Señalan que hay más hechos violentos por investigar, como los ocurridos en la Guelaguetza
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Aspecto de la sesión ordinaria de ayer en la Cámara de Diputados Foto: Marco Peláez
¡Vaya, vaya! ¡Cómo trabajan los que ganan cientos de miles que salen de nuestros bolsillos!
La Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que amplíe el término de la investigación que realiza sobre la violación de derechos humanos y los más de 20 decesos ocurridos en Oaxaca durante el conflicto social de 2006.
La solicitud se presentó porque, explicaron los legisladores, desde febrero pasado se suscitaron más hechos de violencia en la entidad, por lo que la investigación, que inicialmente comprendería de mayo de 2006 a enero de 2007, debe ampliarse ocho meses, para abarcar hasta octubre pasado.
Entre los hechos violentos registrados en la entidad que motivaron a los legisladores a ampliar el plazo de investigación está el ocurrido el 16 de junio pasado, cuando policías federales, estatales, municipales y bancarios, que resguardaban el cerro del Fortín en las vísperas de la Guelaguetza, reprimieron de manera violenta a contingentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que se dirigían a ese lugar.
Ese último enfrentamiento dejó como saldo 60 detenidos, una persona muerta y varios heridos de gravedad, además de que las autoridades se negaron a informar la ubicación y situación jurídica de los detenidos, señala el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política.
También se recuerda “el ataque a la libertad de sufragio contra los ciudadanos oaxaqueños durante el pasado proceso electoral” para elegir alcaldes.
El texto precisa que la investigación se concentrará en la “probable violación generalizada de garantías individuales”, fundamentalmente en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada, “sin perjuicio de que, tratándose de algunos hechos directamente relacionados, se requiera que se lleve a cabo en algún otro lugar”.
Durante la sesión en la que se votó el punto de acuerdo, el diputado Alberto Esteva Salinas, de Convergencia, celebró la propuesta y señaló que durante los meses recientes no solamente no se ha resuelto el conflicto social en Oaxaca, sino que éste se ha acentuado.
Recordó que en la entidad recientemente fue ejecutado un servidor público del gobierno federal perteneciente al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), lo cual pone de manifiesto el grado de inseguridad en el estado, donde, dijo, se vive un clima de impunidad, abuso y saqueo.
El legislador refirió que el martes pasado el gobierno del estado se reunió con los dirigentes de las cámaras empresariales locales, para atender el tema de inseguridad, que ya ha llegado a secuestros y levantotes (plagio sin fines de pedir recompensa) de hombres de negocios. El clima de violencia en Oaxaca, dijo, no sería tan grave “si se hubiera atendido con prontitud la demanda de impartición de justicia”.
Por su parte, Carlos Altamirano Toledo, del PRD, también aplaudió la propuesta y desde la tribuna denunció que a un año del asesinato de 20 personas en la entidad, todavía no se enjuicia a los responsables.
“No hay culpables por esos 20 muertos. Al contrario, Ulises Ruiz sigue tan campante, dizque gobernando Oaxaca, gastándose el dinero en campañas electorales, en fiestas y en demás cosas, mientras el pueblo oaxaqueño vive en la pobreza y marginación”, afirmó.
Antes de someter el punto de acuerdo a votación, la presidenta de la Cámara, Ruth Zavaleta, precisó que los coordinadores de PRI, PVEM y Nueva Alianza, Emilio Gamboa, Gloria Lavara Mejía y Miguel Ángel Jiménez Godínez, respectivamente, no lo suscribieron.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario