Venezuela: entre los votos y las botas

James Petras

Introducción

Hugo Chávez, el presidente democráticamente electo de Venezuela, se halla ahora ante la amenaza más peligrosa que le ha tocado vivir desde el golpe militar del 11 de abril de 2002.

Las violentas protestas callejeras de privilegiados estudiantes universitarios de clases media y alta se han saldado con peleas callejeras muy importantes en el centro y en los alrededores de Caracas. Pero lo más grave es que el general Raúl Isaías Baduel, el ex Ministro de Defensa a cuyo cargo renunció el pasado mes de julio, acaba de hacer llamados explícitos a un golpe militar durante la conferencia de prensa que convocó el 5 de noviembre en exclusiva para los medios y partidos políticos de la derecha y la extrema derecha, mientras que adoptaba la posición de disidente “individual”.

Los medios privados nacionales e internacionales se han hecho eco de los discursos de Baduel, de las conferencias de prensa y de falsas descripciones de los alborotos provocados por estudiantes de la oposición, que han presentado como tranquilas protestas en defensa de los derechos democráticos y contra el referéndum del gobierno, cuya celebración está prevista el próximo 2 de diciembre de 2007.

Tanto el New York Times, como el Wall Street Journal, BBC News y el Washington Post han venido preparando durante años a sus lectores con falacias del “autoritarismo” del presidente Chávez. Confrontados con las reformas constitucionales que refuerzan las perspectivas de una democratización política y social de largo alcance, los medios de comunicación estadounidenses, europeos y latinoamericanos se dedican ahora a presentar a ex oficiales militares favorables a un golpe de Estado como si fuesen “disidentes democráticos”, antiguos partidarios de Chávez desilusionados por la búsqueda de poderes “dictatoriales” de éste durante el período previo al referéndum del 2 de diciembre sobre la reforma constitucional y después de éste. Ningún periódico importante ha mencionado el carácter democrático de las reformas propuestas, la entrega del control sobre el gasto público y del poder de decisión a vecindarios locales y concejos comunitarios. De nuevo, al igual que sucedió en Chile en 1973, los medios estadounidenses son cómplices en el intento de destruir una democracia latinoamericana.

Incluso algunos sectores de la prensa y los partidos de centro izquierda en América Latina han reproducido la propaganda derechista. El 9 de noviembre, el supuestamente izquierdista diario mexicano La Jornada publicó el siguiente titular: “Directivos y alumnos de la UCV acusan a Chávez de promover la violencia”. El artículo repetía las patrañas derechistas sobre encuestas electorales que vaticinaban la derrota de las enmiendas constitucionales.

El gobierno de USA -tanto la Casa Blanca republicana como el Congreso controlado por los demócratas- está apoyando el nuevo intento de derrocar al popular y nacionalista presidente Chávez, y ello con el fin de frustrar las abiertamente progresistas enmiendas constitucionales.

El referéndum: delimitación y profundización de las transformaciones sociales

El eje de la confrontación es el próximo referéndum sobre las reformas constitucionales iniciadas por el presidente Chávez, debatidas, corregidas y sometidas a votación democrática en el Congreso venezolano durante los últimos seis meses. Ha habido un debate amplio y abierto y críticas de secciones específicas de la Constitución. Los medios privados, mayoritaria y visceralmente opuestos a Chávez y favorables a la Casa Blanca, condenaron por unanimidad todas y cada una de las enmiendas constitucionales. Un sector de la dirigencia de uno de los componentes de la coalición PODEMOS, favorable a Chávez, se ha unido a la jerarquía de la Iglesia católica, a la asociación de empresarios y ganaderos, banqueros y sectores de la universidad y la elite de estudiantes para atacar las reformas constitucionales propuestas. Haciendo uso a fondo de todas las libertades democráticas de Venezuela (de palabra, de asamblea y de prensa), la oposición ha denigrado el referéndum como “autoritario”, incluso cuando la mayoría de los sectores de la coalición opositora intentaron incitar a los militares para que interviniesen.

La coalición opositora de ricos y privilegiados teme las reformas constitucionales porque con éstas deberá otorgar un porcentaje mayor de sus beneficios a la clase obrera, perderá su monopolio de las transacciones del mercado -que pasarán a manos de compañías públicas- y el poder político del que ahora goza se desplazará hacia concejos comunitarios locales y hacia el poder ejecutivo. Mientras que los medios derechistas y liberales de Venezuela, Europa y USA han inventado acusaciones chocantes contra las reformas “autoritarias”, lo cierto es que las enmiendas proponen una democracia social más amplia y profunda.

Un breve repaso de las principales enmiendas constitucionales, ampliamente debatidas y aprobadas por una mayoría de los miembros libremente elegidos del Congreso venezolano, permite refutar las acusaciones de “autoritarismo” que lanzan sus críticos. Las enmiendas pueden agruparse de acuerdo con los cambios políticos, económicos y sociales que proponen.

El cambio político más importante es la creación de nuevas formas democráticas locales de representación política, en las que las instituciones comunitarias y comunales elegidas dispondrán de financiación estatal en sustitución de los gobiernos municipales y estatales, plagados de corrupción y de tráfico de influencias. Este cambio hacia la descentralización impulsará una mayor práctica de la democracia directa, en contraste con las arraigadas tendencias oligárquicas del centralizado sistema representativo actual.

En segundo lugar, contrariamente a los infundios propagados por el ex general Baduel, las enmiendas no “destruyen la constitución existente”, ya que únicamente modifican en mayor o menor grado el 20% de los artículos de la constitución (69 de un total de 350).

Las enmiendas que establecen la posibilidad de que cualquier candidato se presente a un número ilimitado de elecciones son acordes con la práctica habitual de muchos sistemas parlamentarios, como lo demuestran, entre otros casos, las cinco reelecciones del primer ministro australiano Howard, el medio siglo de poder ejecutivo del Partido Liberal Democrático en Japón, las cuatro legislaturas del presidente Franklin Roosevelt en USA o las múltiples reelecciones de Margaret Thatcher y Tony Blair en el Reino Unido. Nadie en ningún momento ha puesto nunca en entredicho las credenciales democráticas de estos políticos por haber detentado el poder tras múltiples elecciones consecutivas y es inaceptable que se etiquete selectivamente a Chávez de “autoritario” por hacer lo mismo.

El cambio político que alargará el mandato presidencial de 6 a 7 años no aumentará ni reducirá los poderes presidenciales, como dice la oposición, puesto que la separación de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo permanecerá intacta y las elecciones libres someterán al presidente a un control periódico por parte de la ciudadanía.

El punto clave de las elecciones indefinidas es que son elecciones libres, sujetas a la preferencia de los votantes, en las que -en el caso de Venezuela- la mayor parte de los medios, la jerarquía católica, las ONG financiadas por USA y las asociaciones de grandes empresas seguirán aportando enormes recursos económicos para costear la actividad de la oposición, lo cual es un contexto difícilmente calificable de “autoritario”.

La enmienda que permite que el ejecutivo declare un estado de excepción e intervenga en los medios en caso de actividad violenta que busque suspender la constitución es esencial para la salvaguarda de las instituciones democráticas. Si se tienen en consideración las intentonas violentas y autoritarias por parte de la oposición actual para hacerse con el poder en fechas recientes, la enmienda permite disentir pero también permite que la democracia se defienda contra los enemigos de la libertad. En el contexto que condujo al golpe militar del 11 de abril de 2002, apoyado por USA, y al cierre patronal de la industria del petróleo por parte de sus altos ejecutivos, que devastó la economía (con una caída del 30% en el PIB en 2002/2003), si el gobierno hubiera ostentado y utilizado poderes de excepción, tanto el Congreso como la judicatura, el proceso electoral y las condiciones de vida del pueblo venezolano habrían estado mejor protegidos. Lo más probable es que el gobierno habría podido intervenir contra los medios que cooperaron en el derrocamiento violento del proceso democrático, de la misma manera que suele hacer cualquier otro gobierno democrático. Debe quedar claro que la enmienda que permite “poderes de excepción” se basa en un contexto específico y refleja experiencias concretas: los actuales partidos de la oposición, las federaciones de empresarios y las jerarquías de la iglesia cuentan con un historial violento y antidemocrático. La campaña de desestabilización en contra del próximo referéndum y los llamamientos a una intervención militar, tan explícitamente formulados por el general retirado Baduel (defendido por su notorio consejero y apologista, el universitario aventurero Heinz Dieterich) constituyen una señal cristalina de que los poderes de excepción son absolutamente necesarios para que no quede la menor duda de que la violencia reaccionaria se topará con todo el peso de la ley.

La reducción de la edad de voto desde los 18 a los 16 años ampliará el electorado, incrementará el número de participantes en el proceso electoral y dará más voz a los jóvenes en la política nacional a través de las instituciones. Dado que muchos trabajadores se integran muy jóvenes en el mercado laboral y en algunos casos crean familias más precozmente, esta enmienda permite que los trabajadores jóvenes puedan presentar sus demandas específicas sobre convenios colectivos y contingentes de empleo.

La oposición, liderada por FEDECÁMARAS (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela), rechaza con vehemencia la enmienda que reduce la jornada laboral a 6 horas, enmienda que los sindicatos y los trabajadores de todos los sectores apoyan de forma abrumadora. Permitirá que se destine más tiempo a la familia, los deportes, la educación, la formación profesional, la educación política y la participación social, así como a la participación en los recién constituidos concejos comunitarios. La legislación relacionada con el trabajo y los cambios en los derechos de propiedad, que prestan una mayor trascendencia a la propiedad colectiva, reforzarán el poder de negociación del mundo del trabajo frente al capital, extendiendo la democracia hasta el lugar de trabajo.

Por último, la enmienda que eliminará la denominada “autonomía del Banco Central” prevé que funcionarios electos y responsables ante el electorado reemplacen a los banqueros centrales (quienes frecuentemente son receptivos a los banqueros privados, a inversionistas extranjeros y a funcionarios financieros internacionales) en las decisiones sobre el gasto público y la política monetaria. Una de las principales consecuencias será la reducción del exceso de reservas en fondos denominados en dólares devaluados y un aumento en la financiación de la actividad social y productiva, la diversificación de las divisas, la reducción de los préstamos extranjeros irracionales y el endeudamiento. La realidad es que el actual Banco Central no es “autónomo”, sino que depende de las exigencias de los mercados financieros sin que lo afecten las prioridades de los funcionarios electos, quienes sí han de responder a las necesidades populares.

Cuando el gobierno de Chávez avanza hacia el socialismo democrático los centristas desertan y buscan soluciones militares

Conforme Venezuela cambia desde la transformación política a la social, desde un estado del bienestar capitalista hacia el socialismo democrático, las deserciones y las incorporaciones predecibles van teniendo lugar. Tal como ya sucedió en la mayoría de las demás experiencias históricas de transformación social, algunos sectores de la coalición original del gobierno implicada en cambios políticos institucionales formales desertan cuando el proceso político avanza hacia un mayor igualitarismo en la propiedad y hacia una transmisión del poder al pueblo. Los ideólogos del “centro” lamentan la “violación” del consenso establecido entre oligarcas y pueblo y etiquetan los nuevos alineamientos sociales de “autoritarios”, incluso cuando el “centro” se vincula con la extrema derecha antidemocrática y apela a la intervención militar.

Conforme el referéndum salta a primera plana con sus claros matices de clase, un proceso similar de deserciones de elite y un mayor apoyo de las masas están teniendo lugar en Venezuela. El “centro”, carente de confianza en su habilidad para frustrar las enmiendas constitucionales a través del voto, temeroso de la mayoría democrática, resentido del inmenso atractivo popular del democráticamente electo presidente Chávez, se ha unido con la derecha en un postrero esfuerzo por unificar las fuerzas extraparlamentarias y derrotar la voluntad del electorado.

Una figura emblemática de la nueva derecha y de las deserciones “centristas” es Raúl Baduel, el ex ministro de Defensa, cuyo virulento ataque contra el presidente, el Congreso, los procedimientos electorales y el referéndum lo señalan como aspirante a liderar una toma del poder por parte de la extrema derecha apoyada por USA.

Tras el golpe militar de abril de 2002, los medios liberales y de derecha y los inescrupulosos propagandistas “centristas” retrataron falsamente a Raúl Baduel como el “salvador” de Chávez. La verdad es que Baduel intervino solamente después de que cientos de miles de venezolanos pobres bajaran en tropel desde los “ranchitos”, rodearan el palacio presidencial y provocaran la división en las fuerzas armadas. Baduel rechazó a la minoría de oficiales derechistas que estaban dispuestos a un baño de sangre y se alineó con otros que se opusieron a medidas extremistas contra el pueblo y a la destrucción del orden político establecido. Este último grupo incluía a oficiales que respaldaron las políticas nacionalistas y populistas de Chávez y a otros, como Baduel, que se opusieron a los golpistas porque el putsch polarizaba la sociedad y podría terminar en una guerra civil de clases sociales con incierto resultado. Baduel era favorable a la restauración de un Chávez “escarmentado” que mantendría el statu quo económico existente.

Dentro del gobierno de Chávez, Baduel representó a la tendencia anticomunista que presionaba al presidente para que se “reconciliara” con la derecha “democrática moderada” y el mundo de los negocios. En la política interior Baduel se opuso a la ampliación de las nacionalizaciones y en la exterior favoreció la colaboración con el ultraderechista Ministerio de Defensa colombiano.

La etapa de Baduel como Ministro de Defensa reflejó sus predisposiciones conservadoras y su falta de competencia en asuntos de seguridad, sobre todo en la seguridad interna. No protegió las fronteras de Venezuela de las incursiones del ejército colombiano. Peor aún, no se opuso a la infracción flagrante de las normas internacionales por parte de Colombia con respecto a los exiliados políticos. Mientras que Baduel fue Ministro de Defensa, grupos armados paramilitares de propietarios venezolanos asesinaron a más de 150 campesinos activistas en pro de la reforma agraria, mientras que la Guardia Nacional miraba para otra parte. Bajo la vigilancia de Baduel más de 120 paramilitares colombianos se infiltraron en el país. El ejército de Colombia cruzó con frecuencia la frontera venezolana para atacar a refugiados colombianos. Con Baduel oficiales venezolanos colaboraron en el rapto de Rodrigo Granda (un emisario de asuntos exteriores de las FARC) en pleno día en el centro de Caracas. Baduel no hizo esfuerzo alguno por investigar o protestar ante esta enorme infracción de la soberanía venezolana, hasta que el presidente Chávez fue informado e intervino. Durante toda su etapa como Ministro de Defensa, Baduel desarrolló fuertes vínculos con el servicio de inteligencia militar de Colombia (estrechamente supervisado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa de USA y la CIA) y extraditó a varios guerrilleros del ELN y de las FARC, que cayeron en manos de sanguinarios torturadores colombianos.

Llegada la hora de su retiro como Ministro de Defensa, Baduel pronunció un discurso de despedida en julio de 2007 cuyas flechas iban claramente dirigidas contra las corrientes izquierdistas y marxistas del sindicato UNT y el PSUV (Partido Socialista Unificado de Venezuela), entonces recién anunciado por Chávez. Su discurso, en nombre del “socialismo cristiano”, fue en realidad una malhumorada diatriba anticomunista, que resultó del agrado del papa Benedicto (Ratzinger).

Sin embargo, el discurso de Baduel del 5 de noviembre constituye su adhesión pública a la oposición de línea dura, a su retórica, a sus maquinaciones y a sus posiciones de una revocación autoritaria del programa de socialismo democrático de Chávez. En primer lugar, en la estela de la Casa Blanca y de la “derecha dura” venezolana, denunció como “un golpe de Estado” la totalidad del debate en el Congreso sobre las enmiendas constitucionales y la campaña electoral que ha de llevar al referéndum. Todos los expertos y los observadores exteriores disintieron, incluso aquellos que están en contra del referéndum. Sin embargo, el propósito de Baduel fue cuestionar la legitimidad del procedimiento político al completo con vistas a justificar su llamamiento a la intervención militar. Su retórica, que tacha de “fraude” y de “procedimientos fraudulentos” el debate del Congreso y el voto, pone de manifiesto el esfuerzo de Baduel por denigrar las instituciones representativas existentes para justificar un golpe militar, que las desmantelaría.

Resulta ridículo que Baduel niegue cualquier pretensión política personal, puesto que sólo invitó a medios de la oposición y a políticos a su “conferencia de prensa” y apareció acompañado de algunos oficiales. Baduel se parece al dictador que acusa a la víctima de los crímenes que está a punto de cometer. Al tachar de “golpe de Estado” el referéndum sobre la reforma constitucional incita al ejército a dar un golpe de Estado. En un llamamiento abierto para la acción militar ordena a los militares que “reflexionen sobre el contexto de la reforma constitucional”. Pide una y otra vez a los oficiales que “evalúen cuidadosamente” los cambios que el gobierno electo propone “de manera apresurada y mediante procedimientos fraudulentos”. Al mismo tiempo que denigra las instituciones democráticamente electas, Baduel recurre a halagos vulgares y a falsa modestia para inducir la rebelión militar. Mientras que niega presuntuosamente estar actuando como portavoz del ejército, advirtió a los reporteros derechistas presentes y a la potencial cohorte militar que “no se puede menospreciar la capacidad de análisis y de razonamiento de la Fuerza Armada”.

Las declaraciones de Baduel están llenas de doblez, hipocresía y falsa pose de desinterés. Sus pretensiones de que es un crítico “apolítico” se contradicen por su intención de iniciar una gira de discursos en el ámbito nacional para atacar las reformas constitucionales, en reuniones organizadas por la oposición de derecha. No existe la menor duda de que no se dirigirá únicamente a un público civil, sino que hará los esfuerzos necesarios para reunirse con oficiales del ejército en activo, a quienes podría convencer para que “reflexionen”... y tramen el derrocamiento del gobierno con el fin de invertir los resultados del referéndum. El presidente Chávez tiene toda la razón del mundo cuando dice que Baduel es un traidor, si bien dada la hostilidad de larga data de éste a la transformación social igualitaria puede que sea más pertinente decir que ahora está revelando su verdadera cara.

El peligro para la democracia venezolana no está en Baduel como individuo, pues ya no forma parte del gobierno ni es un militar en activo. El verdadero peligro es el esfuerzo que está haciendo por arengar a los oficiales con tropa bajo su mando para que respondan a su llamado a la acción o cuando pide ingeniosamente “que los militares reflexionen sobre el contexto de las reformas constitucionales”. Los análisis y el programa de acción de Baduel sitúan al ejército en el centro de la política, por encima de 16 millones de votantes.

Su defensa vehemente de la “propiedad privada”, acorde con su llamado a la acción militar, es una táctica ingeniosa para unir a generales, banqueros y clase media en la estela infame de Augusto Pinochet, el criminal tirano chileno.

La polarización de las clases en el período previo al referéndum ha alcanzado su punto álgido: los restos de la coalición multiclasista que incluía a una minoría de la clase media y a la gran mayoría de la fuerza de trabajo se están desintegrando. Millones de trabajadores jóvenes antes apáticos o apolíticos, pobres desempleados y mujeres de bajo salario (trabajadoras domésticas, lavanderas, madres solteras) se están uniendo a las inmensas manifestaciones populares que desbordan las calles principales y las plazas a favor de las enmiendas constitucionales. Al mismo tiempo, las deserciones políticas han aumentado entre la minoría centrista-liberal de la coalición de Chávez. Catorce diputados de la asamblea nacional, menos del 10%, la mayoría de PODEMOS, se han pasado a la oposición. Fuentes fiables en el interior de Venezuela (véase http://axisoflogic.com/artman/publish/article_25479.shtml) informan de que el fiscal general Isaías Rodríguez, un defensor de la ley particularmente inepto, y el contralor general Clodosbaldo Russian van a dimitir para pasarse a la oposición. Estos mismos informes señalan algo todavía más grave: que la IV División de Maracay es leal al “golpista” Raúl Baduel. Hay quien sospecha que Baduel está utilizando sus lazos personales de larga data con Gustavo Rangel Briceño, el actual Ministro de Defensa, para convencerlo de que deserte y participe en los preparativos del golpe de Estado. Grandes sumas de dinero yanqui están entrando a raudales para financiar en efectivo a funcionarios estatales y locales con promesas de compartir el botín petrolero si Chávez es destituido. El soborno político más reciente de USA ha sido el de Luis Felipe Acosta Carles, gobernador del estado de Carabobo. Los medios han publicitado repetidamente, de hora en hora en sus “informes periodísticos”, a estos nuevos desertores hacia las filas de la derecha, destacando su ruptura con el “golpe de Estado” de Chávez.

El referéndum se está convirtiendo en un caso inusitadamente violento de “guerra de clases contra clases”, en la que el futuro de toda la izquierda latinoamericana está tan en juego como el control de Washington sobre su principal proveedor de petróleo.

Conclusión

La democracia venezolana, la presidencia de Hugo Chávez y la mayoría de las clases populares del país se enfrentan a una amenaza mortal. USA asiste impaciente a repetidas derrotas electorales, pero es incapaz de iniciar una intervención externa a gran escala debido a la excesiva implicación de sus unidades militares en Oriente Próximo; de nuevo busca el derrocamiento violento de Chávez. Por medio de las reformas constitucionales, Venezuela ampliará y hará más profundo el control democrático popular sobre la política socioeconómica. Nuevos sectores económicos serán nacionalizados. Programas sociales e inversiones públicas de mayor envergadura serán implementados. Venezuela se está dirigiendo inexorablemente hacia una diversificación de sus mercados petroleros, de sus reservas de divisas y de sus alianzas políticas. El tiempo se le acaba a la Casa Blanca: las palancas de influencia política de Washington se están debilitando. Baduel está considerado como la mejor esperanza para provocar un ataque militar que devuelva a los oligarcas al poder y diezme los movimientos populares de masas.

El presidente Chávez está “valorando correctamente al alto mando” y dice que “tiene plena confianza en las fuerzas armadas nacionales y en su miembros”. Pero la mejor garantía es atacar con dureza y celeridad, precisamente contra los seguidores y asociados de Baduel. Hacer una redada a unas cuantas docenas o a varios centenares de conspiradores militares es un precio muy barato si con ello se salvan las vidas de miles de trabajadores y activistas que serían masacrados en caso de un asalto sangriento al poder.

La historia ha enseñado repetidamente que cuando un líder pone la democracia social, el igualitarismo y el poder popular en la cima del programa político, tal como ha hecho Chávez, y cuando la mayoría del pueblo responde con entusiasmo, la derecha, los militares reaccionarios, los desertores y los ideólogos del “centro” político, la Casa Blanca, las clases medias histéricas y los cardenales de la Iglesia sacrifican todas y cada una de las libertades democráticas para defender su propiedad, sus privilegios y el poder con cualquier medio y al coste que sea necesario. En la actual confrontación, que todo lo invade, entre las clases populares de Venezuela y sus enemigos oligarcas y militares, únicamente si se arma al pueblo moral, política y organizativamente podrá garantizarse la continuidad del proceso democrático de transformación social.

Habrá cambio, pero la cuestión es saber si será por medio de los votos o de las botas.