Gustavo Leal F.*
El 13 de junio el politólogo Juan Molinar Horcasitas, por empeño de Felipe Calderón actual director general del IMSS, arribó con pasos enérgicos a la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República en calidad de "par" del cuestionado Javier Lozano, un "experto" en comunicaciones que hoy ocupa la Secretaría del Trabajo.
Ambos habían sido citados para atender el espinoso asunto de la brutal "reforma" que Santiago Levy impuso a los labriegos (abril de 2005) y enfrentar, de paso, la demanda de los grandes exportadores agropecuarios que, reunidos en el mismo recinto, solicitaban se prorrogara por seis meses más el decreto de Vicente Fox que los exime del pago de las cuotas de sus trabajadores eventuales al IMSS.
Estuvieron presentes, además de organizaciones campesinas y sindicatos de jornaleros, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación de Organismos Agricultores del Norte del Estado de Sonora, la Unión Agrícola Regional de Productores de Hortalizas del Valle de Mexicali, las Asociaciones Agrícolas de Sinaloa, productores de café y plátano, y agroempresarios de Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Tabasco, entre otros.
En abril de 2005 Levy dejó a su suerte y casi sin protección social al 16 por ciento de los 4 millones 700 mil trabajadores del medio rural que sólo cuentan con su mano de obra para obtener un ingreso y que amparaba el IMSS.
Su "reforma" (adiciones a la Ley del Seguro Social para "ampliar la cobertura para los trabajadores del campo y sus familias") "acotó" la cobertura, para cubrir retiro, invalidez y riesgos de trabajo a aquellos jornaleros con ocupación de al menos 27 semanas al año con un mismo patrón y reconociendo el pago de cuotas a partir de la estacionalidad agrícola.
Simultáneamente sustituyó el subsidio que les otorgaba el instituto desde junio de 1998 y eliminó las guarderías, los apoyos monetarios para embarazadas, subrogó a los patrones los servicios médicos y les descontó 30 por ciento del salario para financiar su afiliación.
¿Cuál fue el "argumento"? Aduciendo que el IMSS no era solvente para mantener un subsidio que venció en junio de 2004 gracias a la fracasada reforma zedillista de 1995-1997, que reconoce a los trabajadores del campo como sujetos de pleno derecho al régimen obligatorio -al estar sujetos a una relación laboral- aunque la tecnocracia zedillista haya demorado tres años para hacerla efectiva, vía un decreto presidencial -con vigencia de seis años- y los dejara, finalmente, en el limbo más de seis meses.
Sólo dos años después el fracaso de la "reforma" Levy era más que patente. Fue entonces que los exportadores solicitaron a Lozano y Horcasitas que la Presidencia prorrogara el decreto por seis meses más de exención de pago de cuotas o cuotas mínimas porque "no vamos a poder cumplir con la ley, no estamos en condiciones de cumplir las cuotas al IMSS por los trabajadores eventuales, será un costo más".
El "experto" en comunicaciones Lozano procuró ser "tajante": no habrá más subsidios del gobierno para cubrir las cuotas de los patrones al IMSS de los trabajadores eventuales, "para quienes explotan a menores, no han mejorado las condiciones de vida de los jornaleros, no estén al corriente en sus aportaciones o incumplan con la ley". Y agregó: "la quinta parte de los jornaleros son niños que no van a la escuela. ¿Quién nos asegura que para diciembre habrán cambiado las cosas?"
El productor de plátano tabasqueño Adam Prats le espetó: "que el gobierno ponga 70 por ciento y nosotros cubrimos el 30 restante".
Mientras tanto, e intentando no rezagarse mucho, el politólogo Horcasitas -con gesticulaciones casi teatrales- aseveró que la Ley del IMSS "debe reformarse", porque "la forma en que está redactada" hace "nugatorios" los derechos de los trabajadores del campo, sin acabar de percatarse de que estaba enterrando el tecnocrático "diagnóstico" del invariablemente equívoco Levy. "Así como está la ley -pretendió matizar- nunca van a tener vivienda del Infonavit (sic). Hay que reformar la ley".
Y esto no es todo. A decir de la Central Campesina Independiente, el Fondo de Ahorro para Campesinos Mayores que opera por medio de la Afore XXI (Javier Beristáin Iturbide), a propuesta del gobierno federal para que los ejidatarios mayores de 65 años -el 31 por ciento- que hayan vendido la totalidad de sus derechos parcelarios y deseen ahorrar e invertir en una pensión digna, será del todo insuficiente. De hecho, los campesinos tendrán que vender sus terrenos si aspiran a una pensión vitalicia de mil 517 pesos, un salario mínimo. Hoy día, hasta 63 por ciento de los ejidatarios y comuneros supera los 50 años de edad.
Días después, el nombre de Javier Lozano rodaba asociado al oscuro personaje llamado Zhenli Ye Gon, y Molinar Horcasitas reconocía el naufragio del calderonista Programa de Primer Empleo, que ofreció "modificar", aunque simultáneamente pregonara que el IMSS "tiene sustento sólo para tres años" y -con su teatralidad característica- comunicara que "recibía con el mejor ánimo" el pliego petitorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para "negociar" el contrato colectivo de trabajo.
Y ello a pesar de que -cobrando un sueldo de entre 200 mil y 224 mil pesos mensuales- después de nueve meses, Molinar y su director de Prestaciones Médicas, Santiago Echevarría, siguen sin aportar un gramo de "inteligencia" institucional para enfrentar los problemas de fondo y mejorar efectivamente los servicios de salud de la institución "a su cargo".
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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