 8S8056, más las facturas correspondientes a los servicios proporcionados en 2007 y 2008 por dicha empresa.

Los hallazgos fueron reveladores.

Uno de los reclamos que Reyes Orona hace en su demanda de juicio político contra Molinar Horcasitas y el contrato firmado con Tata es que el IMSS paga “por hora-hombre” una cuota fija de 235.80 pesos. Esto significa que el número de horas que la empresa reporte como trabajadas, multiplicado por 235.80 es la cantidad en pesos que el instituto debe cubrir.

En su denuncia, el exprocurador fiscal aclara que “los nombres, listados y nóminas de Tata son desconocidos, por lo que se exige un escrupuloso escrutinio de ellos debiéndose constatar si se han incorporado a la planta laboral extranjeros que desplacen a mexicanos”.

Lo anterior, detalla Reyes Orona, es porque se tiene conocimiento de que la empresa sólo cuenta con 500 empleados en México y según las facturas que le fueron entregadas por el IMSS, se llegaron a laborar hasta 420 mil horas por mes.

“Esto sólo significa una cosa: o que recurrieron a trabajadores extranjeros, con lo cual están quitando empleo a mexicanos, o las horas que vienen en las facturas están alteradas. Y si se revisan bien, es imposible que la planta laboral de Tata haya cubierto ese tiempo en un mes. Son un insulto y aberración esas facturas”, sostiene en entrevista.

Con las facturas en la mano y de las que sólo se le entregaron las emitidas en 2007 y 2008 por el IMSS y corroboradas por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, ofrece una muestra de una parte de las irregularidades.

Por ejemplo, para agosto de 2008 hay dos facturas por el mismo trabajo. Una es la número 2623 que reporta 110 mil 549 horas-hombre trabajadas con un monto a pagar de 29 millones 977 mil 572.33 pesos. Luego, existe otra por el mismo mes, con el número de factura 2676 con 36 mil 688 horas-hombre trabajadas por un monto de 9 millones 677 mil 514.96 pesos.

Esto significa que se pagó dos veces el mismo trabajo y en total la empresa Tata recibió 39 millones 655 mil 87.29 pesos. “Y no sabemos cuál fue el trabajo real”.

Otro caso es el de septiembre de 2008: “En la primera factura de ese mes, la número 2624, se reportan 53 mil 956 horas-hombre trabajadas con un monto de 22 millones 766 mil 348.52 pesos a pagar. Y luego existe otra por el mismo mes de septiembre con 33 mil 758.9 horas-hombre laboradas con un costo para el IMSS de 9 millones 154 mil 400.91 pesos. Tampoco sabemos cuál de las dos facturas es la real”.

Reyes Orona aclara que sólo tiene las facturas de 2007 y 2008, “y como el contrato sigue, supuestamente se sigue brindando el servicio al instituto, no sabemos si existieron otras irregularidades durante el año 2009 y lo que va de 2010, pero lo peor es que el contrato vence el 31 de diciembre de 2011. ¡Esto no puede seguir así sin que se investigue, si ya de por sí el proceso de licitación y el fallo estuvo amañado al aceptar la participación de otra empresa llamada igualmente Tata para cubrir los requisitos, pues no sabemos qué más puede haber en ese millonario contrato que es multianual!”.

En 2007, el IMSS pagó tres facturas, las de octubre, noviembre y diciembre, por un total de 31 millones 605 mil 188.91 pesos. “Aquí también habría que ver si hubo otra irregularidad, pues ese contrato ya había sido anulado por órdenes de la SFP y por ello se firmó uno nuevo el 16 de enero de 2008”.

En cuanto a 2008, el IMSS pagó facturas por 276 millones 860 mil 236.40 pesos.

Pero, advierte Reyes Orona, no hay que olvidar que el tope máximo es por más de 3 mil millones de pesos y no sabemos si durante 2009, 2010 y 2011 se va a facturar doble o si las jornadas que reporten sean reales, hasta alcanzar el máximo que puede pagar el IMSS y que está estipulado en el contrato. l

Las dos caras de García Luna

Entre la ineficacia y la corrupción

Lleva más de tres años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y, pese a su jactancia y apego al presidente Felipe Calderón, los resultados que ha presentado Genaro García Luna simplemente no convencen. Es la suya una visión en blanco y negro, sin matices: usa a sus policías federales para reprimir los brotes de descontento social y a los sindicatos, pero se muestra ineficaz para detener a los sicarios y a la delincuencia organizada. Hoy, sus propios subalternos lo pusieron en jaque, al denunciar en Ciudad Juárez la corrupción de los altos mandos de la Policía Federal, los privilegios de que gozan y su cercanía con el cártel de Sinaloa.

Ricardo Ravelo

Infiltrada por el narcotráfico, con programas de capacitación deficientes, operativos improvisados y una creciente corrupción, la Policía Federal (PF), brazo operativo del gobierno federal para combatir a la delincuencia, está sumida en la descomposición, pese a que el gobierno calderonista le destina cada vez más presupuesto para reforzar las tareas de seguridad pública en el país.

La detención de cuatro altos mandos de ese cuerpo policiaco en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 7, implicados en extorsiones, detenciones arbitrarias y presuntas ligas con el narco, colocó una vez más al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, en el centro del escándalo.

A García Luna, quien encabeza la dependencia con mayor presupuesto después de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –la SSP ejerce poco más de 30 mil millones de pesos–, se le critica por la falta de resultados de sus agentes federales y por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

El martes 10, tras varias semanas de silencio, García Luna saltó a la palestra luego de que, dos días antes, el expresidente Vicente Fox se manifestó a favor de la legalización de las drogas en México. Esa es la única forma de golpear y romper la estructura económica de los cárteles, dijo el guanajuatense.

Durante el encuentro del Ejecutivo federal con líderes partidistas en los Diálogos por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento, García Luna recriminó a su antiguo patrón por la falta de eficacia en el combate al narcotráfico cuando estuvo en Los Pinos: “Sólo basta decir que la Policía Federal, en la pasada administración (la que encabezó Vicente Fox) en registros oficiales no tiene ninguna detención de narcotraficantes ni secuestradores”, manifestó.

Luego habló de los logros y bondades del gobierno de Felipe Calderón: “En esta administración –expuso– van mil 300 (detenidos), sólo secuestradores”.

Pero García Luna embozadamente hacía una crítica… de sí mismo. En el sexenio foxista García Luna ocupó la dirección de la Agencia Federal de Investigación (AFI), organismo que él creó y que durante su gestión fue severamente criticado por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Además, al arrancar el llamado “sexenio del cambio”, el 1 de diciembre de 2000, quedó en evidencia la falta de control en el sistema de seguridad del país: aún no trascurrían dos meses de gobierno cuando, el 19 de enero de 2001, el capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Ninguna autoridad federal se percató del plan de fuga.

Así, justo cuando el PAN se estrenaba en Los Pinos, El Chapo reinició sus operaciones en el narcotráfico y logró consolidar la organización criminal que el gobierno denominó cártel de Sinaloa y que presuntamente opera con el apoyo del poder político.

Las primeras imputaciones

Los señalamientos de que García Luna presuntamente está coludido con el cártel de Sinaloa datan de 2005, cuando era director de la AFI. Pero el funcionario no ha sido investigado, aun cuando se le menciona en varias investigaciones de la propia PGR.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, por ejemplo, contiene revelaciones que señalan al actual titular de la SSP como presunto protector de la célula criminal de los hermanos Beltrán Leyva, conocida también como La Federación, cuyo ámbito de operaciones se extiende a una veintena de entidades.

La averiguación incluye transcripciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo, según los cuales García Luna recibía pagos millonarios de los hermanos Beltrán Leyva –a quienes en algún tiempo se les conoció como Los tres caballeros– a cambio de protección y de mantenerlos informados sobre operativos en su contra.

En 2005, los Beltrán Leyva mantenían una sólida sociedad con el cártel de Sinaloa y controlaban el trasiego de estupefacientes en el estado de Guerrero, aunque enfrentaban ya a Los Zetas en Acapulco y Zihuatanejo.

El expediente también contiene la transcripción de una llamada telefónica recibida en la PGR el 15 de mayo de ese año:

En el micro 0696 que corresponde a las oficinas de la visitaduría general, en el periodo de guardia nocturna, se recibió al teléfono 5228618399 llamado anónimo de una persona que se dijo integrante del cártel del Golfo, para denunciar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, que el día de ayer, catorce de mayo, en la tarde detuvieron a cinco zetas (y) que en lugar de ponerlos a disposición del Ministerio Público y les trasladaran a la cárcel, los entregaron al cártel de Arturo Beltrán Leyva, que no estaba bien que los elementos de la AFI le jugaran al narcopolicía.

Otro reporte de esa misma averiguación menciona un dato contundente: que García Luna recibía dinero del cártel de Sinaloa a cambio de protección desde el sexenio foxista.

La denuncia que llegó a la PGR y forma parte de la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005 dice: De antemano sabemos que el director de la AFI, Genaro (García) Luna está coludido con la organización de Arturo Beltrán Leyva, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González.

Asimismo, Domingo González aparece mencionado como enlace de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para recibir 1 millón de dólares a cambio de que no molestaran a su jefe Arturo Beltrán, quien se encontraba prófugo de la justicia…

Desde que Genaro García Luna llegó a la SSP, varios de sus altos mandos han sido señalados por sus presuntos vínculos con los capos de la droga; algunos incluso fueron ejecutados.

A Mario Arturo Velarde Martínez, quien fue secretario particular de García Luna durante su gestión en la AFI en la administración foxista y llegó a la División Antidrogas de la PF en este sexenio, se le achacan tratos con los hermanos Beltrán Leyva. Sin embargo, nunca se le investigó.

Diferente fue el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector de la sección de operaciones de la PFP, quien fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula que encabeza Ismael Zambada García, El Mayo.

Bayardo era uno de los hombres de confianza de García Luna en la SSP. Luego de su aprehensión, decidió acogerse al programa de testigos protegidos y se convirtió en una pieza importante en la Operación Limpieza, un programa que pretendía sanear a la PGR de funcionarios coludidos con el narcotráfico.

Él conocía como nadie las correrías del Mayo: sus actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como sus nexos con militares, policías y funcionarios de la PGR que protegen sus operaciones.

El caso de Bayardo es singular. La mañana del 1 de diciembre de 2009 fue llamado por un alto funcionario de la PGR para platicar sobre las investigaciones en torno al cártel de Sinaloa. La cita fue en el local del café Starbucks de avenida Pilares, en la colonia Del Valle. El testigo acudió sin escolta. Cuando charlaba con el funcionario fue ejecutado a tiros.

Meses antes, el 8 de mayo de 2008, otro funcionario cercano a García Luna fue ejecutado cuando se dirigía a su casa. Era Édgar Millán Gómez, comisionado nacional de la PFP. Por esas fechas estaba candente la confrontación entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa. Cuando Millán Gómez ingresó al patio de su vivienda, un sicario le disparó en varias ocasiones. Su muerte aún sigue impune.

Corrupción y privilegios

En los casi cuatro años de la administración calderonista Genaro García Luna ha estado inmerso en escándalos. Se le ha criticado por la corrupción que priva al seno de la PF y por los privilegios de que gozan algunos mandos de menor antigüedad y preparación.

Javier Herrera Valles, quien fue comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), incluso envió cartas al presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión en las que criticó las fallas en los operativos contra el narcotráfico. Su argumento: que las acciones eran improvisadas y que a los agentes se les enviaba a los estados críticos sin armamento y sin información.

La primera carta de Herrera Valles al presidente Calderón está fechada el 18 de febrero de 2008. En su escrito expone que García Luna protege intereses del crimen organizado y explica la razón por la cual, arguye, están fracasando los operativos conjuntos y destaca las fallas en el interior de la SSP. Sin embargo, la carta fue interceptada por García Luna, quien se enteró del contenido antes que el presidente, según contó el propio Herrera Valles en una entrevista con este semanario (Proceso 1637).

Herrera Valles exhibió textos y memorandos oficiales para documentar varios casos de corrupción en la SSP, en particular los relativos a la compra de aeronaves y sistemas tecnológicos para el combate a la delincuencia. Uno de los principales fue la adquisición de un helicóptero Sikorsky, modelo A70A Black Hawk, cuyo costo fue de 43 millones 68 mil pesos.

Herrera Valles comentó que García Luna ordenó al Comité de Adquisiciones y Servicios de la PFP la compra de la aeronave en octubre de 2007, según el contrato SSP/PFP/009/2007, sin la licitación correspondiente.

Sobre las fallas en los operativos de la SSP contra el narco, Herrera Valles relató: “En Guerrero no sabíamos qué hacer. Andábamos desorientados. El área de Inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información sobre las células del narco en ese estado. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘Váyanse para allá, ahora para acá’. Más tarde nos dijeron: ‘Coloquen retenes y hagan presencia en las calles’, pero todo aquello era la total descoordinación.

“Y mientras policías, marinos y soldados éramos como un hormiguero disperso, el crimen organizado atacó con toda su fuerza: varios sujetos vestidos con boinas negras arremetieron contra las bases de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco. En una de las instalaciones los delincuentes entraron y asesinaron a siete personas, entre ellas a una mujer embarazada…”

Herrera Valles fue detenido el 18 de noviembre de 2008 por sus denuncias contra García Luna. Ese día iba a participar en el programa Punto de partida, en las instalaciones de Televisa Chapultepec. Poco antes de llegar a su destino un comando interceptó su vehículo.

Estuvo arraigado durante 90 días, periodo en el cual un supuesto testigo protegido conocido como El Pitufo lo acusó de recibir dinero del narcotráfico. Su defensora fue Silvia Raquenel Villanueva, quien nueve meses después de asumir el caso fue ejecutada en Monterrey, Nuevo León.

Ahora sí, a investigar

Durante su gestión al frente de la SSP, García Luna ha fracasado en el intento por frenar a la delincuencia y hacer que los militares vuelvan a sus cuarteles. Su estrategia policiaca ha sido errática. Primero dijo que se requería un mando único, por lo que fusionó la AFI y la PFP y creó la PF, antes incluso de que el Congreso aprobara el proyecto.

García Luna declaró que se trataba de una corporación moderna, mejor capacitada, con capacidad de respuesta y preparada en diversas disciplinas. Y en el ejercicio 2009-2010 la SSP recibió el espaldarazo presidencial, pues se le otorgaron 30 mil millones de pesos de presupuesto, con lo que la dependencia se convirtió en la segunda dependencia mejor fortalecida, después de la Sedena.

Sin embargo, hasta ahora los agentes de García Luna se han destacado más por sus operativos para contener manifestaciones sociales que en frenar a la delincuencia. Un ejemplo: cuando estalló la huelga en la mina de Cananea, la SSP envió a cerca de 3 mil elementos para disuadir las manifestaciones obreras; lo mismo ocurrió con las protestas del Sindicato Mexicano de Electricistas durante la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro cuando el gobierno expidió un decreto en el que anunciaba la extinción de esa dependencia.

Pese a ello, el funcionario se jacta de los avances logrados gracias a sus muchachos. Sin embargo, con las recientes protestas y manifestaciones de policías federales en Ciudad Juárez contra sus jefes, que provocaron un zafarrancho, al término del cual fueron arrestados cuatro altos mandos, la eficacia de la PF quedó en entredicho.

Los agentes federales se quejaron, entre otras cosas, de las malas condiciones de trabajo, los bajos salarios, los privilegios que reciben otros funcionarios sin carrera y los riesgos que enfrentan en los lugares que son asiento de los cárteles de la droga.

El descontento del sábado 7 en Juárez puso de relieve la descoordinación en la PF en esa ciudad, donde varios uniformados, en particular Rodolfo Salomón Alarcón Romero, El Chamán, presuntamente están coludidos con el cártel de Sinaloa.

También quedó al descubierto que los altos mandos de ese organismo –quienes sustituyeron a los militares sospechosos de tener vínculos con El Chapo Guzmán– formaban parte de una supuesta narconómina. Los policías sancionados disponían de cuantiosas cantidades de droga, que sembraban a personas para luego extorsionarlas.

Según las indagatorias de la PGR, realizadas a partir de las quejas presentadas por los federales inconformes, Alarcón Romero es la pieza clave de un grupo de la PF alineado con el cártel de Sinaloa en el territorio donde manda el cártel de Juárez, a cuya cabeza está Vicente Carrillo Fuentes.

Son cientos las quejas contra los jefes de la PF y en ellas los policías aseguran que “los mandan a cargar con droga a los enemigos del cártel de Sinaloa (es decir, a los del cártel de Juárez) para acusarlos, encarcelarlos o extorsionarlos. Y exponen que además del Chamán, Joel Montenegro también está en la lista de mandos pagados por el crimen organizado.

Según ellos, El Chamán, quien llegó a Ciudad Juárez el pasado 1 de julio, siempre hizo alarde de su poder. Solía organizar fiestas hasta altas horas de la madrugada y visitaba sitios frecuentados por mujeres y personajes que consumían droga, algunos de los cuales eran narcos.

Otro grave problema que enfrenta la SSP es la improvisación en la formación de sus cuadros: recientemente salieron a las calles cientos de agentes que supuestamente tomaron un curso de tres meses para convertirse en policías investigadores. Muchos de ellos fueron asesinados por el narco, lo que evidencia su falta de preparación.

Desatado el escándalo en Juárez, García Luna tuvo que admitir que sí hay corrupción en el seno de la PF: “En Ciudad Juárez –dijo– hubo una falla sustantiva”. Y anunció que, ahora sí, emprenderá una depuración en esa corporación. l

Javier Lozano: Sembrador de tempestades

En cuatro años que lleva al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón sólo ha acumulado yerros y demandas legales por su política antilaboral. Al ninguneo y la represión contra los mineros por parte de las autoridades federales se suman los agravios contra los electricistas, los pilotos y los sobrecargos. Una ficha ejecutiva elaborada por el PAN destaca la añeja amistad de Lozano con Felipe Calderón y sus dotes como pianista, pero también señala que en su currículum no se registra experiencia alguna en materia laboral. Pero ahí sigue...

Rosalía Vergara

En sus cuatro años al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón se ha destacado más por asumir su amistad con el presidente Felipe Calderón, iniciada hace varias décadas, que por su capacidad para dirimir los conflictos laborales.

Conocido su talante antilaboral y de sumisión al jefe del Poder Ejecutivo, a quien incluso declaró lealtad en 2007, cuando decidió dejar su militancia en el PRI para afiliarse al PAN, Lozano ha tenido una gestión errática en esa dependencia federal.

Hoy, por ejemplo, se encuentra inmerso en varios escándalos por su actitud atrabiliaria frente a las demandas que le plantean los principales gremios, aseguran abogados laboralistas y dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

En noviembre del año pasado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, declaró que Lozano era un “porro (al que) su jefe lo mandó a decir lo que él no puede decir” (Proceso Jalisco 1725).

A los mineros, Lozano siempre los ha desdeñado: desde la tragedia en el socavón de Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006, donde murieron 69 trabajadores, hasta la toma de la mina de Cananea, Sonora, en junio pasado, luego de una prolongada huelga.

Tras el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLF) emitido en octubre de 2009, los electricistas también han padecido la política antilaboral del funcionario. El Sindicato Mexicano de Electricistas sigue negociando con el gobierno federal el futuro de sus agremiados, luego de un ayuno de varios de sus afiliados que duró cerca de tres meses.

Además, el conflicto de las sobrecargos, empantanado desde hace varios meses, amenaza con estallarle a Lozano, sobre todo ahora que la Compañía Mexicana de Aviación (CMA) anunció “ajustes menores” en los itinerarios de sus aeronaves debido a la crisis financiera y laboral por la que atraviesa.

El pianista y sus amigos

La amistad entre el titular de la STPS y el presidente Felipe Calderón data de los tiempos en que estudiaban en la Escuela Libre de Derecho en la década de los ochenta. Los dos se titularon en 1984. Lozano Alarcón se graduó con la tesis Aspectos legales de la regulación del crédito bancario en México, de acuerdo con una ficha técnica del gobierno federal.

Experto en derecho bancario y telecomunicaciones, Lozano es un funcionario versátil, pero quienes lo conocen dicen que carece de experiencia en materia laboral.

A sus títulos académicos suma sus habilidades como pianista y proyectista. La información obtenida por la reportera consigna que entre, 1981 y 1984, Lozano Alarcón cursó estudios profesionales de piano en el Conservatorio Nacional de Música y añade que los sábados gusta de practicar futbol y boliche.

En el año 2000, durante la campaña de su amigo Felipe Calderón, también se reveló como redactor de textos y discursos del entonces candidato panista a la Presidencia de la República. Por esas fechas conoció a César Nava Vázquez, actual dirigente nacional del PAN, con quien hoy mantiene una estrecha relación.

Nacido en Puebla el 21 de noviembre de 1962, Lozano incursionó en la política durante el sexenio de Carlos Salinas. Ahí ocupó varios cargos y desde entonces se creó la fama de duro. En la administración de Ernesto Zedillo comenzó a manifestar su deseo de llegar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En noviembre del año pasado, algunos de sus colaboradores declararon al reportero Jenaro Villamil que Lozano cree que tiene posibilidades de ser candidato a la Presidencia de la República para el 2012 (Proceso 1725).

También es amigo de Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación en la administración de Ernesto Zedillo; de Guillermo Cañedo White, presidente del Consejo de Administración de Televisa y del club de futbol América; de Guillermo Ortiz Martínez, exgobernador del Banco de México, y de Emilio Romano Mussali, director general de la Compañía Mexicana de Aviación Grupo Posadas de México, S.A. de C.V.

Eric Rubio Barthell, quien fue presidente de la generación de ingenieros mecánicos administradores del ITESM y consejero político del PRI en Yucatán, también es amigo de Lozano. El contacto entre ambos se dio a través del grupo de Emilio Gamboa Patrón. Rafael Tovar y de Teresa, embajador de México en Italia, suele comunicarse a menudo con el titular de la STPS.

Otros personajes del entorno de Lozano son el rector de la Escuela Libre de Derecho, Mario Alberto Becerra Pocorob, y Diego Tinoco Ariza Montiel, quien también es socio del despacho Hamdan, Manzanero y Asociados. Lozano conoció a Diego cuando éste era titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Presidencia durante el sexenio foxista.

Emilio Goicoechea Luna, miembro de la corriente neopanista y secretario particular de Fox cuando el guanajuatense despachaba en Los Pinos, es otro de los políticos a quienes Lozano frecuenta.

Y los colaboradores

El equipo que rodea al titular de la STPS incluye a Irene Levy Mustri y su esposo Héctor Alcudia Goya, así como a Enrique Fernández de Castro, quien lleva la contabilidad a Lozano y administra su despacho particular en Puebla. A Alcudia Goya se le critica porque, según la información del gobierno federal, no terminó sus estudios de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Sin embargo, de acuerdo con la ficha oficial, el “cómplice de Lozano es Antonio Asad Kanahuati Santiago, quien en el 2000 desempeñó un papel central en el rescate de Miditel al denunciar a Teléfonos de México ante la Comisión Federal de Competencia por posibles prácticas monopólicas”.

Y la lista sigue: Eduardo Joaquín Gallástegui Armella, un litigante especializado en telecomunicaciones y fundador del despacho Holland & Knight-Gallástegui y Lozano, S.C, es uno de los “socios” del titular de la Secretaría del Trabajo; Antonio de Jesús Naime Libien, exdirector de Control de Gestión en la Secretaría de Planeación en el Estado de México; Jorge Alberto Rodríguez Castañeda, jefe del Gabinete de Apoyo de la Oficina del titular de la STPS, quien es considerado como su “entenado”.

El “íntimo” de Lozano, según el documento oficial, es Emilio Rabasa Pascasio Gamboa, quien se acercó a él durante la colecta que organizó en 2006 para que el funcionario se defendiera de los señalamientos del empresario Zhen Li Ye Gon, quien lo acusó de extorsión; su “operador” es Gonzalo Martínez Pous, excomisionado de la Cofetel.

María de la Luz Ruiz Mariscal, quien sustituyó a Lozano en la oficialía mayor de la SCT, y Carlos Ruiz Sacristán, comisionado especial de la SHCP durante el sexenio pasado para la privatización de la empresa pesquera Ocean Garden, son otras dos piezas de su equipo.

A Lozano también se le vincula con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz, con el priista Germán Andrés Fernández Aguirre y con María Amparo Casar Pérez, excoordinadora de asesores del senador panista Santiago Creel, así como con Javier Tejado Dondé.

Enemigos íntimos

Pero no todos son cuates de Javier Lozano en la administración pública ni en el PAN.

Entre sus antagonistas se encuentran Francisco Bojórquez Mungaray, exsecretario de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora, quien tacha al funcionario de incompetente; Santiago Levy Algazi, del grupo político de Jaime Serra Puche; Jorge Manuel Nicolin Fi­sher, asesor del Banxico, excomisionado de la Cofetel y asesor de Grupo Iusacell, y Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Y entre los que se declaran enemigos abiertos de Lozano destaca Javier Moreno Valle, expresidente de Corporación de Noticias e Información (CNI-Canal 40).

Otros antagonistas suyos son Carlos Slim Helú, Javier Tejado Dondé (Televisa), Pedro Cerisola Weber, Carlos Casassús (expresidente de Cofetel), Francisco Fernando Lerdo de Tejada Luna, Jaime Chico Pardo, Francisco Labastida Ochoa, Enrique Yamuni (Megacable), Ernesto Tinajero (Cablecom) y algunos miembros del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), como su presidente Gerardo Soria, Federico González Luna y Eduardo Ruiz Vega, este último comisionado de la Cofetel.

Jorge Álvarez Hott, subsecretario de Comunicaciones, y Emilio Goicochea Luna, quienes antaño eran sus enemigos declarados, hoy son sus “aliados coyunturales”.

De acuerdo con la ficha elaborada por el PAN, Lozano también ha destacado en la docencia: fue coordinador académico en administración de personal en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), así como catedrático de la materia introducción al estudio del derecho en la Escuela Libre de Derecho.

Además, forma parte del sínodo de docentes de la maestría en derecho de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías que se imparte en la Universidad Anáhuac del Sur, en la Ciudad de México, y es conferencista en esta materia.

Lozano preside la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo de Administración de Notimex. Fue articulista en el periódico El Universal, y comentarista en el programa radiofónico Fórmula financiera.

Actualmente escribe un artículo bimestral en la revista especializada Business Communications, en el que aborda temas relacionados con las telecomunicaciones; también colabora en la revista Business News Americas y en el semanario El Asesor de México, especializado en negocios. Asimismo, durante dos años escribió la columna La Agenda de las Telecomunicaciones en el periódico El Financiero. l

Militares desmoralizados

Elementos del Ejército en Sinaloa.

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF, 13 de agosto (apro).- La recomendación de la CNDH a la Sedena y a la PGR por el asesinato de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey ratificó lo innegable: el Ejército es uno de los principales violadores de los derechos humanos en México y el gobierno de Felipe Calderón ahonda las ilegalidades para ocultarlo.

El señalamiento cayó en mal momento para el Ejército, pues al interior de esa fuerza es cada vez más compartido el desánimo por el desgaste que ha tenido en el gobierno de Calderón.

Los militares no sólo saben que no van ganando lo que inicialmente se llamó “guerra” al narcotráfico, sino que en extensas zonas del país se rechaza su presencia por los abusos a los derechos humanos que han cometido efectivos del Ejército al amparo del combate a la delincuencia organizada.

Ni siquiera la sospechosa ejecución de uno de los jefes del cártel de Sinaloa, Ignacio Nacho Coronel, en un operativo realizado por el Ejército, el 29 de julio pasado, elevó la moral de aquellos jefes y oficiales que aún tienen años de carrera militar por delante y sobre quienes seguirán pesando los señalamientos en su contra como violadores a los derechos humanos.

Aun cuando ningún militar sea procesado por la justicia civil por las violaciones cometidas en la gestión de Calderón –como es casi seguro que así sea–, en los próximos años el Ejército cargará con acusaciones como las documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el asesinato de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en marzo de este año.

A pesar de los obstáculos del propio Ejército, la PGR y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, el organismo determinó que el doble asesinato se debió al uso arbitrario de la fuerza por parte de la unidad “Néctar Urbano 4”, al mando de un comandante identificado por la CNDH como AR2, quien iba al frente de 19 efectivos.

Si bien la Comisión no pudo definir quiénes fueron los responsables de la muerte de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, precisamente porque esas dependencias le regatearon la información, quedó clara la manera en que las autoridades castrenses y las civiles federales y estatales trataron de encubrir a los militares implicados.

Se alteró la escena de los hechos, se les sembraron armas a las víctimas, se ocultó información, se dieron datos falsos y se intentó manipular a la opinión pública para hacer ver a los estudiantes como miembros del grupo de delincuentes con los que se enfrentaron los elementos del Ejército en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey.

Al igual que las procuradurías estatal y General de la República, el Ejército debe responder en 15 días a las recomendaciones de la CNDH, hechas públicas el 12 de agosto, respecto al establecimiento de las responsabilidades y sus sanciones.

La “guerra” en que los metió Calderón ha resultado demasiado costosa para los militares. No sólo para el Ejército. También lo será para la Armada de México. El creciente protagonismo de sus infantes de Marina comienza a ser un lastre en violaciones a los derechos y dignidad humana.

A los militares no les queda más que defender a Calderón hasta el último día de su gobierno. No sólo por respeto a la institucionalidad, sino porque al hacerlo se protegen a sí mismos.

De otra manera no se puede entender lo dicho el pasado viernes 13 por el director del Colegio de la Defensa Nacional, el general Roberto Gustavo García Vergara:

“Que quede claro, esta guerra también se está ganando, porque todos podemos, porque nos asiste la ley y la razón, pero más que nada porque nadie, nadie tiene el derecho a rendirse, nadie tiene opción para desviar el rumbo y mucho menos a perder la fe en México y en su presidente”.

El general García Vergara no sólo habló para el exterior. Lo hizo para quienes dentro del Ejército ven más desaciertos que éxitos en la “guerra” a la que los mandó Calderón.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

¿Y la guerra?

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 11 de agosto (apro).- El 14 de junio pasado, Felipe Calderón reconoció implícitamente su derrota en la guerra que declaró contra el narcotráfico al iniciar su gobierno.

Dos meses después sigue la misma maniobra de desmarcarse de su gran error, pero ahora pretende dar un golpe de timón y mediante sus Diálogos por la Seguridad Pública, con un fin meramente electoral, quiere dar la impresión de que es incluyente para establecer la nueva política de lucha por la seguridad pública y la tranquilidad social.

Desde hace una semana Calderón realiza reuniones con distintos sectores sociales –el religioso, los dueños de los medios de comunicación, empresarios, partidos políticos, etc–, en cada una de las cuales ha lanzado el llamado a la unidad, e incluso aceptó el debate sobre la legalización de las drogas.

Casi al mismo tiempo inició una nueva forma de comunicarse socialmente y abrió una cuenta de twitter, a través de la cual responde a las opiniones, casi todas adversas, sobre lo que hace desde Los Pinos.

Como si tuviera el tiempo suficiente, Calderón se la pasa horas twitteando con el afán de defender su malograda estrategia de lucha contra el crimen organizado, y respondiendo a cuestionamientos sobre la violencia con frases como: “Lo único que me quita el sueño es el café”. Y ante los insultos asesta: “No voy a responder a agresiones, pero botellita de jerez, todo lo que me digan será al revés”.

Metido en sus diálogos y en debates bizarros con Vicente Fox, quien ha criticado la estrategia del Ejecutivo en el combate contra el crimen organizado, Calderón intenta encubrir los resultados de la guerra que él mismo desató y sigue a todo galope: 28 mil muertos, cientos de desaparecidos, miles de huérfanos, un incremento en el consumo de drogas duras, corrupción, lavado de dinero, zonas del país fuera del control del Estado y secuestros a periodistas, entre otras expresiones de la violencia.

Cuando era candidato, a la mitad de su campaña Calderón hizo un alto en el camino y cambió la estrategia que seguía y que lo posicionaba detrás de Andrés Manuel López Obrador. Ese movimiento y la ayuda de las televisoras, empresarios, Iglesia católica, así como el apoyo presidencial y los errores del tabasqueño, lo reposicionaron hasta llevarlo a una victoria sospechosa.

“Haiga sido como haiga sido”, dijo Calderón cuando se criticó su triunfo, pero ahora esa misma frase se le puede aplicar para calificar el principal error de su gobierno: declarar una guerra imposible de ganar y meter al Ejército a combatir a un enemigo con poderes trasnacionales.

No es lo mismo ser candidato que jefe del Ejecutivo. Y, “haiga sido como haiga sido”, en esta “guerra” Calderón perdió y con él también el país.

Las consecuencias de sus errores como gobernante no se corregirán con una sola decisión política, como pretende hacerlo. No se trata de dar un simple giro de gobierno, pues habrá secuelas en la sociedad que tardaran años en corregirse, como el tejido social en ciertos lugares como Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, Saltillo, Gómez Palacio, Matamoros y Monterrey, donde el narcotráfico es la ley.

Aparentemente Calderón busca corregir el camino equivocado que tomó desde hace tres años, cuando, vestido de casaca y boina militar, anunció el inicio de su guerra contra el narcotráfico, sin tomar en cuenta a quien la iba a sufrir: la sociedad.

Todo parece indicar que el cambio de la estrategia de combate al narcotráfico que propone Calderón no es idea suya, sino que viene más bien de Estados Unidos, donde desde 1946 se estableció la ley de prohibición – similar a la de 1929 en contra del alcohol y el tabaco --, que ha generado el florecimiento y extensión del crimen organizado, violencia, corrupción y mayores índices de consumo.

En Washington han comprobado que el combate militar y policial ha fortalecido, paradójicamente, al crimen organizado, porque le ha dado herramientas para extenderse en áreas que no son vigiladas o que son solapadas, como el lavado de dinero y la infiltración en los gobierno. Así ocurrió en Colombia y así sucede en México.

Además, el gobierno estadounidense ha percibido que las mafias mexicanas podrían subvencionar movimientos sociales y armados.

Con toda una carga de intenciones electorales, Calderón quiere reaccionar ofreciendo a la sociedad una cara que no es suya: la del gobernante que habla con los ciudadanos directamente, y vía twitter escucha y rectifica.

Su pretensión, al final, es allanar lo mejor posible el camino para su candidato, Ernesto Cordero, y darle la pelea al PRI, que viene con todo para recuperar la presidencia de la República que perdió en el 2000.

Cofetel: El pago de facturas

Héctor Osuna, extitular de la Cofetel y Mony de Swaan, actual encargado.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 13 de agosto (apro).- Si los exhortos que hace la Comisión Permanente son un “llamado a misa”, al PRI parece no quedarle otra que optar por la ausencia para evitar así la casi inevitable entrega del gran espectro radioeléctrico a Televisa al precio de ganga de 180 millones de pesos.

Parece ser esta la primera lectura que se puede hacer a la fallida sesión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) del viernes pasado.

Como se recordará, desde el 19 de julio anteriro, el Grupo Salinas del dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, presentó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una demanda en contra de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, y de su gran amigo y exasesor, Mony de Swaan, presidente de Cofetel, por haber participado “activamente” en la elaboración de las bases para las licitaciones 20 y 21 para la entrega del espectro radioeléctrico.

Estas, por la forma en que fueron confeccionadas, hicieron imposible que el resto de los aspirantes a obtener las nuevas frecuencias participaran, dejando así el camino libre al binomio Televisa-Nextel.

Por el mismo número de megahertz, 30, cuatro competidores debieron pagar cerca de 5 mil millones de pesos, mientras que por otro bloque similar, de 30 megahertz, Televisa-Nextel, por ser los únicos pujantes que podían concursar, ofrecieron tan sólo 180 millones de pesos.

Además de la denuncia ante la ASF, existen decenas de recursos de amparo interpuestos contra la citada licitación, de hecho, el pasado 9 de julio, un juez de Acapulco, Guerrero, decidió sobre una de las demandas de amparo y falló a favor del demandante, teniendo como verdad y orden jurídica “que se dejara todo como estaba”, es decir, “que se suspendiera la licitación”.

A pesar de ello, la SCT y Cofetel siguieron con el proceso, que consistió en revisar las “diferentes ofertas” y, este viernes 13 de agosto, daría a conocer el fallo, el cual resulta obvio: al ser sólo Televisa-Nextel la concursante y oferente, pues a ella se le otorgaría el citado espectro radioeléctrico.

Para evitarlo, el miércoles 11 de agosto, la Comisión Permanente, a iniciativa del diputado panista Javier Corral, propuso un punto de acuerdo en donde se “exhorta al Ejecutivo federal” a que declare “desierta” la licitación.

Durante el debate, el también diputado del PRI, César Augusto Santiago, cuestionó el punto de acuerdo, pues dijo que los exhortos al Ejecutivo siempre han terminado en simples “llamados a misa”, esto es, que Felipe Calderón puede o no tomar en cuenta la petición del Poder Legislativo.

De ahí que César Augusto sostuviera que en su partido aceptaban aprobar el exhorto pero a cambio de que el PAN, o por lo menos el propio Javier Corral, aceptara que, en caso de no ser tomado en cuenta el llamado, entonces respaldara una solicitud de juicio político en contra de Molinar Horcasitas.

Corral aceptó el reto, por ello, ante la negativa de Felipe Calderón de tomar en cuenta el exhorto, y ante la convocatoria que para el viernes 13 hizo la propia Cofetel, con el ánimo de entregar “oficialmente” y declarar “ganador” a Televisa-Nextel, el siguiente paso deberá ser la demanda de juicio político contra Molinar Horcasitas.

Esperemos que Corral y los panistas tengan palabra y pongan en marcha en lo inmediato el proceso para llevar a cabo el citado juicio.

Esto lo veremos la próxima semana.

Y es que la Cofetel tiene de plazo hasta el 19 de agosto para dar el fallo sobre la licitación que tanto beneficiará a Televisa.

A sabiendas entonces de que el exhorto no sería tomado en cuenta y ante la convocatoria de Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, para dar “trámite” a la entrega del espectro a la televisora, el PRI decidió otra vía de presión y con ello evitar o por lo menos ganar tiempo para que otras demandas de amparo sean resueltas en contra de Televisa: que no acudiera uno de sus comisionados, Ernesto Gil Elorduy.

Efectivamente, José Luis Peralta y Gil Elorduy no acudieron a la cita del viernes; el segundo no se excusó pero el primero envió un oficio en donde recordó que desde el 14 de diciembre de 2009 se había manifestado en contra de las bases de la licitación --que claramente beneficiaban a Televisa y sacaban de la subasta a cualquier otro concursante--, por lo cual determinó no acudir a la sesión de este viernes 13 para no avalar con su presencia la parte última del proceso.

Y aunque Gil Elorduy no se justificó, todos saben que fue la pieza que el PRI colocó cuando se conformó la nueva Cofetel.

Como se recordará, luego de la aprobación de la llamada ley Televisa en 2006, a los partidos políticos se les dio como premio un lugar en la Cofetel, y al PAN le tocó Héctor Osuna Jaime, quien fungiría durante los siguientes cuatro años como presidente, y al PRI, Gil Elorduy.

Con la renuncia de Osuna a la Cofetel, ésta quedó acéfala; el momento fue aprovechado por Calderón y Molinar, quienes colocaron a Mony de Swaan como comisionado, y entonces el Ejecutivo federal lo nombró presidente de Cofetel, así, el PAN tenía ya dos asientos de los cinco que la conforman.

El tercer comisionado afín al gobierno es Rafael del Villar Alrich, quien se había desempeñado en el área jurídica y, al ser nombrado comisionado, es hoy considerado también como la tercera pieza del gobierno federal y el panismo en Cofetel.

Calderón nunca se sintió cómodo con Héctor Osuna, de hecho había sido una posición heredada por su antecesor, Vicente Fox, por esta misma razón en dos ocasiones le llegó a pedir su separación, pero este panista se sostuvo y se negó a renunciar.

Sin embargo, el pleito de las grabaciones del entonces titular de la SCT, Luis Téllez, que salieron a la luz pública el año pasado y en donde se acusaba a Osuna de haberlas filtrado, fue el pretexto perfecto para que éste saliera de Cofetel. Así fue y con ello el PAN se quedó con tres espacios.

Aunque la Cofetel está conformada por cinco comisionados, de los cuales tres son del gobierno, uno del PRI y el quinto cercano a Carlos Slim, el pasado viernes la comisión tuvo el quórum suficiente, al contar con los tres comisionados panistas, para llevar a cabo la conclusión de la licitación en beneficio para Televisa.

A sabiendas de que la ausencia de Elorduy y Peralta resulta vital, aunque legalmente no necesaria pues se contó con el quórum suficiente, el gobierno calderonista determinó no llevar a cabo la sesión.

¿Cuál fue el motivo?, pues que el PRI ha hecho tanto ruido en el último mes, tanto en contra de Molinar Horcasitas como en contra de la licitación, que al gobierno de Calderón no le quedó de otra que ordenar la no realización del encuentro.

Sin embargo todavía tiene cuatro días de plazo para realizar la reunión y entregar a Televisa-Nextel el especto de 30 megahertz por tan sólo 180 millones de pesos contra los 5 mil millones que desembolsaron los otros competidores por el mismo número de megahertz.

Este plazo resultará clave para que el PRI pueda llevar a cabo sus negociaciones y, como siempre, ante la debilidad y el no saber cómo hacer bien las cosas de parte del gobierno federal, los priistas podrán sacar raja de todo este conflicto, que no sólo afecta a la otra televisora o a los otros competidores que quedaron fuera, sino a toda la población, ya que la concentración de los medios de comunicación en pocas empresas, o el uso de los espectros radioeléctricos, implican una verdadera limitación a la libertad de expresión y, por lo mismo, es también un ataque contra la población en general, quien tiene pocas opciones para informarse de lo que verdaderamente ocurre en un país.

Lo que el PRI podrá negociar o hasta dónde es capaz de llegar el gobierno calderonista a favor de los dueños del dinero en México lo veremos en los próximos días. Aunque, sin duda, gran parte de la población sabe cuál camino seguirá: el pago de facturas.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

Periodistas: "ni una muerte más"

La marcha del sábado 7 de agosto.

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 12 de agosto (apro).- ¿Era una ocurrencia o simplemente la manifestación del hartazgo? A través de las redes sociales Facebook y Twitter tres mujeres periodistas, de medios tradicionales, pusieron en juego una vieja consigna: periodistas llaman a periodistas, sin mediación alguna.

Ellas, seguramente indignadas por el secuestro de cuatro periodistas en Gómez Palacio, Durango, el 26 de julio, se dijeron a sí mismas ¡basta!; y lanzaron en libertad la convocatoria a una protesta de oficiantes de la noticia que siempre atestiguan y son escribientes de los hechos.

No. Ahora se trató de encarnar a quienes cegaron su voz y su oficio, que no protagonizan ni reciben solidaridades directas, que ya no podrán nunca más hablar y exigir que aparezcan quienes desaparecieron inexplicablemente o basta a las agresiones y amenazas cotidianas. Quienes no podrán documentar la impunidad.

Las consignas: “Ni uno más” “Ni una más” “Por tu derecho a saber y mí derecho a informar”; “Alto a la impunidad” y “No más agresiones contra periodistas”.

Una convocatoria lanzada en las redes sociales caminó por todas las rutas de la red y llegó a las mesas de redacción, a los correos personales, a las ventanas del twitter. En una semana hubo 823 postes del espacio twitter. Así, cada colega convocó a más colegas. Nadie preguntó quién encabezaba. La llamada era entre pares. Montones de amistades llamaron y se dieron cita, difundieron y convocaron.

La bola de nieve creció, se diría en una respuesta espontánea en defensa de la libertad de informar para asegurar el derecho a recibir esa información, como ese pueblo que soñó un día Rosa Luxemburgo. Y funcionó. La imagen se tomó de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, con la que se construyeron mantas y algunos carteles.

La convocatoria se fue a las redes gremiales del mundo, a todo el país, a pueblos y comunidades. La indignación dejó de manifestarse en el anonimato. En 96 horas fueron rebasados los membretes y las acciones preocupadas.

Había una certeza común: hacer periodismo en México es peligroso, y pone en riesgo la integridad y la vida: 67 homicidios en 10 años; 11 desapariciones inexplicables y no documentadas. Tres casos investigados en la década solamente; 10 homicidios de periodistas en los primeros 7 meses de 2010.

Muchas palabras y dolores, gestiones en el aire, documentos sin respuesta, cero acciones, cero investigaciones y nada de rendición de cuentas. Resultado: impunidad total, expedientes sin solución, discursos y estadística útil pero ninguna solución concreta. Declaraciones y escritos. Vocerías múltiples, periodistas a la sombra y voces silenciadas. Lo peor: autocensura por miedo.

La propuesta fue sencilla: Decir qué pasa y qué sentimos en silencio: no mesas de negociación, no diálogo con la autoridad. Una solicitud: que hagan su trabajo, que investiguen y solucionen; que cumplan el protocolo internacional que obliga a dar protección al oficio periodístico.

Muy pronto la estadística oficial y no oficial, se desvaneció. La protesta se encarnó, acudieron miles de periodistas de todos los medios de prensa escrita, radio, televisión, agencias de noticias nacionales y extranjeras, diarios virtuales, noticiarios de radio y televisión, oficinas de comunicación social, integrantes de las mesas de redacción, sindicalistas, obreras y obreros de la tecla, trabajadores y trabajadoras de las empresas más antiguas, columnistas y opinadores, quienes hacen las fotografías del día, expertos en la documentación multimedia, tecladistas de las últimas cuatro décadas.

¿Las presencias? De 18 a 70 años; ¿Los orígenes? De todas las posturas ideológicas; ¿Los antecedentes? Con filiaciones y compromisos sociales y sin ellos. Era el gremio, que en México, ha vivido eternamente dividido.

La marcha comenzó a las 12 horas, en el emblemático Monumento a la Independencia, en apenas 70 minutos la escalinata del Ángel de la Independencia, como se le conoce, en la cintura media de la amplia avenida Reforma --semejante a Les Champú Hélices, de Francia-- que va del Bosque de Chapultepec a Tlatelolco, rumbo al antiguo Palacio de Cobián, donde se ubica el gobierno interno.

Había colegas que se sintieron con invitación para asistir, de todos los medios del Distrito Federal y de medios locales de cinco entidades de la República, sin mediación alguna, ni protagonismo. Nadie ya podía representar o hablar por nosotras, pensaron las promotoras de tal cuestión, entre ellas las colegas Daniela Pastrana, Elia Baltazar y Marcela Turati, sorprendidas por lo que se escenificaba, una protesta propia que no sucedió en décadas.

Era insólito. Los escenarios en la calle eran de película: muchas y muchos se sentían extraños, lo normal es ir a reportear las manifestaciones de la sociedad y los sindicatos, pero nunca habían estado tantos y tan distintos en una sola fila, por su propia vida.

Hubo encuentros inusuales, abrazos, saludos, reconocimientos. Las cabezas canas se cruzaban con las negras o rubias apenas salidas de la adolescencia; los tripiés de cámaras de cine compartían, sin apretujarse, con las cámaras en mano; los micrófonos pedían permiso, entrevistaban a quienes normalmente hacen las entrevistas. Había quienes jamás pensaron en sostener un cartel de protesta, ni habían pronunciado una consigna o se habían cuestionado sobre sus derechos en colectivo.

En sus manos y en marcha con silencio acordado, sin aspavientos, se levantaron las fotografías y los significados de cuerpos asesinados de colegas; de quienes se buscan por su desaparición; en sus corazones las miles de denuncias de atropellos se agolpaban, se recordaron las injurias, los maltratos, las amenazas, las humillaciones, los abusos sexuales, como el que sufrió Verónica Alfonso, de Quintana Roo; los secuestros en la montaña, que sufren quienes no tienen la tribuna ni funcionan para la política de denuncia y protección. Las y los olvidados a quienes se silencia sin protesta.

Eran las y los mensajeros del diario acontecer, unidos en una tarde soleada, alegres y en actitud reflexiva, con el alma indignada. Sabiendo que no querían ni mesa de negociación con la autoridad que desprecia el horror en que vive alguien que va a cubrir una nota y arriesga su libertad y su vida, con frecuencia sin conciencia.

Estaban de pronto, asombrados en una sola voz, escribientes de los últimos 43 años, desde que el Ejército cegó a los estudiantes en Tlatelolco, que hablaban en público contra la violencia desatada en un país que recuerda en su piel al millón de muertes por la Revolución Mexicana; escribientes de las promesas y los discursos oficiales; de las narraciones de la desigualdad y la injusticia: periodistas que se la juegan, sin asumirse militantes, que sólo atestiguan hechos y hacen preguntas para la nota del día, para el reportaje, para contar alguna historia.

Ellas y ellos, al fin dando la cara. Y la dieron en al menos 18 ciudades del país simultáneamente: estuvieron protestando, igual, en Tijuana, San Diego, Chihuahua y Ciudad Juárez; en Hidalgo, en Guanajuato, en Durango, en Hermosillo, en Nuevo León, en el Estado de México, en Veracruz , en Michoacán, en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, en Morelos, en Guerrero, en Nayarit y Sinaloa.

De eso se trató la marcha contra la impunidad por los crímenes contra el gremio periodístico, en el país señalado por quienes observan, cuentan y suman, como el primero en América Latina por las cifras del deceso, el desamparo, la persecución, la tortura y la amenaza. No sólo por la inseguridad y el miedo. La mayoría de las denuncias son por atropellos de la autoridad; de las muertes no se sabe, porque no hay investigación; es imposible ubicar si se trata de asesinos del crimen organizado, del Ejército, las policías o el cacicazgo local o nacional. Nadie da cuenta de ello.

Ahora la voz era única: “Ni uno más”, “Ni una más”, era un coro interminable durante el mitin en el que concluyó la marcha.

Quienes participaron en el Distrito Federal, capital de la República, y otras 18 ciudades, dejaron simbólicamente en el piso libretas, bolígrafos, cámaras y micrófonos, como señal de protesta porque no hay seguridades para su trabajo. Nadie parece estar exento. Ni esa mayoría femenina que sale a buscar la noticia, ni esos jefes, hombres de puestos medios, ni esas jefas de redacción o de suplementos o páginas especiales. Es el gremio en peligro, no importa el medio, ni si nos conocemos o nos amamos.

No apareció figura emblemática o simbólica, protestante o en condición heroica. No estuvieron, no acompañaron a las y los periodistas, autodenominados, “de a pie”; sin financiamientos ni honores, En cambio aparecieron 67 nombres, 67 biografías, 67 voces acalladas. Se recordaron las 11 desapariciones; se habló de viudas, madres, hermanos y hermanas, colegas, gente dolida, sin amparo. Eran los que movieron el alma y la inteligencia a esas reporteras cansadas de oír discursos y solidaridades, para poner ahí, las fotografías, al estilo de las madres de Plaza de Mayo, para que las autoridades, simplemente, hagan su trabajo.

El 7 de agosto, aniversario 36 de la muerte de la escritora mexicana Rosario Castellanos, colegas se lanzaron a la calle, sin mediaciones, sin vocerías externas: ellas y ellos, trabajadores de la noticia de al menos cuatro generaciones tuvieron esa cita insólita. Cientos de otras y otros compañeros anunciaron la movilización en México y en el mundo. Les escribieron y contaron lo que hicieron. Sin miedo a no tener pertenencia. En le twitter nadie preguntó si alguien con liderazgo hizo la cita. Simplemente se reunieron y marcharon, con el convencimiento de que les va la razón y se necesita justicia.

Fue un no a la violencia desatada de quienes, sin protección, en riesgo latente, quieren trabajar en paz, a pesar de vivir en un país donde en cuatro años han sido ejecutadas más de 27 mil personas; donde se cruzan los fuegos de la guerra que anunció en diciembre de 2006 Felipe Calderón desde su púlpito presidencial. Quienes informan y hacen o buscan hacer efectivo el derecho de la población mexicana a ser informada, puntual, profesional y ampliamente.

La marcha de 95% profesionales del periodismo y la comunicación, tuvo solidaridades de un grupo de campesinos con camisetas negras cuyo contingente se colocó al final de la formación, de algunas organizaciones no gubernamentales y de muy pocas feministas.

A la una de la tarde llegaron a su destino. La Secretaría de Gobernación para dejar mantas, fotografías teñidas de rojo en el suelo, silencios reprobatorios de la impunidad. Desde adentro, dos subsecretarios, entre ellos Roberto Gil Zuarth, de Gobierno, solicitaban una comisión para dialogar. La respuesta fue seca: ¿Dialogar? ¿Qué hay que dialogar? No. Que hagan su trabajo, que recojan la manta con demandas; que los diputados hagan su trabajo; que las comisiones oficiales hagan lo propio, que se ocupen, que investiguen, que den resultados, que resuelvan. Nada de eso se resuelve en una mesa de negociación, o de diálogo, que dialoguen quienes piensan que el diálogo es solución.

Hoy los instrumentos de la tecnología de la comunicación, las redes, las redes sociales, la confianza, de periodistas entre periodistas, hicieron lo suyo. ¿La solución? ¿Quién la sabe? Simplemente “los queremos vivos”; “deseamos garantías para trabajar, para informar, para hacer posible lo que dice la Constitución de la República. No se anunció liderazgo alguno.

En cambio la noticia corrió como pólvora por el mundo, las agencias internacionales reportaron; las televisoras de oriente y occidente fotografiaron y filmaron, tomaron nota. El gremio periodístico habló. A la mañana siguiente hubo reportes periodísticos “permitidos por los editores” de todas las facturas y tamaños.

Supervía Poniente: el negocio de Marcelo Ebrard

Porqué NO a la supervía poniente de Marcelo Ebrard el negocio detrás

http://www.youtube.com/watch?v=vmh2lD9RMJw

El gobierno de Marcelo Ebrard se apresta a resolver el "problema" de los corporativos y las residencias de lujo de Santa Fe: la carencia de vialidades y espacio para expandirse. Para ello, el "precandidato" a la Presidencia de la República ha determinado construir una Supervía en suelo de conservación ecológica y desplazar a un número indeterminado de familias de estratos populares y medios. Una de las empresas beneficiadas con los contratos, Copri, es encabezada por el propio presidente de colonos de Santa Fe, Sergio Haua. Comienza la especulación inmobiliaria

http://contralinea.info/archivo/2010/...

Elva Mendoza / Edgar Guzmán / Cuarta parte y última

Los edificios de Grupo Copri --dedicado a la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios dentro de las barrancas y cañadas de Santa Fe y cuyo eslogan es "El placer de vivir... inmerso en la naturaleza"-- se ubican al Sur Poniente de la ciudad y cuentan con pentgardens o penthouses de lujo, con mármol egipcio y vista a la zona boscosa de la cañada Atzoyapan.

http://contralinea.info/archivo/2010/...

Ubicación de la Supervía Poniente en la traza urbana y las barrancas

Desde los ventanales de las edificaciones Residencial Mirador, Tres Torres Secoyas, Tres Cumbres, Edificio Basalto, Edificio Granito, Edificio Dos Vistas y el desarrollo Cumbres de Santa Fe, todas propiedad de Copri, se pueden ver los corporativos empresariales, centros comerciales, universidades privadas y hospitales: "La mejor zona de México", declaraba a la revista Real Estate. Market and Lifestyle, en 2005, el director comercial de la inmobiliaria Santa Fe Cuatro 55, Óscar Barbero.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) reconoce que, al 9 de julio de 2010, se han presentado 116 denuncias ciudadanas por edificaciones en suelo de conservación, barrancas y bosques que brindan servicios ecosistémicos a la ciudad, sólo en la delegación Cuajimalpa. También informa que apenas a 18 casos se les da "seguimiento".

Al respecto, el diario Reforma (5 de marzo de 2010) publicó que el acelerado proceso de urbanización en esa zona se debe a la corrupción de funcionarios que expidieron permisos para desarrollar conjuntos inmobiliarios.

http://contralinea.info/archivo/2010/... que le hace falta a Santa Fe, para ser un lugar ideal para vivir, es resolver el problema vial. Existe una serie de obras viales que, por desgracia, están detenidas, que no han permitido que se consolide Santa Fe como lo que debería ser... una ciudad modelo", declaraba Guillermo Ordorica, de Grupo Loma, en 2005 a Real Estate, publicación especializada en bienes inmuebles. Los empresarios más acaudalados del país, con intereses en Santa Fe, arreciaban las presiones al gobierno de la ciudad.

A razón del "rezago en las vías de comunicación en la zona Sur Poniente de la ciudad de México", el Gobierno del Distrito Federal (GDF) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 22 de marzo del año en curso, su determinación de construir y poner en funcionamiento una "Vía de Comunicación Urbana de Peaje" al Sur Poniente de la ciudad. La supuesta justificación, "utilidad pública".

La obra fue concesionada a Controladora Vía Rápida Poetas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI de CV). La empresa fue constituida específicamente para el uso, aprovechamiento, explotación y administración de la vialidad, cuyo tendido conectaría Santa Fe --la zona más pudiente de la ciudad donde Grupo Copri desarrolla gran parte de sus proyectos inmobiliarios (siete residenciales y uno comercial dentro de barrancas y cañadas)-- con Periférico.

Leer Artículo Completo http://bit.ly/aDPNxy

Guanajuato: ¿haremos fiesta en la cárcel?

¡HAGAMOS ALGO POR LAS MUJERES PRESAS EN GUANAJUATO!

¡Ciberactivismo por las mujeres de Guanajuato! Protesta virtual para exigir:...¡Libertad inmediata de las mujeres presas!

DAR CLICK AL RECUADRO O AQUI PARA ENVIAR CARTA DE PROTESTA

Desfiladero

JaimeAvilés

Son datos de la Secretaría de Salud (Ssa): cada seis horas ocurre en México una muerte materna, léase, el fallecimiento de una mujer embarazada en cualquier etapa de la gestación, o durante el parto, o hasta 42 días después de dar a luz. Esto significa mil 760 defunciones de esta índole por la causa que sea. En 2008, por cada 100 mil nacimientos, perecieron 56 mujeres, mientras en Canadá perdían la vida siete.

Aparte de la miseria, la desnutrición y la falta de atención en salud reproductiva, uno de los factores principales de la muerte materna es el elevado número de cesáreas que se practican en el país. ¿Por qué? Porque en vez de esperar a que el cuello del útero se dilate por completo y el bebé sea expulsado por la vía natural, los médicos despachan a las parturientas del modo más rápido posible, ante el déficit de camas y cunas que hay en los hospitales públicos. Por desgracia, cuando se trata de campesinas, o de mujeres urbanas que viven en condiciones de grave insalubridad, a veces la herida se infecta y provoca el deceso.

Por razones similares, en enero de 2009, México tenía un promedio de 18.5 niños muertos por cada 100 que nacían vivos, lo que según el Indice Mundial de la CIA (está en Internet: CIA World Factbook), nos situaba en el lugar 112 de una tabla de 221 países, de los cuales el campeón era Angola, con 180 niños muertos por cada mil nacidos vivos, y le seguían Sierra Leona con 154 y Afganistán con 151.

En América, los países con tasa de mortalidad infantil más alta que la nuestra el año pasado eran: Haití, con 59 por cada mil; Bolivia, 44; Perú, 29; Guatemala, 27; Nicaragua, 25; Paraguay y Honduras, 24; Brasil, 22; Venezuela y El Salvador, 21; Ecuador, 20, y Colombia, 18.9, sólo cuatro décimas arriba de nosotros, mientras por debajo se ubicaban Panamá con 12.6, Argentina, 11.4; Uruguay, 11.3; Costa Rica, 8.7; Puerto Rico, 8.4; Chile, 7.1; Estados Unidos, 6.2; Cuba, 5.8, y Canadá, 5.

Resumiendo: en 2008, por cada 100 mil nacimientos, en Canadá murieron 7 mujeres y en México 56, y de cada mil niños nacidos vivos, en Canadá fallecieron 5 y aquí 18. ¿A qué viene esto? Durante la Cumbre del Milenio, que en septiembre de 2000 reunió en la ONU a gobernantes de 189 países, éstos se comprometieron a lograr ocho objetivos en materia de desarrollo antes de 2015.

Las metas del milenio, como se les conoce, son: 1, erradicar la pobreza extrema; 2, educación primaria universal; 3, promover la igualdad de hombres y mujeres; 4, reducir la mortalidad infantil; 5, mejorar la salud materna; 6, combatir el sida y otras pandemias; 7, asegurar la sustentabilidad del medio ambiente; y 8, desarrollar asociaciones globales.

Alguien –dicen por ahí– que se ha tomado muy en serio estos compromisos dentro de la sanguinaria caricatura llamada gobierno de Felipe Calderón, es el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, médico originario de Guanajuato, estado en donde ahora mismo hay seis mujeres presas, y sentenciadas a más de 25 años de cárcel, acusadas de homicidio por el delito de abortar. Pero Guanajuato tiene uno de los más altos índices del país en muerte materna y mortalidad infantil, entre otras razones, porque las cesáreas en los hospitales públicos de la entidad aumentaron 34 por ciento, entre 2000 y 2005, explica la doctora María Ethel Rivera Torres, especialista de la Ssa.

¿Cuál es una de las razones principales de que en México haya tantas muertes de madres y niños, y tantos abortos, espontáneos o no? Obvio: los embarazos no deseados. Para la Ssa, en México los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 16 años de edad, y, según estadísticas de esa dependencia, en 2006 de cada 100 embarazos registrados, 21 fueron de menores de 20 años. De las seis mujeres presas por abortar en Guanajuato, cinco tenían 18 años cuando quedaron encintas.

Para Marco Antonio Olaya, director de Planificación Familiar del Centro de Equidad y Género de la Ssa, el riesgo de muerte en adolescentes embarazadas es 1.2 veces mayor que en las adultas, además, de 30 a 60 por ciento de los embarazos no deseados terminan en abortos inducidos, y las adolescentes representan 3.17 por ciento de las muertes maternas en el país. Para enfrentar este problema, Uruguay inventó en 2003 el Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Deseado”. Ecuador y Costa Rica lo adoptaron en 2007, Venezuela en 2009. ¿Y México?

Para alcanzar las metas del milenio, al menos las tocantes a la salud (igualdad de hombres y mujeres; reducir mortalidad infantil y muertes maternas, y combatir el sida), debemos, primero, bajar drásticamente el número de embarazos no deseados, proporcionando educación sexual libre, universal y científica a todos los jóvenes desde los 12 años de edad. La cámara Phantom de Televisa ayudaría mucho al respecto

Segundo, disminuir la tasa de cesáreas, fomentando la capacitación de parteras, que amplíen y mejoren los servicios de los hospitales públicos. Tercero, derogar las leyes que criminalizan el aborto en 17 estados de la República e integrar una lista de todas las mujeres que hoy están presas o sujetas a proceso penal por abortar fuera de Guanajuato. Y cuatro, seguir luchando hasta obtener la libertad, cada vez más cercana, de María Araceli Camargo Juárez, Yolanda Martínez Montoya, Ofelia Frías, Ana Rosa Padrón, Susana Dueñas y Liliana Moreno, condenadas por el Yunque a permanecer tras las rejas hasta algún día de 2035, por la mañana o por la tarde.

¿Cómo va el muy guanajuatense doctor Córdova Villalobos a promover la igualdad de hombres y mujeres, si Araceli, Yolanda, Ofelia, Ana Rosa, Susana y Liliana están presas por ser mujeres, por ser pobres, por no haber contado jamás con asesoría médica y carecer de defensores legales?

Ante la monstruosa naturaleza de este asunto, que La Jornada viene denunciando hace más de un año con sus editores, sus reporteros, sus dibujantes, sus analistas y, sobretodo, con su inmenso y combativo público, las muestras de solidaridad para con las jóvenes campesinas son cada vez más grandes –por ejemplo, los mayores cineastas mexicanos externaron anteayer su indignada protesta; hombres y mujeres escriben a diario para ofrecer dinero, imprimir volantes y camisetas o hacer pintas callejeras; el Desfiladero del sábado pasado fue traducido por lectores amigos al inglés, italiano y alemán, y pronto estará disponible en francés y holandés, pero urgen voluntarios que lo trasvasen al japonés, para que la canallada sea conocida también en Asia–, y siguen llegando propuestas y más propuestas para acelerar la liberación de las seis muchachas inocentes e impedir que caigan otras.

De todas las iniciativas recibidas, destacan algunas como estas: que Eduardo Galeano, Silvio Rodríguez y Manu Chao escriban al gobierno de Guanajuato para exigir la inmediata excarcelación de las seis; que Daniel Giménez-Cacho, Gael García, Diego Luna, Damián Alcázar, Bruno Bichir y Jorge Zárate adopten cada quien a una y la visite en el Cereso de Puentecillas, o en el de Valle de Santiago, donde se encuentra Liliana Moreno, para decirle que no está sola; que músicos, poetas y creadores plásticos y escénicos participen en un festival artístico, organizado por la sociedad civil, el domingo 26 de septiembre dentro de Puentecillas, para proclamar el Día de la Prevención del Embarazo no Deseado, que también se celebrará en otros países latinoamericanos.

Y por lo pronto, quienes deseen comunicarse con el gobernador Oliva Ramírez para felicitarlo por su trabajo o ayudarlo a salir de este problema, que no dejará de crecer en sus manos a medida que se acerque el arribo a Guanajuato de todos los presidentes que acompañarán a Calderón a la pachanga del bicentenario, ya está a su alcance la página www.tupuedessalvartuvida.org, creada en honor de las presas por aborto, que según el Yunque no existen.

jamastu@gmail.com

Canal Once: truculencia

Manuel Bartlett

Escucha al autor AQUI.

El Canal 11, XEIPN, del Politécnico, fue secuestrado por el Presidente mediante Gobernación para fines ajenos a los asignados por su Ley Orgánica. Avance en la utilización de las televisoras para manipulación.

El Art. 32 de la Ley Orgánica estipula que el Canal tiene como “función sustancial (...) difundir y defender la cultura nacional, la historia, la tradición, las costumbres y nuestra idiosincrasia respecto del extranjero”. El Reglamento asigna actividades precisas: educación, elevación del nivel cultural de la población, difusión de valores culturales, científicos, humanísticos y sociales. Canal Once es por sus fines estratégico para México.

Su conversión en instrumento político del Ejecutivo ha sido truculenta. Inicia con la desnaturalización de su programación. El secretario de Educación nombra al director del Canal, fiel a los intereses del Ejecutivo, y ha deformado sus objetivos, convirtiéndolo en caricatura de Televisa. Su página de internet exhibe la programación de series extranjeras, frivolidades, carencia de cultura, valores científicos y de “nuestra idiosincrasia”.

El director obligado a apoyarse en un Consejo Asesor que no integran, debe presentar al director de IPN la programación apegada a “los modelos educativos y de integración social”, por tanto los directores del Instituto son responsables de la degradación programática. Eliminan el logo del IPN, cambian el nombre, y la mitad de su promoción son apoyos al presidente Calderón. Desnaturalizada la programación, puede ya ser utilizada para fines políticos, comerciales, privados.

El segundo paso del despojo es la firma de un convenio del IPN y un singular organismo de Gobernación, denominado Promotor de Medios Audiovisuales. El Politécnico compromete: poner a disposición del OPMA toda su programación para retransmitirla en frecuencias de cobertura propiedad de OPMA; a entregar la programación “en tiempo y forma”, enviar mensualmente la programación. OPMA se apodera gratuitamente de la programación del Canal, talento, capacidad técnica, intelectual, para retransmitirla conforme a fines ajenos al IPN. Casualmente, el presupuesto raquítico del Canal se duplica, recibe una asignación de 466 millones de pesos que usufructuara OPMA de Gobernación.

OPMA, creado para generar y distribuir contenidos audiovisuales, informar sobre acciones gubernamentales, cuenta con permisos recientes para operar estaciones de televisión de interés público. El convenio le da instrumentos de control y omite los objetivos sustanciales educativos del Canal.

El despojo culmina en una ceremonia de “Ampliación de la cobertura de Once TV México”, evento de claudicaciones y mentiras. Calderón anuncia: el Canal amplía su cobertura, pasa de 28% de telespectadores a 45%; se fortalece “no sólo al Canal Once, sino a la televisión pública”. México necesita televisión del conocimiento, producciones de Estado, televisión científica y tecnológica, para eso, “se fortalece al Politécnico y su Canal al pasar de una televisión que no es sólo del Politécnico sino de México”, “televisión de Estado”.

Mentira, no fortalece al Canal, la ampliación de cobertura se da en estaciones de Gobernación, no se las concesionan al Politécnico. Calderón le cambia de nombre: Once TV México, no del IPN, le llama televisión de Estado siendo de un organismo educativo y cultural, cuyos fines se pierden; pierde México.

La directora del IPN agradece el honor de tener al imaginativo Presidente: la televisión es para formar individuos reflexivos, la programación del Once “es para todos”. Enciendan y comprueben. Comprobamos la ausencia cultural. Presume: “portamos en el pecho el escudo del Poli y en la espalda el del Canal Once” aunque el escudo del Canal ya no tenga el escudo del Poli.

Hasta dónde llegará el Presidente atropellando leyes e instituciones. Repudia la televisión pública, venera a la privada que ya está a la expectativa, algo les habrá prometido para tranquilizarlos so pena de recibir nuevos regaños de Televisa.

mbartlett_diaz@hotmail.com

Ex secretario de Estado

Manipulación mediática

Sique

Desde hace unas semanas he venido señalando que la guerra sucia contra AMLO está tomando fuerza por obvias razones. López Obrador ha demostrado que sigue teniendo la confianza popular a pesar de todas las técnicas comunicacionales diseñadas en su contra.

También señalé que la línea que ahora se observa con mayor claridad es de ampliar la matriz de opinión de que está "loco". Cuando esto no se dice abiertamente de todas formas lo expresan subliminalmente por lo tanto hay que estar alerta y darlo a conocer para que no influya en las mentes de quienes nos rodean:

En el programa de radio Hoy por Hoy de León Krauze, y a raíz de las reflexiones de Fidel Castro en las que certifica lo que ya todos sabemos respecto al complot, un individuo Ariel no se qué llama para dar su "análisis" de ese hecho y después de decir una bola de pendejadas en las que no vale la pena detenerse y sin que medie pausa, se inicia un fragmento de dicho programa llamado "Historias perdidas" en el que se habla de Charles Manson. El hecho es que, como expliqué, enseguida de hablar de Castro y AMLO entra una voz que dice Historias Perdidas de un "loco asesino" y ya más adelante se menciona a Charles Manson.

Bien, se trata de una propaganda subliminal por contigüidad, si estás hablando de un tema y asocias otro, en la mente del escucha ambas cosas quedan asociadas a nivel inconsciente. Por ello, de pronto la gente comienza a decir que AMLO está "loco", cosa que siente como una certeza porque fue introducida a nivel inconsciente y las personas, aunque no saben de dónde provino semejante información están convencidas de ello.

Sucede lo mismo con las imágenes, si uno ve la fotografía de AMLO y luego junto se publica una noticia de algún delincuente, las personas que lo ven lo asocian a nivel inconsciente.

Favor de alertar a la gente y difundir estos conocimientos.