Que Norberto Rivera no “cante victoria”, advierte Joaquín Aguilar

Alma E. Muñoz

Los conflictos legales del cardenal Norberto Rivera Carrera en California, Estados Unidos, no concluyen con la determinación del juez Elihu M. Berle de negarse a dar entrada a la demanda que interpuso en su contra Joaquín Aguilar Méndez.

Este asunto, según la defensa del querellante, puede durar hasta cinco años, pues esperan que en algún momento sea retomado por la Suprema Corte de California, donde existe la posibilidad de que los jueces admitan la jurisdicción con el más mínimo vínculo que encuentren entre el cardenal y el estado estadunidense.

Además, el prelado debe enfrentar las imputaciones que en noviembre pasado le hizo Juan Doe 100, otra de las víctimas de Nicolás Aguilar Rivera, por presunto encubrimiento a este cura pederasta.

Hace una semana, en el Arzobispado de México y en la diócesis de Tehuacán, Puebla, se entregó la notificación correspondiente y ambas instancias deberán responder en 30 días máximo, con el propósito de que empiece el proceso para la entrega de deposiciones y documentos, aparte de que es el preludio para el segundo interrogatorio judicial al que deberá ser sometido Rivera Carrera por su vinculación con el presbítero abusador sexual de menores, confirmaron Joaquín Aguilar y Erick Barragán, director de la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), sección México.

El primero, además, se mostró seguro de que “no en mucho tiempo voy a ver al cardenal sentado ante un jurado”. Así, subrayó, “que no cante victoria. Tenemos pruebas fuertes que van a poner a Norberto Rivera contra la pared”, pues más víctimas de Nicolás Aguilar están dispuestos a seguir denunciando.

Por su parte, Bernardo Fernández del Castillo, abogado del cardenal, rechazó que la resolución de no jurisdicción se haya basado en un tecnicismo legal, como aseguró la parte denunciante. “El juez resolvió de manera muy interesante, porque fue claro y contundente, fundamentó y motivó la resolución. Quiere decir que hizo mención de cada uno de los documentos y de las etapas llevadas a cabo en el procedimiento para poder decir y demostrar que no hay elementos suficientes para poder juzgar al señor cardenal o a la diócesis de Tehuacán en Los Ángeles”, señaló en entrevista difundida en la página electrónica del Sistema Informativo para la Arquidiócesis de México.

Se mostró convencido de que si se concreta la apelación que presentará la parte acusadora por la resolución del juez Berle, “allí termina el caso”, y dejó entrever que existen pocas posibilidades de que el asunto llegue al máximo tribunal de Estados Unidos. “En muy raras ocasiones un caso podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Por lo general, después de la apelación no se puede hacer nada”, agregó.

Fernández del Castillo dijo que lo ocurrido el martes en California servirá para “evitar que se pueda juzgar a otras personas, y en este caso al cardenal, bajo las mismas consideraciones jurídicas”.

En tanto, en conferencia de prensa, José Bonilla, uno de los defensores de Joaquín Aguilar, externó su confianza en que la Arquidiócesis de México, tras la resolución del juez californiano, contrademande al joven de 26 años por difamación y/o calumnias contra el cardenal, como advirtió el vocero Hugo Valdemar. “Nos daría oportunidad de tener al cardenal en un procedimiento legal –en México– y de presentar una contraacción, pues él tendría que probar que todo lo dicho por Joaquín es falso”.

Se metería, insistió, en graves problemas, porque ya contamos con los documentos sobre este asunto que entregó a la Corte Superior de California, y “cualquier persona sensata podría ver que encubrió al sacerdote” al autorizarle el traslado de una diócesis a otra, de un país a otro, y con ello permitirle que siguiera ultrajando a menores.

Bonilla lamentó que la curia celebrara la resolución del juzgador cuando lo mejor para el prelado sería enfrentar el proceso y demostrar que es inocente, porque ahora “los católicos tendrán que cuestionarse si en realidad encubrió o no al sacerdote pederasta”. Más aún, coincidió con Erick Barragán, cuando se dan a conocer los criterios que emitió en enero pasado la Arquidiócesis de México para proteger a clérigos que incurran en estos delitos, cumpliendo las disposiciones emitidas por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en 2001, y se obligue a los sacerdotes a deslindar, con su firma, a la curia, en caso de que cometan abuso sexual a menores.

Ante esto, Aguilar Méndez exclamó: “es una lástima ver que la Iglesia católica está llena de tanto puerco”.

El abogado anunció que la apelación contra la sentencia del juez Berle debe presentarse en un lapso de 15 días y no descartó, junto con el denunciante de Rivera Carrera, que a lo largo de todo el proceso –que puede durar más de cinco años– tengan que seguir apelando hasta llegar a la Suprema Corte de California, donde los jueces sí podrían admitir el más mínimo vínculo del prelado con el estado para dar entrada a la querella en su contra. Reiteró que pretende llevar el caso ante organismos internacionales.

(Con información de Carolina Gómez)