Carlos Tena
Ser fiel a las promesas es siempre un asunto de coraje. Y no es precisamente esa virtud la que distingue al actual presidente Zapatero, que sólo una vez en su carrera política supo hacer frente a ese compromiso; fue cuando retiró a los mercenarios españoles de Irak… para enviarles a Haití. Tal vez sea la excepción que confirma la regla de un socialista que baila la yenka: izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás ¡ un, dos tres ¡ (léase con énfasis cuartelero)
El 18 de agosto de 1936, en León, las huestes del golpista Francisco Franco fusilaban a Juan Rodríguez Lozano, capitán del ejército republicano español, que, fiel al juramento realizado, dio su vida en nombre de la democracia y la legalidad, vigentes desde 1931. En una carta que dejara a su familia, pedía que, cuando fuera necesario, se defendiera su nombre, declarando que se sentía orgulloso de no haber sido un traidor a su patria, que su credo fue un deseo infinito de paz, amor por la justicia y el progreso social de los humildes.
Su nieto, José Luís Rodríguez, que un día concluyera su discurso de investidura haciendo suyo el credo del capitán, entreabrió la puerta a la realización del último deseo de su abuelo. Pero sólo un poco. El Consejo de Ministros aprobaba un proyecto de ley destinado a rehabilitar la memoria de las víctimas del levantamiento armado. Muy pronto, los fusilados, los encarcelados, los exiliados y los condenados a trabajos forzados iban a ver su honor restablecido oficialmente.
Desde hace unos años, varias asociaciones trabajan duramente para la rehabilitación de la memoria de las víctimas del campo republicano, topándose con las continuas zancadillas, presiones y chantajes del PP, que lograron suavizar el deseo del presidente. La llamada transición política exigía la impunidad para todos los crímenes del franquismo, e incluso los cometidos desde 1975, tras la muerte del Caudillo golpista.
La democracia surgida de ese viaje a ninguna parte, permitió que esos políticos de la extrema derecha, que jamás condenaron los desmanes de la dictadura, además de otros colocados en el espectro del centro-derecha y centro-izquierda (PSOE e IU), consiguieran hace unas semanas que las familias de los represaliados y los poquísimos supervivientes de la asonada que aún sufren en silencio, pudieran ver rehabilitada siquiera la memoria de aquellos que fueron juzgados y condenados sin garantía alguna.
Rajoy y Zapatero, fundamentalmente, han dejado en el mar de la historia del siglo XX una mancha de tales dimensiones, que convierte a los castigados por su fidelidad a la ley poco menos que en delincuentes, y a los golpistas y sus mesnadas, en héroes con monumentos, placas y toda suerte de homenajes en calles, iglesias, catedrales y plazas públicas.
Los franquistas, y los personajes que hicieron su carrera durante la dictadura, han hecho valer sus amenazas y la Ley de la Desmemoria Histórica se ha consagrado oficialmente para vergüenza de la inteligencia, los derechos humanos y la justicia. Los republicanos fueron perseguidos por mostrarse fieles al régimen legal, por declarar su lealtad a la democracia, mientras que los vencedores del golpe de estado del 18 de Julio de 1936, santificaban los fusilamientos, las palizas, las torturas y desmanes, con la presencia de representantes de la Iglesia Católica, apostólica y romana, la misma que predica el amor, la fraternidad y la piedad.
Durante décadas, en silencio y con miedo, los deudos de esos miles de republicanos, fusilados y enterrados apresuradamente en fosas comunes, buscaban los cuerpos de los suyos para exhumarles y darles una digna sepultura, sin financiación ni ayuda pública de ninguna clase. Aproximadamente se han podido encontrar unos mil cadáveres en estos cinco últimos años, pero las asociaciones evalúan en 30.000 el número de ellos que esperan aún en las fosas, zanjas y los campos de España.
El Gobierno se ha negado no sólo a establecer los mecanismos para que los familiares de los asesinados recibieran una mínima ayuda económica oficial para sufragar los gastos de esa dolorosa búsqueda, sino que además se opuso a suscribir la principal y previa petición asociaciones: la anulación de los juicios pronunciados por los tribunales militares establecidos por el régimen franquista , sobre todo a partir del verano 1937, y que distaban mucho de respetar las normas jurídicas internacionales. Estos tribunales también enviaron a innumerables españoles a realizar trabajos forzados, en campos de exterminio, en prisiones, en condiciones a menudo espantosas.
La cacareada justicia han rechazado sistemáticamente la revisión de estos consejos de guerra. Los partidos mayoritarios, con la inestimable ayuda de otros colectivos, instituyeron tímidos mecanismos de rehabilitación individual a petición de las víctimas o sus familias, para que estas, durante un año, formularan una solicitud ante la comisión interministerial, que haría las investigaciones necesarias.
El ejecutivo que preside Zapatero ha legalizado parcialmente el recuerdo de la victoria franquista, respetando las placas, monumentos y símbolos de todo tipo y material, que se hallen en capillas, iglesias y catedrales, por considerar que “ son patrimonio artístico ”. El crimen consagrado doblemente. La memoria de los que combatieron por el fascismo, la intolerancia y la incultura es hoy tan respetable como un retablo del siglo XVI. La de quienes cayeron combatiendo el delito, por el progreso y la justicia para todos, incluidos los enemigos de la ley, sigue siendo un mal recuerdo para los demócratas de esta monarquía, consagrada por un asesino. Se ha consumado la tra (ns) ición de Zapatero.
El recuerdo del abuelo fusilado no ha afectado mucho al nieto presidente. Le aconsejo que para clarificar su actual postura, solicite de la dirección del PSOE la fusión inmediata (en frío y en caliente) con el PP y aquí paz y después… ¿Quién sabe? Todo, menos gloria.
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