"Haiga sido como haiga sido" o el fin justifica los medios

Magdalena Gómez

Ulises Ruiz obtuvo una victoria pírrica con su carro completo el pasado 5 de agosto conseguido con el abstencionismo de 70 por ciento; sin embargo, estará regodeándose en la frase acuñada por su aliado Felipe Calderón cuando se le interrogó en un programa televisivo sobre las circunstancias de la elección de 2006: "como dicen en mi pueblo: 'haiga sido como haiga sido'". Lo que importa es hacerse del poder, el fin justifica los medios.

Lo cierto es que la situación en Oaxaca requiere una lectura cuidadosa sobre el mensaje del electorado. Al respecto menudean las "explicaciones"; algunos recuerdan la tradicional distancia de los legisladores con la población: el congreso local es visto como subordinado al gobernador. La dirigencia del PRD estatal acusa de traición a integrantes de su propio partido sin reconocer que muchos de sus candidatos no tenían cara presentable y que sus campañas no transmitieron un mensaje político claro. El PRI utilizó sus métodos tradicionales de cooptación: compra de votos, manejo de programas oficiales, pero tampoco tuvo mucho éxito porque no hubo participación masiva a su favor, y en ese sentido los electores mantienen el rechazo expresado en 2006.

La APPO no ofrece una postura clara, se le escucha decir que fue un triunfo del abstencionismo, pero eso no explica por qué puede serlo si llamó al "voto de castigo" aun cuando no hiciera mucho esfuerzo para lograrlo.

Obviamente Andrés Manuel López Obrador no queda fuera del escenario; algunos consideran que su llamado a votar por sus candidatos y contra Ulises no fue suficiente porque los detractores de la APPO lo ven cercano a esos grupos "radicales". Otros sectores le han criticado lo contrario: que no esté suficientemente cerca, sobre todo de exigir castigo a las violaciones de derechos humanos. Un hecho real es que la masiva participación a su favor en julio de 2006 y la manipulación de los resultados no dejó en los oaxaqueños mucho ánimo electoral ni confianza en las instituciones.

Por otra parte, no faltaron quienes se apresuraron a insinuar y otros a afirmar que el abstencionismo sepulta la vía pacífica política. Habrá que irse con cuidado, porque la gente si bien está harta de discursos y muy distante de los partidos políticos, ello no significa automáticamente el abandono de los medios pacíficos de lucha y resistencia. Ya viene el mes de octubre con sus elecciones municipales y ahí se podrán contrastar muchas de las apreciaciones vertidas sobre el contundente rechazo a participar en las elecciones del pasado 5 de agosto.

Por lo pronto se equivocan quienes consideren a Ulises Ruiz fortalecido y con impunidad garantizada; las elecciones no detuvieron la denuncia y presión de esclarecimiento de sus responsabilidades, no son intercambiables. Si bien la complicidad y alianza del calderonismo con el PRI y sus gobernadores preciosos, y no tanto, se ha puesto una vez más en evidencia ante la nula respuesta que se dio a las recientes visitas fuertes y cargadas de razones tanto de Amnistía Internacional (AI) como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representados por la secretaria general Irene Khan, y el presidente Florentín Meléndez Padilla, respectivamente.

En su visita a México, Khan presentó el informe de AI: Oaxaca: clamor por la justicia, el cual sustenta que entre junio de 2006 y abril de 2007 se produjeron en el estado violaciones graves de los derechos humanos. Al menos 18 personas murieron en circunstancias controvertidas y decenas, entre ellas varios menores, fueron víctimas de detenciones arbitrarias y reclusión en régimen de incomunicación.

AI recibió numerosos informes de tortura, malos tratos, juicios injustos, amenazas y hostigamiento a quienes defendían y promovían los derechos humanos. Y describe a los operadores: "policías vestidos de civil y hombres no identificados, al parecer autorizados, apoyados o tolerados por las autoridades estatales. Sin quedar fuera las autoridades federales tanto por acción como por omisión".

Por su parte, el presidente de la CIDH exhortó a los gobiernos federal y estatal a impulsar políticas públicas para la protección de los derechos.

La cereza del pastel en el caso Oaxaca será la postura que adopte la Suprema Corte de Justicia sobre la reglamentación de sus investigaciones en casos graves de violación a derechos humanos. No hay buenos augurios si se adopta el proyecto inicial que pretende acotar los dictámenes, no señalar responsables de violaciones ni proponer ningún tipo de castigo en los casos sujetos a estudio.

El Centro Pro de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación al respecto, recordando a la Corte que su intervención es constitucional y se produce ante la ineficacia del sistema de administración de justicia. Oaxaca necesita que se restablezca el estado de derecho y la Corte debe contribuir a ello.