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Sumario:
I. En defensa del petróleo, por José Antonio Almazán González
II. Sobre advertencia no hay engaño, por Mario di Costanzo
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EN DEFENSA DEL PETRÓLEO
por José Antonio Almazán González
(publicado en La Jornada el 28 de enero de 2008)
Simulando estar en contra de la privatización de Pemex, el gobierno de Calderón consensúa en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a leyes secundarias para abrir la explotación del petróleo a la inversión del capital privado. Lo interesante del asunto es reflexionar si el marco constitucional vigente permite que leyes secundarias vulneren la primacía del concepto de exclusividad de la nación en materia petrolera y eléctrica que establece el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución. Por lo mismo, aunque a los neoliberales les desagrade, es inevitable volver los ojos a la génesis del artículo 27 constitucional en materia de petróleo para reconocer que la Constitución puede ser reformada siempre y cuando no se trastoquen sus principios básicos. Por ende, cualquier reforma en leyes secundarias que atente contra la parte dogmática de la Constitución —como la que pretende Calderón— es de origen inconstitucional.
Como se sabe, 10 meses después de la expropiación petrolera, el 22 de diciembre de 1938, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 27, con el propósito de elevar a rango constitucional la exclusividad de la nación en materia petrolera, eliminando el régimen de concesiones. Lo que poco se conoce son los considerandos que fundamentaron dicha reforma constitucional, omitidos en la Gaceta Parlamentaria en razón de las condiciones político-militares de la época, que en la parte que nos interesa estableció: “La experiencia de todos conocida, relacionada con esta misma materia del petróleo, obliga al gobierno a obrar en lo sucesivo con gran cautela, máxime cuando según se reconoce ya que a través de las concesiones sobre los recursos naturales se crean con mayor facilidad vínculos cuya terminación constituye después un problema para el país que otorgó dichas concesiones, pues entonces inclusive sus buenas relaciones con otros pueblos se ponen en peligro.
“A esto obedece el propósito del Ejecutivo de que termine el régimen de las concesiones. En rigor, y dado el carácter discrecional que para la entrega de la explotación a los particulares ha consagrado hasta hoy el texto expreso del artículo 27, carácter discrecional que la Suprema Corte en reiteradas ocasiones ha reconocido así, jurídicamente habría podido en ley secundaria fijarse el nuevo principio.
“Sin embargo, no se ha decidido el gobierno por este camino en virtud de que él admite que, según testimonios autorizados, los autores del artículo 27 no quisieron que el dominio directo del petróleo se ejercitase excluyendo a los particulares. Y aunque es bien sabido que los textos de la Constitución como los de cualesquiera otras leyes son susceptibles de interpretaciones renovadas de acuerdo con las exigencias que sus autores no pudieron tener en cuenta en la época en que actuaron, piensa el Ejecutivo que una medida de la importancia de la que se proyecta no debe quedar sujeta a las controversias que los interesados muy probablemente provocarían apoyándose en aquellos testimonios. Esto independientemente de que incorporando al texto constitucional el principio de la explotación directa del petróleo que a la nación corresponde se le da una mayor fijeza y autoridad”.
Por supuesto que la historia no concluyó aquí. Vendría después la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, en materia de petróleo de diciembre de 1939; la contrarreforma de Ávila Camacho de mayo de 1941 que la derogó y abrió las puertas al capital privado en el ramo del petróleo; la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, promulgada por el presidente Ruiz Cortines en noviembre de 1958, que derogó la contrarreforma de Ávila Camacho y restituyó la legalidad constitucional, y finalmente la reforma constitucional de enero de 1960 que enriqueció el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, para quedar como sigue:
“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.
Lo hasta aquí asentado es suficiente para que los privatizadores se den de topes contra la pared, pues la razón constitucional deja en claro que cualquier iniciativa de reforma en leyes secundarias que pretenda, bajo cualquier modalidad, abrir la participación del capital privado en la explotación del petróleo, de origen sería inconstitucional, pues estaría contradiciendo el artículo 27 de la Carta Magna y los criterios de interpretación contenidos en los considerandos que le dieron origen.
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SOBRE ADVERTENCIA NO HAY ENGAÑO
por Mario di Costanzo
(publicado en La Jornada el 27 de enero de 2008)
El 23 de agosto de 2007, Andrés Manuel López Obrador advirtió, mediante una carta dirigida a la opinión pública, sobre la fragilidad económica de Estados Unidos y los impactos que podría tener en nuestra economía.
En dicho documento, entre otras cosas, señaló: “Por desgracia, esta turbulencia ha empezado hoy a manifestarse y el gobierno espurio, en forma totalmente irresponsable, no ha tomado las medidas para hacerle frente”.
Desafortunadamente para millones de mexicanos, esta advertencia se ha hecho realidad: la economía estadounidense ha entrado en una importante fase de desaceleración que seguramente se convertirá en una profunda recesión económica y tendrá severos efectos para nuestro país.
Sin embargo, mientras en Estados Unidos la Reserva Federal (FED) ha decidido bajar las tasas de interés para tratar de reactivar la economía y hasta el presidente George W. Bush, quien por cierto no tiene fama de ser inteligente, ha propuesto un agresivo programa de devolución de impuestos, en México, Felipe Calderón se encuentra verdaderamente contento porque, según él, aun con el deterioro económico mundial nuestra economía saldrá fortalecida.
Para ello, el que se hiciera llamar el “presidente del empleo y de la estabilidad”, más recientemente convertido en “Almirante”, ha “descubierto” que el programa de construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura, la inyección de recursos al campo y la diversificación de exportaciones, así como el turismo, se convertirán en los motores de la economía que nos permitirán “navegar a contracorriente” y tener durante 2008 el mayor de los éxitos económicos.
Desafortunadamente, los vastos conocimientos sobre “economía marina” mostrados por Calderón distan mucho de la realidad, ya que los programas anunciados serán incapaces de mitigar los efectos de la situación económica norteamericana y mundial.
Así, por ejemplo, convendría reflexionar quién o quiénes adquirirán las miles de viviendas que se construirán con el programa anunciado, ya que uno de los principales efectos de la situación económica que se vive ha sido el tremendo deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que es una consecuencia del crecimiento de los precios y que combinado con las altas tasas de interés, ha originado un disparo de la cartera vencida en créditos hipotecarios, así como la existencia de más de 110 mil juicios de desalojo de vivienda en todo el país, por problemas de pago de sus créditos.
En cuanto a la inyección de recursos al campo, vale recordar que los ya famosos 200 mil millones de pesos destinados al Programa Especial Concurrente para el Campo (PEC) en el Presupuesto 2008, no serán enteramente para inversión o apoyos, ya que mañosamente este paquete de recursos se integra con presupuestos de diversas dependencias y muchas veces nada tienen que ver con los apoyos a la producción ni a la comercialización: del total de recursos aprobados por los legisladores, menos de 8% corresponderán a Procampo.
Por su parte, la diversificación de las exportaciones suena como un disparate “marino” por dos motivos: el primero, porque parece absurdo que una vez llegando a la última etapa del Tratado de Libre Comercio —considerado por el propio Calderón como un éxito—, ahora se pretenda diversificar exportaciones en vez de buscar una renegociación del acuerdo para mejorar la relación comercial y reequilibrar los resultados.
En segundo lugar, ¿cómo van a diversificar sus exportaciones las empresas en México, si además de salir a vender sus productos a un mundo que comprará menos por la recesión enfrentan un crecimiento en sus costos porque muchas, sobre todo medianas y pequeñas, tendrán una mayor carga fiscal, además de que pagarán más caras la gasolina y la energía eléctrica?
En materia de turismo, la estrategia de navegación planteada por Calderón debería tener en cuenta, nuevamente, dos aspectos centrales: 85% del turismo que visita el país proviene de Estados Unidos (que pronto estará de plano en recesión); y segundo, la Organización Mundial de Turismo advirtió ya que la recesión estadounidense disminuirá los flujos mundiales de viajeros.
En cuanto al programa de desarrollo de infraestructura anunciado, es conveniente señalar que el monto de inversión física aprobado en el Presupuesto 2008 representa apenas 10.5% del gasto total. Así, por ejemplo, los 10 mil millones de pesos que se invertirán para “reconstrucción de carreteras federales” apenas generarán 32 mil empleos, que representan sólo 12% de los 253 mil puestos de trabajo que ya se han perdido.
Finalmente, lo único bueno: López Obrador, en esa misma carta, señaló lo que se debe hacer y, entre otras cosas, estableció como líneas de acción el combate a los monopolios, la urgencia de contar con una verdadera reforma fiscal que acabe con los paraísos fiscales, la necesidad de impulsar la inversión en el sector energético, así como la reducción del gasto corriente y el rechazo al Tratado de Libre Comercio.
Por ello, sería muy conveniente para millones de mexicanos que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón lean esa carta. Sobre advertencia, no hay engaño.
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