Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Una reacción solidaria eficaz y oportuna de la sociedad mexicana y de gobiernos e instituciones de otros países, la magnitud sin precedente en nuestra historia del desastre natural –de acuerdo a la UNICEF--, así como los gigantescos retos que implica la reconstrucción de Tabasco, son utilizados para ocultar las decisiones, o la ausencia de ellas, de los gobiernos federales y estatales de las últimas décadas.
“¡Al ladrón!”. Gritan sin inmutarse Roberto Madrazo Pintado, Manuel Andrade Díaz y Andrés Granier Melo para eludir las responsabilidades que podrían tener al presuntamente desviar recursos públicos para obras hidráulicas a sus bolsillos, para alterar la voluntad ciudadana y perpetuar al Revolucionario Institucional en la Quinta Grijalva.
Andrade y Granier señalan, con razón, que la Comisión Nacional del Agua incumplió en la realización de obras indispensables porque los gobiernos de Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada negaron recursos federales ya comprometidos.
El gobernador en funciones de la pandilla peleada entre sí, denuncia ante Felipe de Jesús Calderón Hinojosa –el protagonista que más se exhibe sin pudor ni recato a costa del millón de damnificados de los dos millones de habitantes-- que la apertura de las compuertas de la presa de Peñitas es causa de la tragedia que todavía no arroja los peores saldos en pérdidas humanas y epidemias.
El abogado y economista reaccionó rápido el 5 de noviembre: “El origen y la causa de esta catástrofe está precisamente en la enorme alteración climática que, se reconozca o no, se ha provocado”. Además de que la supuesta tesis no se la compra ni Al Gore, olvidó que el 24 de mayo de 2007 sostuvo todo lo contrario: “No creo en los fatalismos del cambio climático”.
Con esta solidez argumental, Calderón Hinojosa exige a Andrés Manuel López Obrador –sin mencionarlo por su nombre--, el Frente Amplio Progresista --155 de 500 diputados-- y el Gobierno del Distrito Federal que los apoyos a los damnificados ”no deben tener colores, no pueden responder a intereses personales o intereses de grupo”. Más aún: En el desastre de Tabasco y Chiapas “no hay margen para el protagonismo o el oportunismo político”.
Así como Ernesto Zedillo Ponce de León exigía a la oposición panista y perredista no lucrar con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, mientras él hacía la campaña presidencial agazapado en la figura del sonorense e ingresó a Los Pinos gracias al crimen político, a Felipe de Jesús Calderón y Andrés Granier –impugnados aún por amplias franjas de la ciudadanía por acceder al poder violentando la soberanía popular--, los une también el despropósito de tratar a los gobernados como carentes de memoria histórica inmediata.
Con el auxilio de la telecracia y la radiocracia –con cinco respetables excepciones--, el grupo gobernante trata de ocultar y, como no lo logra, desacreditar la denuncia del FAP en contra de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad como responsables del desastre. La omisión de la CNA que dirige José Luis Luego Tamargo es insostenible, porque ahora mismo se niega a liberar recursos para que el GDF emprenda obras de mantenimiento del drenaje profundo. En tanto, aterroriza a los usuarios con el anuncio radiofónico: "Y si no la pagas, las aguas negras saldrán por las coladeras".
El desastre tabasqueño exhibe las políticas privatizadoras que privilegian la generación de energía eléctrica por empresas españolas, en detrimento de una sana y equilibrada generación hidroeléctrica en La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas. La apertura de las compuertas de ésta última fue decisiva en la tragedia. Pero el director de la CFE, consentido por los últimos tres presidentes de la República desde el 27 de enero de 1999, Alfredo Elías Ayub, se lava las manos sin siquiera dar la cara.
En el país de la impunidad no pasa nada. Hasta que pasa.
Acuse de recibo
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