El organismo llama a la población a estructurar un país soberano y plural
Ángeles Cruz Martínez
Una situación de verdadera emergencia nacional vive México a causa del proceso de desnacionalización que desde la década de los 80 ha provocado una degradación de la política y un vaciamiento de la democracia representativa. En este tiempo se ha convertido al país en una “zona trasnacionalizada” en la que se ha puesto en riesgo, entre otros, su seguridad interior, además de que prevalece una política económica que responde a una lógica ajena a las necesidades y voluntades nacionales, advirtió el organismo de la sociedad civil Paz con Democracia.
En una acre crítica al sistema político, económico y social imperante, la agrupación surgida en el contexto del conflicto en Chiapas y encabezada por Pablo González Casanova, emitió un llamado a la nación en el que hace un recuento del momento histórico que vive el país y destaca que el proyecto neoliberal prevaleciente ha convertido a México en una zona trasnacionalizada, siguiendo el modelo estadunidense.
Con este esquema, los distintos gobiernos y grandes empresarios –unos cuantos multimillonarios– se han beneficiado a costa de la inmensa mayoría de la población. Esta misma política es la que impulsa la privatización y desnacionalización del país, debido a la economía de libre mercado.
En el ámbito político destaca la “crisis, descrédito y corrupción de los partidos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al capital”. El texto señala que los organismos políticos son fortalecidos por el neoliberalismo en sus funciones e instituciones represivas, “transformándolas en garantes de la estabilidad social y del control autoritario de la fuerza de trabajo, la ciudadanía organizada y la sociedad civil”.
Al mismo tiempo, el gobierno criminaliza las protestas sociales y viola gravemente los derechos humanos, se disimula la impunidad. Con un doble rasero, señala el documento, se invoca al estado de derecho y por otro lado se pasa por encima de las leyes y la propia Constitución, con lo que también las autoridades pretenden legalizar la arbitrariedad.
Así, han quedado impunes las matanzas de Aguas Blancas, en Guerrero (1995); de Acteal, Chiapas (1997), y la de El Charco, Guerrero (1998), igual que los más de 600 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen durante los años de la guerra sucia entre las décadas de 1960 a 1980. En este rubro también se encuentran acontecimientos recientes, como la represión de movimientos sociales en Cancún (2003), Guadalajara (2004), San Salvador Atenco y Oaxaca, ambos en 2006. Estos y otros casos son evidencia de que no se ha logrado atender de manera integral las violaciones de los derechos humanos, señalaron los firmantes del amplio texto que fue dado a conocer ayer.
Otro tema incluido en el análisis de Paz con Democracia es el de la utilización del Ejército mexicano en actividades policiacas, con lo que el gobierno “desata una fingida guerra contra el terrorismo”, pero que sólo provoca relaciones de odio mutuo entre los militares y el pueblo. Mientras que con las políticas públicas y privadas se alienta “la corrupción de los partidos, los poderes de la Unión y de cuanto líder grande o pequeño se preste a ser asimilado”.
Listas, medidas político-militares
Con estas medidas, apunta, los gobiernos saben que han conducido al país a una crisis de las instituciones y a la liquidación de una gobernabilidad mínimamente democrática. “Pero están listos a dar los pasos necesarios para tomar las medidas político-militares contra la ciudadanía insumisa y contra los pueblos indígenas autónomos que defienden sus recursos, territorios y tierras, su cultura, vida y dignidad”.
El diagnóstico aborda el tema de la Iniciativa Mérida, la cual ha estado a debate en las semanas recientes y señala que los recursos que aportaría el gobierno estadunidense serán “como los créditos atados, otorgados en especie y acompañados de las instrucciones de uso y de los instructores” de ese país.
Los integrantes de Paz con Democracia advierten que el llamado Plan México y las políticas de pretendida inteligencia y seguridad que se están poniendo en marcha son una amenaza para la sociedad mexicana, pues buscan “romper tejidos comunitarios, crear una cultura de la delación y sospecha, y convertirnos a todos en potenciales delincuentes a juicio de algunas altas autoridades que nadie controla, que no tienen sanción social, y que obedecen las directivas del Comando Norte de Estados Unidos”.
El documento está firmado por González Casanova, Víctor Flores Olea, Miguel Concha Malo, Luis Hernández Navarro, Magdalena Gómez, Samuel Ruiz García, Gonzalo Ituarte Verduzco, Juan Bañuelos, Miguel Álvarez, Alicia Castellanos Guerrero, Gilberto López y Rivas, Héctor de la Cueva, Ana Esther Ceceña, Higinio Muñoz, José Antonio Almazán, Dolores González, Pablo Romo Cedano, Juan Brom, Oscar González, Guillermo Briceño, Guillermo Almeyra, Alfredo López Austin, Carlos Fazio y Rafael Reygadas.
En el mensaje final del texto, que se puede consultar completo en la página web de La Jornada (www.jornada.unam.mx), la organización civil convoca a todas las fuerzas patriotas nacionales a continuar con el proyecto de lucha, que puede y debe ser pacífico, por la democracia. Se trata, dice, de estructurar un país soberano y democrático que permita a todos sus integrantes su pleno desarrollo, en su unidad y su pluralidad.
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