Acoso oficial al sindicalismo

Editorial

La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó el lunes la sentencia de amparo definitiva que el juez octavo de distrito emitió el pasado 17 de octubre en favor de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM). Con el recurso de impugnación presentado, las tres órdenes de aprehensión giradas en contra del dirigente minero por el presunto desvío de 55 millones de dólares continuarán vigentes mientras las instancias revisan el caso y se pronuncian en torno al fallo del juez. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) otorgó ayer la “toma de nota” a una nueva organización sindical minera del estado de Sonora, lo que representa la cuarta escisión que sufre la organización laboral de los mineros.

Ambos hechos revisten un inocultable cariz de persecución política contra el sindicalismo, pues al acoso judicial –hasta ahora no sustentado– en contra del secretario general del gremio minero se suma una actitud facciosa por parte de la Secretaría del Trabajo. Porque, ciertos o no, los señalamientos en torno a los supuestos manejos irregulares de Gómez Urrutia no son nuevos; sin embargo, la administración foxista no emprendió averiguación alguna al respecto sino hasta que este dirigente, tras la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos en febrero de 2006, adoptó una postura abiertamente crítica hacia las autoridades laborales.

Cabe recordar que, como consecuencia de ello, a finales del sexenio pasado, en el contexto de la campaña de desconocimiento y persecución contra la dirigencia de los mineros, el entonces titular de esa dependencia, Francisco Javier Salazar Sáenz, concedió el registro a una agrupación sindical manifiestamente espuria, la dirigida por Elías Morales, al amparo de una pretendida defensa de “los derechos de los trabajadores contra dirigentes que los explotan y los manipulan”. Ahora, con la “toma de nota” del grupo minero sonorense, pareciera que el gobierno pretende desmembrar al gremio por medio de la proliferación de membretes con registro garantizado. Es decir, hay una continuidad, del foxismo al calderonismo, de las políticas gubernamentales que atentan contra la vida sindical.

Las dos últimas administraciones se han mostrado empecinadas en domar a las agrupaciones de trabajadores y uncirlas a los designios del gobierno federal, tal como ocurría en los peores tiempos del corporativismo priísta, sólo que de una forma un tanto más burda: mediante un injerencismo ostensible en la vida interna de los sindicatos. Con la hostilidad gubernamental hacia las organizaciones sindicales, que representan la última posición de defensa de los salarios, derechos y condiciones laborales, se configura la segunda parte de la pinza implantada por el actual régimen contra la clase trabajadora: la primera es el sostenido golpeteo a la economía popular, por medio de los descontrolados incrementos a los precios de los productos de primera necesidad, causados a su vez por las políticas económicas del grupo en el poder.

Por otro lado, no pueden ocultarse las alianzas que la autoridad federal mantiene con los sectores sindicales más descompuestos y caciquiles en otros gremios, como lo son el de Trabajadores de la Educación –encabezado por Elba Ester Gordillo– y el petrolero. En este contexto se inscribe la reciente dimisión de los abogados Arturo Alcalde y Néstor de Buen como asesores jurídicos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en protesta por la inexplicable aprobación de un acuerdo que vulnera los beneficios de los futuros trabajadores de la institución, lo que parece ser una rendición de la dirigencia gremial ante los designios privatizadores del actual gobierno.

En suma, las organizaciones de trabajadores se enfrentan, en tiempos de pretendida democracia, a las estrategias gubernamentales más antidemocráticas. Estas prácticas caracterizaron, durante mucho tiempo, a un régimen que supuestamente murió con la alternancia en la Presidencia de la República y la llegada del llamado “gobierno del cambio”. Sin embargo, las injerencias gubernamentales en la vida sindical dan cuenta de que, al igual que en muchos otros ámbitos, las prácticas abusivas del poder que caracterizaban al rancio priísmo siguen oprobiosamente vivas.