En siete o diez días llegará a San Lázaro la iniciativa, informa el diputado David Maldonado
Roberto Garduño y Víctor Ballinas
A escasos días de presentarse en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la ley reglamentaria de Petróleos Mexicanos (Pemex), el gobierno de Felipe Calderón envió a la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) un diagnóstico de 16 cuartillas sobre el estado que guarda la empresa, donde se establece la urgencia de abrir al capital privado áreas estratégicas de la paraestatal.
David Maldonado, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, confirmó que la iniciativa llegará en un plazo que oscila entre siete y diez días, y ésta no será constitucional, sino propondrá modificaciones a la ley reglamentaria de Pemex. Un día antes, el diputado había acudido a la residencia oficial de Los Pinos, donde él y un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) se reunieron con Felipe Calderón.
Por su parte, Héctor Larios, coordinador panista en San Lázaro, dijo que la iniciativa no deberá constituir problema, porque los contratos de servicios múltiples ya permiten la participación de capitales privados en la paraestatal.
A su vez, la legisladora perredista Mónica Fernández cuestionó al presidente Felipe Calderón “cuándo informó al pueblo de México que privatizaría Pemex. Que alce la mano el representante popular, el diputado, la diputada, el senador, los ejecutivos; que alcen la mano el que en sus promesas de campaña y en su oferta política haya mencionado, siquiera, su deseo de privatizar Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa del Estado. Nadie. Nadie ha alzado la mano, al menos en este recinto. Y no lo han hecho porque seguramente no estarían aquí. ¡Ninguno absolutamente! ¡No se vale que tratemos de engañar a la nación!”
Horas antes, Ascensión Orihuela, diputado del PRI, dio a conocer el contenido del diagnóstico elaborado por la Secretaría de Energía del gobierno panista, al que se da por llamar “Fortalecimiento de Pemex”. La mayoría de los integrantes de la fracción parlamentaria priísta asumió con cautela su contenido, porque implica aceptar la aplicación de contratos de riesgo, y la intervención del capital privado en actividades de observancia única del Estado.
El texto manifiesta que para incrementar la producción de gasolina y reducir la vulnerabilidad del abasto de combustibles, se requiere “multiplicar la capacidad de ejecución y determinación de grandes proyectos de inversión; incrementar la inversión en refinación, procesamiento de gas, trasporte y almacenamiento de hidrocarburos; desarrollar nuevas capacidades para evaluar, organizar y definir los complejos proyectos de inversión con eficacia y eficiencia”.
De hacerse cambios –refiere el texto– en el marco legal para permitirle a Petróleos Mexicanos celebrar alianzas o asociaciones para la exploración y producción, y para permitir la inversión complementaria en refinación, se lograrían granes beneficios en las siguientes áreas: producción de crudo y petrolíferos, inversión, recursos públicos, ingresos, crecimiento económico, empleo y balanza comercial.
“Dar flexibilidad a Petróleos Mexicanos para que realice alianzas o asociaciones permitiría aumentar la producción de crudo para alcanzar niveles superiores a 4 millones de barriles diarios hacia el año 2020. Debe señalarse que las asociaciones con otras empresas petroleras, no sólo detonarían una mayor capacidad de ejecución, sino también le permitirían la eficiencia en la explotación de los campos maduros.
Habría recursos “adicionales” al PIB
“Los niveles de producción señalados serían el resultado de inversiones totales en el sector hidrocarburos, compuesto por exploración, producción y refinación, superiores a los 250 mil millones de pesos anuales; esto indica que se podrían atraer a este sector, en adición a los recursos actuales, inversiones promedio por año de 100 mil millones de pesos, es decir, poco más de uno por ciento del producto interno bruto (PIB).”
No obstante el impacto de esas cifras, el diagnóstico panista no menciona en una sola línea el monto de los recursos que habrán de obtener con el petróleo mexicano las empresas trasnacionales.
Aun así, el documento continúa mencionando los beneficios que, desde la perspectiva de las autoridades, se obtendrían para los mexicanos: “Por su parte, el incremento en la producción y capacidad de transformación de hidrocarburos generaría, en promedio, recursos fiscales adicionales de entre 160 mil y 200 mil millones de pesos anuales. Dichos recursos equivalen a 11.2 veces los recursos de Procampo; 6.5 veces al Programa Carretero; 4.8 veces al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; 2.2 veces el presupuesto del ISSSTE, y casi el total del presupuesto destinado al campo”.
En particular se establece que Pemex, como resultado de una mayor producción y tomando en cuenta el régimen fiscal al que está sujeto actualmente, retendría recursos adicionales cercanos a 70 mil millones de pesos anuales en promedio.
“Los montos invertidos en el sector y los mayores recursos públicos dirigidos a infraestructura pública y a elevar el capital humano, incidirían en la tasa de crecimiento del PIB. De materializarse la transformación de la industria petrolera, el producto interno bruto crecería cerca de un punto porcentual adicional en promedio por año entre 2008 y 2025.
Repercusión en el empleo
“La transformación de la industria petrolera también tendría efectos significativos en los niveles de empleo en el país. El empleo aumentaría significativamente derivado de la mayor actividad petrolera, que repercute en los estados que tiene esa actividad, pero también en otras entidades federativas que tienen insumos para la industria petrolera.
“El empleo también se promueve en virtud del mayor gasto público en infraestructura. Se estima que con los cambios se crearían 140 mil puestos adicionales por año, lo que permitiría acumular un total de 4.5 millones de empleos remunerados adicionales hacia el año 2025.”
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