La querella ante la PGR se presentó por abusos cometidos: Rosario Ibarra
Es un acto fuera de derecho, pues no se acreditó delito alguno, dice la senadora
Los golpearon y robaron sus documentos, afirma la Limeddh, que interpuso un amparo
GEORGINA SALDIERNA, OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Rosario Ibarra de Piedra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presentó ayer ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia en contra del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, por la detención de cuatro ciudadanos españoles en la ciudad de Oaxaca.
Se trata de Laia Serra Perelló, Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell y Ariadna Nieto Espiné, quienes tras ser detenidos y sufrir agresiones físicas y sexuales por parte de elementos policiacos, fueron remitidos a la estación migratoria de Iztapalapa, donde se encuentran desde el 6 de agosto con la amenaza de ser deportados.
Según la denuncia presentada, durante la detención y el traslado de los cuatro españoles a la ciudad de México se les robó dinero, sus pasaportes y las formas migratorias con las que podrían demostrar su legal estancia en el país.
En vista de que llevan más de cuatro días privados de su libertad sin que las autoridades hayan verificado su calidad migratoria, el documento considera que los funcionarios citados han incurrido en omisiones en sus funciones, con lo que habrían cometido el delito de ejercicio indebido del servicio público.
La senadora Rosario Ibarra de Piedra consideró que la detención de estas cuatro personas que entraron a México con sus documentos en regla es una grosería, una injusticia y un acto fuera de derecho.
La legisladora defendió la inocencia de los detenidos y lamentó su detención por policías estatales mientras paseaban, sin que hubiera razón para ello.
De hecho, la denuncia establece que los extranjeros se encuentran privados ilegalmente de su libertad, pues no existe orden de aprehensión que así lo mandate; no fueron detenidos en la comisión de algún delito ni tampoco han infringido de modo alguno la normatividad respectiva de migración, hecho que podría ser corroborado por la propia autoridad migratoria o con el requerimiento de la información respectiva al consulado o embajada de España.
De los cuatro, Laia Serra es abogada e integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), una ONG que en diciembre pasado visitó Oaxaca y elaboró un informe sobre los abusos cometidos en el estado durante el conflicto magisterial del año pasado.
La captura e incomunicación son ilegales: ONG
En tanto, en Oaxaca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) calificó como ilegal la detención de cuatro ciudadanos españoles y un mexicano el domingo en el centro histórico de esa ciudad, porque la policía local nunca pudo acreditar la comisión de un delito.
"Esta es otra ilegalidad de la policía", afirmó el abogado de la filial Oaxaca de la Limeddh, Isaac Torres Carmona, en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado de José Damián Reséndiz Saucedo, uno de los detenidos.
Sin embargo, el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca, Sergio Segreste Ríos, argumentó que el arresto del mexicano y los cuatro españoles "fue por escandalizar en la vía pública".
"Por eso, el mexicano pagó su fianza y pudo salir; los españoles no, porque no pudieron justificar su estancia legal en el país", afirmó.
Además rechazó que la policía haya vejado o violado los derechos humanos de los detenidos. "Seguramente van a decir que los violamos o ultrajamos, pero no fue así; nada más los detuvimos y los pusimos a disposición del juez calificador por escandalizar en vía pública", dijo.
El domingo José Damián Reséndiz Saucedo, junto con los españoles Ramón Sesén Marquina, Nuria Morelló Calafell, Ariadna Nieto Espiné y Laia Serra Perelló fueron aprehendidos frente al mercado Cuarto Centenario, a unas cinco calles del zócalo de la ciudad.
Según el abogado de la Limeddh, la policía local acusó al mexicano y a los españoles de "faltas administrativas" para poder justificar la ilegalidad cometida, porque "a pesar de sus intentos, nunca pudieron acreditar la existencia de un delito".
Torres Carmona denunció que los detenidos fueron golpeados por policías uniformados y vestidos de civil, e incomunicados.
Subrayó que la policía local robó sus pertenencias y despojó de sus documentos a los españoles para poder presentarlos al INM por supuestamente no poder comprobar su estancia legal en el país.
Ante esto, mencionó que la Limeddh interpuso un amparo por incomunicación en el juzgado primero de distrito en el estado.
Reséndiz Saucedo presentó por su parte una denuncia penal en el Ministerio Público del fuero común, por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo.
En un comunicado, la Caravana Alianza Rebelde Intergaláctica, organización civil a la que pertenece Reséndiz y que simpatiza con el movimiento zapatista, detalló que la detención de las cinco personas ocurrió después de participar en la presentación de videos de la resistencia y autonomía zapatista en el zócalo.
Y la Embajada de España, ¿qué está haciendo para proteger a los ciudadanos españoles que son maltratados por el gobierno mexicano?
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