Inclusión social y sentido de pertenencia

Miguel Concha

Frente a los altos índices de pobreza e indigencia que se dan en nuestra región, la extrema desigualdad que la caracteriza, y las diversas formas de discriminación y exclusión social que perviven en nuestra realidad, los jefes de Estado y de gobierno participantes en la 16 Cumbre Iberoamericana, realizada en Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de noviembre del año pasado, resolvieron que este año el tema de la 17 cumbre, que tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre en Chile, sea el de la cohesión social y el de las políticas sociales, para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica.

Para ello, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Secretaría General Iberoamericana encomendó a la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) la elaboración de un documento base que lleva por título Cohesión social, y como significativo subtítulo Integración y sentido de pertenencia en el subcontinente.

Para la Cepal, en efecto, la cohesión social se refiere tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social, como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman la sociedad. Entre los primeros se incluyen el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social; y entre los segundos la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y la disposición a participar en espacios de deliberación en proyectos colectivos.

La cohesión social se define entonces como la dialéctica entre los mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales, y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que ellos operan. Para reducir las brechas en materia de discriminación y exclusión, que comprometen la gobernabilidad, el orden social democrático y la solidez del Estado de derecho, y crear un sentido de pertenencia de los individuos a la sociedad, fundado en el goce efectivo de la ciudadanía y en una ética democrática, se requieren recursos y voluntad política, y por ello se propone la necesidad de sellar un pacto de cohesión social, acorde a las singularidades de cada país, que incluya los recursos económicos, políticos e institucionales para su viabilidad.

En dicho pacto deben preverse mecanismos para proteger a las partes más débiles, y entre otras cosas evitar también la imposición de obligaciones desproporcionadas y/o considerar formas específicas de consulta para validar las modificaciones contractuales, mediante el cumplimiento de requisitos procedimentales. Sobre todo deben participar y hacerse valer los intereses de los sectores que tradicionalmente han sido excluidos o marginados de los mecanismos de diálogo institucional, para lo cual se requiere trascender una noción de participación relacionada puramente con la delegación y representación de la democracia, en favor de canales múltiples de consulta, participación eficaz, diálogo y concertación social.

Entre las iniciativas de participación la Cepal menciona el derecho de iniciativa popular, para presentar leyes ante el Congreso; las audiencias públicas, como mecanismo previo a la toma de decisiones o a la aprobación de normas por parte de la administración y del Congreso; las distintas formas de consulta ciudadana, y los procedimientos de impugnación pública de propuestas de los poderes políticos. También formas de participación en la formulación y control de ejecución del presupuesto, como el Consejo Económico y Social, que en el contexto de la reforma del Estado, el "espacio tripartito", conformado por organizaciones obreras, campesinas y civiles, propone hoy en México para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales.

Para la Cepal el sentido de pertenencia social depende de muchos factores y se promueve desde diversas instancias. Una de ellas es la de la ciudadanía, que implica avanzar en la plena universalidad de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que requiere conjugar el estado de derecho, el respeto a las libertades, la representación política y el mayor acceso a oportunidades de bienestar, de uso productivo de capacidades y de protección social. Por ello es necesario avanzar en la implementación de políticas sociales cuyo efecto, inmediato o mediato, sea extender el acceso a la educación de calidad, al empleo y a otros activos por parte de los grupos más privados de éste, así como fortalecer la exigibilidad de los derechos humanos integrales, tanto por vía jurídica como administrativa.

Es igualmente indispensable garantizar de manera irrestricta, como primera forma de garantía social o extrainstitucional en la esfera de lo público, el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, sobre todo los que permiten criticar al gobierno, dirigirle reclamos, participar en la vida política y proponer alternativas políticas. Todo esto sin olvidar que las finanzas públicas deben vincularse con el objetivo de la cohesión social, y que por ello a partir de ciertas reglas, dentro de las cuales se compromete a actuar la autoridad fiscal, deben conciliarse el contrato de cohesión social y el pacto fiscal. No considero que el país esté marchando en esta dirección.