El juicio contra activistas de Atenco, “terrorismo de Estado”: abogados

Citan a careo a personas que participarían el mismo día en el foro de Casa Lamm

Pretenden dictar la libertad de 11 detenidos después de las vacaciones decembrinas, acusa Rosalba Gómez

La esposa de Ignacio del Valle tardó año y medio para visitarlo

Blanche Petrich

Nunca, durante los 18 meses que lleva el proceso contra los presos de San Salvador Atenco, las autoridades de los juzgados mexiquenses habían citado a una diligencia ministerial en lunes. Pero cuando se anunció que el 5 de noviembre la Casa Lamm organizaría una conferencia sobre este caso, con la presencia de los abogados y los familiares de los procesados, decidieron citar a los involucrados a uno de los últimos careos implicados en la investigación en los juzgados del penal de Molino de Flores, en Texcoco, estado de México.

Por esta razón, Rosalba Gómez de Selvas, esposa y madre de dos de los presos, el doctor Guillermo Selvas y su hija Mariana, no pudo llegar al acto semanal de la casona de la colonia Condesa.

“Yo quería ir para denunciar una más de las aberraciones del proceso”, señaló más tarde en entrevista telefónica. “Quería decir que la liberación de 11 de los presos, entre ellos mi esposo y mi hija, debía ocurrir ya, en estos días, a raíz del amparo liso y llano dictado el 11 de octubre por un juez federal que no encontró pruebas suficientes para mantenerlos en prisión.

“Pero en lugar de permitir que se cumpliera este acto de elemental justicia –agregó–, el Ministerio Público esperó hasta el último momento del plazo de 10 días que tenía para apelar el amparo y el juez nuevamente concedió dos meses y medio para la revisión de esta inconformidad. Contando el periodo vacacional de fin de año, cuando en los juzgados se van de vacaciones, la liberación se postergará, una vez más y sin una razón real, hasta enero o febrero del año próximo.”

La intención de la señora Gómez de Selvas era, explicó, hacer “una petición pública a los gobiernos del estado de México y federal para que no se tarden tanto en dar trámite al auto de libertad”, porque, dijo, “esta nueva demora es parte de una injusticia que no tiene fin”.

Veinte meses para autorizar una visita

Quienes sí llegaron a la conferencia en la Casa Lamm fueron Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, líder del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) sentenciado a 67 años en el penal de máxima seguridad conocido como el Altiplano, y madre de David del Valle, preso en Texcoco, así como los abogados Juan de Dios Hernández y Enrique González Ruiz.

Activa participante en el FPDT ella misma, Trini, quien además de tener al esposo y a un hijo presos tiene a su hija América del Valle prófuga, pues sobre ella pesan aún varias órdenes de aprehensión, relató que hace unos días pudo visitar en el penal de Almoloya de Juárez, por primera vez, a su esposo Ignacio. “¡Tardaron un año ocho meses para autorizarme la primera visita!”

Refirió que después de este largo periodo de aislamiento, en condiciones de prisión de extrema dureza, ni Nacho ni Felipe Álvarez, otro de los líderes históricos del movimiento atenquense, “se ven igual que antes. Pero lo que permanece igual en sus corazones es la convicción y la firmeza de sus ideales”.

Entre el público estaba también la madre de Héctor Galindo, otro de los tres detenidos en el Altiplano.

Ella tardó un año tres meses gestionando el primer permiso para visitar en la cárcel a su hijo, asesor jurídico del Consejo General de Huelga durante el conflicto de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1999 y del FPDT.

Los tres activistas de Atenco presos en el penal del Altiplano fueron sentenciados, en un proceso aún inconcluso, a 67 años de prisión por haber retenido en 2006 a un grupo de funcionarios públicos que no atendían las demandas de la comunidad.

El juez debe entrar al fondo del caso

A su vez, el abogado Juan de Dios Hernández refirió que antes de obtener el reciente amparo, el equipo de defensores de los presos, en el que participa también Bárbara Zamora, ya había logrado que los tribunales emitieran en 60 ocasiones sentencias de amparo “para efectos”, que en lugar de desembocar en el auto de libertad sólo permitían a los juzgados en turno “corregir sus barbaridades”.

Pero en esta etapa del proceso, indicó el jurista, “se agotaron los márgenes de tiempo y el juez está obligado a entrar al fondo del caso”.

Por su parte, el abogado González Ruiz definió el proceso del caso Atenco como parte de un operativo de “terrorismo de Estado”.

El director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México señaló que tanto la incursión de los elementos de la Agencia Federal de Investigación y de la policía mexiquense en San Salvador Atenco, en mayo del año pasado, como los juicios contra los presos, pretenden ser “un castigo ejemplar para paralizar a la sociedad”.