Duelo en Bolivia a cuatro años de la masacre bajo el mando de Sánchez de Lozada

TeleSUR

El ex presidente boliviano renunció el 17 de octubre de 2003 y el Congreso Nacional eligió a Carlos Mesa como el nuevo mandatario. En ese momento la convulsión social bajó, pero empezó el pedido de juicio de responsabilidades por las numerosas víctimas.

Para rendir homenaje a los mártires de la masacre boliviana de octubre de 2003, que dejó 67 personas muertas y otras 400 heridas en las cercanías de La Paz, movimientos sociales bolivianos declararon para el miércoles duelo nacional y paro de 24 horas con movilizaciones.

Esos episodios donde se reclamaba la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una Asamblea Constituyente terminaron en la dimisión y huida a Estados Unidos de Sánchez de Lozada, justo cuando se celebraban los 21 años de vigencia ininterrumpida de la democracia en el país.

Es por ello que a cuatro años de los enfrentamientos, los familiares y víctimas siguen pidiendo a Estados Unidos la extradición del ex presidente y sus ministros, dado que es el gobierno de George W. Bush el que obstaculiza el proceso judicial, según denuncia el actual gobierno boliviano.

Ya el pasado mes de septiembre, familiares de las víctimas interpusieron una demanda civil en tribunales estadounidenses contra el ex presidente de ese país, señalado como el responsable principal en estos sucesos.

El grupo reclamó compensaciones de Sánchez de Lozada y piden que sea juzgado por los cargos de asesinatos extrajudiciales, crímenes contra la humanidad, y violación a los derechos a la vida, libertad y la seguridad personal y asociación y reunión.

La vicepresidenta de la Asociación de Heridos del 2003, Elena Cullawa, manifestó que "estamos pidiendo la extradición de Sánchez de Lozada y sus ministros, porque se ha derramado sangre de nuestros hermanos y eso no puede quedar en la impunidad".

Estas iniciativas coinciden con la conclusión del período de presentación de pruebas del llamado "octubre negro" y sólo se espera por la acusación formal del Fiscal General por cargos de genocidio, la extradición del ex mandatario boliviano Gónzalo Sánchez de Lozada, exiliado en Estados Unidos, entró en una fase decisiva.

Precisa Rogelio Mayta, abogado que representa a las víctimas de la represión de 2003 en Bolivia, que "la Fiscalía ahora podrá determinar si alguno de los imputados queda fuera de la causa o todos enfrentan el juicio oral, en alusión a Carlos Sánchez y Jorge Berindoague, ex ministros de Defensa e Hidrocarburos, respectivamente, considerados cómplices del ex jefe de Estado".

Y es que, de acuerdo con el informe, "hay suficientes indicios para acusar a otros 17 funcionarios de esa gestión por la represión militar de hace cuatro años", cuando los movimientos sociales bolivianos salieron a defender su soberanía, sus derechos y sus bienes naturales: "el gas y los hidrocarburos".

Pero pese a los retrasos y trabas legales, quienes reclaman tienen presente que los cargos de responsabilidad contra Sánchez de Lozada no prescriben y que el tiempo no es importante en la búsqueda de responsables de ese delito. En el mejor de los casos se calcula que en diciembre de este año podría iniciarse el juicio oral y las sentencias se conocerían en junio de 2008.

En tanto, se prevé que Sánchez de Lozada enfrente un juicio penal por lo que pagará condena y otro civil que demanda resarcimiento económico a las víctimas.

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