Tabasco: tragedia y falso debate

Editorial

El ambiente de confrontación provocado por las recientes declaraciones del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón –quien acusó al jefe de Gobierno del Distrito Federal de “mezquino y ruin”– parecen obedecer a una estrategia federal para esconder, por medio de un falso debate, la discusión sobre las causas que suscitaron la tragedia que recorrió los estados de Tabasco y Chiapas las dos últimas semanas y cuyos devastadores efectos, a lo que puede verse, persistirán durante mucho tiempo.

La catástrofe natural ocurrida en el sureste del país ha traído consigo, además de centenas de miles de damnificados y enormes pérdidas económicas, una cadena de acusaciones, confusiones y deslindes entre distintas instancias gubernamentales: los reclamos del gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fueron sucedidos por los confusos deslindes de responsabilidades de ambas dependencias, e incluso por la atribución de la tragedia al cambio climático, como aseguró el propio Felipe Calderón. Ahora, con los ataques de Lozano Alarcón al gobierno capitalino, que tienen un inocultable cariz de golpeteo político, es inevitable suponer que lo que la administración federal pretende es desviar la atención ciudadana de un tema central: la presunta responsabilidad y negligencia de los gobiernos estatal y federal –actuales y anteriores– en la tragedia ocurrida en Tabasco, según acusación reciente del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

En una denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR), López Obrador ha acusado al gobierno de Felipe Calderón de incurrir en un “manejo irresponsable de la operación del sistema hidroeléctrico del Grijalva, en particular de la presa Peñitas”, a fin de favorecer, a tono con una lógica privatizadora, la participación de la iniciativa privada en la generación y distribución de energía eléctrica. Lo anterior, según el perredista, ocasionó “el incremento del agua en Peñitas al nivel crítico (…) ante lo cual abrieron las compuertas a partir del 29 de octubre, a las 8:45 horas, y durante tres días consecutivos, dejando caer sobre la planicie 2 mil metros cúbicos por segundo (2 millones de litros por segundo), provocando el desastre que padece la población de Tabasco”.

De confirmarse, los señalamientos de López Obrador darían cuenta de que el gobierno mexicano, en su afán por ceñirse a la agenda del neoliberalismo, ha puesto a sectores de la población en grave riesgo. Por tanto, tales acusaciones deben ser atendidas por la PGR, a fin de esclarecer los hechos y deslindar o bien sancionar a los responsables: ello ayudaría a reducir, en alguna medida, el terrible descrédito en que se encuentran hundidas las instituciones del país.

En ese sentido, son por demás lamentables la aseveraciones del subprocurador General de la República, José Luis Santiago Vasconcelos, quien ayer aseguró que la demanda del político tabasqueño es “un chantaje” que busca “medrar con el dolor de todos los mexicanos”: el subprocurador parece olvidar que la PGR tiene la obligación de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, según lo previsto “en el marco jurídico penal que rige el desempeño institucional”, y que no le corresponde a él, en todo caso, descalificar a priori los señalamientos de López Obrador.

Por lo demás, cabe advertir que las actitudes de Lozano Alarcón y de Santiago Vasconcelos dan cuenta de la cerrazón del grupo gobernante para reconocer las demandas de la oposición política: esa postura representa un obstáculo fundamental para que se dé en el país un verdadero desarrollo democrático, tan ensalzado por el actual gobierno en los discursos.