Asa Cristina Laurell: no garantiza el derecho a la salud el Seguro Popular

En los pasados 15 años, prácticamente nula la inversión en infraestructura, dice

La funcionaria del “gobierno legítimo” cuestiona los méritos del modelo de atención

Señala la necesidad de que los servicios médicos tengan carácter totalmente gratuito

Ángeles Cruz Martínez

El Seguro Popular no garantiza el derecho de las personas a la protección de la salud, y a pesar de los cuantiosos incrementos de presupuesto que cada año recibe, los estados de la República están imposibilitados para satisfacer la demanda de servicios de la población, aseguró Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador.

Prueba de ello, dijo, es que en la actual discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2008 en la Cámara de Diputados, los gobiernos estatales han solicitado una asignación adicional de 30 mil millones de pesos para la construcción de clínicas y hospitales.

En entrevista, la ex secretaria de Salud del Distrito Federal subrayó la importancia de que los servicios médicos sean totalmente gratuitos, porque es un derecho previsto en la Constitución y debería observarse de la misma manera que la educación, respecto de la que nadie cuestiona su carácter público y gratuito.

Se refirió enseguida a su experiencia en la capital del país, donde desde 2001 opera el programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos, el cual se distingue del Seguro Popular impulsado por el gobierno federal en que las personas tienen acceso a todos los servicios que se prestan en el sistema de salud del Distrito Federal, sin limitaciones.

En cambio, puntualizó, en el Seguro Popular existe un paquete y todo lo que esté por encima tiene un costo adicional. Además, las familias aportan una cuota anual de acuerdo con su capacidad de pago.

Laurell resaltó que el interés del gobierno encabezado por López Obrador en la capital del país tuvo como principal meta hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, y la mejor prueba de que había una necesidad no cubierta es que hubo un incremento de 40 por ciento en la demanda de atención médica.

Entre 2001 y 2006 aumentó 80 por ciento la cantidad de cirugías realizadas; 44 por ciento la de partos; la hospitalización subió 30 por ciento y la atención médica de urgencias se incrementó en 34 por ciento. En el mismo periodo, el presupuesto del sector aumentó 80 por ciento.

Por otro lado, de acuerdo con un cálculo hecho por Laurell, los capitalinos que acudieron a los servicios médicos del Gobierno del Distrito Federal pudieron ahorrar alrededor de 3 mil 600 millones de pesos en consultas, medicamentos e insumos.

Aun cuando los hospitales de la ciudad de México carecen de servicios de alta especialidad, el beneficio que recibe la población es muy alto, apuntó, y enseguida mencionó que el Seguro Popular podría apoyar esa parte de la cobertura médica.

De hecho, recordó que cuando se dio la discusión sobre la participación del Distrito Federal en ese esquema de aseguramiento –que entró en vigor en 2004–, ella propuso que como ya existe una cobertura de servicios en el primer y segundo niveles, el dinero de la Federación podría destinarse a la atención de las enfermedades de más alto costo, como los tumores malignos y los trasplantes, entre otros.

Credenciales, pero no servicios

Laurell comentó que en la ciudad hay una alta concentración de hospitales e institutos de alta especialidad, por lo que no tenía sentido que el gobierno local construyera un sistema paralelo. Sin embargo, durante el periodo que le correspondió estar al frente de la Secretaría de Salud del Distrito Federal resultó imposible concretar un acuerdo al respecto.

Y es que, dijo la funcionaria lopezobradorista, ningún programa de salud puede ser efectivo si carece de infraestructura clínica y hospitalaria. Así funciona el Seguro Popular y por eso existen zonas del país donde las familias pueden tener su credencial, pero no el lugar para hacerla valer, añadió.

Señaló que en los pasados 15 años la inversión en infraestructura fue prácticamente nula. El gobierno federal apenas construyó cinco nuevos hospitales de alta especialidad, de los que sólo tres funcionan medianamente (dos en Chiapas y uno en Oaxaca).

Otro, ubicado en León, Guanajuato, ha sido “múltiples veces inaugurado y todavía no arranca completamente, mientras en Mérida –que también se ‘inauguró’– tampoco está funcionando”. Y aunque ya funcionaran, en medio hay un gran déficit de hospitales generales y centros de salud, sostuvo.

Para la especialista, el sistema de salud se debe construir de abajo hacia arriba, al revés de como lo hace el Seguro Popular.

Es por eso, indicó, que los estados están solicitando 30 mil millones de pesos adicionales para el próximo año, lo cual es sintomático si se toma en cuenta que las entidades federativas ya tienen asignada una cantidad de dinero del Seguro Popular, con la que se supone deberían poder asegurar la prestación de los servicios médicos.

Luego se refirió a las limitaciones que impone ese sistema a los gobiernos estatales y comentó que los lineamientos de 2007 no incluyeron recursos para la inversión en infraestructura, lo que sí se permitió el año anterior, que fue cuando el Distrito Federal pudo construir dos nuevos centros de salud grandes y adquirir equipo médico.