El Justo Reclamo

La fiesta “privada” de Calderón

Guerrero. La presidencia, evasiva

Foto: germán canseco

Daniel Lizárraga

Felipe Calderón quiso hacer pasar como una decisión personal el publicar la lista de invitados a su fiesta de cumpleaños, cuando en realidad se trató de una orden del Instituto Federal de Acceso a la información Pública (IFAI) a la Presidencia de la República, opinan tres de los cinco comisionados de dicho organismo: María Marván, Jacqueline Peschard y Juan Pablo Guerrero.Entrevistados por separado, los comisionados consideran que Calderón tiene derecho a que no se invada su intimidad, pero en este caso había indicios de que los archivos oficiales podían contener la información solicitada por la reportera Lilia Saúl, de El Universal.La Presidencia declaró que los datos no existían y la periodista interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, donde también demandó que el presidente del organismo, Alonso Lujambio, no participara en la votación, toda vez que fue uno de los invitados a la fiesta presidencial.Finalmente, Lujambio se quedó y el instituto, por unanimidad, le ordenó a la Presidencia que informara cuánto dinero proveniente del erario gastó en la fiesta y buscar la lista de invitados, especialmente dentro del Estado Mayor Presidencial, algo que desde el primer momento debieron hacer la Unidad de Enlace y el Comité de Información de la Presidencia.La encargada de la transparencia es Patricia Flores Elizondo, actual coordinadora general de Administración, de acuerdo con una entrevista que ella concedió a la revista Líderes para su edición 131.La noche del pasado 25 de febrero, Calderón envió un comunicado a la prensa para informar que “de manera libre, voluntaria y espontánea” puso a disposición del IFAI la lista de quienes asistieron a su fiesta de cumpleaños el 17 de agosto de 2007 en Los Pinos.Al boletín se adjuntó una carta dirigida al presidente del IFAI, Alonso Lujambio, en la cual se enfatiza que la fiesta fue un “evento privado”, aunque por ahora Calderón viva en Los Pinos. Desde entonces, Proceso solicitó a los comisionados que opinaran sobre esa postura, pero ellos estaban en el extranjero. A su regreso, tres de ellos accedieron a dar su opinión.
Interpretación simplista
Juan Pablo Guerrero puntualiza que si había buena voluntad en la Presidencia, “no se mostró cuando hicieron la solicitud, tampoco se mostró cuando entró la queja y no se mostró cuando el IFAI llamó a una audiencia”.Para el comisionado, que increpó a Lujambio en plena sesión pública por haber asistido a la fiesta de Calderón, dijo que para creer en la generosidad en el ámbito del acceso a la información se requiere de una clara muestra de espontaneidad y oportunidad.
–¿Siempre tuvieron la información y no la quisieron entregar? –se le pregunta a Guerrero.
–El IFAI resolvió que esa información debía entregarse. Si en lo personal el presidente consideró que no procedía esa orden, ya que invadía su privacidad, entonces se pudo iniciar un procedimiento en su contra. No fue el caso, pero más allá de esto, ¿quién hubiera resultado responsable? ¿Presidencia o el ciudadano Felipe Calderón? Toda la argumentación del IFAI fue a la Presidencia.–¿Le sorprendió la respuesta?
–No es la primera vez que el gobierno hace una tajante distinción entre los documentos que contienen información relacionada con el desempeño de los servidores públicos y los oficios vinculados con otro tipo de actividades, que pudieran caer en el ámbito de lo privado. Esta interpretación absolutista de la Ley de Transparencia resulta cómoda para ellos.“Así evitan poner en manos de otros, ciudadanos y periodistas, información que quizá pudiera tocar puntos sensibles para su gobierno. Esto sucedió también con el caso de los correos electrónicos, cuando argumentaron que ahí había datos personales y de actividades privadas. El IFAI respondió que debían entregarse los que versaran sobre asuntos de trabajo.”
–¿Hay otros ejemplos de esa interpretación simplista de la ley?
–Cuando alguien solicitó información relacionada con la nacionalidad del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, primero argumentaron que era información confidencial. Luego de que el IFAI determinó que eran archivos públicos, toda vez que él ya había sido diputado federal, local y miembro del gabinete anterior, se hizo la misma maniobra: la Presidencia entregó la información como una concesión personal. En esta interpretación es donde están los riesgos.
–¿Cuáles son los riesgos de hacer una división tajante entre datos personales e información pública?
–Que dejaríamos fuera del alcance de los ciudadanos millones de documentos que tienen que ver con datos de personas, pero también claramente vinculados a sus actividades públicas. Esto es lo que precisamente proponen mis colegas en la nueva Ley de Transparencia, recientemente entregada a la Cámara.Juan Pablo Guerrero se refiere a la propuesta para una nueva Ley de Transparencia que entregaron los otros cuatro consejeros del IFAI a la Cámara de Diputados el 24 de octubre del año pasado.
–¿La Presidencia impuso su interpretación de la ley sobre la que hizo el IFAI?
–Habrá quien diga: si ya lo entregó, no te ahogues en un vaso de agua. Me parece que esa interpretación de la Presidencia debe analizarse, sobre todo porque va en la misma línea de la nueva ley que impulsan mis colegas del IFAI ante la cámara.
–¿Cuál es el riesgo de que se apruebe la nueva Ley de Transparencia?–La propuesta de cuatro comisionados contra esa definición: Proponen que todos los datos personales son todos confidenciales, con lo cual podríamos decir que Felipe Calderón tendrá casi garantizado que no se vuelva a conocer su lista de invitados para sus próximos cumpleaños.“En esa nueva ley no hay acceso a datos personales. La única manera de conseguirlos es que el IFAI, convertido en juez, decida que sí se deben entregar esos datos ponderando algo llamado interés público. Es decir, se valora la importancia social de esa información sobre la afectación a la privacidad. “El caso Mouriño es un buen ejemplo. Si esos contratos fueran vistos a la luz de la nueva ley, el nombre y las firmas del secretario de Gobernación pudieron ser tachadas. Sólo hubieran entregado el nombre de la empresa.”“Dependería de la buena voluntad de las dependencias, porque ellos pueden decirte, en una interpretación estricta de la ley, que la información como me la estás pidiendo no existe. Pemex no celebra contratos con personas físicas sino con personas morales... “En este caso, si lo niegan, el IFAI tiene que decidir si el interés público justifica que se den esos contratos sin omisión de datos personales. Eso es una valoración subjetiva, encuadrada en consideraciones de carácter político. El IFAI sería el árbitro de la política. Los comisionados determinarían con poca jurisprudencia, con poca experiencia, que un dato personal confidencial, como el nombre de un representante legal, tiene que ser público.”La delgada frontera Para María Marván, en la resolución sobre la fiesta de cumpleaños de Calderón no hay nada personal; por el contrario, ahí subyace un análisis sobre el derecho a la intimidad y la vida pública.“¿El presidente tiene o no derecho a una vida privada, aun viviendo en Los Pinos? Decir que no me parecería muy violento. ¿Entonces en dónde empieza la casa del presidente y dónde la residencia oficial? No es nada fácil. No obstante, en el caso de la fiesta de cumpleaños, el IFAI ordenó practicar una búsqueda exhaustiva en sus archivos oficiales de la institución.”
–¿Cómo interpreta la carta enviada a Lujambio?
–El pleno del IFAI decidió que la lista podría localizarse en alguna instancia administrativa encargada de llamar a los más de 100 invitados, o en el Estado Mayor Presidencial (que la habría usado) para el control de la gente que entraría a Los Pinos.
–¿Qué indicios tenían de que pudieron usarse recursos públicos?
–De acuerdo con los medios de comunicación, en la fiesta participó la banda de la Marina. Aunque no se trate de dinero público, porque seguramente no les pagaron por asistir a Los Pinos, sí hay un empleo de recursos humanos oficiales.
–¿Cómo separaron en este caso la vida íntima de Calderón?
–Por ejemplo, si uno de los hijos de la familia Calderón invita a comer a uno de sus amigos a su casa, a Los Pinos, ¿los gastos que pudieran generarse son públicos o privados? Habría que analizar el caso. “Pero en la fiesta de cumpleaños hubo más de 100 invitados, no sé si acompañados de sus parejas. Con ello quiero decir que de la información pública disponible pudo desprenderse que al menos alguna instancia administrativa de Los Pinos coordinó la presencia de la orquesta de la Marina, además de que alguien tuvo que avisar del convivio a los invitados, y el Estado Mayor controla la entrada y salida de la casa presidencial.”
A su vez, la consejera Jacqueline Peschard explica:
“En el pleno se aprobó que la Presidencia debía realizar una búsqueda exhaustiva y, si no la encuentra, declara la inexistencia. Todo lo que está dentro de la vida privada es confidencial. No obstante, en este caso se consideró que la lista de invitados pudo ser manejada por el Estado Mayor Presidencial. No era nada personal.“Si el Estado Mayor tenía esa lista en sus archivos, la información podía entregarse. Si por otro lado, como sucedió, esa lista estaba en manos de un particular (Felipe Calderón), fue éste quien dio su consen