El gobierno propicia rezagos en el agro por no definir estrategias: campesinos

Matilde Pérez U.

La ratificación del Acuerdo Nacional para el Campo y su adendo no se han firmado con el gobierno porque el documento no está concluido por la falta de acuerdos entre las organizaciones, aclaró el coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Luis González Aguilera.

Además, abundó Raúl Pérez Bedolla, presidente de la comisión revisora del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), “estamos a la espera de la respuesta de la Secretaría de Economía en torno a la demanda de revisar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una postura clara del gobierno de afianzar la competitividad de los campesinos en 2008, ante la eliminación de aranceles a las importaciones de maíz, frijol, azúcar y leche”.

Ambos sostuvieron que el encuentro de ayer con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el que también estuvieron presentes integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, fue precipitado; sin embargo, “no llevamos nada y salimos con algo”, pues Calderón Hinojosa dijo estar dispuesto a firmar el adendo del ANC y posiblemente un nuevo pacto social con los campesinos.

González Aguilera dijo que dicho pacto debe reconocer la participación de las organizaciones campesinas en la formulación de las nuevas reglas de operación de los programas para el campo con el fin de eliminar el burocratismo y a los grandes productores de los padrones de beneficiarios de los subsidios.

Dicho acuerdo, agregó, debe incluir la voluntad política del gobierno para invertir en el campo y por eso en la reunión se presentó la propuesta del CAP de elevar el presupuesto para el sector rural a 219 mil millones de pesos, y que el mayor porcentaje de los recursos sea para apoyar a los productores de cultivos básicos y estratégicos, base de la soberanía alimentaria, y para incorporar un millón de hectáreas a la producción de maíz, que servirían para hacer realidad la reserva estratégica de granos.

El coordinador del CAP aseguró que en su intervención en la reunión con Calderón Hinojosa protestó por la desaparición de programas que los campesinos consideran importantes, como los de fomento y desarrollo comunitario, y los dirigidos a las pequeñas empresas rurales. “No permitiremos que esta reingeniería al Programa Especial Concurrente sirva de pretexto para desaparecer a la Secretaría de la Reforma Agraria ni para que concentren recursos en los grandes productores”.

Ayer, también el dirigente de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Olegario Carrillo Meza, entregó a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, la propuesta de incrementar 10 por ciento el presupuesto para el campo, para colocarlo en 205 mil millones de pesos, y la creación de los programas nacional de soberanía alimentaria, recuperación de tierras, productos orgánicos y fondo de apoyo para el equipamiento con infraestructura a escuelas rurales.

A su vez, en el consejo nacional ordinario de la Unión General de Obreros y Campesinos, Valentín González Bautista demandó terminar con los subejercicios en el presupuesto rural y castigar a los funcionarios que desvíen los recursos de los programas.