Piden al Senado que “no espere una catástrofe para actuar”
Matilde Pérez, Georgina Saldierna y Andrea Becerril
Dirigentes de organizaciones campesinas, sindicales y sociales exigieron a los senadores que “¡legislen en favor del campo, porque el país ya no aguanta más!”, y les sugirieron que funjan como garantes del diálogo entre ellos y el gobierno, ya que éste “ha perdido credibilidad y mantiene esquemas de acercamiento que han fracasado”.
Víctor Suárez Carrera, de la campaña Sin maíz no hay país, puntualizó: “no solicitamos más puntos de acuerdo, exhortos ni comparecencias, eso ya se agotó; sólo pedimos que legislen en favor de los campesinos y ejerzan el papel constitucional de ser el contrapeso del Ejecutivo. No esperen una catástrofe para reaccionar”.
En la reunión encabezada por el presidente de la mesa directiva del Senado, Santiago Creel Miranda; el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Carlos Navarrete; Heladio Ramírez López, por el PRI, y ocho legisladores más, entre ellos dos diputados, los líderes de las organizaciones que participaron en la megamarcha del 31 de enero propusieron un acuerdo para avanzar en una agenda legislativa.
Al término del encuentro, la Junta de Coordinación Política del Senado aprobó la creación de un grupo plural, una especie de mesa alterna, para dar respuesta a las demandas de las organizaciones campesinas, entre ellas la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Con ello, puntualizó Santiago Creel, también coordinador del grupo parlamentario del PAN, se crea en el Senado un espacio de diálogo con todas las agrupaciones de productores y se trabajará en una reforma integral del campo, que tenga como antecedente un diagnóstico compartido y una revisión integral de todo el orden jurídico –al menos 300 leyes– que regula el agro en el país.
Durante una conferencia de prensa, el panista recordó que su partido rechaza la apertura del acuerdo trilateral; sin embargo, “me parece que sí es conveniente que esto sea tratado y analizado”.
El grupo plural estará encabezado por las comisiones de Agricultura y de Desarrollo Agropecuario, y participarán todos los órganos legislativos relacionados con el agro. El panista Guillermo Padrés y el priísta Heladio Ramírez serán los encargados de presentar a la Junta de Coordinación Política un reglamento de operación y un diseño del esquema bajo el cual van a trabajar los comisionados en un determinado periodo de tiempo.
Por su lado, el perredista Carlos Navarrete ratificó el objetivo de que los senadores sean receptivos a las inquietudes, las propuestas y las protestas de los líderes campesinos, luego de señalar que el gobierno está paralizado en su capacidad de respuesta frente a las demandas de los productores.
Da la impresión, agregó, que está paralizado simplemente por un encaprichamiento, por mantener al señor Alberto Cárdenas al frente de la Secretaría de Agricultura. Es un capricho absurdo, porque todo el mundo sabe dentro y fuera del gobierno que en los hechos no hay secretario de Agricultura, refirió.
En la reunión con los senadores, los líderes campesinos reiteraron sus principales peticiones: revisión del capítulo agropecuario del TLCAN; establecer un mecanismo para regular las importaciones y exportaciones de maíz, frijol, leche y azúcar, y crear una reserva estratégica de granos. Aunque no tuvieron respuestas contundentes, consideraron que la reunión de ayer fue el inicio de un diálogo y acercamiento con el Legislativo.
Confiaron en que con la intervención de diputados y senadores pueda acordarse con el gobierno federal un nuevo pacto social, porque hasta ahora la oferta de diálogo del Ejecutivo ha sido insuficiente, pues no se han establecido mecanismos que permitan la participación democrática de la sociedad civil.
Los líderes campesinos, sindicales y de las organizaciones sociales llegaron con sus respectivas demandas, pero cada uno de ellos destacó la unidad, y por ello el documento de 12 páginas con 19 propuestas entregado a los senadores fue firmado como Movimiento nacional por la soberanía alimentaria, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas.
Tras aclarar que la marcha del 31 de enero fue el inicio de la lucha que mantendrán hasta tener respuestas satisfactorias a sus exigencias, los líderes campesinos asentaron que la problemática del campo “no es un asunto menor”, y por eso –dijo Gerardo Sánchez, de la Confederación Nacional Campesina– se “requiere de la participación de todos para llegar a acuerdos”.
Rafael Galindo, de la Central Campesina Independiente, desmintió que la revisión del TLCAN signifique abrir la “caja de Pandora, la cual está abierta desde 1994. Esta lucha es para modificar las reglas del juego internacional en beneficio de los campesinos y para cambiar las políticas públicas que han sido inoperantes”.
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