Conflicto en puerta por una tarjeta

Miguel Ángel Velázquez

¿Qué pasa con la ayuda que el Gobierno del Distrito Federal proporciona a los adultos mayores? Sin duda, algo que debe tener un arreglo inmediato, porque las quejas sobre el condicionamiento al cambio de la tarjeta que identifica al beneficiario, van en aumento.

El gobierno central puso en marcha un programa para cambiar la tarjeta con la que los ancianos se hacen acreedores a los beneficios que se idearon para recomponer el estado social de los mayores de 70 años, y que según Andrés Manuel López Obrador, no es más que la devolución, el reconocimiento que hace el Estado a quienes durante muchos años, y en muchos frentes, cooperaron con parte de su salario, vía impuestos, o cualquier otro tipo de actividad, para lograr una sociedad menos dañada.

En otras palabras, lo que se hizo fue devolver a los ancianos su ciudadanía. Y es que en el esquema neoliberal, lo primero que se pierde es exactamente eso: la ciudadanía. Porque se pague lo que se pague en impuestos, los gobiernos, por ejemplo el federal, arranca a la gente los beneficios que por esos gravámenes debería obtener.

Nos referimos, por citar alguno, a los servicios de salud. Como ya es sabido, el gobierno federal, desde hace ya más de dos décadas, ha ido restando recursos a la asistencia social de la que gozaban los ciudadanos de todo el país. En los hospitales, casi todos los médicos se dedican a transferir a los pacientes con recursos a sus consultorios privados, con el argumento de que en los del gobierno les es imposible atenderlos.

Los medicamentos se han esfumado de los anaqueles de los nosocomios y se obliga al enfermo o sus familiares a pagar los altos precios que fijan las farmacias privadas. En fin, el negocio de la medicina privada ha florecido inconmensurablemente con los regímenes de derecha que han gobernado al país, y la población ha empobrecido, aún más, al pagar esos servicios que debería otorgar el Estado a sus ciudadanos.

¿Y entonces? Ya no hay buenos servicios médicos, la educación gratuita y laica es ya casi parte de la historia, pero los colegios privados elevan su cuotas frente a la ineficacia gubernamental; el derecho al trabajo es prácticamente inalcanzable, y aquel por el cual se debería dotar de vivienda digna a los ciudadanos, es un muro donde se estrellan día con día miles de sueños de quienes aún creen que se vive en un régimen justo.

Por eso, cuando surgió el apoyo para los adultos mayores, se levantó la protesta, no siempre explícita, de quienes suponían que los dineros del gobierno sólo se podían utilizar para grandes apoyos a los que habían logrado la cúspide en los negocios.

Si así se hubiera hecho en la capital, desde luego que no hubieran alcanzado los recursos para sostener los programas de ayuda a los necesitados que se han enderezado en el DF. Madres solteras, estudiantes sin empleo, hombres y mujeres expulsados de la oficina o la fábrica –por la necesidad del patrón de acumular más recursos– obtienen las ayudas a las que se siente obligado el gobierno de la ciudad, y que en muchos otros estados de la República han tenido que se copiados.

Por eso, cuando se habla de que hay problemas con la tarjeta para los ancianos, la tarea del gobierno de Marcelo Ebrard debería ser atacar, con toda la fuerza de que dispone, a quienes tratan de envilecer el acto de justicia que se inició en el gobierno central pasado, a menos de que se esté buscando acabar con el beneficio, o peor, que se le trate de utilizar como forma de control para fines políticos, y esa estrategia provenga de las oficinas del jefe de Gobierno. Está en manos del propio Ebrard impedir la injusticia. Que así sea.

De pasadita

Le contábamos a usted en la entrega pasada que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se ha convertido en un órgano de oposición al gobierno de la ciudad, pese a que la mayoría de sus miembros pertenece al partido en el poder, es decir, al PRD.

Ahora hay quien quiere enjuiciar a Marcelo Ebrard porque la ayuda que ha mandado a Tabasco le parece mero protagonismo, y eso sí parece de dementes. Si alguna ciudad, si algún gobierno tendría que ser solidario con Tabasco, ese es el del Distrito Federal, que sufrió en carne propia un infortunio del tamaño de lo que ahora sucede en la entidad del sureste mexicano, y una muestra de ello son los miles de ciudadanos de la capital que acuden a los centros para el apoyo a los tabasqueños.

Pobres de quienes ensombrecen su labor con ataques mezquinos que sólo hablan de su pobreza de espíritu. Por cierto, esos que tanto protestan ya supieron cuánto gasta Felipe Calderón en tratar, sin fortuna, de componer su imagen. ¡Aguas, señores! ¡Aguas!