“Son los consentidos del poder autoritario”, señala
Emir Olivares Alonso
La reacción que tuvieron los grandes consorcios de los medios electrónicos de comunicación y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) por la aprobación de la reforma electoral es una demostración de que dichas modificaciones –pese a sus insuficiencias– “son un avance democrático real”, sostuvo John Ackerman, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En entrevista, el investigador subrayó que los concesionarios de los medios electrónicos actúan como “niños con berrinche”, porque “son los consentidos del poder autoritario”, que no habían sido tocados en sus intereses.
“Es una respuesta desmesurada la que han tenido. No les cae el veinte, no les cabe en la mente la idea de que les vayan a quitar privilegios cuando ellos han sido dueños de todo y reaccionan como niños, con argumentos tontos como el referendo por la libertad de expresión al que llamó la CIRT”, refirió.
El especialista universitario recalcó que el cambio en el discurso de los representantes de los medios electrónicos evidencia que sólo buscan promover sus intereses económicos, porque en principio “defendían a ultranza a los consejeros electorales, después venía el asunto de la libertad de expresión y los candidatos independientes, y ahora viene lo de la opacidad de la negociación en el Senado y la necesidad de un referendo. Conforme cada uno va definiéndose, van agarrando una bandera, pero realmente lo que hacen es defender sus intereses”.
Ackerman indicó que la reforma electoral aún tiene lagunas: la más importante, la referente a la transparencia; aunque reconoció que ésta tenía que sacrificarse debido al debate que se presentó en el Senado, mismo que los medios “ni siquiera reconocen”. Pese a ello, consideró que ésta “es una reforma histórica, estructural, de tercera generación. Justo lo que el país necesitaba para salir del proceso de ilegitimidad pasado (en alusión a la elección presidencial de 2006)”.
Contra los argumentos de la radio y la televisión de que ellos no son actores dentro del sistema electoral, reviró señalando que no han transparentando quiénes fueron los contratantes de 281 mil anuncios “fantasmas” durante el proceso presidencial de 2006, con lo que incumplieron el compromiso que tenían ante el IFE de que informarían trimestralmente, con factura de por medio, de todos los contratos de publicidad a favor o en contra de cualquier candidato; con lo que se convierten en “un obstáculo para esclarecer lo que sucedió en el proceso electoral de 2006”.
Subrayo que las modificaciones a la normatividad electoral no son ninguna sorpresa, pues esas limitaciones ya existían en el Cofipe, así que ahora el Senado sólo se encargó de “subirlas” al orden constitucional.
Ackerman destacó que con la reforma los mexicanos se ahorrarán unos 2 mil millones de pesos en gastos de campaña en medios masivos de comunicación, sobre todo en radio y televisión.
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