De Buen: inconstitucional, el acuerdo para mutilar pensiones en el IMSS

Viola el principio de a trabajo igual salario igual, que no sólo abarca el sueldo, señala

Roberto González Amador

El acuerdo entre la dirección general del Seguro Social (IMSS) y el dirigente sindical de los trabajadores de ese organismo, Valdemar Gutiérrez, que abre la puerta para limitar los derechos de jubilación de los futuros empleados de la institución, “es violatorio de la Constitución”, afirmó el abogado Néstor de Buen, especialista en temas laborales.

“Ese acuerdo rompe con el principio constitucional de que a trabajo igual salario igual, concepto que no sólo abarca el sueldo, sino todas las condiciones de trabajo”, dijo De Buen, uno de los dos abogados –junto con Arturo Alcalde Justiniani– que renunciaron a seguir asesorando al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en protesta por la firma de ese acuerdo, sobre el cual no han sido informados los trabajadores y cuyo contenido fue revelado por La Jornada el sábado pasado.

El 15 de octubre, al concluir la revisión del contrato colectivo de trabajo de los agremiados al SNTSS, Juan Molinar, director del IMSS, y Valdemar Gutiérrez firmaron un acuerdo que elimina los derechos del régimen de jubilaciones y pensiones para los futuros empleados del instituto.

En el acuerdo se estipula que la edad de jubilación será a los 60 años y después de 35 y 34 años de servicio para hombres y mujeres, respectivamente. Actualmente se requieren 27 y 28 años de trabajo para obtener una jubilación con –incluso– más de ciento por ciento del último sueldo. Como parte de ese acuerdo, los empleados que sean contratados por el Seguro Social tendrán que aportar a una cuenta individual, como las administradoras de fondos para el retiro (Afore), que ofrecen pensiones equivalentes a 30 por ciento del último sueldo.

En ese acuerdo, del que hasta ahora no han informado ni la dirección general del IMSS ni la dirigencia del SNTSS, se menciona que se creará una comisión de ambas partes para definir las condiciones de jubilación de los futuros empleados, pero que si no se llega a un acuerdo en 90 días se aplicarán los beneficios contenidos en la Ley del Seguro Social (LSS), en la cual la pensión mínima garantizada es de un salario mínimo.

La Jornada encontró este jueves que el acuerdo se halla depositado en la secretaría auxiliar de huelgas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con el número de expediente II 4429/07.

Entrevistado, Néstor de Buen destaca que el acuerdo entre la dirección y el sindicato del IMSS tiene visos de inconstitucionalidad, manifiesta que existen caminos para que los trabajadores lo impugnen, pero a la vez considera que estas acciones muestran una política deliberada de acotamiento de derechos laborales y evidencian que, en materia laboral, “el régimen actual es más conservador que el anterior”. Un preludio, dice, de lo que buscará con la propuesta de “reforma laboral”.

Como el acuerdo del 15 de octubre pasado entre la dirección y el sindicato del Seguro Social prevé que si en un plazo de 90 días no se llega a un acuerdo sobre las condiciones de jubilación de los nuevos trabajadores se aplicarán únicamente los beneficios de la Ley del Seguro Social, en la práctica se dejó la decisión a la administración del IMSS.

“Lo que cabe presumir es que el Seguro Social puede hacerse el loco durante 90 días y buscar una fórmula para que se tenga que aplicar la referida ley, que es mucho más barata para el IMSS como patrón”, agregó.

El acuerdo rompe con el principio constitucional de que a trabajo igual salario igual, agregó. El hecho de que vaya a haber trabajadores en diferentes condiciones de jubilación “viola la Constitución”, insistió.

–Este acuerdo es muy favorable para el IMSS como patrón –se le planteó.

–Pienso que sí, porque cuando condicionan la aplicación de una medida a la voluntad del deudor, pues para el deudor eso es espléndido. Ante una condición de esa naturaleza, los trabajadores pueden demandar el equilibrio. En materia de jubilaciones y pensiones los nuevos trabajadores tendrán derecho a demandar al IMSS para el otorgamiento de las prestaciones que tienen otros.

El acuerdo en el Seguro Social fue firmado por una instancia gubernamental en momentos en que desde el gobierno federal se ha reconocido a varios sindicatos antagónicos al de trabajadores mineros que tienen una disputa con el Grupo México. También cuando la organización sindical de los azucareros aprobó antes de tiempo una revisión del contrato ley de la industria.

–¿Hay un mayor debilitamiento de las organizaciones sindicales?

–No es una regla general, pero hay muchos casos en que así es. Hay sindicatos que están dando la batalla, por ejemplo, el minero. Pero hay otros casos, como el del Seguro Social, en que el sindicato cedió lo que, creo, no debió haber cedido.

“El secretario del Trabajo (Javier Lozano) ha manifestado que tiene preparada una reforma laboral que presentará a fin de año. Yo no me puedo imaginar qué clase de reforma va a ser. No, sí me la puedo imaginar. El señor secretario del Trabajo ha demostrado en la práctica que es un hombre muy conservador. En el caso de los mineros, que conozco de sobra, ha actuado de manera absurda desde el punto de vista de la aplicación de la ley. Está concediendo registros a sindicatos que se los ha inventado el Grupo México, pero que no corresponden a la voluntad de los trabajadores”, comentó De Buen.

–En el convenio entre la dirección y el sindicato del IMSS se asienta que el secretario del Trabajo será el árbitro inapelable para determinar el número de trabajadores que deben ser contratados como parte del acuerdo de 2005.

–Yo no pondría de árbitro al secretario del Trabajo ni en un partido de futbol. No confío en él.