El procurador Mukasey elude fijar su postura sobre uso de la fuerza en interrogatorios
David Brooks (Corresponsal)
Nueva York, 9 de noviembre. Hace justo 40 años, un estudiante justificó el uso de una técnica para herrar seres humanos como algo sin importancia. Tal vez eso explica, en parte, por qué es aceptable la tortura como política oficial y legal en Estados Unidos.
Una fraternidad académica en la Universidad de Yale (Delta Kappa Epsilon) fue acusada de usar procedimientos “sádicos y obscenos” de iniciación de sus nuevos miembros –se aplicó un hierro candente en la espalda de unos 40 estudiantes–, lo cual provocó un escándalo en la prestigiada institución, reportó el New York Times en una nota fechada el 7 de noviembre de 1967.
Un ex presidente de esa fraternidad explicó que la marca se hace con un gancho candente y que la herida es “sólo (como) una quemadura de cigarro”, nada más. El nombre de ese ex presidente de la fraternidad es... George W. Bush.
Cuarenta años después, Bush continúa insistiendo en que las técnicas que expertos en interrogatorios, agrupaciones de derechos humanos, abogados militares y la ley internacional definen como tortura no son tales, y que además son “legales”.
Quienes favorecen los tormentos parecen prevalecer por ahora. La noche del jueves el Senado aprobó el nombramiento de Michael Mukasey como procurador general, a pesar de que rehusó responder si considera ilegales ciertas prácticas que han sido definidas como tortura desde hace 500 años.
El senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial de la cámara alta, y 39 de sus colegas, votaron en contra justo por esa razón; Leahy subrayó: “yo no voto para permitir la tortura”.
Sin embargo, 53 senadores sufragaron en favor y así Mukasey evadió comprometerse a reprobar la legalidad de los suplicios, que forma parte de la política oficial de su nuevo jefe en la Casa Blanca.
Pero el debate nacional de las últimas semanas no se ha limitado sólo a discutir si la tortura debe o no ser empleada como política oficial por el gobierno de Estados Unidos, sino también sobre una gama de asuntos que tienen que ver con “niveles de dolor”, y si son o no “aceptables”.
Por ejemplo: las ejecuciones de seres humanos realizadas por el Estado han regresado al foro público, donde se discute si son o no “crueles e inusuales”.
Ahora hay una moratoria de facto sobre ejecuciones en este país, a raíz de un caso ante la Suprema Corte, del que se espera un fallo tal vez hasta mediados del próximo año. Así, el mes de octubre fue el primero en casi tres años en que no se realizó una ejecución en algún estado en este país, reportó el New York Times.
En el caso se debe determinar si el método de inyección letal, empleado en 37 estados (el 38 que aplica la pena de muerte es Nebraska, pero sigue empleando la silla eléctrica), es “cruel e inusual”, pero el fallo no será sobre la constitucionalidad del castigo, sino sobre cuánto dolor es “aceptable” al ejecutar a un reo. O sea, el debate no es sobre matar o no, sino sobre cómo hacerlo.
Resulta que el “coctel” de tres drogas (la primera es para perder conocimiento, la segunda para paralizar los músculos y la tercera para detener el corazón) quizá no funciona; la primera droga a veces fracasa, dejando a un prisionero consciente pero paralizado sin poder hablar hasta morir de un paro cardiaco. Pero si ese coctel es prohibido por la Suprema Corte, sólo se formulará otro, supuestamente más efectivo.
La inyección letal solamente es la técnica más reciente: desde sus principios en este país se ha usado el fusilamiento, la ahorca y más recientemente la silla eléctrica y la cámara de gas, hasta llegar a la inyección. Pero el “progreso” en métodos de ejecución tienen más que ver con buscar una forma menos violenta y difícil de observar para los testigos que alguna preocupación por el ejecutado, y por eso se formuló el “coctel”, donde casi no se mueve –en teoría– quien está muriendo.
Otro tema que se abordó en los últimos días es sobre las bombas de racimo. Una intensa campaña para promover la abolición de esta arma generó intercambios sobre su uso. Según investigaciones citadas por opositores, a lo largo de los últimos 40 años 98 por ciento de las víctimas de las bombas de racimo han sido civiles.
Las bombas, por su diseño, no dejan de matar o herir después de ser arrojadas, ya que dispersan municiones activas en amplias áreas y no todas estallan, sino que algunas se convierten de hecho en minas. Niños juegan con ellas, campesinos se topan contra ellas en sus campos, y así siguen matando o hiriendo a veces años después del cese de un conflicto.
Estados Unidos tiene en su arsenal casi mil millones de estas bombas, las ha exportado a 30 países y ha rehusado sumarse a decenas de otras naciones (casi 100) que están buscando su abolición (para más información vea www.stopclustermunitions.org).
Obviamente este gobierno sigue pensando que ese tipo de arma es necesaria y que sus consecuencias negativas son lo que se denomina “daños colaterales”. O sea, dolor, sí, pero aceptable bajo esta óptica.
Hablando de bajas, la semana empezó con malas noticias para este país: el total de soldados estadunidense que ha muerto en Irak llegó a 852, y con ello hizo de 2007 el año más mortal para Estados Unidos en el país asiático. El segundo año más sangriento para las tropas estadunidenses fue 2004, cuando un total de 849 uniformados de Estados Unidos fallecieron. Las muertes y el dolor ahí aún no tienen fin a la vista.
El gobierno de este país ha proclamado que esto es, sí, doloroso pero necesario, y patriótico. Lo mismo insistió Paul Tibbets, piloto y comandante del B-29 que arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y por tanto jamás expresó remordimiento antes de morir a sus 92 años, a principios de este mes.
“No estoy orgulloso de que maté a 80 mil personas, pero estoy orgulloso de que me fue posible empezar con nada, planearlo y que funcionara tan perfectamente”, dijo en una entrevista en 1975, reportó Ap.
Tal vez para algunos esto no es mucho más grave que una quemadura de cigarro. O tal vez lo más impactante es que la barbarie es el tema de un debate nacional (y hay muchos que están en favor).
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