Venezuela: soberanía a prueba

Editorial

Alrededor de 16 millones de ciudadanos están convocados a asistir hoy a las urnas en Venezuela y pronunciarse sobre la reforma constitucional propuesta por el presidente de ese país, Hugo Chávez Frías, que contempla, entre otras cosas, la relección del mandatario por un número indefinido de periodos presidenciales, el aumento de éstos a siete años, la disminución del número de horas de la jornada laboral, la reducción de la edad legal para votar, la extensión de la seguridad social a los trabajadores “informales”, así como una nueva clasificación de las formas de propiedad en pública, social, colectiva, mixta y privada.

El arribo a esta fecha histórica para la nación sudamericana se ha dado, por cierto, en un ambiente de crispación social. Las marchas de los opositores a la reforma constitucional han devenido violentos enfrentamientos con la policía, y del lado de los simpatizantes y el gobierno venezolano han proliferado denuncias en el sentido de un plan urdido desde Washington –llamado Operación Tenaza– que busca provocar nuevos incidentes de violencia para “empantanar” e invalidar el referéndum.

Es de llamar la atención la proliferación, en los principales medios de comunicación estadunidenses, de artículos y editoriales que descalifican el proyecto de reforma chavista y convocan a los venezolanos a sufragar en contra. Por su parte, el gobierno de George W. Bush no ha reparado en manifestar su “preocupación” por este proceso político y ha expresado sus deseos de que “el conteo del voto realmente refleje la voluntad del pueblo venezolano”. Ello constituye un intento inaceptable de clausurar el principio de la libre determinación de los pueblos –una premisa fundamental para el desarrollo de la democracia–, con miras a imponer en ese país un modelo neoliberal, aunque éste no obedezca a las necesidades y los intereses del pueblo venezolano.

Los indicios de una participación del gobierno de Bush en la jornada comicial de hoy ponen en perspectiva la amenaza latente de un atentado con miras a deponer el gobierno legalmente constituido de Venezuela, que comienza con una pretendida defensa de la democracia en el país –así ocurrió, por ejemplo, con la invasión a Irak–, pero que encierra aspiraciones ilegales y profundamente antidemocráticas, pues además del control de los energéticos, se pretende derribar un régimen que no se ha plegado a los designios del Consenso de Washington. Este panorama hace que cobren relevancia las versiones de que el gobierno de Estados Unidos jugó un papel principal en la intentona golpista de 2002 en Caracas. Los propios venezolanos –simpaticen o no con Hugo Chávez– debieran ponderar los riesgos que los ánimos intervencionistas de Washington implican para la soberanía de su país.

Por lo pronto, el mandatario venezolano ha advertido que, en caso de consumarse el sabotaje del referéndum, se cancelaría inmediatamente el envío de hidrocarburos a Estados Unidos. Tal advertencia no debiera ser desatendida por el gobierno de esta nación, habida cuenta de que recibe de Venezuela 11 por ciento del petróleo que consume, una cantidad indispensable para mantener a flote la mayor economía del planeta. Parece plausible que, en un escenario como el referido, Venezuela podría comercializar con otros países –principalmente China e India– el crudo que dejara de venderle a Estados Unidos. Ello hace pensar que, en el equilibrio de fuerzas entre Caracas y Washington con vistas al referéndum de hoy, ambos tienen algo que perder.

Ante todos estos elementos de juicio, lo deseable es que el sufragio de los venezolanos –sea cual sea el resultado– se respete: de ellos y sólo de ellos habrá de salir una decisión trascendente respecto del destino de su país.