Javier Jiménez Espriú*
“Porque así lo quiere el pueblo de México, porque así lo manda nuestra Constitución, yo lo asumo plenamente…” “La pregunta que hoy debemos plantearnos no es si nuestro petróleo seguirá siendo nuestro o no. Lo he dicho y lo reitero: el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos”. Con estas palabras pronunciadas a los cuatro vientos el pasado 18 de marzo, al celebrar los 70 años de la expropiación petrolera, acto fundamental y refundacional de la independencia de México, el presidente Calderón daba carpetazo, supuestamente, a las intenciones de su gobierno de buscar “alianzas estratégicas”, es decir, “contratos de riesgo” con empresas trasnacionales que disponen de tecnología para perforación a grandes profundidades en el mar, para extraer “el tesoro que tenemos a más de tres mil metros de profundidad”, mediante el beneficio de llevarse una parte del mismo.
Digo supuestamente, porque en el mismo acto el director de Pemex solicitó modificar el marco jurídico de la empresa para “…que se permita a la petrolera mexicana hacerse acompañar de otras empresas para desarrollar diversas actividades sin afectar la propiedad de la nación sobre sus recursos”. “No es razonable –dijo– ni eficiente que el marco institucional exija que Petróleos Mexicanos realice por sí mismo prácticamente todas sus operaciones críticas, sin flexibilidad para apoyarse en otras empresas nacionales o extranjeras”.
En vista de que siempre Pemex se ha apoyado en otras empresas nacionales y extranjeras para realizar una altísima proporción de sus actividades, críticas o no, la eufemística imploración del director de Pemex suena más a buscar el ambiente para lograr modificaciones a las normas secundarias y encontrar formas para “las alianzas estratégicas”, que ya se bautizarán con un nombre adecuado, que a agilizar –lo que sería cuerdo– la burocracia que no impide pero que si retrasa las actividades de Pemex y de las otras empresas en apoyo de las actividades de la paraestatal, y que además encarece la corrupción que en ella impera y de la que participan funcionarios de la nuestra y de las otras empresas.
Esta reflexión no es producto de la temperatura de mi imaginación ni “parto de los montes”. Parto, sí, de la experiencia tenida con los “contratos de servicios múltiples” (CSM), inventados el sexenio pasado para entregar a empresas extranjeras diversas “licitaciones” en las que participó sólo una empresa –que ganó, desde luego, “desde endenantes” el concurso– para explotar yacimientos de gas, “sin violar violando” nuestra sacrosanta Constitución.
Ante la aceptación presidencial de que “porque así lo quiere el pueblo de México…”, pregunto: ¿se inicia una nueva búsqueda de otros mecanismos semejantes a los CSM?, ¿ya los encontraron y están esperando la oportunidad de plantearlos?, ¿ya los tienen y los aplicarán sin plantearlos como fue el caso de los CSM, pensando que más vale pedir perdón que pedir permiso, o mejor aún, aplicarlos y después esperar el largo camino de los juicios que nuestro Poder Judicial, tan generalmente generoso con el Ejecutivo, tome para resolverlos?
¿O en verdad podemos confiar en que, como lo propuso el Presidente, y en lo que coincide la propuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se emprenda un “diálogo abierto, objetivo y sereno sobre las alternativas para fortalecer nuestra industria petrolera”?
Si se actuara de buena fe, con altura de miras, con patriotismo, y se tratara ahora no de formalizar una reforma energética para la apertura de Pemex como se ha planteado, sino de llevar a cabo una apertura de la discusión “abierta, objetiva y serena” para lograr una buena reforma energética, ábrase la discusión para que participen los que saben, y no como hasta ahora, sólo los que discuten sin saber o… saben demasiado.
*Académico de honor de la Academia de Ingeniería. Ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ex subdirector Comercial de Petróleos Mexicanos.
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