Cambian la palabra "plan" por "iniciativa", ocultan documentos que expliquen de qué se trata realmente, pero la copia del Plan Colombia --con todo y sometimiento a USA-- es evidente en el entreguismo del gobierno de facto en México. Todo por el poder.Por Jorge Eduardo Navarrete
Alguien en la radio incurrió en el explicable lapsus de aludir como Iniciativa Medellín a lo que casi todo mundo llama Plan México, oficialmente designado "Iniciativa Mérida".
Este bautizo obedeció al deseo de la administración mexicana de evitar toda asociación con el Plan Colombia, aunque sea evidente que ambos ejercicios son operaciones de asistencia, decididas e instrumentadas por Estados Unidos para ser ejecutadas en un tercer país, sea éste México o Colombia. Ambos planes tienen el mismo ADN, lo que no implica que sean iguales en sus fisonomías.
Ese prurito ha tenido un lamentable corolario: en las tres semanas desde su anuncio, la titular y otros funcionarios de Relaciones Exteriores han repetido hasta el hastío lo que no es el plan, sin llegar a aclarar todavía, de manera suficiente, en qué consiste. La impresión predominante es la de que sólo se ha revelado el ápice del iceberg y persiste una idea muy vaga y parcial de su dimensión y alcances. Para acercarse a éstas, conviene repasar algunos antecedentes y contenidos de la "Iniciativa Mérida".
Pocos recuerdan que hace alrededor de 40 años, Estados Unidos impuso la Operación Intercepción, destinada a detener el tránsito de estupefacientes a través del lindero, esculcando hasta la fatiga a los mexicanos que lo atravesaban. Los cruces fronterizos, principal dinámica de la vida en el área, estuvieron a punto de congelarse. En otros momentos de los siguientes decenios, se han transferido a México equipos y tecnologías cuya efectividad no ha perdurado. El Plan México resulta, en muchos aspectos, una versión modernizada y con recursos técnicos actualizados de esos anteriores esfuerzos fallidos.
Ante la demanda de información de algunos legisladores, se ha declarado que, por tratarse de un “compromiso político”, no hay todavía textos que puedan ser presentados a la consideración del Congreso. En la vida internacional, los compromisos políticos se expresan en acuerdos o tratados para dotarlos de formalidad y transparencia. Mantenerlos como meros compromisos es un recurso lamentable e inútil, para evitar el escrutinio legislativo y de la opinión pública.
Según declaración del subsecretario de Estado asistente, Thomas Shannon, “los mexicanos nos presentaron un documento de estrategia en el que expresan su concepción o punto de vista de las amenazas de seguridad a las que México hace frente y de los desafíos comunes y la naturaleza compartida de tal amago, especialmente en el norte de México...”
¿Cuántos años habrá que esperar para que esta solicitud, entregada formalmente al gobierno estadounidense, sea conocida en México? Quizá venga primero su desclasificación en Estados Unidos.
El otro documento, que ha circulado informalmente, es una “traducción no oficial” de la petición entregada por el gobierno Bush al Congreso en la que se detalla cómo se propone distribuir los 500 millones de dólares que en el primer año se dedicarían a financiar la Iniciativa. Habría recursos para finalidades sorprendentes. Ejemplos, el Instituto Nacional de Migración recibiría servicios, valuados en 31.3 millones de dólares, para, entre otras cosas, modernizar sus bases de datos y su sistema de verificación de documentos. Ante esto, conviene recordar que fue la directora del INM quien declaró que el Plan México era “una prueba de la fortaleza del gobierno mexicano”.
Parte de los 60.7 millones de dólares que se canalizarían a la PGR estaría destinada a “capacitación para llevar a cabo procesos de extradición”. En realidad, ¿no sería preferible financiar este tipo de acciones, sin aceptar el sometimiento que supone la donación o el crédito foráneo?
No se ha señalado, por cierto, si los 500 millones de dólares para 2008 (y los 900 adicionales para los siguientes dos o tres años) van a constituir una donación pura y simple, o van a ser rembolsables y en qué condiciones. Más allá de este aspecto, que no es menor, la cuestión de fondo es la antes planteada: ¿por qué acudir a la ayuda externa –el Plan México calificaría como una operación de asistencia oficial al desarrollo: recursos presupuestales que un país donante entrega a una nación pobre– cuando, por su monto y sus características, sería por completo factible que México lo financiara, con una fracción, por ejemplo, de los ingresos excedentes derivados de la exportación de petróleo? ¿Por qué elegir la ruta del sometimiento en lugar del camino de la autonomía?
Es claro que se requiere la cooperación bilateral y multilateral para combatir el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado. México podría abordar las acciones de cooperación desde una posición fortalecida, si no demandase ayudas técnicas o de suministro.
Además, sería más efectivo para los objetivos proclamados de la Iniciativa Mérida, que Estados Unidos invirtiese los recursos que va a donar o a prestar a México, en sus propias acciones de control de demanda, persecución del narcotráfico en su territorio y combate efectivo de las acciones de lavado de dinero.
Este bautizo obedeció al deseo de la administración mexicana de evitar toda asociación con el Plan Colombia, aunque sea evidente que ambos ejercicios son operaciones de asistencia, decididas e instrumentadas por Estados Unidos para ser ejecutadas en un tercer país, sea éste México o Colombia. Ambos planes tienen el mismo ADN, lo que no implica que sean iguales en sus fisonomías.
Ese prurito ha tenido un lamentable corolario: en las tres semanas desde su anuncio, la titular y otros funcionarios de Relaciones Exteriores han repetido hasta el hastío lo que no es el plan, sin llegar a aclarar todavía, de manera suficiente, en qué consiste. La impresión predominante es la de que sólo se ha revelado el ápice del iceberg y persiste una idea muy vaga y parcial de su dimensión y alcances. Para acercarse a éstas, conviene repasar algunos antecedentes y contenidos de la "Iniciativa Mérida".
Pocos recuerdan que hace alrededor de 40 años, Estados Unidos impuso la Operación Intercepción, destinada a detener el tránsito de estupefacientes a través del lindero, esculcando hasta la fatiga a los mexicanos que lo atravesaban. Los cruces fronterizos, principal dinámica de la vida en el área, estuvieron a punto de congelarse. En otros momentos de los siguientes decenios, se han transferido a México equipos y tecnologías cuya efectividad no ha perdurado. El Plan México resulta, en muchos aspectos, una versión modernizada y con recursos técnicos actualizados de esos anteriores esfuerzos fallidos.
Ante la demanda de información de algunos legisladores, se ha declarado que, por tratarse de un “compromiso político”, no hay todavía textos que puedan ser presentados a la consideración del Congreso. En la vida internacional, los compromisos políticos se expresan en acuerdos o tratados para dotarlos de formalidad y transparencia. Mantenerlos como meros compromisos es un recurso lamentable e inútil, para evitar el escrutinio legislativo y de la opinión pública.
Según declaración del subsecretario de Estado asistente, Thomas Shannon, “los mexicanos nos presentaron un documento de estrategia en el que expresan su concepción o punto de vista de las amenazas de seguridad a las que México hace frente y de los desafíos comunes y la naturaleza compartida de tal amago, especialmente en el norte de México...”
¿Cuántos años habrá que esperar para que esta solicitud, entregada formalmente al gobierno estadounidense, sea conocida en México? Quizá venga primero su desclasificación en Estados Unidos.
El otro documento, que ha circulado informalmente, es una “traducción no oficial” de la petición entregada por el gobierno Bush al Congreso en la que se detalla cómo se propone distribuir los 500 millones de dólares que en el primer año se dedicarían a financiar la Iniciativa. Habría recursos para finalidades sorprendentes. Ejemplos, el Instituto Nacional de Migración recibiría servicios, valuados en 31.3 millones de dólares, para, entre otras cosas, modernizar sus bases de datos y su sistema de verificación de documentos. Ante esto, conviene recordar que fue la directora del INM quien declaró que el Plan México era “una prueba de la fortaleza del gobierno mexicano”.
Parte de los 60.7 millones de dólares que se canalizarían a la PGR estaría destinada a “capacitación para llevar a cabo procesos de extradición”. En realidad, ¿no sería preferible financiar este tipo de acciones, sin aceptar el sometimiento que supone la donación o el crédito foráneo?
No se ha señalado, por cierto, si los 500 millones de dólares para 2008 (y los 900 adicionales para los siguientes dos o tres años) van a constituir una donación pura y simple, o van a ser rembolsables y en qué condiciones. Más allá de este aspecto, que no es menor, la cuestión de fondo es la antes planteada: ¿por qué acudir a la ayuda externa –el Plan México calificaría como una operación de asistencia oficial al desarrollo: recursos presupuestales que un país donante entrega a una nación pobre– cuando, por su monto y sus características, sería por completo factible que México lo financiara, con una fracción, por ejemplo, de los ingresos excedentes derivados de la exportación de petróleo? ¿Por qué elegir la ruta del sometimiento en lugar del camino de la autonomía?
Es claro que se requiere la cooperación bilateral y multilateral para combatir el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado. México podría abordar las acciones de cooperación desde una posición fortalecida, si no demandase ayudas técnicas o de suministro.
Además, sería más efectivo para los objetivos proclamados de la Iniciativa Mérida, que Estados Unidos invirtiese los recursos que va a donar o a prestar a México, en sus propias acciones de control de demanda, persecución del narcotráfico en su territorio y combate efectivo de las acciones de lavado de dinero.
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