Estado y poder económico

León Bendesky

El Estado no es una entelequia. Tampoco el poder económico. Una manifestación de la realidad que entrañan en la sociedad se da precisamente cuando se entrelazan, pero especialmente cuando se confrontan.

El Senado está hoy enfrentado al poder económico por medio de la reforma electoral y la Ley de Radio y Televisión. Lejos de ser dos asuntos independientes, están estrechamente vinculados. La primera regula los tiempos de la publicidad político-electoral en los medios electrónicos de comunicación. La segunda reglamenta el uso del espectro radioeléctrico y de los mecanismos para otorgar concesiones para su operación.

La compra de publicidad política se ha convertido en una multimillonaria fuente de recursos para esos medios que operan empresas privadas bajo la figura de una concesión estatal. Era también una forma de transferir fondos públicos a esas empresas, pues los partidos políticos actuaban prácticamente como puentes para que sus abultados presupuestos que provienen del erario acabaran en los estados de resultados financieros de dichas empresas.

Económicamente ese modo de operar no es justificable. Desde el punto de vista más ortodoxo de la teoría económica es una severa distorsión en la asignación eficiente de los recursos disponibles y, sobre todo, en el patrón de la distribución del ingreso. En las elecciones de 2006 ese esquema llegó a su límite y se desbordó.

Tampoco se justifica en términos políticos, pues confería a esos medios una creciente capacidad de injerencia en los procesos electorales y políticos. Ese modelo no nada más aumenta constantemente las ganancias de los grandes medios que en la televisión están dominados por sólo dos empresas y en la radio sin mucha apertura adicional para la competencia.

En cuanto al uso del espectro radioeléctrico los actuales concesionarios querían todo junto con el mayor operador de la telefonía y los servicios conexos. Así fue propuesta la ley para que se aprobara en el Congreso, y de manera tan burda que no ha podido sacudirse el nombre por el que se conoce: ley Televisa. Fue sin duda un despropósito del gobierno de Fox avalarla como aquéllos querían. La disputa que se abrió expuso a cielo abierto las condiciones que se tramaban y la contraposición de los criterios económicos y políticos. Puso en evidencia al Estado y la condición subordinada a la que ha sido relegado.

El esquema de concesiones públicas debe mantenerse en cauces bien delimitados por la ley y no convertirse en un terreno adicional de generación de privilegios y cotos para la expresión y la defensa de intereses económicos y, de manera no menos relevante, de proyectos metamercantiles. Esto debe ser parte de cualquier esquema de avance democrático.

La separación de poderes tampoco es un asunto de fachada, y debe tomarse en serio para abrir los espacios de una mejor convivencia y la creación de mejores condiciones sociales. No hablo de la calidad de la legislación que se produce en el Congreso, eso está por verse, sólo llamo la atención que en estos dos casos, que no son lo únicos, hacer leyes y ordenar comportamientos no es un asunto trivial. Si de poderes se trata, no es superficial ni pasó inadvertida la ausencia del presidente Calderón en este asunto, pues representa igualmente al Estado.

Que la legislación no le guste a Tv Azteca, como ha hecho patente, ni a Televisa y los demás concesionarios públicos y tampoco a Telmex es evidente. Que usen su privilegio asentado en una concesión pública o en un cuasimonopolio es un exceso que únicamente muestra el cobre, en un sentido literal del término que no se asocia con la numismática, sino con el poder económico que ha acumulado.

Tv Azteca ha retado al Congreso, ahora en especial al Senado que promueve la reforma electoral y sanciona los gastos de la publicidad política. Lo ha hecho desde una posición de privilegio usando el poder que le da la concesión que tiene para operar un medio de comunicación. Habrá que ver la legalidad y legitimidad de dicha acción.

Pero ya abierta la puerta de la disputa, la televisora –aunque con su estilo de siempre, más bien pedestre– pone el dedo en la llaga de otra parte de la reforma política o del Estado que está en proceso. El tema tiene que ver con la conformación y forma de funcionamiento del Congreso: la manera en que se constituye, el número de los legisladores, las retribuciones que reciben y las prerrogativas de las que disfrutan, la calidad de su trabajo, la relección, y otros muchos más. Ahí caben definiciones y precisiones que sin prejuicios legitimen el trabajo del Poder Legislativo

Es una buena oportunidad para plantear las cosas de manera amplia. Unas y otras partes están a vista del público, de quienes ven y oyen la televisión y la radio, de quienes usan el teléfono y los otros servicios asociados. También están expuestos ante quienes votan y exigen no sólo eficacia y eficiencia en el trabajo del Presidente, sus secretarios y todo el aparato de administración y seguridad públicas; de los legisladores y del sistema de justicia. Como no son una entelequia, el espacio de la discusión no cae en dos formas contrapuestas y redundantes de adoración, ya sea del libre mercado o del Estado.