Caso Bribiesca: justicia cosmética

Editorial

Según información revelada a este diario por fuentes gubernamentales, la Procuraduría General de la República (PGR) está por solicitar a un juez federal la aprehensión de Amado Omar Yáñez Osuna, quien está relacionado con la empresa Oceanografía, SA –propiedad de los hermanos Bribiesca y beneficiaria de múltiples contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Vicente Fox–, y a quien se le acusa de defraudación fiscal por alrededor de 8 millones de pesos.

Sin poner en tela de juicio la necesidad de investigar los presuntos negocios ilegales de Yánez Osuna, hay que advertir que esta acción de la PGR tiene trazas de ser una medida cosmética más del actual gobierno, en el contexto del escándalo derivado de las actividades ilícitas de los hijos de Marta Sahagún. A más de un año de gobierno de Felipe Calderón se ha hecho cada vez más evidente la falta de voluntad para emprender una investigación seria y de fondo contra los Bribiesca. Como botón de muestra, baste recordar la desafortunada gestión del actual dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, cuando estuvo al frente de la Secretaría de la Función Pública y manifestó reiteradamente su compromiso con las indagatorias del caso, pero cuya imparcialidad y credibilidad habían quedado en entredicho meses antes, cuando afirmó públicamente que él “metería las manos al fuego” por Vicente Fox.

Durante todo este tiempo la sociedad mexicana ha visto –aún sin salir del pasmo– la construcción, el mantenimiento y el fortalecimiento de un manto de impunidad sobre los Bribiesca, y todo parece indicar que esta situación persistirá: incluso, de concretarse una acción punitiva por parte de la PGR contra el presunto socio de los hijos de Marta Sahagún, a lo sumo, ello constituiría un hecho insuficiente si se toma en cuenta que Osuna no deja de ser un eslabón secundario en la cadena de corruptelas que los familiares de Fox tramaron para llevar a cabo sus negocios. En todo caso, no se está tocando a los verdaderos responsables.

Por lo demás, la solicitud de aprehensión de Osuna viene a reafirmar la hipótesis de que entre Vicente Fox y Felipe Calderón existe un pacto de de protección para el ex mandatario y su familia. Ese acuerdo ha permitido, entre otras cosas, que el propio ex presidente comparezca ante la prensa con toda naturalidad y exhiba, sin mayor preocupación, el crecimiento inexplicable de su patrimonio, bajo el cobijo de una administración federal debilitada por partida doble: maniatada por los compromisos suscritos con grupos de poder y personajes políticos que –como el propio Vicente Fox– contribuyeron de manera determinante para que Felipe Calderón llegara a la Presidencia de la República, y carente de legitimidad ante un amplio sector de la población mexicana, que sigue sin creer en la limpieza y probidad de los comicios presidenciales de julio de 2006.

En el año que concluye, los mexicanos han asistido con desencanto al ahondamiento de una crisis de credibilidad en el conjunto de la institucionalidad política y al derrumbe gradual de un sistema de justicia que no parece alcanzar las alturas del poder político y económico en las que se mueven los llamados “delincuentes de cuello blanco”, cuyas triquiñuelas han puesto en riesgo, una y otra vez, la viabilidad del país al evidenciar el deterioro moral de la clase gobernante y propiciar el desvío de enormes cantidades de recursos públicos. Hoy más que nunca, hace falta un gobierno con altura de miras que no esté consagrado al pago de facturas políticas, y que actúe –sobre todo en materia de impartición de justicia– en el sentido que demandan las necesidades de la nación.

Es decir: NO NOS ESTAMOS CHUPANDO EL DEDO