Editorial
Tras una historia de litigios judiciales en instancias internacionales, Petróleos de Venezuela (PDVSA) suspendió sus relaciones comerciales y el suminstro de crudo a la trasnacional Exxon Mobil, en respuesta a las acciones de hostigamiento jurídico-económico emprendidas por el gigante energético estadunidense –que incluyen la solicitud ante tribunales internacionales de congelar 12 mil millones de dólares en activos de la paraestatal– y como un paso previo al cese total de los envíos del hidrocarburo a Estados Unidos, si ese país continúa la “guerra económica” contra el país sudamericano, ha advertido el presidente Hugo Chávez. La trasnacional presentó una demanda luego de que Venezuela iniciara, en mayo de 2007, un proceso de nacionalización de la franja petrolífera del Orinoco, que implica la toma de control por parte del gobierno chavista de por lo menos 60 por ciento de las empresas mixtas constituidas por PDVSA y compañías multinacionales, como Chevron, Total, StatoilHydro y la propia Exxon Mobil.
Este escenario de confrontación entre los intereses de una nación y los de la mayor empresa petrolera del mundo tiene su origen en el desconocimiento de un principio básico e incuestionable de la soberanía de los estados: que los hidrocarburos, al igual que el resto de los recursos naturales, son propiedad de los países y no de las multinacionales depredadoras que, como Exxon, actúan de espaldas a la sociedad y al bien común, y en función de los intereses económicos de sus accionistas.
Por otro lado, el conflicto que actualmente enfrenta Venezuela tiene dos referentes históricos que no deben ser olvidados. Uno, el más reciente, es la invasión estadunidense a Irak en 2003, que se dio –cabe recordarlo– fundamentada en mentiras, a contrapelo de la legalidad internacional e, incluso, por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyo verdadero motivo fue desde siempre el control geoestratégico de una zona rica en yacimientos de hidrocarburos. A la fecha, la ocupación militar de la infortunada nación árabe se mantiene no sólo por la arrogancia de Estado de Washington y por la incapacidad del gobierno estadunidense de reconocer una derrota histórica, sino también por la expectativa de seguir generando oportunidades de negocio al entorno empresarial del presidente George W. Bush.
El otro referente histórico es nuestro país, que vivió en carne propia la presión de las grandes compañías energéticas internacionales durante el proceso de nacionalización del petróleo, en 1938, medida que incluso le representó la suspensión de relaciones diplomáticas con el Reino Unido y un embargo comercial por parte de Estados Unidos y los Países Bajos. Al día de hoy, y al contrario de Venezuela, que da pasos en firme para consolidar su soberanía energética, México se enfrenta al riesgo de sufrir un retroceso en lo que toca a la potestad del Estado sobre los hidrocarburos, habida cuenta de que el actual grupo en el poder ha dejado entrever sus intenciones de entregar total o parcialmente, así sea mediante subterfugios, la industria petrolera nacional a los intereses privados, nacionales y extranjeros.
No deja de ser significativo y alarmante el apoyo manifestado por Estados Unidos a “los esfuerzos de Exxon Mobil por obtener una compensación justa por sus bienes”, sobre todo si se toma en cuenta que en ese país gobierna una mafia empresarial que históricamente ha defendido los intereses corporativos, así sea en detrimento de los derechos de los ciudadanos de otras naciones, como ocurrió en Chile, en 1973, donde la Casa Blanca propició un sangriento golpe de Estado para derrocar el gobierno legítimamente constituido de Salvador Allende, que había nacionalizado el cobre y afectado a la trasnacional estadunidense ITT.
Para Estados Unidos sería de suma gravedad que Hugo Chávez cumpliera la advertencia de frenar el envío de crudo, y tal perspectiva augura una escalada del intervencionismo estadunidense en la nación sudamericana. Es posible, por ello, que en los meses venideros la comunidad internacional asista a la profundización de las diferencias entre la superpotencia y la República Bolivariana de Venezuela.
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