Saldos legislativos

Editorial

En sus primeros 15 días, el actual periodo de sesiones del Poder Legislativo arroja resultados contrastantes.

Por una parte, con la supresión de la libre contratación de espots propagandísticos en medios electrónicos y con la remoción del actual Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), los integrantes del Senado de la República dieron un paso importante en la reconstrucción de una institucionalidad severamente trastocada y erosionada en el proceso electoral del año pasado. Tras el reconocimiento de que en el triunfo del candidato presidencial panista no sólo intervino la voluntad popular sino también el poder del dinero –aunque resulte imposible saber si Felipe Calderón estaría hoy en Los Pinos si no hubiera recibido la ayuda ilegítima de la propia Presidencia y del músculo financiero y mediático de la oligarquía–, resultaba obligado corregir una situación en la que los procesos comiciales empezaban a parecerse demasiado a una subasta de recursos publicitarios, en la cual el ganador no sería quien recabara la aprobación mayoritaria de los ciudadanos sino el que invirtiera más recursos económicos en promoverse. La restauración de la credibilidad en los organismos electorales requería también la remoción de los consejeros del IFE, quienes, empezando por su presidente, Luis Carlos Ugalde, no pudieron o no quisieron estar a la altura de sus responsabilidades y toleraron, si no es que auspiciaron, una de las elecciones más sucias de que se tenga memoria, caracterizadas por la descarada intromisión en ellas del gobierno federal y de los intereses económicos y mediáticos, por las campañas de linchamiento contra el candidato de la oposición y por irregularidades tan numerosas y generalizadas que justificaban un recuento de los sufragios uno a uno.

Tan meritoria como las disposiciones referidas fue la resistencia de los senadores a la arrogante campaña de intimidación lanzada contra ellos por los concesionarios de las frecuencias radioeléctricas del país, quienes no vacilaron en emplear el espectro electromagnético, propiedad de la nación, para denostar a uno de los poderes de la Unión, mentir con descaro a la opinión pública e intentar, incluso, una alteración del orden constitucional. Cabe esperar que la Cámara de Diputados actúe de manera similar y rechace las estridentes e ilegítimas presiones ejercidas por los dueños del dinero para impedir la aprobación, en esa segunda instancia legislativa, de las reformas señaladas.

Debe saludarse, por otra parte, que los diputados de todos los partidos hayan logrado ponerse de acuerdo –así haya sido con muchos años de retraso– para modificar el régimen fiscal de Pemex y atenuar, de esa forma, la devastadora depredación hacendaria de la paraestatal, práctica que amenazaba con destruir la industria petrolera nacional. Cabe recordar que hasta ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha venido confiscando la mayor parte no de las utilidades, sino de los ingresos brutos de Pemex, con lo que ha dejado a la empresa sin ninguna posibilidad de realizar las inversiones necesarias para su mantenimiento y modernización. Esa práctica no sólo obedecía a la voluntad de sucesivas presidencias de hacerse con dinero a discreción y no fiscalizable, sino también, en años recientes, al designio de depreciar y chatarrizar a la paraestatal con el propósito de argumentar la inevitabilidad de su privatización y transferirla a manos privadas a un precio por debajo de su valor.

El dato lamentable en esta buena racha legislativa es el gasolinazo aprobado por panistas y priístas y con la oposición de los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP). Aunque se haya decidido prorratear el alza de los combustibles a lo largo de varios meses, la medida se traducirá –como lo advirtió hace días el Banco de México– en incrementos de precios en cascada, y terminará por impactar a quienes no tienen posibilidad alguna de incrementar sus ingresos, es decir, a los asalariados.

No debe escapar a la atención, por último, que en el curso de estos días el Poder Legislativo ha adquirido un protagonismo hasta ahora desusado en el panorama nacional, y que de las cámaras han surgido decisiones importantes para reconstituir la institucionalidad y la normalidad política. Este fenómeno es en parte, sin duda, mérito de la actual legislatura, pero también consecuencia de una Presidencia disminuida, carente, a lo que puede verse, de un proyecto de nación, a tal punto débil que ha venido ejerciendo su autoridad en medio de alardes de fuerza, y lastrada por un déficit de legitimidad que le viene de origen.