Colombia: las liberadas y los que faltan

Editorial

Luego de meses de expectativas frustradas, negociaciones fallidas e intentos abortados, y con el torpedeo sistemático del gobierno de Álvaro Uribe como telón de fondo, dos de las personas secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Clara Rojas y Consuelo González, fueron entregadas al gobierno de Venezuela. De esta manera, la gestión humanitaria emprendida por el presidente Hugo Chávez desde agosto del año pasado para lograr la liberación de los civiles que permanecen bajo poder de la organización armada del país vecino se vio coronada por un éxito parcial, pero esperanzador.

Ha de recordarse que a mediados de 2007 el mandatario venezolano, con el respaldo de su homólogo francés, Nicolas Sarkozy –cuya compatriota Ingrid Betancourt fue secuestrada en 2002 y está desde entonces en poder de la guerrilla–, y a solicitud forzada del propio presidente colombiano, Álvaro Uribe, inició una mediación orientada a conseguir el canje de los civiles cautivos de las FARC por los insurgentes presos. El Palacio de Nariño se vio prácticamente obligado, por elementales razones de imagen, a solicitar los buenos oficios del venezolano, pero en los hechos se dedicó a sabotearlo: obstaculizó hasta donde pudo los encuentros entre Chávez y los líderes guerrilleros, se negó a retirar a las tropas en una zona en la que pudiera realizarse el intercambio, emprendió una campaña de desinformación internacional, capturó a emisarios de las FARC que se disponían a llevar a Caracas las pruebas de vida y, por último, prohibió al mediador venezolano que entrara en cualquier clase de contacto con funcionarios colombianos que no fueran los específicamente designados para la gestión.

A fines de noviembre Chávez ignoró las condiciones de Uribe e hizo una llamada telefónica al jefe del ejército del país vecino, circunstancia que fue aprovechada de inmediato por el régimen colombiano para reventar la negociación. Se desató entonces una andanada de descalificaciones entre Bogotá y Caracas y ambos gobiernos estuvieron a punto de la ruptura de relaciones diplomáticas. Al mes siguiente, la dirigencia de las FARC anunció que, en gesto de desagravio a Chávez, le entregaría sin condiciones a la ex parlamentaria Consuelo González y a la ex candidata a la vicepresidencia Clara Rojas, así como al hijo de la segunda, Emmanuel, concebido y nacido en cautiverio; y ambos bandos, la insurgencia y el gobierno, especularon en forma indignante con la situación del menor, quien a fin de cuentas no estaba en la selva junto a su madre, sino que había sido ubicado, con otra identidad, en un orfanato.

Lejos de facilitar la liberación de las cautivas, en los días finales del año pasado Uribe la obstruyó cuanto pudo, por medio de intensos operativos militares en la zona en la que habrían de ser liberadas, y la organización político-militar anunció que no estaba en posibilidad de entregar a las secuestradas a los enviados internacionales, entre quienes se contaba el ex presidente argentino Néstor Kirchner.

A pesar de todo, Consuelo González y Clara Rojas fueron liberadas ayer y trasladadas de inmediato a Caracas, donde la segunda pudo reunirse con su hijo. Para ellas y para sus familias, la pesadilla ha terminado, y ello es sin duda un motivo de regocijo internacional.

Sin embargo, en las montañas y selvas colombianas permanecen medio centenar de civiles en manos de la guerrilla que, en tanto Uribe permanezca en la presidencia, tienen pocas posibilidades de recuperar su libertad, no tanto por el empecinamiento de las FARC, sino porque el gobierno actual ha dado abundantes e inequívocas muestras de su determinación de impedir cualquier acuerdo humanitario con los guerrilleros, e incluso de evitar las liberaciones unilaterales e incondicionales, como ocurrió con las de Rojas y González. Más aún, Uribe necesita de pretextos para intensificar y profundizar la añeja confrontación entre la organización guerrillera y el ejército, y nada le vendría mejor que la muerte de uno o varios de los rehenes a fin de presentarlos, ante la opinión pública nacional y extranjera, como víctimas de la insurgencia.

El episodio que culminó ayer indica, sin embargo, que la presión internacional sobre los dos bandos puede rendir frutos y que no sólo es pertinente sino necesaria, y no únicamente para concretar un intercambio de cautivos, sino para comprometer al gobierno y a la guerrilla en un proceso de paz que Colombia requiere y merece.