Susana González
Con la legislación actual, México es un paraíso fiscal para las empresas privadas que generan electricidad, porque el gobierno federal carece de una política pública de reducción de gases contaminantes en el sector y de impuestos que mitiguen el costo ambiental que provoca la producción del fluido, denunció Leticia Campos Aragón, especialista en el tema y coordinadora del seminario sobre la producción de electricidad y las políticas de reducción de emisiones CO2, inaugurado ayer en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
La investigadora comentó que al encuentro fueron invitadas las grandes empresas privadas que operan en el sector, como las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, así como compañías que participan en la compra y venta de los llamados “bonos de carbono”, Cementos Mexicanos entre ellas, pero declinaron participar. Lo mismo sucedió con la Secretaría de Energía, a pesar de que el objetivo del seminario es vincular al sector productivo, entendido como empresas y trabajadores, con la ciencia, para determinar el futuro del sector.
Tal vez decidieron no acudir, dijo, “porque no conocen el tema”, al tiempo que acusó a las autoridades de carecer una política pública al respecto. Reflexionó que “a lo mejor ese es el propósito, porque así resulta más barato invertir en México”.
“Creo que los empresarios no confían en la academia y no están dispuestos a plenarias que no estén bajo su control. El capital privado es el dueño y señor en este país y subestima a la UNAM y a los trabajadores. Hay falta de interés en el tema porque si México continúa sin una reglamentación rigurosa en materia de medio ambiente y generación eléctrica, seguirá siendo un paraíso fiscal”, sentenció.
Campos Aragón aseguró que el más beneficiado con la generación estatal de electricidad ha sido el sector industrial, el que además perpetra, dijo, “robos muy serios” del fluido.
LFC debe ofrecer telefonía e Internet directamente: SME
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) demanda que Luz y Fuerza del Centro (LFC) ofrezca directamente los servicios de telefonía e Internet a sus usuarios, en lugar de rentar a empresas privadas su infraestructura y tendido de fibra óptica, como ha hecho la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Ese sería un medio que proporcionaría “recursos incalculables” a LFC para recapitalizarse, explicó Martín Esparza Flores, secretario general del SME.
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