Objeciones de la memoria

Martí Batres Guadarrama

Un gobierno que sigue mientras los legisladores destituyen a los consejeros del Instituto Federal Electoral que operaron el fraude de los comicios presidenciales de 2006, el gobierno federal se apresta a seguir pagando f a cturas a aquellos que lo apoyaron —incluso fuera de la ley— y que hoy le exigen favores a cambio. En efecto, por enésima ocasión el gobierno federal pone a la venta Aeroméxico, confirmando ese círculo vicioso, interminable, mediante el cual esta aerolínea quiebra como empresa privada, es rescatada por el gobierno con recursos públicos y luego regresada a inversionistas privados que, curiosamente, hicieron todo lo posible para frenar a un candidato y poner en entredicho la legalidad de los citados comicios. El beneficiario de aquello, hoy, los va a premiar.

El proceso de venta se ha mantenido en completo misterio, ya que hasta ahora no se conocen las ofertas que ha recibido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la adquisición de la empresa.

No obstante, Calderón pretende entregar Aeroméxico nada más y nada menos que al señor Roberto Hernández, uno de la principales promotores de la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Hasta ahora se habla de dos grandes empresarios interesados en Aeroméxico. Uno es Moisés Saba y otro el citado Roberto Hernández. El primero se ha distinguido por ser un empresario verdadero. Se pueden tener con él coincidencias o diferencias, pero es un hombre que ha mantenido vigentes sus empresas a lo largo del tiempo. El otro, Roberto Hernández, es antes que un empresario, un coyote de la vida nacional. Se hace amigo de presidentes, compra empresas baratas y luego las quiebra para que el Estado las rescate o las vende a empresarios extranjeros.

Así es que recordamos que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Roberto Hernández compró Banamex en barata. Luego, con ayuda de “sus amigos” fingió que dicha institución estaba en quiebra para ser beneficiario del Fobaproa y recibir subsidios a los que no tenía derecho según la ley respectiva. Más tarde, en 2001, vende el banco a Citi Bank en 12 mil millones de dólares sin pagar un solo centavo de impuestos. Ello sin contar con los llamados impuestos diferidos que hoy suman más de 40 mil millones de pesos que adeudan desde hace años las instituciones bancarias a la Federación.

Si se actuara con probidad el gobierno federal debería comprometerse a transparentar el proceso de compra venta de Aeroméxico, de manera que se busque el beneficio no de un individuo o algún grupo empresarial, sino el de la ciudadanía en general. Pero no. El caso es que este gobierno se prepara para pagar una factura más de las tantas que adeuda por los favores recibidos durante el turbulento año de 2006.