Luis Javier Garrido
La catástrofe de Tabasco, generada por la corrupción del gobierno de facto calderonista, y agravada por su ineptitud, está también mostrando las consecuencias fatales de las políticas de privatización.
1. La inundación de tres cuartas partes del estado de Tabasco por los ríos Grijalva, Carrizal y Samaria, luego del desbordamiento provocado de la presa Peñitas (30 de octubre), que ha producido más de un millón de damnificados, la pérdida de la casi totalidad de los cultivos, daños irreparables a la infraestructura estatal y pérdidas incuantificables en todos los órdenes, constituye una de las mayores catástrofes de la historia moderna de México y está poniendo de relieve las graves consecuencias de las políticas privatizadoras.
2. Las catástrofes de esta magnitud suelen mostrar la verdadera naturaleza del poder económico y político, y la de Villahermosa y 11 municipios más no está siendo la excepción, pues al evidenciar la corrupción del gobierno espurio de Calderón, el abandono en que tiene la infraestructura hidráulica, sus tejemanejes para entregar el control de la industria eléctrica a corporaciones del exterior o la inexistencia de un plan nacional de protección civil, pone en alerta al pueblo sobre el costo que representa en vidas humanas desmantelar los aparatos estatales.
3. Los panistas buscan como fanáticos neoliberales reducir el Estado a su mímima expresión y con esa lógica suponen en los hechos que ya no existe, desconociendo sus propias responsabilidades constitucionales. En 2004, la exigencia de que el gobierno aplicase la ley tras la toma de las instalaciones de Canal 40 por un comando de Tv Azteca llevó a Fox a pronunciar su famoso “¿Y yo por qué?” En 2007, luego de que miles de tabasqueños víctimas de las inundaciones pidieron ayuda, a Calderón se le ocurrió culpar del desastre al “cambio climático”, lanzar una campaña contra los ex gobernadores priístas y dirigir un mensaje televisado a los mexicanos solicitándoles que ayudaran a Tabasco: es decir, que el Estado no tiene para él responsabilidad alguna.
4. La excepción la hizo, sin embargo, poco después, al prometer ayuda “a los empresarios”, y si Fox ofreció tras los ciclones de 2006 todo su apoyo a los hoteleros de Cancún y se desentendió de las decenas de miles de damnificados en Chiapas, en 2007 Calderón hizo lo mismo.
5. Los analistas en todo el país han subrayado la ineptitud del gobierno espurio ante la tragedia, y su intento de utilizarla políticamente, y, sin embargo, Calderón sigue tratando con oportunismo de sacarle provecho político. La ineptitud va de la mano de la estupidez, y su foto posada simulando sonriente que está cargando cajas de víveres (1º de noviembre) mientras es evidente que no hay una respuesta del Estado a la altura de la tragedia, constituye un nuevo agravio para los mexicanos.
6. La campaña contra los ex gobernadores priístas no logra, por lo mismo, eximir de su culpabilidad a Calderón. Es cierto que Roberto Madrazo, Manuel Andrade y Andrés Granier recibieron cuantiosos recursos de Pemex para realizar obras preventivas y nada hicieron como informó La Jornada (2/11/07), pero Fox tampoco lo hizo y a Calderón se le olvida que las políticas hidráulica y eléctrica son competencia federal.
7. La responsabilidad penal de Felipe Calderón no se puede ocultar y se le deben fincar responsabilidades como propuso el día 6 el Frente Amplio Progresista. Los expertos han coincidido en señalar que la decisión tomada por el gobierno calderonista de abrir las compuertas de la presa Peñitas para evitar que se reventara sin importarles tener que inundar Tabasco, estuvo determinada por el almacenamiento excesivo de agua que se había hecho en su vaso con el objetivo de favorecer a corporaciones extranjeras, transgrediéndose de esta manera todas las medidas técnicas de seguridad y pasando sobre las advertencias de los especialistas.
8. Esa responsabilidad penal la comparte Calderón con Fox, pues la destrucción de Tabasco fue posible por la violación de ambos al marco constitucional, que establece la competencia exclusiva del Estado en materias hidráulica (artículo 27) y de generación de electricidad (artículo 28). Las acciones y omisiones criminales de Georgina Kessel (secretaria de Energía), Alfredo Elías Ayub (director de la Comisión Federal de Electricidad) y del yunquista José Luis Luege (director de la Comisión Nacional del Agua) son evidentes. No sólo por detener las inversiones del proyecto hidrológico que integra a las presas de La Angostura, Peñitas, Malpaso y Chicoasén, sino por subordinar decisiones estratégicas de la nación a los intereses de grupos extranjeros.
9. La primera responsabilidad de un gobernante, según sostienen filósofos, juristas y teólogos, es proteger la vida de todos, pero los gobernantes panistas actuales opinan todo lo contrario, pues además de poner en riesgo al pueblo han desmantelado las estructuras de protección de desastres, ya que el Centro Nacional de Desastres (Cenapred) ha sido utilizado como caja chica de los gobiernos panistas.
10. En 1985, la sociedad civil enfrentó las consecuencias del terremoto del 19 de septiembre ante la ineptitud del gobierno de De la Madrid, y en 2007 la sociedad civil está enfrentando las consecuencias de las inundaciones provocadas por el dolo y la ineptitud del gobierno de facto de Calderón.
11. Lo peor de la tragedia de Tabasco aún no ha llegado sin embargo y, por lo mismo, deben deslindarse responsabilidades, porque las políticas que generaron el desastre siguen vigentes y los riesgos para el país son cada vez mayores.
viernes, noviembre 09, 2007
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario