Acteal en la memoria histórica

Blanca I. Martínez Bustos* / II y último

C) Sobre los detenidos y procesados.

Eric Hugo Flores, voz de la defensa de los presos por la masacre de Acteal, dice que hay inconsistencias en el expediente. Señala que los atacantes en realidad eran nueve y no 80, que los casquillos no concuerdan con las armas incautadas, que en 45 metros no caben 300 personas, que en la ermita donde oraban las víctimas no hay huellas de disparos, que los detenidos no presentaron positiva la prueba de radizonato, que se violaron los derechos procesales de los detenidos.

Los detenidos fueron identificados el 25 de diciembre, tres días después de los hechos. Evidentemente no presentaban ya restos de pólvora en las manos. El día de la masacre, los atacantes se retiraron antes de la tardía llegada del subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín. La primera acción del funcionario fue modificar la escena del crimen. Las armas de donde provenían los casquillos encontrados y que forman parte de las pruebas en el expediente siguen, a la fecha, guardadas en algún lugar de los Altos de Chiapas. No todos los atacantes portaban armas de fuego, algunos llevaban machetes.

Los primeros balazos se dispararon en la ermita. Aún se pueden ver los orificios de las balas en sus paredes de madera. Los que se encontraban dentro de ella, en su mayoría mujeres y niños, algo que no se puede olvidar, salieron corriendo tratando de proteger su vida. Es por ello que los cuerpos quedaron dispersos en diversas partes del campamento, y no sólo en la ermita ni en la grieta de 45 metros en la que depositaron (los paramilitares o Uriel Jarquín) a algunos de ellos.

Sobre estos hechos y los responsables materiales, los sobrevivientes han declarado lo que vieron y han acusado directamente a los ahora encarcelados. Junto a la evidencia encontrada, su testimonio es totalmente verosímil.

Sobre el señalamiento de que las investigaciones son imprecisas e inconclusas y que el sistema de justicia no ha respetado las garantías procesales, no hay nada nuevo. La investigación ha sido manipulada una y otra vez. La PGR se encargó de cortar la línea de mando que apuntaba a la policía y al Ejército, y más aún a Ernesto Zedillo, al concluir que la masacre fue producto de problemas intercomunitarios. Si las evidencias en contra de algunos de los procesados son débiles es precisamente por la falta de una debida investigación, para no escarbar más, no porque quienes se encuentran detenidos no sean culpables.

D) Sobre las fuentes

Las imprecisiones de la crónica del señor Aguilar Camín son muchas y graves. En sus artículos coloca las informaciones y análisis de la matanza elaboradas por la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y al mismo Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas como si fueran fuentes parciales del conflicto, a pesar de que estas instituciones han sido en todo momento entidades transparentes en su finalidad y su intencionalidad. Recordemos que este centro fue fundado por la diócesis y que el obispo titular y su vicario eran miembros de la hoy extinta Conai. Todo lo que estas entidades han constatado y expresado, incluyendo los errores, son públicos y verificables. A pesar de ello, el historiador afirma sin pruebas que las versiones de la diócesis cargaban “los dados hacia los agravios que habían sufrido los zapatistas” (Capítulo 3 Regreso a Acteal II: El camino de los muertos. Nexos 359 pag 70).

En el otro extremo, se exponen las versiones no públicas ni accesibles de sujetos que, dadas sus oscuras trayectorias vinculadas a aparatos de inteligencia, ponen en tela de duda su intencionalidad. La sola presencia de Manuel Anzaldo y de Gustavo Hirales en Chenalhó los hace más sospechosos aún.

Eric Hugo Flores, en quien fundamenta Aguilar Camín su crónica, tiene evidentes vinculaciones a los hoy procesados. Sin fundamento alguno da más importancia al testimonio de Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los responsables materiales hoy encarcelados, que a lo que dicen los sobrevivientes y testigos de la masacre. Pérez Vázquez afirma que los atacantes eran apenas nueve y no 80, y que no fue una masacre sino un enfrentamiento con una columna zapatista. Lo cierto es que no existe evidencia que sustente esa versión, de ello son prueba los testimonios de los sobrevivientes. Si se trató de un enfrentamiento, ¿por qué todos los muertos eran parte de la sociedad civil Las Abejas? Este centro afirma que la versión de un enfrentamiento es totalmente inverosímil.

La verdad histórica de la masacre de Acteal ha provocado el repudio de la sociedad civil nacional e internacional. La verdad jurídica está aún muy lejos de procurar justicia y mantiene viva la posibilidad de que los hechos se repitan. No hay justicia para los muertos y sobrevivientes de Acteal y esto es una afrenta a la conciencia de la humanidad.

El oficio de la pluma tiene implicaciones éticas frente a la injusticia y la desigualdad. Si en algo se pretende aportar a la justicia no es, como lo hace Aguilar Camín, tergiversando la historia contada por las víctimas, sino revisando la pésima actuación, parcial y politizada, del sistema de justicia que hace que este país se mantenga en la sombra de la arbitrariedad y el autoritarismo.

* Directora Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas